Nota
Presas políticas: entrevista a las mapuche detenidas
En el Centro Mapuche Bariloche, cuatro mujeres mapuche se encuentran detenidas con prisión domiciliaria y enfrentan graves acusaciones. Se trata de Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan, la machi de la comunidad. Lavaca se acercó a hablar con ellas, que cuentan: cómo fue el violento desalojo; lo que dijo la jueza Domínguez sobre las balas de plomo; cómo trataron a la mujer embarazada y a los niños, también detenidos; cómo fue el traslado a Buenos Aires de 4 de las 7 mujeres; el maltrato judicial que sigue; lo que no enseñan en la escuela; la diferencia entre “recuperación” y usurpación”; y lo que significa parir resistencia. Sintetiza Débora: “Estuvimos dos días desaparecidas: incomunicadas, sin que nuestras abogadas supieran dónde estábamos. Y que pudieran hacer esto, como si nada, sienta un precedente para aplicar en otras luchas que se están dando”.
Por Francisco Pandolfi desde Bariloche
Un afiche colgado en la pared de un centro cultural. Dos rostros. Dos jóvenes. Dos mapuche. “Mapuche”, en singular, porque la s al final no pluraliza en mapuzugun. Una inscripción: «Elías Cañicol iem y Rafael Nahuel iem viven en los territorios recuperados. AMULEPE TAIN WEICHAN». «Iem» significa alguien que no está en este plano, el que se fue. Ambos mapuche. Ambos asesinados en Bariloche. Elías, 29 años, por dos hombres armados de civil, el 21 de noviembre de 2021 en lof Quemquemtrew, de Cuesta del Ternero. Rafita, 22 años, el 25 de noviembre de 2017, por el Grupo Albatros de Prefectura, en un desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, otra vez desalojada hace un mes. “AMULEPE TAIN WEICHAN” significa: “La lucha sigue”.
El 4 de octubre pasado, más de 200 efectivos del Comando Unificado creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación ejecutaron la orden de allanamiento de la jueza subrogante Silvana Domínguez, del Juzgado Federal de Bariloche. En el Centro Mapuche Bariloche, de paredes pintadas blancas, con murales y símbolos originarios, no están haciéndose las actividades que solían llevarse a cabo. Hoy funciona una prisión. Una prisión domiciliaria, lindante a una escuela de formación policial, donde permanecen detenidas cuatro de las mujeres mapuche desplazadas de su territorio: Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan Nahuel, procesadas por el delito de “usurpación por despojo”.
Presas políticas
Luciana se levanta una, dos, diez veces a calentar el agua para un mate que no deja de girar en las más de tres horas de encuentro. “Acá lo que nos sobra es tiempo para hablar”, comenta. Y lo que sobra también son temas para charlar: la represión reciente; el hostigamiento eterno; la causa judicial; la recuperación territorial; la importancia de la Machi; la complicidad del Gobierno Nacional, provincial, municipal y el Poder Judicial; las infancias encerradas; el silencio gubernamental que sigue reinante, haciendo mucho ruido; el pasado, el presente, el futuro.
Luciana agrega, después de avisar que prefiere el mate dulce, pero que también los toma amargos: “No sabemos cuánto nos vamos a quedar acá”. La jueza federal Domínguez dictaminó el procesamiento y la prisión preventiva, apelados por la Gremial de Abogados que acompaña jurídicamente a la comunidad. Como corresponde, según el Código de Procedimiento Penal de la Nación, pidieron una audiencia Oral y Pública, pero el último miércoles la Cámara Federal de Roca la denegó “por motivos de agenda” y ordenaron a los letrados presentar por escrito los argumentos de apelación, en un lapso de cinco días. “Aunque nos rechacen la audiencia pública para no mostrar lo que son, con esta negativa sí demuestran lo que buscan. Son winka (el blanco invasor), no les creo ni espero nada, porque sé cómo se manejan con nosotros desde siempre, tanto con nuestros antepasados, como ahora; ya es el segundo desalojo que nos sacan de los pelos”, dice Luciana, 35 años, nacida en Cushamen “donde la mayor parte del territorio está en manos de Benetton”.
¿Por qué no es una usurpación? “Porque a nosotros se nos arrebató el territorio y estamos volviendo a él, es una recuperación; esta lucha no la empezamos nosotros, la continuamos y la seguirán nuestros hijos”. Opina Romina, 37 años: “No le sacamos ni le usurpamos ni tomamos el territorio de nadie. Acá hubo una guerra, nuestro pueblo es milenario. El Estado argentino se fundó hace muy poco, mientras el Pueblo Mapuche es mucho más antiguo; tuvimos una vida en paz, donde el objetivo era vivir bien. No podemos irnos a otro lado, nuestro nombre lo dice, somos ‘gente de la tierra‘ y nuestra tierra es acá”. Suma: “En las escuelas no te enseñan que la Conquista del Desierto fue el genocidio más grande del mundo de todos los tiempos; ni a quienes les sacaron la tierra; ni cómo a las mujeres le cortaban la mama cuando estaban dando el pecho; ni cómo a sus hijos se los daban a los perros; ni cómo había montañas y montañas de cuerpos muertos; ni cómo los ríos eran pura sangre… nuestra sangre”.
Sentires de un desquicio
Las lamien (mujeres) en prisión domiciliaria se ven fuertes, pese a haber sido despojadas de su territorio; que sus ruka (casas) hayan sido derrumbadas; que estén detenidas desde hace un mes; que sus pichiche (infancias) estén con ellas en un encierro que no acostumbraban; fuertes, pese a todo lo que debieron y deben atravesar.
Recuerda Luciana: «Fue como volver el tiempo atrás, sufrir lo que les pasó a nuestros abuelos. A las 7 de la mañana empezamos a escuchar tiros, bombas de estruendo, gases lacrimógenos. Sentimos la misma violencia que en 2017. A la bebé de ella llegaron al punto de pegarle una patada. Quizá creían que era terrorista». Ella es Celeste, 30 años, tres hijos. La más chica, recién nacida, ese 4 de octubre cumplía un mes. ¿Su regalo? Lo cuenta su mamá: «Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Me preguntaron qué tenía en la cuna y la patearon. Mi nena se levantó, abrió el cierre y dijo ‘acá está mi hermanita’. Ahí recién se alejaron». Luciana: «Estaba con mi nene más chiquito que tiene cuatro años, trataba de taparle la carita porque estaban dele tirando tiros. Tenían unos armamentos terribles. Nos tiraron al piso y dijeron ‘las matamos, tírense al piso, al piso’. Estaban re locos, no sé si estaban drogados o qué». Completa Celeste: «No podían ni hablar. En un momento mi hija Quimey, la más grande, estaba al lado mío y un policía vio que ella salió corriendo y le disparó en su dirección. Después, cuando nos sacaron de nuestro territorio hacia la ruta 40, le dijimos a la jueza Domínguez que nuestros chicos estaban escapando por el monte, entre las balas. Ahí respondió: ‘Bueno, vamos a ordenar que no disparen con plomo’. Fue una cacería». Romina: «Yo estaba de 40 semanas de embarazo, ya a término. No les importó. Me redujeron con la terrible panza, me arrastraron una cuadra hasta una camioneta, me agarraron efectivos mujeres pero también hombres, grandotes, que me torcieron las manos. Como no me podían entrar, me golpearon con la puerta intentando cerrarla. Les dije que estaba embarazada, que no me podían hacer eso. ‘Ahora mandamos nosotros acá’, dijeron».
El hostigamiento continuó fuera de la Lafken Winkul Mapu, con siete detenciones. A las 4 mujeres aún detenidas, se le sumaron Andrea Despó Cañuqueo, Débora Vera y Florencia Melo, ya sobreseídas. Ellas tres, junto a Luciana, fueron trasladadas a Buenos Aires, con el argumento de que no hay en Río Negro ningún establecimiento federal para mujeres.
Sintetiza Débora: “Estuvimos dos días desaparecidas. Incomunicadas, sin que nuestras abogadas supieran dónde estábamos. Y que pudieran hacer esto, como si nada, sienta un precedente para aplicar en otras luchas que se están dando”.
Luciana detalla más de 100 horas de asedio: “Primero nos llevaron a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), y desde ahí ya nos comenzaron a filmar, todo el tiempo. Hasta cuando íbamos al baño lo hacíamos con la puerta abierta y nos grababan. Si nos ordenaban que nos saquemos la ropa para revisarnos también nos filmaban desnudas. Empezamos la huelga de hambre y de ahí nos subieron a un avión de Prefectura, institución asesina de Rafita”. Sigue: “Cuando nos trasladaron a Buenos Aires, para ir al baño en el avión debíamos ir esposadas. Cuando bajamos el despliegue era impresionante. Una cantidad de efectivos de todos los colores, con armamentos diferentes, escudos, todo para recibirnos a nosotras cuatro. De ahí nos llevaron a la Montada (Policía Federal, en el barrio porteño de Palermo). Una oficial nos dice que nos saquemos la ropa, hablándonos como la miércoles, porque total ¿quiénes somos? Nos pusieron en un calabozo chiquitito, con una mugre. Y al rato viene un médico y ordena que nos saquemos la ropa de nuevo. Y no es que solo te miraba el médico nomás, había guardias hombres. Todo fue demasiado”. Sigue: “De la Montada nos sacaron a la Unidad 28 (del Servicio Penitenciario Federal), donde también nos hicieron sacar la ropa, ya nos habían requisado como diez veces en total. Luego nos sacaron a un lugar público, donde pasaba gente y nos hicieron sacar otra vez la ropa para pasarnos un detector de metales. Ahí nos esposaron y nos dejaron contra la pared”.
Sigue: “De ahí nos trasladaron al penal de Ezeiza. A las esposas que ya teníamos, nos pusieron una cadena en los pies, que se agarraba con las esposas. Era un móvil de máxima seguridad, lleno de rejas”. Sigue: “En Ezeiza otra vez nos tuvimos que sacar la ropa. Ese día (jueves 6) tuvimos por zoom una audiencia con la jueza a las once de la noche, que al final se suspendió porque querían que me defendiera sin haber hablado previamente con mi abogada. La jueza se quejaba que no había dormido bien y la fiscal de Bariloche (María Cándida) Etchepare se quejaba porque estaba embarazada. Y ahí me tenían a mí, escuchando sus problemas. La abogada que nos acompañó, Andrea Reile, les dijo: ‘lástima que no tuvieron la misma consideración con Romina Rosas, que está con un embarazo en término’. No dijeron nada”.
Parir entre violencias
Romina de a poco va recuperando el semblante que tenía previo al 4 de octubre. En el medio, la represión, la violencia obstétrica, un parto soñado de otra manera, hasta finalmente llegar al 16 de octubre, a las 11 de la mañana, cuando dio a luz a Lluko (agua limpia, en mapuzugun). Mientras le da la teta, rememora el horror: «Cuando me sacaron arrastrada de la comunidad, me llevaron al hospital; ya estaba con contracciones. Me revisaron. Luego me llevaron a la PSA, justo al resto, y de nuevo me desnudaron. Lo querían hacer con la puerta abierta, ante la mirada de varones, hasta que me puse a gritar que cerraran. La celda era muy chiquita, sin luz, estaba toda sucia. Nosotros somos mapuche, nos gustará mucho la tierra, pero eso era mugre. Cuando iba al baño me obligaban a ir con los testigos. Era una locura».
Sigue: «Ya en el hospital, sufrí mucha violencia obstétrica. Me filmaban las 24 horas, me custodiaban hombres, me decían que me iban a grabar el parto. Me despertaban y requisaban a la madrugada. No descansaba, todo el tiempo era maltrato”. Sigue: “Primero me tuvieron en la sala de maternidad y después me trasladaron a una habitación que compartía sala con enfermos de coronavirus y gente que tiene problemas mentales”. Sigue: “El día de la indagatoria (viernes 7) le digo a la jueza que tenía derecho a hablar con el abogado y ella me dice ‘Ah, no sabía, no estaba al tanto que no habías hablado ’. Le contesté: ‘Cómo que no, si me están filmando las 24 horas’”. Sigue: “Al principio no dejaban que entrara mi partera; además, hubo mucho racismo, se burlaban de la medicina ancestral. Me violentaron hasta el minuto antes que estaba por parir; luego, se terminó el hostigamiento. Hoy pienso lo que fueron esos días y no entiendo por qué tanta maldad. Podrían, en sus leyes, haber hecho las cosas bien, no necesitaban violentarme así”.
El Ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que “no hubo agresiones de ninguna característica, ni un rasguño”. Actualiza Luciana sobre la relación con los distintos estamentos estatales: “No llamaron ni vinieron a vernos, nadie, de ninguno de los gobiernos: nacional, provincial ni municipal”.
La lucha sigue
Mientras charlamos y sigue girando el mate, las hijas e hijos más grandes de las cuatro lamien detenidas, se meten y salen, una y otra vez, de una muy pequeña pileta, que no llega a los 2×2. Nada se compara a las dimensiones del Lago Mascardi (el Relmu Lafken) donde solían nadar. Ahora corren y juegan por un espacio mucho más acotado a su lof de donde fueron desalojados. Son nueve infancias en total: tres de Celeste, y dos de Luciana, Romina y Betiana. “Está siendo una de las cosas más difíciles de soportar acá adentro. Ellos están acostumbrados al campo, a los árboles, a andar libres. Tenemos que soportar estar al lado de una escuela de policía, que a las 6 de la mañana está cantando el himno acá abajo. Hace un rato, les estaban enseñando a disparar el arma, nuestros chicos ven eso desde acá arriba”, cuenta Celeste, que en sus brazos refugia a Lienkura (piedra de plata), de dos meses recién cumplidos.
Agrega Romina: “El golpe más grande es para nuestros nenes, que están conectados con cada elemento de la naturaleza desde que se levantan. Les piden permiso a las fuerzas del lugar, para poder andar bien. Ellos son autoridades de nuestro territorio, ayudan a repartir y en todo lo que la Machi necesite”.
La Machi es una guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, que hace cinco años se levantó en la lof Lafken Winkul Mapu la Machi Betiana Colhuan Nahuel, y desde su Rewe (altar) atendía a sus pacientes no solo mapuche, sino quien fuera a curarse.
Betiana tiene 21 años y una fuerza sagrada. Habla bajito, pero profundo. Dice que ahora está mejor de los problemas de estómago que sufrió los últimos días. Dice que todavía no cae de todo lo ocurrido y que necesita volver al Rewe, “sitio para encontrar la espiritualidad y desarrollarla; para lograr un bienestar en la salud, un autoreconocimiento y recibir la fuerza de los antepasados”. Dice también que es hora que la sociedad toda tome una decisión: “Automirarse: reflexionar sobre el propio color de piel, el propio apellido, el propio origen”. Y que se respete al pueblo mapuche: “Una cultura preexistente, viva con la naturaleza”.
Una cultura que ayer quisieron erradicar y que hoy siguen reprimiendo: “A nosotros nos mueve una fuerza más grande, que es espiritual, y no lo decimos de porfiados, sino que nacimos ya asumiendo una lucha”, explica Luciana, en la misma línea que añade Celeste: “Cuando el winka no nos respeta o nos violenta, nos defendemos, porque ya no vamos a callar, no vamos a dejar que suceda lo que le pasó a mi abuelo y a tantos otros, que con su familia debieron hacer silencio para sobrevivir. No, no vamos a seguir callados por miedo a que nos sigan fusilando”. La escucha Florencia, que habla menos y escucha mucho, aprende. Dice que hace dos años salió a buscar su origen mapuche y así se encontró con la comunidad: “De a poco fui conociendo qué es ser mapuche y hoy estoy convencida de que no hay vuelta atrás, porque cuando una se reconoce, te lleva a buscar más y más, ya no se vuelve”. Y ahí retoma Luciana, sobre el ser mapuche: “Se trata de ser parte de la tierra, del aire, del viento, de la piedra, del río, esos somos nosotros. Ahí está nuestra gente antigua. ¿Tan difícil es que entiendan eso? Entonces, aunque nos desaparezcan a todos los mapuche, aunque nos maten a todos, nosotros vamos a seguir viviendo en la Mapu, porque nosotros somos parte de la tierra”. Y sentencia, mirando el futuro: “Nuestro territorio no fue desalojado, siguen los kona, los weichafe (guerrero) protegiendo ese espacio; no nos vencieron. Vamos a seguir pariendo esta resistencia”.
Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.
Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.
Nota
Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.
Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.
La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.
Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.
Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.
Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.
Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.
Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.
La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?
Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.
Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.
¿Les iban informando qué harían con ustedes?
Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.
¿Por qué Italia primero?
Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.
¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?
Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.
¿Cómo es un ataque con drones?
Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.
En altamar también siguieron las intimidaciones
Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.
¿En algún momento temiste por tu vida?
Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.
Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?
Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.
¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?
Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.
¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?
Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.
¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?
En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.
Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?
No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.
El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…
Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.
¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?
Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.
Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.
¿Qué edad tiene tu hija?
9 años.
Nota
9 años sin Lucía Pérez
La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.
Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.
Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.
La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.
En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.
Foto: Florencia Ferioli.
Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.
Foto: Florencia Ferioli.
En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.
“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.
En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”
Foto: Florencia Ferioli.
Foto: Florencia Ferioli.
Foto: Florencia Ferioli.
Foto: Florencia Ferioli.
Foto: Florencia Ferioli.
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