Nota
Retrato de la estafa: por qué el nuevo tarifazo es inconstitucional
La resolución de la secretaría de Energía que implica solventar los costos que las empresas petroleras tuvieron por la devaluación a partir del cobro de una cuota a los usuarios, generó una ola de rechazo que va desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien denunció penalmente al secretario Javier Iguacel. Mientras los intendentes llaman a no pagar las nuevas boletas, el CEPIS presentó un amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de la norma. “Quieren aplicar en términos retroactivos una cuota cuando la gente ya canceló su obligación de pago con su boleta”, explican a lavaca. El antecedente del 2016 cuando la Corte frenó el tarifazo de gas. Y quién es Iguacel, el funcionario que renunció a YPF cuando se privatizó y ahora afirma que la sociedad tiene que acostumbrarse a que la “energía cuesta”.
“Es una estafa sobre la estafa: esta política es una aspiradora del bolsillo”, grafica a lavaca el abogado Mariano Lovelli, titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la organización que el lunes presentó ante la Justicia Federal de La Plata un amparo colectivo contra la resolución 20/2018 de la secretaría de Energía, que impone un nuevo tarifazo y una compensación a las petroleras por la devaluación registrada entre abril y septiembre a través de un cobro en 24 cuotas con interés a usuarios y usuarias.
El rechazo de la insólita medida se proyectó en todo el arco político, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para derogar la resolución y hasta el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario Javier Iguacel por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. En ese sentido, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, también inició un amparo colectivo junto a un club de barrio de ese distrito.
Además, el perfil Derecho en zapatillas difundió un modelo de carta de presentación a las empresas que se volvió viral y que argumenta por qué la suba viola principios de irretroactividad y derecho a la propiedad. El texto completo es el siguiente:
- “Por medio de la presente impugno la factura de gas nro. […] de fecha […] en atención a incluir un cargo retroactivo. Las facturas anteriores están pagas, y por ende extinguieron la obligación de pagar la tarifa de ese período, artículo 880 del código civil y comercial y por ende también se viola el principio de irretroactividad (art. 7 del código civil y comercial) y mi derecho de propiedad. Por ese motivo solicito la supresión de ese cargo y desde ya impugno la norma general en que se basa. La presente no es una declaración completa de los hechos y del derecho y mi parte desde ya reserva el derecho de ampliar y promover las demás acciones legales que correspondan en caso de que no se avengan a deducir el cargo citado”.
La tormenta Iguacel ya se desató.
La estafa
El CEPIS presentó un amparo colectivo para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución firmada por Iguacel. “El lunes presentamos la medida, que es de alcance nacional, y en principio incluiría a todos los ciudadanos del país: no solo plantea la inconstitucionalidad de la resolución 20 de la secretaría de Energía del viernes pasado, sino que también pedimos la inconstitucionalidad de la reglamentación del marco regulatorio del gas”, explica a lavaca el abogado Mariano Lovelli, titular de la organización. “El macrismo salió a decir que la resolución era legal porque se basaban en unas normas de Menem. ¿Por qué contestamos con esto? Porque afectan derechos constitucionales, a la propiedad, a la garantía de razonabilidad y al interés económico de usuarios y consumidores en su relación de consumo, como prevé el artículo 42 de la Constitución. Esto se suma a un agravante que es que lo quieren aplicar en términos retroactivos cuando la gente ya canceló su obligación de pago con la boleta”.
Lovelli explica por qué la medida es de carácter colectivo: “Es una única norma desde un único emisor que tiene efectos comunes sobre un montón de gente, y ese montón de gente tiene intereses que son homogéneos. Vos, yo, todos usamos el gas para lo mismo”.
El CEPIS es la misma organización que en 2016 presentó un amparo colectivo y logró frenar los tarifazos luego que la Corte Suprema dictaminara que el Gobierno no podía fijar las tarifas de gas sin una audiencia pública, que estableció de cumplimiento obligatorio. Lovelli: “En esa ocasión, planteamos la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Energía, entonces dirigido por Juan José Aranguren, porque no había cumplido con la obligación constitucional de brindar a usuarios y consumidores la información adecuada y veraz, ni de participar en el procedimiento de formación de la tarifa. Es decir, faltaba la audiencia pública”.
El actual amparo, que se suma a un corpus de medidas y de acciones planteadas, está a la espera de que el fiscal federal de La Plata, Guillermo Ferrara, dictamine sobre la viabilidad y la competencia de la denuncia. Luego, se le correrá vistas al Estado para que conteste, aunque ya comenzó a hacerlo a través de los medios. “La mayoría de las quejas por el aumento de gas son de militantes kirchneristas”, declaró el secretario Iguacel, desde el ojo de la tormenta.
Quién es
Javier Iguacel es ingeniero petrolero y activo tuitero, en cuyo perfil se presenta como admirador de Nelson Mandela. Nació el 16 de octubre de 1974 en Capital Sarmiento, un municipio de 15 mil habitantes al norte de la provincia de Buenos Aires. Estudió en el Colegio Marista Manuel Belgrano y realizó la carrera de ingeniería en petróleo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). En una entrevista con El Constructor, dijo que comenzó a trabajar a los 11 años arriba de un tractor de campo: “No por necesidad, porque gracias a Dios mis padres siempre tuvieron para vivir y educarme, pero cualquier cosa adicional a lo que era estudiar y comer lo tenía que sacar de mi propio bolsillo, para eso trabajaba en el campo”.
Entró a trabajar a YPF cuando tenía 23 años. Su modelo de ejecutivo era José “Pepe” Estenssoro. Cuenta que en 1999 decidió renunciar cuando la petrolera anunció que sería vendida a la española Repsol. “Soy de los que creen que la energía del país debe generarle riqueza a la gente y no soporté que YPF fuera subsidiaria de Repsol”, apuntó Iguacel a iProfesional. Según Lucas Logaldo -exdirector general de Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional de Viabilidad, excoordinador de Comunicación del PRO en la provincia de Buenos Aires y jefe de Gabinete en Energía-, en ese entonces Iguacel le escribió una carta a Roberto Monti, presidente de YPF, para comunicarle su renuncia “porque creía que la empresa debía ser estatal”.
En ese momento –cuenta- había nacido su primer hijo. “Era una época complicada. Estábamos en Malargüe, dejé todo y nos instalamos en Buenos Aires con mi familia. Fui a ver a profesores míos de la Facultad, recorrí empresas buscando trabajo y finalmente ingresé en Pérez Companc”. Desde ese año hasta 2015, hizo su carrera en el sector privado desde empresas petroleras como Pecom Energía y Pluspetrol. Por eso vivió Mendoza, Neuquén y hasta Angola, entre otros lugares. Tuvo tres hijos: el primero nació en Malargüe (Mendoza), el segundo en Rincón de los Sauces (Neuquén) y la tercera en su pueblo natal, Capitán Sarmiento.
El secretario se jacta en las entrevistas de nunca quedarse quieto. “Siempre fui de tomar decisiones que mucha gente no compartía en su momento, en especial mi familia, que pensaba que estaba loco. No podían entender cómo me quedaba sin trabajo. La última fue la renuncia a la vicepresidencia de Pluspetrol”. Un detalle: Pluspetrol es la tercera firma con más terrenos concesionados en Vaca Muerta, detrás de YPF y de Gas y Petróleo de Neuquén (GyP). Tiene el 7,6 por ciento de los 30 mil km cuadrados del proyecto, que no sólo abarca la mayoría de superficie neuquina, sino que se extiende a Mendoza, La Pampa y Río Negro. A mediados de septiembre, la empresa firmó junto con YPF el compromiso con Neuquén para invertir 180 millones de dólares en la etapa piloto para la explotación no convencional de hidrocarburos.
Pero, en 2015, Iguacel rechazó la vicepresidencia para lanzarse a su carrera política. Primero, según especificó, “dándole una mano” a un dirigente peronista: “Pero cuando vi que la corrupción era muy grande, que íbamos camino a ser Venezuela, me decidí y me candidateé en Capitán Sarmiento”. Perdió las elecciones a intendente por 200 votos frente a Oscar Ostoich (FpV), quien en ese entonces fue reelecto por quinta vez.
Sin embargo, la derrota no tuvo sabor amargo: durante la campaña cultivó la confianza de diversos funcionarios, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo propuso como titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Iguacel aceptó, según explicó, “para cambiar el sistema de corrupción que caracterizó la obra pública durante el kirchnerismo”. Un área suculenta: según Chequeado, Iguacel pasó así a manejar un presupuesto de 40 mil millones de pesos, es decir, más del 40 por ciento del presupuesto total del Ministerio para 2018.
El secretario cumple con otro de los que parece ser un requisito para el gabinete Cambiemos: aparece en los Paradise Papers vinculado con la petrolera Pluspetrol Angola Corporation en las Islas Caimán. Su nombre figura como abogado para realizar actividades legales, financieras y bancarias en nombre de la offshore. La documentación difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung muestra que la estructura de la petrolera para administrar sus operaciones incluye sociedades en Gibraltar, Bahamas, Holanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Antillas Holandesas, Curazao y las Islas Vírgenes Británicas. Logaldo explicó a Página/12: “Todo es legal. Él fue representante legal de la subsidiaria de Pluspetrol en Angola pero jamás apretó un botón para realizar una operación o mover dinero de una empresa de la petrolera en Islas Caimán”.
El último poder de abogado de la Petrolera lo recibió en 2014, seis meses antes de dar el salto como precandidato del PRO en Capitán Sarmiento.
Lo que cuesta la energía
Iguacel se ganó el buen visto del Gabinete al denunciar al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, por la adjudicación de obras por supuesto sobreprecio, en el que culpó al exministro de Planificación, Julio De Vido, aunque su objetivo era la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También obtuvo el buen visto por el mejoramiento de las rutas. De todos modos, el camino tuvo sus baches.
Por un lado, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional lo denunció por el nombramiento de Eduardo Plascencia al frente de la gerencia de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial ya que, según la entidad, se trataba de un ciudadano estadounidense que no tenía habilitado su título profesional de ingeniero. Por otro, también llegó a los medios cuando Infobae reveló que contrató los servicios de la Escuela de Arte de la actriz Cecilia Maresca para mejorar su oratoria: según la publicación, se desembolsaron facturas por 25 mil pesos a cuenta del organismo. Y en diciembre de 2017 quedó en medio de un escándalo por un error insólito en la obra de un puente ferroviario en Luján para unir la Autopista del Oeste con la Ruta Nacional N°5: la obra tuvo que ser reformada porque las formaciones del ferrocarril eran más anchas y no podían pasar. “En tiempo récord terminamos de poner los cuatro puentes del bypass de Luján”, escribió orgulloso en Twitter. “Esto me emociona”. La emoción tuvo un costo de 1200 millones de pesos para el Estado.
Iguacel pasó al frente del Ministerio de Energía tras la eyección de Juan José Aranguren, el principal rostro de los tarifazos. Tras la reconversión de los ministerios, hoy ocupa el rol de Secretaría. Desde allí amenazó que si no se respeta el contrato con las productoras de gas, la tarifa podría aumentar hasta el triple. “Tenemos que acostumbrarnos a la realidad de lo que la energía cuesta, tiene este costo para la sociedad”, sostuvo en declaraciones radiales.
Según la agencia NA, el cálculo de lo que la “energía cuesta”, y que saldrá de los bolsillos de usuarios y usarías directo a las empresas, alcanza los 10 mil millones de pesos.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Nota
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.
Por Francisco Pandolfi
Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan.
Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.
La salud de quienes cuidan la salud
Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020:
–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.
–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.
–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá.
Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil).
Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.
La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.
El sueldo más bajo de la historia
Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos.
Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”.
Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.
Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”.
Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.
Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.
El éxodo de trabajadores
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”.
Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.
Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”.
Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”.
Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”.
Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.
El ministro que nunca pisó el hospital
El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.
Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.
A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.
La resistencia
Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.
Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego.
Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.
Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.
Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.
Nota
Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial
La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.
Por Francisco Pandolfi
En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política.
Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.
No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Arrasa-miento
Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.
El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.
El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Jenefes, el patrón
De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.
Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Una peli de terror
El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.
Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.
Un puñado de kollas
La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.
La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”.
Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
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