Nota
¿Qué deja la industria minera? La experiencia uruguaya
Mientras Orosur obtiene sus ganancias gracias a las renuncias fiscales, en Minas de Corrales más de 200 de sus trabajadores cobran subsidios por desempleo. Una nota de Betania Núñez en Brecha.
Mientras Orosur obtiene sus ganancias gracias a las renuncias fiscales, en Minas de Corrales más de 200 de sus trabajadores cobran subsidios por desempleo. Una nota de Betania Núñez en Brecha.

Foto: Rinaldo Mora, IMR
El Poder Ejecutivo decidió dar más de un beneficio al grupo Orosur. El primero, el más sonado, fue exonerar a la empresa del canon que tiene que abonarle al Estado, “único pago por el oro que se lleva del país”, según calificó la organización Uruguay Libre. La medida fue tomada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. La decisión no es para nada habitual, según fuentes de esa cartera que rastrearon, sin suerte, antecedentes similares, y permitió a Orosur embolsarse entre 600 mil y 700 mil dólares, según cálculos aportados a Brecha por la propia empresa.
Pero la exoneración del pago del canon al Estado no es el beneficio más jugoso que ha obtenido. La segunda gracia le aportó 2,5 millones de dólares, resultado de la renuncia estatal a cobrarle los impuestos a la exportación. El monto, según un informe que la empresa publicó para sus inversores, habría sido resarcido por el Estado en abril. Este mecanismo está previsto exclusivamente para las empresas que exportan productos industrializados.
En este sentido, Víctor Bacchetta, integrante de Uruguay Libre, plantea que para “pedir la devolución de impuestos, Orosur usó el mismo argumento que había intentado instalar Aratirí”. La trampa de esa justificación se basa en fijar el precio que tendría el mineral sin ningún proceso, para luego decir que con el método empleado se genera valor agregado. Sin embargo, Bacchetta sostiene que si no incorporaran esos procesos, de los que las mineras se jactan, el producto no tendría valor porque directamente “no lo podrían vender”, ya que en las condiciones en que lo extraen “no lo compra nadie. El lingote de doré, que no es oro puro sino una mezcla de oro y plata, o el mineral de hierro, como pensaba exportar Aratirí, son materias primas, no tienen un proceso industrial. Logramos que quitaran ese concepto de la ley de minería de gran porte, pero ahora Orosur lo alega y aceptan devolverle el impuesto”.
Los montos de los dos beneficios sumados son sugestivos si se mira el superávit de la empresa en los primeros cuatro meses de 2016, que asciende a 3.100.000 dólares. Es prácticamente la misma cifra a la que renunció el Estado sumando la exoneración del canon (a fines de diciembre) y la devolución de los impuestos a la exportación (que se habría concretado en abril). Sin embargo en Orosur todavía no están conformes. Héctor López, gerente de Planeamiento y Presupuesto de la empresa, dijo a Brecha que “siempre estamos pensando en bajar impuestos, en bajar la Ute, en bajar el gasoil, en todo. Estamos peleando por todos lados”, y anunció que analizan pedir la exoneración del pago del canon para otros proyectos.
El beneficio ya obtenido corresponde exclusivamente al oro extraído desde abril de 2015 a marzo de 2016 en dos de las concesiones que posee la minera, la de Arenal Subterráneo y la de Laureles. No obstante, la solicitud original, realizada en conjunto por varias empresas que componen el mismo grupo económico –Orosur Mining Inc, Loryser SA, Montemura SA, Minera San Gregorio SA y Glendora SA, que en total controlan 570 mil hectáreas en territorio uruguayo–, era para seis concesiones y por cinco años. El Estado descartó cuatro por una cuestión legal, el ya célebre artículo 47 del Código de Minería, que establece que las exoneraciones pueden brindarse sólo durante los primeros diez años de cualquier explotación. Si bien ese elemento del artículo no se está incumpliendo, a diferencia de lo que señalaron varios medios de prensa, hay otro punto que genera debate. El mismo artículo habla de la exoneración del canon como una medida de fomento de la explotación, para la cual deben “existir razones de interés general”. Pero el Ejecutivo no puso condiciones ni exigió contrapartidas al beneficio, algo que se reconoce desde la propia empresa: “Compromisos, que yo sepa, no”, dijo aBrecha Javier Martínez, gerente de Medio Ambiente de Orosur, y agregó que tanto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, como Cosse, visitaron las instalaciones y se mostraron preocupados por“mantener el negocio, porque mientras esto siga funcionando, hay alguna proyección de que las cosas mejoren. Si no se lograba llegar a una ecuación positiva, a resultados positivos, seguramente no hubiese habido retorno. Eso se entendió bien y se apoyó por ese lado”.
En cambio, para Alfredo Caputo, catedrático de derecho minero, la exoneración “no puede ser una resolución caprichosa, no puede ser un favor a la empresa por dificultades momentáneas que esté atravesando o porque la empresa se haya administrado mal, esa exoneración tiene que redundar en interés de toda la población”. Como ejemplo, Caputo plantea que sería razonable otorgar una exoneración condicionada a que se incorporen “técnicas modernas que permitan extraer el oro sin usar cianuro”, a diferencia de las que emplea Orosur y por las que lleva importadas más de 3 mil toneladas de un producto en base a cianuro desde 2011 hasta mayo de 2016.
Otro motivo podría ser el de mantener los puestos de trabajo, pero Orosur sigue enviando a sus trabajadores al seguro de paro (véase nota “La hojarasca minera”), y esa estrategia es publicitada a los accionistas como parte de la reducción de los costos de la empresa. En este sentido, Bacchetta señala, con las cifras en la mano, que la producción de Orosur ha descendido en los últimos años, y “lo que han hecho es prolongar la vida útil de las instalaciones con pequeños proyectitos que duran unos meses”. Su lectura coincide con el relato que hizo el propio gerente de Planeamiento y Presupuesto al contar que Laureles, uno de los proyectos que obtuvo la exoneración del canon, ya terminó: “Era un proyecto muy corto, muy marginal, lo hicimos para no tener que mandar a todo el mundo al seguro de paro, eso nos dio casi un año de vida”.
Según Bacchetta, mediante esta estrategia de pequeños proyectos “lo que está haciendo Orosur es un destrozo, la zona está quedando como un queso”, y se trata de 65 mil hectáreas concesionadas a la minería, “más de cuatro veces lo que era el distrito minero de Aratirí”. “La tesitura del gobierno es la de la desesperación”, dice Bacchetta, porque nunca se previó qué sucedería con Minas de Corrales cuando el proyecto de Orosur se agotara. “Es una minería que ni siquiera tiene una proyección de futuro. Las minas en algún momento se agotan, pero nadie pensó nunca en aprovechar el período extractivo para generar otros emprendimientos que vinieran después.”
La prensa tituló “exoneración ilegal”, y no lo es. Pero el Estado renunció a un dinero que equivale a la ganancia de la empresa. Mientras, el “interés social”, esa condición ine-ludible para brindar el beneficio de la exoneración, no se encuentra debajo de las rocas. Los trabajadores continúan siendo enviados al seguro de paro. Minas de Corrales sigue sin una alternativa productiva. Y por la frontera se sigue escapando la riqueza.
Mineras sin corrales
“Orosur controla más de 570 mil hectáreas en Uruguay”, proclama en su sitio web la empresa, en el perfecto inglés en que se dirige a sus posibles inversores. El dato fue señalado a Brecha por Bacchetta como un incumplimiento a la ley, y fue considerado por Caputo como un elemento que podría conducir a una posición monopólica en el mercado.
El Código de Minería establece que una misma empresa no puede controlar más de mil hectáreas para la explotación minera, no más de 2 mil para la exploración y no más de 200 mil para la prospección. Pese a que la norma le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de aumentar esas extensiones, aclara específicamente, que “en ningún caso, el máximo básico podrá excederse si conduce al minero a la situación de único explotador de un mineral determinado”. Según Caputo, “por el fundamento de las leyes análogas, habría que aplicar el mismo concepto en el caso de la prospección y la exploración”. Además, dice, dar permiso de prospección en más de 200 mil hectáreas a una misma empresa “no sería fundado si condujera a una situación de monopolio en la prospección”, porque tanto ésta como la exploración “están encaminadas a lograr la explotación”. Hacerlo sería como autorizar “una situación que conduce a un monopolio en la prospección que luego está prohibida para la explotación. Por esta razón no querida por el legislador, el Ejecutivo estaría inhibido de otorgar extensiones que condujeran al monopolio en todos los casos”.
Otra circunstancia que podría estar favoreciendo la gran extensión que controla Orosur es la de operar como un grupo económico integrado por diferentes empresas. Si bien la ley de minería de gran porte reconoce la figura de “grupo económico” y establece que las empresas que lo integren serán consideradas como un solo sujeto de derecho, el Código de Minería no hace esa salvedad. Al respecto, Caputo considera que habría que reformar el código para subsanar las diferencias entre una y otra norma.
Nota
Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

Más allá de tu vereda.
Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse.
No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.
El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.
El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto.
En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.
Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.
Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”.
Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.
Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”.
Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.
Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.
Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.
Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.



Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.
«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».
Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración.
Hay orgullo.
Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera.
Jorgelina: “Hagamos más radios”.
Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.
Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:
“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.
Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental:
“Más allá de tu vereda,
hay otra realidad,
atrás de tu puerta”.
Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva:
“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle,
allí seguiremos estando”.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
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