Por Anabel Pomar

Un estudio científico realizado por la doctora en Ciencias Biológicas, genetista e investigadora Delia Aiassa junto a su equipo, encontró daños genéticos en las 20 muestras realizadas en niñas y niños de entre 5 y 13 años de Dique Chico, localidad ubicada a 50 kilómetros de la capital cordobesa. Las 20 muestras fueron recolectadas en febrero de 2020, en momentos de alta exposición de la comunidad a plaguicidas genotóxicos. El resultado en el 100% de las muestras revela un daño genético con un valor promedio que triplica a aquellos índices considerados “de referencia” (o “aceptables” si es que hay algo que pueda ser llamado “aceptable” en torno al daño genético) en la bibliografía científica nacional e internacional. La investigación se realizó por impulso de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico, conformada en buena medida por madres y padres que no han encontrado en la justicia cordobesa respuesta a semejante problema, en tiempos en que tanta importancia se da, supuestamente, a los cuidados.

El daño genético es efecto de un ataque a nivel cromosómico que potencia el riesgo de padecer cáncer a mediano y largo plazo, así como enfermedades cardiovasculares, malformaciones en la descendencia y abortos, entre otras consecuencias.   

El estudio también detectó la presencia en orina de glifosato y AMPA (su metabolito, o sea una degradación del glifosato) en 7 de los 20 niñxs analizadxs: un 35%. La doctora Aiassa es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero realizó la investigación de modo privado, a solicitud del grupo asambleario vecinal, solventada con apoyo de la comuna encabezada por Nilo Pérez.      

Las evidencias confirman y refuerzan los estudios que el equipo de la doctora Aiassa viene efectuando con datos que demuestran cómo varios componentes de los agroquímicos producen genotoxicidad y alteraciones en el material genético humano.    

Esta investigación complementa lo registrado en una anterior de 2018,  de similares características, que arrojó que 6 niñxs asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo y el Jardín de Infantes Mariano Moreno (ubicados en Bajo Chico) presentaban daño genético.

Tras esos primeros resultados, gracias a la organización vecinal y pese al continuo embate del lobby del agronegocio, se logró una medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con agrotóxicos, pero solo en un radio de 500 metros alrededor de la escuela, y no para toda la comuna como pedían las y los vecinos.

La asamblea Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico denuncia que sigue siendo pulverizada en sus hogares. La consecuencia de eso vuelve a evidenciarse en daños en la salud tras estos nuevos estudios.

El pozo judicial

Esteban José es el papá de una de las niñas que integró el grupo estudiado y cuyos resultados arrojaron que tiene daño genético. Dice a lavaca: “No esperábamos otros resultados. Tristemente. Porque sabemos lo que pasa. Lo vivimos. Estos estudios nos permiten visibilizar la situación y esperamos que además sirvan para que todos estos daños no caigan en esa especie de pozo que tiene la justicia, donde todo parece que se pierde para que nada cambie”.

Tuvo que mudarse a otra pequeña localidad a 10 kilómetros para evitar las constantes pulverizaciones a 200 metros de su casa. Dejó ese hogar construido con esfuerzo, sus sueños, sus árboles, sus frutales. La familia dejó todo. “La casa que le hice a mi hija en un árbol está ahí. Todo lo nuestro sigue ahí, y esperamos volver”. El punto límite para Esteban fue conocer los resultados de 2018. Al enterarse de que dos niños vecinos de su cuadra tenían daño en el ADN, entendió que los tiempos judiciales no garantizaban la vida y la salud a su hija de ahora 8 años. Pese a ese alejamiento, según este nuevo estudio el ADN de la niña sigue dañado.

Esteban lo cuenta con tristeza y desagarro aclarando, una y otra vez, que la solución no es mudarse sino que se deje de fumigar y de usar agrotóxicos comprobadamente peligrosos. “El estudio detecta daños en el cuerpo, se le está rompiendo el ADN por algo externo. Además del estudio de cometa –que detecta eso– también se realizaron estudios de agrotóxicos en orina. Al detectar en la orina glifosato y AMPA queda claro que el factor ambiental externo que está “rompiendo” el ADN es el herbicida”, explica este hombre que integra la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico.

¿Qué piensan los que fumigan?

Dique Chico tiene unos 300 habitantes. Esa escala permite que todos se conozcan y todo se sepa: las dos pobladoras que murieron de cáncer en este último tiempo; la vecina que tiene cáncer de útero; también el nombre de los productores que aplican venenos. “Nosotros acá conocemos a quiénes nos fumigan. Hemos podido charlar con ellos, y parecen convencidos de que no hacen mal, ni creen que provocan daños. Tienen el discurso incorporado de que los venenos no hacen mal bien aplicados. Algo que en la ley 9.164 también la propia provincia sostiene, pero que estos estudios desmienten totalmente”.

Descartan otras hipótesis: «Acá no hay otra contaminación ambiental, ni industrias ni basurales. Pero sí mucho glifosato, que sabemos provoca esos daños”.

Cómo se esconden

Emilio Saavedra se mudó en 2016 a la comuna con su señora y su hija, desde Córdoba capital: «Me vine a vivir a un lugar más natural y tranquilo», bromea. “Es común despertarse por el olor a agrotóxicos. A 300 metros de mi casa hay cultivos transgénicos, rotan soja y maíz. Antes las aplicaciones se hacían en horarios diurnos, ahora se esconden para pulverizar durante la noche. Los mismos productores que usan esos venenos viven acá e inclusive fueron a ese colegio pulverizado. Muchos tienen familiares fallecidos por cáncer, pero dicen que lo que ellos hacen no tiene nada que ver”. Nuevamente, los estudios de la doctora Aiassa desmienten esa percepción.

“Desde el 2017 estamos trabajando con este tema. Intentando frenar las pulverizaciones. Los mismos productores rurales que se encadenaron ante la primera ordenanza que limitaba las pulverizaciones a 1.000 metros de toda la comuna y la apelaron, ahora tienen pruebas concretas de los daños” cuenta a lavaca Emilio quien también integra la asamblea vecinal que motorizó el monitoreo de salud. “Es común escucharles afirmar a quienes utilizan agrotóxicos que lo hacen porque “en su propiedad privada pueden hacer lo que quieran”.

En este caso, la actividad está poniendo en riesgo, además, un recurso vital. “Por aquí pasa Canal Los Molinos-Córdoba (a unos 2 kilómetros al este de Dique), el agua que lleva ese canal es el agua potable de la ciudad de Córdoba. Como no es considerado vía fluvial no tiene ninguna restricción de metros y atraviesa zonas rurales hasta la planta de toma de agua en Bower, fumigada en todo el trayecto” ilustra Emilio que conoce la situación de la zona productiva y la exposición constante en cada poblado. “Yo era docente en Educación Tecnológica y fiscalizaba las ferias que se hacían en los pueblos. Me tocaba viajar mucho por todas las escuelas rurales. Un día se me ocurrió preguntar, en una escuela que estaba pegada a un campo fumigado, por qué no hacían trabajos en la feria sobre la aplicación de agrotóxicos, impactos en el agua, y demás. La respuesta fue: de ese tema no se habla porque de eso vivimos”.

“Estas investigaciones y nuestra causa judicial les golpea el negocio económico a personas que valoran más los negocios que la propia vida. Así viven”, agrega Esteban en línea con el comunicado de lxs vecinxs atoconvocadxs de Dique Chico hecho público este 26 de abril. 

Informe para entender el presente

El informe de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico es mucho más que un comunicado de prensa. Es un informe del presente. Su texto completo:

Glifosato y daño genético en niños/as de Dique Chico

Después de más de 5 años de resistencia y lucha colectiva en nuestro pueblo, hoy queremos manifestar ante la sociedad toda la grave situación que nos encontramos atravesando. A inicios de 2020, profundamente preocupados por la continuidad de las fumigaciones y sus efectos sobre la salud humana, solicitamos a la Dra. Delia Aiassa y su equipo de profesionales comprometides con la ciencia digna, la realización de Estudios de Genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar daño genético y presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito -AMPA- . Los resultados son contundentes: una vez más, lo que antes fue considerado por la justicia como una probabilidad, hoy es una certeza que nos enfrenta a una verdad dolorosa. Las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 -en momentos de alta frecuencia de exposición a agentes genotóxicos- evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 MN cada 1000 células analizadas (N=20), con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células, niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional. Nuevamente, altos niveles de rotura en el material hereditario de las células de nuestros hijos («daño genético») dan cuenta de la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y sus efectos concretos en quienes habitamos este pueblo del Sur de Córdoba. A esto se suma la detección, con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020.

Este estudio fue llevado a cabo en niñxs de entre 5 y 13 años de edad, habitantes de la Comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de Córdoba a 50 km de la capital, en el Valle de Paravachasca. Realizado en dos etapas de muestreo, en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos en zonas aledañas al pueblo. La iniciativa se sumó a un estudio de similares características realizado también por los vecinos en 2018, con 6 niñxs asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo (Bajo Chico), ubicada a 1,5Km de nuestra localidad y domiciliados en Dique Chico.

Cabe recordar que, tal como lo sostiene la Dra. Aiassa en su Informe de 2018, que “un agente genotóxico es una sustancia que puede interactuar con el material genético (ADN) de los organismos causándole alteraciones / daño / rupturas”. Ese “daño genético” se advierte -aunque con diferencias- en ambos muestreos, en Febrero y en Noviembre. “Los mayores valores individuales de MN se observan en la primera toma de muestras y se corresponden con los niños con valores detectables de glifosato y AMPA en orina”.

El agronegocio y el Poder Judicial deben explicar entonces: ¿Qué hace un agrotóxico -categorizado por la IARC-OMS como probable cancerígeno- en el cuerpo de nuestros niños? ¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el statu quo del poder, mantuvo el secreto a voces suspendiendo la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos? ¿Cómo vamos a explicar al mundo entero lo que significa para nosotras y nosotros perder vecinxs, amigxs y saber que quienes pudieron hacer algo no hicieron NADA para cambiar este orden de cosas que nos cuesta la vida y la salud cada día?

Denunciamos la completa desprotección de nuestros derechos colectivos desde el momento en que la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo dispusiera en 2017 -a pedido de productores locales-, la suspensión de la Resolución 242/17, que establece: 1) la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de 1000 m a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno – Anexo Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1,5 km del pueblo; 2) la prohibición dentro de la ZRA de utilización de productos químicos destinados a la pulverización y/o fumigación o fertilización agrícola, excepto aquellos destinados a la agricultura orgánica o agroecológica.

Las medidas tomadas por la Cámara en su auto resolutorio n° 109 en 2018, a raíz de aquel primer informe de la Dra. Aiassa (2018), y confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 13 de abril, SOLAMENTE limitó las pulverizaciones en las cercanías de la escuela ubicada distante del pueblo, dejando desprotegidos a nuestros niñxs en sus casas, en las cuales obviamente pasan la mayor parte del tiempo.

Por lo tanto, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, confirmando esa resolución de la Cámara y dando a entender que fue dictado en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, ES ENGAÑOSO. A la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre.

En estos años, hemos perdido vecines, asistido a luchas personales y colectivas por resguardar la salud, construido datos, realizado cientos de denuncias, gestado redes y alianzas, participado de charlas y muestras de solidaridad hacia quienes como nosotros resisten este modelo extractivista de despojo. Hemos lidiado con la presencia permanente de la policía y del Ministerio de agricultura y ganadería de la provincia en nuestro territorio, velando por cada pulverización ante las quejas y denuncias de vecinos y vecinas. Llevamos más de 5 años de lucha sostenida, intentando romper con la estigmatización y la desinformación. No es sencilla la tarea, pero es mucho lo que hemos avanzado en estos años de compromiso inclaudicable y resistencia colectiva. Hoy podemos decir que, al menos -y aún ante los oídos sordos de la justicia, del Ministerio de Agricultura, de los poderes de turno- nuestro pueblo es conciente de lo que implica la convivencia forzada con un modelo de explotación y producción que nos despoja de lo más valioso: la posibilidad de vivir en un ambiente sano, de construir proyectos de vida sin temer perderla por los beneficios que puedan percibir unos pocos.

Aquí estamos madres, padres, familias enteras para dar esta batalla, poniendo la vida en el centro por sobre los intereses económicos y la naturalización de un modelo que pone a la humanidad toda en riesgo.

Exigimos a la Justicia de Córdoba la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242/2017 de la Comuna de Dique Chico.

Denunciamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores, por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos.

Por ellos, por todos, les decimos: Jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio.

Dique Chico, 26 de abril de 2021