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Presas políticas: entrevista a las mapuche detenidas

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En el Centro Mapuche Bariloche, cuatro mujeres mapuche se encuentran detenidas con prisión domiciliaria y enfrentan graves acusaciones. Se trata de Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan, la machi de la comunidad. Lavaca se acercó a hablar con ellas, que cuentan: cómo fue el violento desalojo; lo que dijo la jueza Domínguez sobre las balas de plomo; cómo trataron a la mujer embarazada y a los niños, también detenidos; cómo fue el traslado a Buenos Aires de 4 de las 7 mujeres; el maltrato judicial que sigue; lo que no enseñan en la escuela; la diferencia entre “recuperación” y usurpación”; y lo que significa parir resistencia. Sintetiza Débora: “Estuvimos dos días desaparecidas: incomunicadas, sin que nuestras abogadas supieran dónde estábamos. Y que pudieran hacer esto, como si nada, sienta un precedente para aplicar en otras luchas que se están dando”.

Por Francisco Pandolfi desde Bariloche

Un afiche colgado en la pared de un centro cultural. Dos rostros. Dos jóvenes. Dos mapuche. “Mapuche”, en singular, porque la s al final no pluraliza en mapuzugun. Una inscripción: «Elías Cañicol iem y Rafael Nahuel iem viven en los territorios recuperados. AMULEPE TAIN WEICHAN». «Iem» significa alguien que no está en este plano, el que se fue. Ambos mapuche. Ambos asesinados en Bariloche. Elías, 29 años, por dos hombres armados de civil, el 21 de noviembre de 2021 en lof Quemquemtrew, de Cuesta del Ternero. Rafita, 22 años, el 25 de noviembre de 2017, por el Grupo Albatros de Prefectura, en un desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, otra vez desalojada hace un mes. “AMULEPE TAIN WEICHAN” significa: “La lucha sigue”.

El 4 de octubre pasado, más de 200 efectivos del Comando Unificado creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación ejecutaron la orden de allanamiento de la jueza subrogante Silvana Domínguez, del Juzgado Federal de Bariloche. En el Centro Mapuche Bariloche, de paredes pintadas blancas, con murales y símbolos originarios, no están haciéndose las actividades que solían llevarse a cabo. Hoy funciona una prisión. Una prisión domiciliaria, lindante a una escuela de formación policial, donde permanecen detenidas cuatro de las mujeres mapuche desplazadas de su territorio: Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan Nahuel, procesadas por el delito de “usurpación por despojo”.

Presas políticas

Luciana se levanta una, dos, diez veces a calentar el agua para un mate que no deja de girar en las más de tres horas de encuentro. “Acá lo que nos sobra es tiempo para hablar”, comenta. Y lo que sobra también son temas para charlar: la represión reciente; el hostigamiento eterno; la causa judicial; la recuperación territorial; la importancia de la Machi; la complicidad del Gobierno Nacional, provincial, municipal y el Poder Judicial; las infancias encerradas; el silencio gubernamental que sigue reinante, haciendo mucho ruido; el pasado, el presente, el futuro.

Luciana agrega, después de avisar que prefiere el mate dulce, pero que también los toma amargos: “No sabemos cuánto nos vamos a quedar acá”. La jueza federal Domínguez dictaminó el procesamiento y la prisión preventiva, apelados por la Gremial de Abogados que acompaña jurídicamente a la comunidad. Como corresponde, según el Código de Procedimiento Penal de la Nación, pidieron una audiencia Oral y Pública, pero el último miércoles la Cámara Federal de Roca la denegó “por motivos de agenda” y ordenaron a los letrados presentar por escrito los argumentos de apelación, en un lapso de cinco días. “Aunque nos rechacen la audiencia pública para no mostrar lo que son, con esta negativa sí demuestran lo que buscan. Son winka (el blanco invasor), no les creo ni espero nada, porque sé cómo se manejan con nosotros desde siempre, tanto con nuestros antepasados, como ahora; ya es el segundo desalojo que nos sacan de los pelos”, dice Luciana, 35 años, nacida en Cushamen “donde la mayor parte del territorio está en manos de Benetton”.

¿Por qué no es una usurpación? “Porque a nosotros se nos arrebató el territorio y estamos volviendo a él, es una recuperación; esta lucha no la empezamos nosotros, la continuamos y la seguirán nuestros hijos”. Opina Romina, 37 años: “No le sacamos ni le usurpamos ni tomamos el territorio de nadie. Acá hubo una guerra, nuestro pueblo es milenario. El Estado argentino se fundó hace muy poco, mientras el Pueblo Mapuche es mucho más antiguo; tuvimos una vida en paz, donde el objetivo era vivir bien. No podemos irnos a otro lado, nuestro nombre lo dice, somos gente de la tierray nuestra tierra es acá”. Suma: “En las escuelas no te enseñan que la Conquista del Desierto fue el genocidio más grande del mundo de todos los tiempos; ni a quienes les sacaron la tierra; ni cómo a las mujeres le cortaban la mama cuando estaban dando el pecho; ni cómo a sus hijos se los daban a los perros; ni cómo había montañas y montañas de cuerpos muertos; ni cómo los ríos eran pura sangre… nuestra sangre”.

Presas políticas: entrevista a las mapuche detenidas
El Centro Mapuche Bariloche, donde se encuentran detenidas en prisión domiciliaria. Fotos: Eugenia Neme para lavaca

Sentires de un desquicio

Las lamien (mujeres) en prisión domiciliaria se ven fuertes, pese a haber sido despojadas de su territorio; que sus ruka (casas) hayan sido derrumbadas; que estén detenidas desde hace un mes; que sus pichiche (infancias) estén con ellas en un encierro que no acostumbraban; fuertes, pese a todo lo que debieron y deben atravesar.

Recuerda Luciana: «Fue como volver el tiempo atrás, sufrir lo que les pasó a nuestros abuelos. A las 7 de la mañana empezamos a escuchar tiros, bombas de estruendo, gases lacrimógenos. Sentimos la misma violencia que en 2017. A la bebé de ella llegaron al punto de pegarle una patada. Quizá creían que era terrorista». Ella es Celeste, 30 años, tres hijos. La más chica, recién nacida, ese 4 de octubre cumplía un mes. ¿Su regalo? Lo cuenta su mamá: «Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Me preguntaron qué tenía en la cuna y la patearon. Mi nena se levantó, abrió el cierre y dijo ‘acá está mi hermanita’. Ahí recién se alejaron». Luciana: «Estaba con mi nene más chiquito que tiene cuatro años, trataba de taparle la carita porque estaban dele tirando tiros. Tenían unos armamentos terribles. Nos tiraron al piso y dijeron ‘las matamos, tírense al piso, al piso’. Estaban re locos, no sé si estaban drogados o qué». Completa Celeste: «No podían ni hablar. En un momento mi hija Quimey, la más grande, estaba al lado mío y un policía vio que ella salió corriendo y le disparó en su dirección. Después, cuando nos sacaron de nuestro territorio hacia la ruta 40, le dijimos a la jueza Domínguez que nuestros chicos estaban escapando por el monte, entre las balas. Ahí respondió: ‘Bueno, vamos a ordenar que no disparen con plomo’. Fue una cacería». Romina: «Yo estaba de 40 semanas de embarazo, ya a término. No les importó. Me redujeron con la terrible panza, me arrastraron una cuadra hasta una camioneta, me agarraron efectivos mujeres pero también hombres, grandotes, que me torcieron las manos. Como no me podían entrar, me golpearon con la puerta intentando cerrarla. Les dije que estaba embarazada, que no me podían hacer eso. ‘Ahora mandamos nosotros acá’, dijeron».

El hostigamiento continuó fuera de la Lafken Winkul Mapu, con siete detenciones. A las 4 mujeres aún detenidas, se le sumaron Andrea Despó Cañuqueo, Débora Vera y Florencia Melo, ya sobreseídas. Ellas tres, junto a Luciana, fueron trasladadas a Buenos Aires, con el argumento de que no hay en Río Negro ningún establecimiento federal para mujeres.

Sintetiza Débora: “Estuvimos dos días desaparecidas. Incomunicadas, sin que nuestras abogadas supieran dónde estábamos. Y que pudieran hacer esto, como si nada, sienta un precedente para aplicar en otras luchas que se están dando”.

Luciana detalla más de 100 horas de asedio: “Primero nos llevaron a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), y desde ahí ya nos comenzaron a filmar, todo el tiempo. Hasta cuando íbamos al baño lo hacíamos con la puerta abierta y nos grababan. Si nos ordenaban que nos saquemos la ropa para revisarnos también nos filmaban desnudas. Empezamos la huelga de hambre y de ahí nos subieron a un avión de Prefectura, institución asesina de Rafita”. Sigue: “Cuando nos trasladaron a Buenos Aires, para ir al baño en el avión debíamos ir esposadas. Cuando bajamos el despliegue era impresionante. Una cantidad de efectivos de todos los colores, con armamentos diferentes, escudos, todo para recibirnos a nosotras cuatro. De ahí nos llevaron a la Montada (Policía Federal, en el barrio porteño de Palermo). Una oficial nos dice que nos saquemos la ropa, hablándonos como la miércoles, porque total ¿quiénes somos? Nos pusieron en un calabozo chiquitito, con una mugre. Y al rato viene un médico y ordena que nos saquemos la ropa de nuevo. Y no es que solo te miraba el médico nomás, había guardias hombres. Todo fue demasiado”. Sigue: “De la Montada nos sacaron a la Unidad 28 (del Servicio Penitenciario Federal), donde también nos hicieron sacar la ropa, ya nos habían requisado como diez veces en total. Luego nos sacaron a un lugar público, donde pasaba gente y nos hicieron sacar otra vez la ropa para pasarnos un detector de metales. Ahí nos esposaron y nos dejaron contra la pared”.

Sigue: “De ahí nos trasladaron al penal de Ezeiza. A las esposas que ya teníamos, nos pusieron una cadena en los pies, que se agarraba con las esposas. Era un móvil de máxima seguridad, lleno de rejas”. Sigue: “En Ezeiza otra vez nos tuvimos que sacar la ropa. Ese día (jueves 6) tuvimos por zoom una audiencia con la jueza a las once de la noche, que al final se suspendió porque querían que me defendiera sin haber hablado previamente con mi abogada. La jueza se quejaba que no había dormido bien y la fiscal de Bariloche (María Cándida) Etchepare se quejaba porque estaba embarazada. Y ahí me tenían a mí, escuchando sus problemas. La abogada que nos acompañó, Andrea Reile, les dijo: ‘lástima que no tuvieron la misma consideración con Romina Rosas, que está con un embarazo en término’. No dijeron nada”.

Parir entre violencias

Romina de a poco va recuperando el semblante que tenía previo al 4 de octubre. En el medio, la represión, la violencia obstétrica, un parto soñado de otra manera, hasta finalmente llegar al 16 de octubre, a las 11 de la mañana, cuando dio a luz a Lluko (agua limpia, en mapuzugun). Mientras le da la teta, rememora el horror: «Cuando me sacaron arrastrada de la comunidad, me llevaron al hospital; ya estaba con contracciones. Me revisaron. Luego me llevaron a la PSA, justo al resto, y de nuevo me desnudaron. Lo querían hacer con la puerta abierta, ante la mirada de varones, hasta que me puse a gritar que cerraran. La celda era muy chiquita, sin luz, estaba toda sucia. Nosotros somos mapuche, nos gustará mucho la tierra, pero eso era mugre. Cuando iba al baño me obligaban a ir con los testigos. Era una locura».

Sigue: «Ya en el hospital, sufrí mucha violencia obstétrica. Me filmaban las 24 horas, me custodiaban hombres, me decían que me iban a grabar el parto. Me despertaban y requisaban a la madrugada. No descansaba, todo el tiempo era maltrato”. Sigue: “Primero me tuvieron en la sala de maternidad y después me trasladaron a una habitación que compartía sala con enfermos de coronavirus y gente que tiene problemas mentales”. Sigue: “El día de la indagatoria (viernes 7) le digo a la jueza que tenía derecho a hablar con el abogado y ella me dice ‘Ah, no sabía, no estaba al tanto que no habías hablado ’. Le contesté: ‘Cómo que no, si me están filmando las 24 horas’”. Sigue: “Al principio no dejaban que entrara mi partera; además, hubo mucho racismo, se burlaban de la medicina ancestral. Me violentaron hasta el minuto antes que estaba por parir; luego, se terminó el hostigamiento. Hoy pienso lo que fueron esos días y no entiendo por qué tanta maldad. Podrían, en sus leyes, haber hecho las cosas bien, no necesitaban violentarme así”.

El Ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que “no hubo agresiones de ninguna característica, ni un rasguño”. Actualiza Luciana sobre la relación con los distintos estamentos estatales: “No llamaron ni vinieron a vernos, nadie, de ninguno de los gobiernos: nacional, provincial ni municipal”.

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Fotos: Eugenia Neme para lavaca

La lucha sigue

Mientras charlamos y sigue girando el mate, las hijas e hijos más grandes de las cuatro lamien detenidas, se meten y salen, una y otra vez, de una muy pequeña pileta, que no llega a los 2×2. Nada se compara a las dimensiones del Lago Mascardi (el Relmu Lafken) donde solían nadar. Ahora corren y juegan por un espacio mucho más acotado a su lof de donde fueron desalojados. Son nueve infancias en total: tres de Celeste, y dos de Luciana, Romina y Betiana. “Está siendo una de las cosas más difíciles de soportar acá adentro. Ellos están acostumbrados al campo, a los árboles, a andar libres. Tenemos que soportar estar al lado de una escuela de policía, que a las 6 de la mañana está cantando el himno acá abajo. Hace un rato, les estaban enseñando a disparar el arma, nuestros chicos ven eso desde acá arriba”, cuenta Celeste, que en sus brazos refugia a Lienkura (piedra de plata), de dos meses recién cumplidos.

Agrega Romina: “El golpe más grande es para nuestros nenes, que están conectados con cada elemento de la naturaleza desde que se levantan. Les piden permiso a las fuerzas del lugar, para poder andar bien. Ellos son autoridades de nuestro territorio, ayudan a repartir y en todo lo que la Machi necesite”.

La Machi es una guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, que hace cinco años se levantó en la lof Lafken Winkul Mapu la Machi Betiana Colhuan Nahuel, y desde su Rewe (altar) atendía a sus pacientes no solo mapuche, sino quien fuera a curarse.

Betiana tiene 21 años y una fuerza sagrada. Habla bajito, pero profundo. Dice que ahora está mejor de los problemas de estómago que sufrió los últimos días. Dice que todavía no cae de todo lo ocurrido y que necesita volver al Rewe, “sitio para encontrar la espiritualidad y desarrollarla; para lograr un bienestar en la salud, un autoreconocimiento y recibir la fuerza de los antepasados”. Dice también que es hora que la sociedad toda tome una decisión: “Automirarse: reflexionar sobre el propio color de piel, el propio apellido, el propio origen”. Y que se respete al pueblo mapuche: “Una cultura preexistente, viva con la naturaleza”.

Una cultura que ayer quisieron erradicar y que hoy siguen reprimiendo: “A nosotros nos mueve una fuerza más grande, que es espiritual, y no lo decimos de porfiados, sino que nacimos ya asumiendo una lucha”, explica Luciana, en la misma línea que añade Celeste: “Cuando el winka no nos respeta o nos violenta, nos defendemos, porque ya no vamos a callar, no vamos a dejar que suceda lo que le pasó a mi abuelo y a tantos otros, que con su familia debieron hacer silencio para sobrevivir. No, no vamos a seguir callados por miedo a que nos sigan fusilando”. La escucha Florencia, que habla menos y escucha mucho, aprende. Dice que hace dos años salió a buscar su origen mapuche y así se encontró con la comunidad: “De a poco fui conociendo qué es ser mapuche y hoy estoy convencida de que no hay vuelta atrás, porque cuando una se reconoce, te lleva a buscar más y más, ya no se vuelve”. Y ahí retoma Luciana, sobre el ser mapuche: “Se trata de ser parte de la tierra, del aire, del viento, de la piedra, del río, esos somos nosotros. Ahí está nuestra gente antigua. ¿Tan difícil es que entiendan eso? Entonces, aunque nos desaparezcan a todos los mapuche, aunque nos maten a todos, nosotros vamos a seguir viviendo en la Mapu, porque nosotros somos parte de la tierra”. Y sentencia, mirando el futuro: “Nuestro territorio no fue desalojado, siguen los kona, los weichafe (guerrero) protegiendo ese espacio; no nos vencieron. Vamos a seguir pariendo esta resistencia”.

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

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Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:  

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

  • “Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”. 
  • “Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”. 
  • “En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

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Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

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Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro. 

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.

Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.

Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.

En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”. 

El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas. 

Ataques

El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo

Absurdos

La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.

En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.

¿Qué despropósitos?

Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer. 

A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.

Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.

Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.

Truchos

En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”. 

Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.

Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.

Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.

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