El nuevo cuadro tarifario pone en jaque la producción de cientos de fábricas recuperadas por sus trabajadores. Algunas están resistiendo el corte del suministro, como el caso de Cooperativa Padilla: una cuadrilla de Edenor llegó acompañada de una camioneta de Gendarmería. En el caso de la metalúrgica 19 de Diciembre, las facturas se multiplicaron por diez a pesar de contar con una medida cautelar a su favor: “Somos también bachilleratos, bibliotecas, escuelas, pero el Ejecutivo mira para otro lado”. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas denuncia que habían acordado el pago del 50 por ciento de las facturas, pero que el Ministerio de Energía violó el acuerdo y ahora derivó la discusión al Ministerio de Producción. El movimiento evalúa tomar acciones.
Los trabajadores de la Cooperativa Padilla, dedicada al reciclado de material plástico y a la confección y producción de bolsas para residuos y patógenos en la localidad de San Andrés, partido bonaerense de General San Martín, tuvieron que salir a la calle para evitar que una cuadrilla de Edenor cortara el lunes el suministro eléctrico de esta fábrica recuperada en 2001. “No permitimos que nos corte, porque nos cortan los brazos y las piernas: nos matan”, dice a lavaca René Cruz, presidente de la cooperativa. “Dijeron que iban a volver la semana que viene. Lo que nos sorprendió es que, en la esquina, había estacionada una camioneta de Gendarmería”.
La imagen describe la forma en la que la nueva tanda de tarifazos en los servicios públicos comenzó a golpear a las empresas recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores. “Estamos hablando de 460 fábricas con una problemática similar”, describe Eduardo Murúa, trabajador de IMPA y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). “Todas las empresas van a tener problemas porque han acumulado deuda en estos dos años. Uno nuevo va a ser imposible, no hay forma de pagarlo. Si no hay una ley que contemple los cortes para las pymes y las recuperadas, vemos que es imposible de pagar”.
Murúa pone un ejemplo: “En el Movimiento hay un frigorífico que pagaba 100 mil pesos de luz: pasó a 800 mil y, ahora, va a tener que pagar 1 millón 300 mil pesos. Y sólo de luz: no estamos hablando de gas ni agua. Y así en todas las empresas: es un aumento cerca del 800%”.
Y, como en el caso de Cooperativa Padilla, acompañado de Gendarmería.

“No puede ser que nos prohíban trabajar”

“En 2016 y 2017 tuvimos una caída violenta de producción”, dice Cruz. “Esa merma se combinó con un elevado monto en la tarifa eléctrica. Con el MNER logramos una entrevista con funcionarios del Ministerio de Energía y se pautó un descuento del 50 por ciento, que nunca terminaron de cumplirlo porque solamente dieron una primera parte. Ahora estamos en una situación complicadísima: desde el Ministerio avisaron que ellos no iban a ser más el interlocutor y que todo pasaba, ahora, al Ministerio de Producción. La consecuencia es que Edenor está amenazando con producir cortes ya que exigen que paguemos la totalidad de la deuda, lo cual no podemos hacer si ni siquiera nos dan la posibilidad de amortizarla”.
La deuda acumulada es de 500 mil pesos. “A eso se suma el nuevo aumento, que también tiene un impacto muy grande. En las reuniones estamos viendo que sólo podemos pagar hasta un 25 por ciento. Estamos en una situación muy desesperante, porque si no pagamos la factura no podemos seguir produciendo. Y, así, vamos a tener que cerrar. Hemos achicado nuestros retiros y, pese a eso, no podemos afrontarlo: es una espada de Damocles en la cabeza”.
¿Cómo impactó el tarifazo en Padilla?

• En octubre de 2015 pagaban 12 mil pesos.
• El primer tarifazo llevó la boleta a 50 mil.
• Ahora esperan una suba a 250 mil.

Cruz: “Es imposible. Seguimos produciendo a bajo ritmo, hemos podido sobrevivir a la desgracia que han tenido una enorme cantidad de emprendimientos similares. No podemos trasladar a los costos ni aumentar el precio del material porque quedaríamos fuera del mercado. Y tampoco vamos a permitir los cortes. Vamos a resistir. No puede ser que nos prohíban trabajar. Queremos vivir como hemos vivido hasta hace dos años, con salarios dignos y perspectivas de crecimiento”.

“La situación es catastrófica”

En la cooperativa 19 de Diciembre, metalúrgica autopartista recuperada en 2002, la factura de luz se multiplicó por diez: pasaron de 5 mil a 50 mil pesos. “La situación en San Martín es catastrófica”, dice Gisela Bustos, integrante de la cooperativa que tiene 20 trabajadorxs asociadxs. “Estamos sintiendo la crisis terriblemente, también la contracción de los clientes. En las fábricas hay poco y nada de ruido: esta situación nos pasó en el 2001, después lo vimos en 2008 y 2009, y más allá de algún momento difícil no llegó a los extremos que estamos viendo ahora. Y llega en un momento del año muy particular con una escalada tremenda en la tarifa eléctrica. Hay un cambio en la actitud de los ministerios y del Estado, que ahora dan carta blanca y vía libre a las empresas suministradoras de energía eléctrica para que vengan a aplicar los cortes”.
En junio de 2016, la Justicia dictó una medida cautelar que frenó los tarifazos de agua y luz para la cooperativa. “Es una de las muy pocas empresas que logró una medida de ese tenor, que ordenó retrotraer la tarifa al cuadro anterior y suspender todo corte. Sin embargo, Edenor no cumplió nunca. Pasamos todo un año haciendo pagos que son parciales porque vamos a las oficinas centrales a depositar el monto que nosotros entendemos que se condice con la orden judicial. Pero nos siguen notificando la deuda con la tarifa actual. Niegan la orden judicial: hay un avance incluso contra el sistema republicano que tanto pregonan, porque aquí hay una orden de un juzgado que una sociedad anónima no la cumple”.
Burgos cuestiona que el Poder Ejecutivo no brinda ninguna política pública para defender las fuentes de trabajo y la función social de cada una de las fábricas. “Somos también bachilleratos, bibliotecas, escuelas, pero el Ejecutivo mira para otro lado. Los trabajadores no quieren llevarse a nadie puesto: acá se pelea por trabajar, por vivir con dignidad y somos los primeros en querer ir a pagar. Pero la factura se multiplicó por diez”.

Actitud mezquina

El MNER presentará una carta dirigida al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para tratar de encontrar una salida a la situación.
“Logramos una mesa de negociación y un acuerdo para pagar el 50 por ciento, pero recibimos un mail en donde se desentendían de todo y comunicaban que pasaba la discusión al Ministerio de Producción”, dice Murúa. “Estamos consensuando una carta entre los trabajadores porque, además de ser una decisión que dijeron por mail, es una actitud mezquina y de violencia absoluta. Y cuando esa violencia se toma desde el Estado contra un grupo específico, adquiere el tono de genocidio. Estamos planteando que con su violencia están empujando a que miles de trabajadores, junto a sus familias, pasen a ser parias en su patria”.
En los próximos días, el MNER evaluará las acciones a tomar.