(Por el diario El Ciudadano, de Rosario. Texto: Candela Ramírez. Fotos: Juan José García).

Siete productores y dos ex funcionarios acusados y más de 100 testigos son parte de las cinco audiencias de un juicio histórico que se realiza en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, por las fumigaciones y sus efectos en Pergamino. El objeto de la causa fue definido así por la Fiscalía al plantear que el uso de agrotóxicos no se remite a los campos fumigados sino que tiene como consecuencias “la contaminación de la superficie, del aire y del agua, deriva de pesticidas, la muerte de animales y graves problemas en la salud de los habitantes de la localidad de Pergamino con síntomas comunes, desde afecciones respiratorias hasta enfermedades terminales”. El juicio contó con la presencia como querellante de una de las principales denunciantes: Sabrina Ortiz, una de las víctimas de la comunidad de lo que el fiscal Reynares Solari catalogó como “daños a la existencia”.

Publicamos aquí la nota realizada por el diario El Ciudadano, de Rosario, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos (UMA). Los nombres de los acusados, las primeras exposiciones, y lo que se viene en un juicio crucial contra la impunidad de un modelo tóxico.

Este miércoles 4 de febrero empezó en los Tribunales Federales de Rosario un juicio donde se investigará el delito de contaminación por fumigación con agrotóxicos en la localidad bonaerense de Pergamino.

La causa cuenta unos cien testigos y tiene en el banquillo de los acusados a siete productores agropecuarios y dos ex funcionarios públicos, acusados por omitir controles obligatorios y uno de ellos además está encausado por amenazas. Ellos son: Carlos Sabatini, José Luis Grattone, Hugo Sabatini, Cristian Taboada, Fernando Cortese, Mario Reinerio Roces, Víctor Hugo Tiribó, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz.

Una de las caras más visibles de esta causa es la de Sabrina Ortiz, querellante, víctima de las fumigaciones y denunciante desde 2011, cuando perdió un embarazo de casi seis meses. Ortiz vio en ella y sus hijos los efectos de la intoxicación, aunque le fue muy, muy difícil llevar adelante la pelea y conseguir aliados. Entre otras personas, ella es una de las que consiguió que este miércoles la Justicia se comprometa a escuchar sus denuncias y sus dolores.

El pasado lunes, en medidas preliminares, la defensa intentó conseguir una probation (suspensión del juicio a prueba) pero fue rechazada. Este miércoles fue la primera audiencia, que consistió en los alegatos de apertura y la indagatoria de los imputados. En esta primera audiencia seis de ellos estuvieron presentes y uno la siguió de forma virtual.

El fiscal a cargo es Federico Reynares Solari, a cargo del Área Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico. Durante su exposición, enumeró en qué consiste la prueba presentada en la causa, entre las que esperan las declaraciones de personal policial –que constató los campos y las fumigaciones hechas– personal médico –que trató a las víctimas y puede definir qué sintomatología común presentaron–, funcionarios, profesionales, trabajadores y vecinos de Pergamino.

En el centro, Sabrina Ortiz. Ella, su familia y la comunidad de Pergamino vienen denunciando el tema desde 2011.

Cuáles son las acusaciones

Reynares Solari indicó que pretenden demostrar que las acciones de fumigación no fueron acciones privadas protegidas por la Constitución, como una actividad industrial más y lícita. Sino que “el modo específico de esta actividad agropecuaria no empezaba y terminaba en el terreno, en el campo, en la parcela” y “tiene como consecuencia la contaminación de la superficie, del aire y del agua, deriva de pesticidas la muerte de animales, y graves problemas en la salud de los habitantes de la localidad de Pergamino con síntomas comunes, desde afecciones respiratorias hasta enfermedades terminales”.

Habló de “daños en la existencia”, para referir a lo que vivieron las víctimas de este tipo de acciones en los campos alrededor de la ciudad. El fiscal subrayó: “La verdad aceptada por la ciencia nos respalda”.

En este punto, indicó que el uso de los plaguicidas empleados por los acusados “afectan la salud de la comunidad violando las normas de protección ambiental, por eso estamos en una sala de audiencia con consecuencias penales”. Denuncian este tipo de acciones aplicadas desde 2011, con especial énfasis entre 2018 y 2019.

Por su parte las defensas esgrimieron diversos argumentos, desde considerar que los hechos a investigar no son de competencia federal a indicar que los químicos utilizados representan también un costo al productor o que las parcelas donde se aplicaron químicos eran muy pequeñas y que no hubo dolo.

Desde la querella se planteó que no se trata de imputaciones genéricas sino que se incluyen las figuras de autor, coautor y partícipes. Además, dijeron que se van a respaldar en la ley de residuos peligrosos: “La querella no tiene reparos en llamar a los agrotóxicos como veneno, enferman a las poblaciones. Los cuerpos de las personas afectadas hablan por sí mismos”.

En la jornada, las denunciantes estuvieron acompañadas por familiares y también por integrantes de organizaciones ambientales. Uno de ellos fue Pablo Riveros, de Semilla del Sur y director general de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba. En diálogo con El Ciudadano manifestó que esperan que esto “siente un precedente muy importante para poner conocimiento y orden en la actividad productiva que está afectando a la salud humana y ambiental”.

De la provincia de Santa Fe hubo integrantes de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Carlos Manessi dijo a El Ciudadano: “Venimos a acompañar a los compañeros, a Sabrina, fundamentalmente, que es afectada y además querellante. Para nosotros es muy importante este juicio porque es el primero a nivel federal. En la provincia hemos tenido ya un par de juicios a favor, pero este viene a nivel federal, así que es fundamental”.

Manessi consideró que es un hito judicial: “Es un hito porque la justicia federal en este momento está demostrando una independencia importante en estos temas. No hay que olvidarse que los que están siendo juzgados son del agronegocio, del lobby sojero, las grandes corporaciones, un entramado muy fuerte y muy poderoso. Que hayamos conseguido traerlos al banquillo de los acusados es un hito importante”.

Para el militante ambiental, este juicio es también “un juicio a un modelo de producción basado en los químicos que produjo mucho daño en el ambiente y en las personas”.

Este jueves 5 de febrero se desarrollaba otra audiencia y a lo largo del mes habrá tres más, el 12, 24 y 25 desde las 9 de la mañana.

Hace un mes, después de una tormenta eléctrica, se detectó un foco de incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. Con medios aéreos y no sólo terrestres, se hubiese apagado rápido. Hoy, Los Alerces arden. Reproducimos esta nota de las y los Vecinos de Esquel y Trevelin autoconvocados por los incendios forestales. «No fue sólo la sequía, es un Estado irresponsable».

Por Vecinos de Esquel y Trevelin autoconvocados por los incendios forestales.

Foto de portada: Mariano Silvester.

El Parque Nacional Los Alerces es una de las áreas protegidas más bonitas del país. Es un lugar que ha sido cuidado y protegido desde 1937. Un parque que por su belleza paisajística y cuidado tan extremo fue declarado Patrimonio Mundial en junio de 2017.

Este parque, el nuestro, es el único Parque Nacional que cuida y protege la especie arbórea más longeva del mundo, el Fitzroya cupressoides, El Alerce Patagónico, el abuelo como los conocemos desde siempre. Esta especie arbórea habita el bosque andino patagónico desde hace 5486 años aproximadamente.

El Parque Nacional Los Alerces es la única área protegida de nuestro país que protege, entre otras especies, al bosque de Alerce que crece en la zona núcleo del Parque Nacional, en el bosque Valdiviano. Para conocerlo, embarcábamos en Chucao y navegábamos para visitar al abuelo de 2600 años: ahí, en la zona intangible comenzó el incendio, donde conviven Alerces, Coihues, Ñires, Lengas, Cañas Colihues, Huan Huan, entre muchas especies más. Cada árbol, cada arbusto del bosque es un refugio y hogar de diferentes aves, insectos y animales, como el Pudú (el ciervo más pequeño del mundo), el Huemul (Patrimonio Natural), Monito del Monte, Gato Huiña, Gato Montes, Pumas, Chucaos, Pájaros Carpinteros y más y más.

Seccional Lago Verde

Preguntas sin respuestas

Lo más bello de este parque es su gran y variada biodiversidad, ese gran ecosistema prístino, bien equilibrado que se está ardiendo. Hoy se está quemando todo nuestro Parque y nos toca el alma no sólo a los que habitan y trabajan de manera directa en el área protegida, sino que nos afecta a todos.

¿No había ningún avión hidrante o helicóptero que pudiera llegar a ayudar a los pocos brigadistas y guardaparques que están poniendo el cuerpo desde diciembre? Ahora está en llamas la zona Núcleo, el corazón de nuestro Parque Nacional; también la zona de recreación, Lago Verde, Lago Rivadavia. El sector de río Arrayanes ayer comenzó a arder en ambos lados.

Las familias que habitan en el lago están intentando salvar lo que pueden de las llamas.

A nosotros, los locales, nos afecta de manera directa e indirecta.

Nos destruye no solo la temporada, nos destruye el territorio que cuidamos, protegemos y difundimos como un lugar digno de disfrutar y trabajar de manera sustentable. Nuestra calidad de vida se nos está yendo con las llamas. La posibilidad de una vida social, económica, ambiental de manera sustentable se va con cada perdida arbustiva y arbórea en este incendio.

El Patrimonio Mundial Parque Nacional los Alerces hoy arde y es necesario que nos expliquen por qué.

El rayo, lo entendemos, pero la pasividad de los siguientes días luego de la denuncia con presencia de imágenes, ¿cómo lo explican?

¿Cómo se explica la decisión de sólo observar “cómo viene el incendio”, “cómo avanza…”?

¿Cómo no se contó antes con los aviones hidrantes para lugares intangibles sin posibilidad de acceso terrestre?

¿Y por qué no se actuó a tiempo?

El gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar hoy un paquete de leyes que promueve el desembarco de la megaminería en una provincia que resiste desde hace años la explotación contaminante e inconsulta. La iniciativa tiene el principal proyecto en la ciudad de Uspallata y ya fue rechazada en 2011 y aprobada en 2019, pero debió ser cancelada entonces tras la movilización social. Hoy la historia se repite: el gobierno vuelve a la carga con argumentos de película (reproducidos en esta nota) mientras las comunidades originarias, asambleas y vecinos de todo Mendoza (cuyas voces aquí difundimos) se movilizaron frente a la Legislatura y trazan un plan de acción para dar vuelta la historia, una vez más.

Por Francisco Pandolfi

La Cámara de Senadores de Mendoza le dio la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y así aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que permite el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata. Se trata de la iniciativa central de un paquete enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y que contó también con la venia de otros tres proyectos mineros.

Afuera de la Legislatura, miles de personas de todos los puntos cardinales de la provincia se manifestaron en contra, cercados por decenas de policías. El lunes a primera hora el pueblo de Mendoza había empezado la “Nueva gesta libertadora por el agua”, peregrinación (a pie, a caballo, en bicis, autos) que partió desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia, se ramificó desde el Valle de Uco, San Rafael, Lavalle, y llegó este martes a la mañana a la puerta de la Legislatura en la ciudad capital. Allí, la Cámara de Senadores tras cuatro horas de debate avaló la primera explotación de cobre de escala mediana en el distrito: fueron 29 votos afirmativos (18 del oficialista Frente Cambia Mendoza; 5 de la Unión Mendocina –PRO, UCR, el Partido Libertario, la Coalición Cívica– 5 del PJ y uno demócrata), 6 negativos y una abstención. 

Aviones & fracasos

Dentro del recinto hubo discursos pro mineros que no destacaron precisamente por su altura. Martín Rostand, de Unión Mendocina defendió al proyecto de esta manera: “Cada vez que un avión se pone en vuelo, existe el riesgo de que se estrelle; cada vez que un sistema eléctrico se pone en funcionamiento alguien puede morir electrocutado. Sin embargo, nadie propone abolir ni a la aviación comercial ni a la electricidad, al contrario, porque el beneficio supera el riesgo potencial y con la minería sucede lo mismo”.  

El senador del mismo partido, Gabriel Pradines agregó: “Dicen (en relación a los manifestantes) que el agua no se negocia, pero me pregunto, ¿una finca con pozo y derecho de agua no vale más que una que no tiene?”. Ariel Pringles, también de Unión Mendocina: “Toda actividad productiva implica un riesgo, conozco de la actividad agropecuaria donde hay litros y litros de glifosato desparramados por cada producción y sin embargo es aceptada”.
Increíble, pero real.

Armando Magistretti, del Partido Demócrata aceptó que la policía minera “no tiene la expertise para controlar”, pero igual votó a favor del proyecto, aunque quien controle a la empresa sea la policía minera. Y también dijo que los informes de impacto ambiental no deberían pasar por la Legislatura, sino aprobarse directamente “porque todas las actividades económicas generan pasivos ambientales”.

Félix González es senador del Partido Justicialista y fue uno de los peronistas que votó en contra del proyecto San Jorge. “Hoy seguro votaremos divididos, por distintas cuestiones”. No profundizó en las diferencias internas, pero sí hizo algunas declaraciones clave:

• “En 2011 se rechazó casi el mismo proyecto. Esto es un Corsa repintado, no es nuevo. Y sobre ese Corsa, el gobernador Cornejo decía que no había viabilidad para aprobarlo”. 
• “Pasaron 15 años y somos la misma dirigencia y los mismos empresarios. Repetimos la misma discusión que se rechazó en 2011, que se aprobó en 2019 pero cuando la gente salió a la calle debimos recular en chancleta. O sea, venimos perdiendo el tiempo desde hace 15 años con lo mismo”.
• “Somos un fracaso como dirigentes, no construimos consenso, no pusimos a la ciencia en el centro. El consenso no debe hacerse entre partidos únicamente”.
• “Hay innumerables cantidad de estudios que hablan de la contaminación que habrá si avanza este proyecto. Votamos una Declaración de Impacto Ambiental que está mal, a la que le faltan herramientas, elementos, que tiene el balance hídrico desactualizado y varios cuestionamientos técnico ambientales”.
• “Esto se va a judicializar, no hay dudas porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos que van en sentido del rechazo de la DIA. O sea a la aprobación le faltará sustento para ser sostenida en el tiempo”. 
• ‘El Departamento General de Irrigación de este gobierno provincial le hizo 90 observaciones al proyecto. Solo a 5 de ellas la empresa minera que las iba a resolver, 79 que las iba a considerar y a 6 que se iba a oponer, con respuestas evasivas en temas centrales. Solo con esto Cornejo debía haberse puesto firme y obligar a la empresa a aceptar todo lo observado por el organismo, pero no. La compañía llegó a decir que el arroyo El Tigre (de donde sacará la minera el agua para extraer oro y cobre) le pertenece. Es una vergüenza que después de secir eso todo siguiera como si nada”.
• “Lo que está en juego no es el futuro, es el presente”. 

Dugar Chappel, del Partido Verde, puso algunos números sobre el recinto: “La minera que nos va a contaminar –y no en un porcentaje, porque cuando se contamina se contamina todo– nos dará el 6 por ciento de lo que gastamos en el subsidio al transporte. Y el 80% de lo que gasta en empleados que no sabemos quiénes son en esta Cámara de Senadores”. 

Censura & deficiencias

Mientras este lunes el presidente Javier Milei llamó a votar a favor del proyecto minero, en contrapartida hubo llamamientos de iglesias católicas y evangélicas para evitar esta aprobación poco clara. La noche previa al 26 de noviembre, cuando Diputados aprobó el paquete minero, el CONICET advirtió en una publicación que hubo “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. La nota profundiza: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, es necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”. 

Sin embargo, horas después el documento desapareció y fue reemplazado por otro escrito por las autoridades políticas del organismo.

Increíble, pero real.

PSJ Cobre Mendocino está a cargo de Minera San Jorge S.A, perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina. Estima una inversión inicial de 599 millones de dólares, una capacidad de producción de 40.000 toneladas de cobre fino por año y la creación de menos de 4 mil puestos de trabajo. Este proyecto fue rechazado desde su origen, en 2007; nunca obtuvo la licencia social. 

Después de la ley, tampoco. 

¿Quién cumple la ley?

Dos días antes de la votación, comunidades indígenas de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza le enviaron un escrito a los senadores instando al cumplimiento de los derechos de los pueblos a nivel provincial, nacional e internacional, para que no avanzaran con la aprobación de la DIA ya que, según plantean, estaba “viciada con información sesgada y falaz que omite observaciones certeras científicas de instituciones y expertos”. 

Claudia Herrera, autoridad de la comunidad Huarpe de Mendoza, habla con lavaca: “Este proceso empezó en 2017 y recién en junio de este año se acercaron. En estos meses hubo hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas. No sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo. El protocolo también viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.

Claudia y su comunidad miran adelante: “Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.

Saqueo y movilización

Además del DIA de San Jorge, otros tres proyectos mineros obtuvieron sanción definitiva: 

1) 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

2) El Fondo de Compensación Ambiental por si la empresa genera una catástrofe ambiental. 

3) El Proyecto de ley de regalías mineras, que fija un tope del 3% pero no un mínimo, al igual que la ley nacional. 

Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, resume con el cansancio de las últimas horas encima: “Se votó la profundización del saqueo. Pero vamos a seguir movilizando”. 

Termina la sesión y pasa lo que se sabía iba a pasar. Aprobación del proyecto San Jorge. La gente empieza a marchar por el centro de la Ciudad de Mendoza. Al cierre de esta nota, está por realizarse un ruidazo en toda la provincia. A continuación, un corte de ruta en la localidad de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital. En 2019, al pueblo mendocino le llevó 13 días revertir la instalación de la megaminería a fuerza de seguir movilizándose, cuando el gobierno provincial no tuvo otra opción que recular. 

Esto recién comienza.