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#AbortoLegal: tres proyectos apuntan a la construcción de información, reparación económica y la producción pública de medicamentos
Tres proyectos de ley que se presentaron en Senadores y en Diputados promueven la continuidad del debate parlamentario luego del rechazo en la Cámara Alta a la interrupción voluntaria del embarazo. Por un lado, diputada Mónica Macha propuso la creación de un registro que garantice la producción de estadística sanitaria en materia de muertes, internaciones y complicaciones por efecto de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en condiciones inseguras. En esa sintonía, la senadora Nancy González propuso un régimen de reparación económica para hijos e hijas de madres muertas por abortos clandestinos. Además, el diputado Daniel Filmus planteó la necesidad de que el Estado garantice la producción pública de medicamentos para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal del embarazo ya previstos en la ley y en el Código Penal. Los tres cuentan con un aval transversal de bloques políticos, tal como expresó el debate en los recintos. Los textos completos y qué dicen en diálogo con la lavaca.
Pasaron dos meses del rechazo en el Senado al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos a 31, más dos abstenciones, pero el debate, como quedó claro el 8A con las calles teñidas de verde por las dos millones de personas que exigían que en Argentina el aborto fuera legal, seguro y gratuito, está lejos de clausurarse.
En ese sentido, tres proyectos de ley reanudan la discusión.
Uno fue presentado el 23 de agosto por la senadora chubutense Nancy González (Frente para la Victoria – PJ), y propone la creación de un régimen de reparación económica para hijos e hijas de madres muertas por abortos clandestinos.
El segundo es del diputado nacional Daniel Filmus (Frente para la Victoria), que exige que el Estado garantice la producción pública de medicamentos para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal del embarazo ya previstos en la ley y en el Código Penal.
El tercero es de la diputada nacional Mónica Macha (FpV), que exige un registro de producción de información estadística sanitaria sobre muertes, internaciones o complicaciones de IVE en condiciones inseguras.
Los tres textos apuntan contra un mismo actor clave: el Estado.
Producir información
El proyecto de la diputada Mónica Macha apunta a garantizar “la producción de información estadística sanitaria en materia de muertes, internaciones y complicaciones sanitarias producidas por efecto de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en condiciones inseguras”. Para ese objeto, el artículo 2 propone la creación de un Registro que funcione en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para recolectar, procesar y analizar esa información. El texto pone en la órbita del Estado proveer de forma sistemática:
* Cantidad de internaciones en establecimientos de salud públicos y privados, indicando el plazo de internación y nivel de complejidad del cuadro de salud de la persona internada.
* Grado de severidad y tipo de complicaciones sanitarias producidas por efecto de la IVE.
* Cantidad de muertes producto de IVE en condiciones inseguras.
* Todo dato sociodemográfico “que se estime pertinente para evaluar, en forma semestral y desde un punto de vista sanitario, las consecuencias para la salud de las personas, y sus familias, de la práctica de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones inseguras”.
El proyecto también contempla “tomar los recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y la confidencialidad” de los datos recabados que, subraya, deben ser procesados y utilizados por el Ministerio sólo con fines estadísticos.
En diálogo con lavaca, la diputada Macha explica la importancia del texto: “En principio, las estadísticas que nosotras siempre manejamos son los que lograron construir, a lo largo de estos años, instituciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) o el CELS, en base a datos de instituciones sanitarias que iban produciendo, pero siempre estuvo presente a lo largo del debate de la ley no contar con información certera. En ese contexto, nos reunimos con la Campaña y acordamos que más allá de no tener todavía ley, hay que seguir con proyectos que permitan avanzar en derechos que puedan ir generando un mejor escenario para cuando volvamos a discutir el proyecto en cuestión”.
Macha explica por qué el texto ubica en un eje central al Estado: “Es su responsabilidad garantizar derechos y acciones que protejan la vida y salud de las mujeres. Por eso es importante que se pueda registrar sin datos filiales cuántas mujeres llegan por abortos clandestinos o inseguros, cuántas de ellas terminan con una discapacidad o con una mutilación, cuántas mueren como consecuencia de esas prácticas”.
La falta de una estadística fue uno de los argumentos de los sectores antiderechos, así como lo fue la ausencia de Educación Sexual Integral en las escuelas. Sin embargo, ese sector está presionando para retroceder en los debates conquistados de la ESI. ¿Qué ocurrirá en este caso? Macha: “Ese sector pretende que se vuelva al closet, al tabú y a la estigmatización. En definitiva, quedó claro que sólo se oponen a hablar de estos temas, que son derechos fundamentales para la vida de las personas. Este tema ya está en el debate social y es parte de los derechos a conquistar, sobre todo de mujeres jóvenes. Tenemos mucho por andar”.
La reparación histórica
El proyecto de la senadora González, titulado Ley de reconocimiento y reparación a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto, tiene 12 artículos:
* Crea un Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes menores a 21 años o personas con discapacidad.
* La suma del monto abonado por el Estado debe tener un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles, hasta que su titular alcance los 21 años. La reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de pensiones y alimentos, y otras asignaciones familiares.
* Designa una Autoridad de Aplicación para garantizar los objetivos de la ley.
“Hace pocas semanas desde esta Honorable Cámara, tuvimos la responsabilidad de votar sobre una de las leyes más emblemáticas de los últimos años: la interrupción voluntaria del embarazo”, comienzan los argumentos del proyecto dirigido a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti. “Si bien el proyecto no resultó votado afirmativamente por la mayoría de las y los legisladores, es innegable el proceso sumamente democrático llevado a cabo, desde que fue puesto en la agenda legislativa, en febrero de este año. Durante todos estos meses, hemos escuchado 738 exposiciones en la Cámara de Diputados y 145 en la Cámara Alta para reconocer y delimitar una problemática precisa: las consecuencias a las que se enfrentan las mujeres y los cuerpos gestantes de la Argentina ante su decisión de no continuar un embarazo y la posibilidad de perder la vida en un aborto clandestino”.
El proyecto cita, entre otras cosas, la información oficial presentada por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que precisó que sólo este año en Argentina hubo 43 muertes por embarazos finalizados en aborto. Menos de una semana después del rechazo en el Senado, dos mujeres murieron en Pacheco y en Pilar, al norte del conurbano, por abortos clandestinos. “Dicha situación no puede hacer otra cosa que interpelarnos y abocarnos con la mayor celeridad a nuestra tarea de legislar y otorgar respuestas”, apunta el texto, que menciona como antecedente el Régimen de Reparación para la Niñas, Niños y Adolescentes hijxs de víctimas de femicidio –conocido como Ley Brisa-, promulgada en julio.
“Es importante detenernos y enfatizar que aquí no se trata de cifras, sino de la vida cotidiana de niñas y niños de carne y hueso; de la posibilidad de otorgarles, al menos, un reconocimiento y la contención necesaria para que puedan desarrollar su vida y sus derechos plenamente”, sostiene el proyecto.
Y cierra:
* “Hemos intentado evitar las muertes mediante la legalización del aborto y no lo hemos logrado. Pero nos ha quedado un legado, y es el de proteger al menos a los hijos e hijas de esas mujeres que el Estado no pudo salvar. Resulta como nuestra urgente tarea dar respuesta concreta a esas familias y a la sociedad en general, otorgando este reconocimiento y acompañamiento a los niños y niñas víctimas colaterales de este flagelo que deriva de la clandestinidad”.
El Estado es responsable
El proyecto que presentó Filmus es conciso:
* “El objeto de esta ley es garantizar la producción pública de medicamentos esenciales para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal de embarazos”, establece en su artículo 1.
* Detalla que es el Estado quien debería hacerse cargo de la producción de misoprostol y mifepristona, los dos principios activos cuya combinación es “la forma más segura y efectiva de realizar una interrupción voluntaria del embarazo”, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
* El texto apunta a que la producción se realice en laboratorios de Producción Pública de Medicamentos que integren la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
* También considera la producción de medicamentos que, por avances científicos, a futuro resulten indicados para el reemplazo de estos dos principios activos.
* Ubica al Ministerio de Salud como el responsable de garantizar la distribución de los medicamentos a todos los efectores que componen el sistema nacional público de salud, priorizando los servicios de atención primaria.
* Establece que el Ministerio debe incluir los medicamentos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y en el vademécum de los programas de cobertura gratuita.
* Y destaca que apunta a garantizar la producción pública sólo para los casos de interrupción voluntaria del embarazo (ILE) previstos por el artículo 86 del Código Penal y su interpretación judicial del fallo FAL en 2012, lo que motivó a que varias provincias contaran con protocolos ILE.
“El proyecto es para que el Estado se haga responsable de la fabricación de las drogas que permitan a las personas ya incluidas dentro del aborto no punible la posibilidad de acceder al derecho de interrumpir su embarazo”, explica Filmus en diálogo con lavaca. “En cuanto al misoprostol, durante los debates quedó en claro que es muy difícil de conseguir, muy cara, que no se está fabricando en Argentina y hay una imposibilidad de acceso para la gran mayoría de la población. La mayor parte de los abortos no son quirúrgicos sino que se realizan a partir de la utilización del medicamento, y si efectivamente es un derecho el acceso de aquellas personas contempladas por ley al aborto no punible, la única forma de garantizarlo es que la fabricación no esté a cargo del mercado sino que sea el Estado quien garantice su presencia”.
El texto fue acompañado por otrxs 15 legisladorxs de distintos espacios políticos, como Daniel Lipovetzky, Victoria Donda, Brenda Austin, Araceli Ferreyra y Cecilia Moreau.
Recuerda que la OMS considera al misoprostol como un medicamento esencial desde 2005, pero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó recién este año a que la droga sea de uso obstétrico en condiciones hospitalarias. De todas formas, hoy sólo la comercializan dos laboratorios. En tanto, la producción y comercialización de mifepristona no está autorizada en Argentina. En ese sentido, Filmus destaca a lavaca la experiencia del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF), que desde 2013 trabaja en la fabricación de misoprostol y estará en condiciones de abastecer al sistema público de todo el país. También, el laboratorio público Profarse, de Río Negro, anunció que desarollarán el medicamento a partir del año que viene.
“Resulta importante mencionar que la OMS estima que garantizar prácticas de interrupción legal de embarazos sin riesgos a través del uso de misoprostol es considerablemente menos costoso que el tratamiento quirúrgico tradicional, porque en su mayoría las interrupciones se realizan de manera ambulatoria y sin generar complicaciones de salud”, argumenta el texto. Y aporta datos: “Según cifras oficiales, mientras el costo de una ILE es de $11.500, a través del método seguro costaría $1914”.
En tanto, Filmus subraya que el proyecto apunta a no clausurar el debate después del Senado: “No somos de la idea en la que como el Senado votó en contra, hay que congelar el debate durante dos años hasta que cambie la composición de la Cámara. Hay un conjunto de temas sobre los que ya hay consenso y se puede avanzar en conseguir mayorías y aprobarla. En este caso hubo un consenso enorme, y era necesario reafirmar en casos de aborto no punible. Sabemos que no es un proyecto de discusión fácil. Esperamos que se coloque en debate. Y que participen organizaciones de la sociedad civil para que pueda aprobarse”.
El proyecto de gonzález
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Daniel Solano: la Corte Suprema confirmó la detención de los siete policías condenados por homicidio

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos que se detengan a 7 policías”.
La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.
Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.
Compartimos la investigación de MU sobre este caso:
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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.
En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.
La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.
Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.
El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.
Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:
- la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
- el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
- las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
- el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
- las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
- las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
- Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
- Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.
Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:
- Sí: sí a la vida.
- Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
- Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
- Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.
Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.
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24 de marzo de 2023: Que la memoria (los) ilumine
Crónica de un nuevo 24 de marzo desde la voz de la gente, que habla de todo: de cuánto estaba el chori la marcha pasada a cuánto está hoy; de la pesificación de los fondos jubilatorios y de las elecciones por venir; de las dos marchas, y de la realidad. La necesidad de seguir enfrentando al fascismo, ¿cada vez más presente?, y la energía que da la calle. El recuerdo de Hebe, la presencia y las palabras de Nora Cortiñas, la partida sin condena de Carlos Blaquier. Lo pendiente: los juicios aún en curso, la falta de respuestas del Poder Judicial y de la política, les desparecides de hoy. La presencia de niñas y niños como herencia de una sana costumbre: memoria, verdad y justicia, ahora y siempre.

Y si de vos
“Octubre 1976”, de Ana María Ponce, desaparecida.
me dijeran que no exististe,
les gritaría que me quedan,
tus ojos tristes,
tu caminar lento,
tu sonrisa apenas esbozada,
tu caricia leve,
y una espera,
una larga espera
de la que no volveremos
nunca,
o tal vez sí…

Ahora es marzo de 2023.
24 de marzo de 2023.
Un pibe alto camina lento, con ojos tristes; el frente y el dorsal de su musculosa negra, cuenta: “Son 30.000 y uno es mi abuelo”. Al lado, su mamá, camina lento, con una sonrisa apenas esbozada. Su musculosa gris, cuenta: “Son 30.000 y uno es mi papá”. Caminan lento porque hay un océano de cabezas, pies y corazones que se dirigen desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, a reivindicar la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 47 años de la noche más sombría.
El pibe alto se llama Thomas Aballay y sostiene un cartel que contiene la foto de su abuelo, cuya sonrisa es tan ancha que parece desbordarse de la imagen. Se lee: “Jorge Oscar Tanco, detenido desaparecido, 16/09/1976”. Dice: “Pertenezco a la agrupación de Nietos de desaparecidos, conmueve un montón estar acá. El Nunca Más no debe quedar en el aire, por eso hay que seguir luchando”. Lo escucha su mamá, Maika Tanco, la hija de Jorge. Plantea deudas de esta democracia en relación a los castigos por los crímenes de lesa humanidad: “Necesitamos hablar no sólo del pasado, sino del presente y del futuro. La cárcel para los genocidas debe ser definitiva; cárcel común, no que estén en sus casas. Además, los juicios están retrasados. En los últimos cuatro años no hubo adelantos significativos y eso quedó manifiesto en que el empresario Carlos Blaquier acaba de morir sin ser juzgado por su complicidad con la dictadura. 47 años después, no es justicia. Y él ni siquiera la tuvo; falleció como inocente, y no lo fue”.


Lo que plantea Maika, minutos después lo confirman en números desde Sobrevivientes, Familiares Compañerxs y Amigxs del Centro Clandestino de Detención «El Olimpo”, emplazado en el barrio porteño de Floresta: “Hoy, 8 de cada 10 condenados por delitos de lesa humanidad están en sus casas cumpliendo las penas que debieran completar en cárcel común”. Desde que se reabrieron los juicios, entre 2006 y 2022 hubo 283 sentencias dictadas, 1115 personas condenadas y 171 absueltas. Hay 15 juicios en curso y 75 causas aguardan fecha de debate. En relación a la falta de celeridad, se debe a la escasez de tribunales orales disponibles. Un ejemplo es el proceso judicial por las violaciones de derechos humanos en el Centro Clandestino “Puente 12”, en La Matanza. El debate, pactado para principios de 2022, recién comenzará el próximo 3 de abril “por cuestiones de agenda”.
Como el mundial
El olor a humo que emana de decenas de parrillas acompañan toda la marcha. Hay olor a chori, hay olor a un pueblo que, pese a ser una fecha que evoca la peor de las crueldades, se hermana, se abraza. Se trata de una fecha para encontrarse y reencontrarse, con unx mismo y con el resto. El barro que se multiplica con el paso de las horas en varios sectores de la Plaza de Mayo refleja la masividad de la cita ineludible. Hay mil banderas de organizaciones sociales, de partidos, de sindicatos; pasacalles, stencils, graffitis viejos y que acaban de nacer; bombos, cánticos, intervenciones artísticas; hay sueños compartidos: “La importancia de estar acá es mostrar que la derecha, los milicos, la policía, no tiene la cancha libre; desearía que fueran menos, pero no lo son, siguen teniendo mucho poder. Entonces, la única defensa que tenemos es la calle”, alza Cecilia, 69 años, de Florida Norte. Y profundiza: “Hay que apuntar a la igualdad social como eje; tenemos alimentos para millones de personas, pero la mitad de nuestra población infantil es pobre. Alguien se la está llevando y es contra ellos que debemos pelear”.
Antes de empezar a marchar, Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, le dice a la lavaca que está “con mucha fuerza para seguir pidiendo Memoria, Verdad y Justicia”; le dice que “el país está cada día peor, porque este gobierno, gobierna para los ricos, y hay que resistir en la calle”; le dice que pasó su cumpleaños (93, el 22 de marzo) “muy feliz, llena de abrazos y de afecto, pero la felicidad nunca es completa y será así hasta encontrar a Gustavo (su hijo, desaparecido)”; dice que el compromiso “debe ser hasta morir” y antes de terminar la charla, en medio de un intenso calor, propone ir tomar una cerveza al final de la jornada.

Lucía Iérmoli tiene 35 años y está embarazada de seis meses. “Las conquistas hay que defenderlas acá, contra el poder concentrado que sigue creciendo. No estar un día como hoy marcaría una ausencia. Que reviente de gente esta plaza es un logro de todas, de todos. No sé cuántos lugares en el mundo tienen un día que reivindique la memoria”, dice, con voz tierna y con Vera en la panza, que también sigue creciendo. A su lado, su amiga Alejandra Spinetta, 59 años, agrega: “No se puede no estar acá; si uno falta, si no se compromete, es dejarle el lugar para que avance la derecha”.
A unos metros, Laura, de 66, está contenta. Muestra una vitalidad que está recuperando, a medida que avanzan las horas: “Es mi primera movilización después de la pandemia; estuve muy enferma, durante muchos años, pero hoy sentía que debía estar con mi pueblo y no me arrepiento: me llena de energía”.
Detrás, una imagen bellísima que retrata a Hebe de Bonafini, en el primer 24 sin su presencia física. Está con sus dos hijos, chiquitos, ambos desaparecidos. Una frase acompaña el cuadro, a 40 años de la recuperación de la democracia: “El día que me muera no me tienen que llorar. Hagan una fiesta en la calle, porque hice lo que quise y peleé con todo como quise”.

El 24 de marzo de 1995 a las 6 de la mañana llegó al mundo Victoria Rossi. “Victoria por la frase del Che, de ‘hasta la victoria siempre’, por el concepto del triunfo del pueblo”, rememora Viqui, a metros de la Catedral vallada, en su cumpleaños 28. “A partir de que empecé a militar en el centro de estudiantes del secundario, sentí que los 24 de marzo ya no había lugar para festejos personales, sí para abrazos, sí para estar con mi gente, pero desde un lado más colectivo”. Su mamá y su papá, militantes de izquierda, venían a las marchas mucho antes de que se decretara feriado, allá por 2022: “Desde chiquita fui consciente del valor que tenía esta fecha y me acuerdo que en cuarto grado fue el último cumple que festejé en la escuela. Sin embargo, estar acá es lo más importante en este día; un año no vine y algo me faltó. Decidí que esa sensación no la quiero sentir más”. Y asocia: “Más allá de que esto no sea una celebración, vivo un 24 de marzo como lo más parecido a ganar un campeonato del mundo, porque hay un gran motivo para juntarse: hay orgas, partidos, familias, parejas, gente que va de la mano con quien quiere y eso tiene que ver con la búsqueda de la libertad por la que peleaban las y los desaparecidos”.

Ideas de ayer a hoy
Un hombre cuarentón camina de la mano de su hija. Ambos tienen puesta el mismo modelo de remera que exige “Juicio y castigo”. La diferencia es que una es talle X y la otra es talle S. Expresa Lucas: “Estamos acá por dos motivos: por responsabilidad social y porque mi papá es uno de los 30 mil”. ¿Qué utopías de su viejo hay que traer al presente? “Nunca dejar de hacer política seria y trabajar mucho en los barrios”. Se va a seguir marchando, siempre de la mano de su hija. En su espalda, de su mochila cuelga un pañuelo blanco que denuncia: “Pablo Córdoba, desaparecido”.

Ana Valverde escucha atentamente el documento leído por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Tiene 72 años, milita hace 54 y lleva bien alto un cartel con la foto y el nombre de Patricia Gaitán, desaparecida por la última dictadura cívico militar eclesiástica. “La principal pelea de los 70 que hay que dar hoy es cómo lograr la unidad de las y los laburantes”. Dice que es jubilada y protesta porque “el gobierno nacional acaba de confiscar el fondo de garantía de sustentabilidad que estaba en dólares y que por un DNU lo pesificó. Esto no perjudica a quienes ahora somos jubilados, sino también a ustedes, los más jóvenes”.
–¿Vos aportás? –me pregunta.
–Sí.
–Bueno, te acaban de afanar.
Un pasacalle grita: “30.000 razones contra el FMI”; un cartel pegado con engrudo sigue la línea: “Basta de extorsiones del FMI”; desde arriba del escenario, en el documento que leen los organismos de derechos humanos, se agita: “El Poder económico es el gran ausente de este proceso, y su impunidad la seguimos pagando como pueblo, porque nos siguen sometiendo a la miseria, buscando un enriquecimiento sin límites y sin importar los costos”. Abajo, la inflación arrasa. Alberto es de Avellaneda y atiende una parrilla que instaló en la esquina de Avenida de Mayo y Carlos Pellegrini: “En la marcha pasada, el chori estaba 150 pesos, cobrándolo caro; hoy, yo lo tengo 700, como barato; en otros puestos está hasta 900”. A 50 metros, Viviana está sentada en un banquito. En el piso, sobre una lona, expone pañuelos blancos y azules, con la consigna “Nunca Más”. “El año pasado estaban 250 pesos, hoy 500”. Agrega: “Fue muy floja la venta, hoy se vendió mucho menos que en 2022”.



La primera actividad que arranca el 24, a media mañana, y la que cierra, a eso de las 20, se da en Plaza de los Dos Congresos. Es un festival por la memoria donde cantan bandas de heavy metal, que se organiza desde hace 16 años. Quien presenta a las bandas se llama Fernando Ricart, tiene 52 años, un pelo larguísimo y un padrino que estuvo detenido desaparecido: “Se lo llevaron por ser delegado, como si eso fuera un delito. Estuvo un mes y medio desaparecido, pero el daño que le hicieron fue para siempre. Se lo llevaron siendo uno, y me devolvieron a otra persona. Nunca se recuperó”. Andrés, 39 años, escucha la música pesada junto a su hijo de 6. Lleva una remera que se pregunta qué hicieron con Santiago Maldonado. Le pregunto qué ideas de la militancia de los 70 serían importantes que hoy sean prioridad: “Se perdió la perspectiva de un cambio revolucionario real; el peronismo tiene su eje en la Justicia, como si no fuera parte de este sistema que hay que cambiar de raíz; mientras que la izquierda partidaria sigue en la pelotudez, discutiendo en el Congreso sobre concepciones marxistas de hace tiempo, sin pensar en el cambio social actual”.

Rocío y Darío viajaron desde Tandil junto a su hijo Amadeo, de un año recién cumplido, para sentir en vivo y en directo la marcha que tantos años recorrieron cuando vivían en Buenos Aires. “La memoria se construye desde la cuna y las Madres y las Abuelas son la escuela”, recuerda ella. “La mejor manera de reivindicar a las y los desaparecidos es seguir su camino: el trabajo de base que se hacía en esos años”, recuerda él, que al igual que su bebé lleva puesta una remera de Diego Maradona. A su lado está Belén, una amiga de la pareja que por primera vez es parte de esta movilización: “En Tandil es diferente; hay un espacio fuerte y comprometido con los derechos humanos, pero es una ciudad mayormente oligarca; para mí es muy fuerte estar acá. Más que nunca debemos mantener viva la memoria y para eso hay que movernos”.
Memoria en este momento
Hay un graffiti recién pintado en la estación de subte Lima, de la línea A, que reza: “Memoria en este momento”.
Aparece también en paredes, en carteles y en diversos reclamos. Elizabeth tiene 70 años y lleva colgado un cartel que pide “Libertad a Assange, una verdad sin mordaza”. Lo relaciona con el 24 de marzo: “En el caso de Julian, se condena la libertad de expresión, no hay derecho a la información de la población y se expone cómo se persigue a la gente cuando se descubren los secretos de los gobiernos”. Detrás de ella, un stencil negro exhorta: “Abran los archivos secretos de la Dictadura”. Elizabeth tiene tres compañeros desaparecidos: Mónica Epstein, Hernán Abriata y Klaus Zleschank. “De ellos, además de recordarlos, hay que seguir su ejemplo: militar por una mejor redistribución de los ingresos”.
El recorrido desde la 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo está acompañado por afiches de la organización La Poderosa con un encabezado: “40 años alimentando la democracia”. Se da en el marco de un proyecto de ley que impulsa el conglomerado de asambleas villeras para que se reconozca con un salario a las más de 70 mil cocineras comunitarias que trabajan en el país sin percibir un salario. ¿Qué implica el reconocimiento laboral? “Un salario ligado al Mínimo Vital y Móvil como base; acceso al aguinaldo, vacaciones, seguridad social, cobertura contra riesgos en el trabajo por enfermedades y maternidad, por invalidez y vida, retiro, acceso a la jubilación y guarderías”, expresan desde el movimiento.
Uno de esos afiches lo tiene a su lado Francisca, que vive en la calle y ahora está delante de un kiosco de diarios cerrado. Tiene una bandeja de arroz por la mitad y una voz que pide escucha: “Se la pasa muy difícil acá”. Y en un puñado de palabras, esgrime una deuda sustancial de la democracia: “Pensemos, ¿cuántos políticos en los últimos años hablaron de la situación de calle, de las villas? Eso dice mucho de cómo estamos”.

Detrás de su lente, la mirada de Oswald, colombiano de 41 años que hace 14 vive en Argentina, fotografía a un pueblo que recuerda sin parar. “Es imposible estar acá y no compararlo con mi país. Allá, pese a que no hubo una dictadura tan marcada, la serie de gobiernos de derecha y los paramilitares han desaparecido a más gente que en cualquier dictadura del cono sur”. Añade: “Por eso es tan importante valorar lo que se consiguió acá. En mi país, el miedo y la violencia aún imposibilita la unión de familiares de víctimas para reclamar en conjunto. En el último tiempo la juventud comienza a jugar un rol clave y para esto la Argentina es un ejemplo a seguir”.
Sobre Avenida de Mayo, un gazebo contiene a un grupo de “peruanos autoconvocadxs” que vocifera por la “dictadura que vive Perú”. Más de 60 caras se alternan con cintas de luto negro, en un antimemorial que estremece. Son las “víctimas del Estado Peruano”. Merly tiene 36 años, nació en Parcona Ica y hace 20 vive en Argentina. “Estamos acá porque también queremos decir Nunca Más. Las muertes tienen rostro y la mayoría son de pueblos originarios, del sur del país”.
Carolina, de 23, muestra su juventud caminando rápido, para no perderle pisada a sus amigos que van un poco más adelante. “Recordar a los desaparecidos de la dictadura es luchar por los desaparecidos de hoy. La derecha sigue avanzando y no lo podemos permitir”. A pocos metros de la Plaza de Mayo, donde desemboca la enorme movilización, Daniela, de 35, vende hamburguesas veganas. En el frente de su heladerita de telgopor está pegado un cartel con los colores de la diversidad, que se pregunta: ¿Dónde mierda está Tehuel? “No se puede aceptar tener desaparecides en democracia. El Estado define de quién se ocupa y de quién no, discriminando a las identidades trans. El racismo sigue, nunca se fue”.

Pablo está a pasos de la Pirámide de Mayo. Tiene 36 años, una militancia desde la juventud y un miedo que le recorre el cuerpo: “La democracia vuelve a estar en riesgo; las voces que la amenazan vuelven a tener más peso, que se traducen en persecución, en proscripción, en prohibición”. Suma: “Sufrimos salarios de miseria que sólo lo podremos dar vuelta con una transformación obrera y un pacto social que resguarde un piso que la derecha busca perforar. Para esto, hay que poner el cuerpo como en los 70, porque salvo en determinados momentos como el 2001 o la reforma jubilatoria del macrismo, no pudimos hacerlo en unidad”. A su lado, lo escucha Fidel, su hijo de 8 años.
–¿Por qué estás acá? –le pregunto a Fidel.
–Por la desaparición de los compañeros.
La tarde empieza a caer, la multitud a desconcentrarse y, mientras las paredes siguen pintando preguntas, también se escuchan versos que alimentan la memoria.
Se que algún día dejaré de pertenecer al mundo,
“Poema para no morir”, de José Beláustegui, desaparecido.
y nunca más podré escribir,
ni hacer el amor,
ni disfrazar la naturaleza con un poema,
ni viajar en los libros,
ni exponer mis ideas.
Por eso en este poema dejo, mar, cielo y luna
mariposas, besos y sirenas,
y me dejo a mí,
porque cuando muera seguiré viviendo en estos
versos.

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