Tanto la Fiscalía como los querellantes pronunciaron sus alegatos en el primer juicio que se le lleva a un represor que actuó en la ESMA durante la dictadura militar. Además de pedir 25 años de condena, criticaron la manera en que se llevó a cabo este proceso judicial, y la sentencia contra los ex comandantes de 1985. Exigieron que ese fallo sea un piso y no un techo para los nuevos juicios que se llevan adelante desde la anulación de las leyes de perdón.

A pesar de su voluntad, Héctor Febres tuvo que escuchar en persona los alegatos de las querellas y de la Fiscalía, quienes pidieron 25 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad que cometió mientras era uno de los dueños de la vida y de la muerte en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la pasada dictadura militar. Sentado en el banquillo de los acusados, El Gordo Selva –uno de sus apodos- dio una imagen diferente a la de la arrogancia y prepotencia que lucía en aquellos tiempos, según lo recordó la casi media centena de testigos que declaró en el juicio oral y público que se le sigue en los tribunales de Comodoro Py. Febres se pasó las dos jornadas que duró la lectura de alegatos frotando intensamente una medallita con su pulgar izquierdo y tuvo que ser retirado de la sala cuando el titular del tribunal llamó a un cuarto intermedio de cinco minutos, lapso en el que el público comenzó a gritarle calificativos del tipo “Asesino, represor, hijo de puta” mientras otros le cantaban: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
El impacto
Tanto la fiscal Mirna Goransky como el abogado querellante Rodolfo Yanzón – representante de las víctimas Alfredo Margari y Carlos García- comenzaron sus intervenciones criticando con dureza la forma en que se llevó a cabo este juicio. Cuestionaron que sea un solo represor el que está sentado en el banquillo y que sólo se lo juzgue por cuatro casos (Margari, García, Josefa Prada de Olivieri y Carlos Lordknipanidse), cuando está imputado en más de 300. “Acá hubo varios testigos, como Cacho Furman, que se preguntaron: ´¿Por qué tengo que venir a declarar como testigo si yo fui víctima de las torturas de Febres?`”, recordó Goransky.
La representante del Ministerio Público y el abogado también subrayaron el alto impacto emocional que sufren los sobrevivientes cada vez que tienen que dar testimonio y señalaron los riesgos a los que se exponen, que dejaron de ser mera hipótesis después de la desaparición de Julio López, testigo clave en el caso que terminó con la condena a prisión perpetua del represor Miguel Etchecolatz. “Espero que a partir de este juicio las cosas se hagan de otra manera. Si no, todos nosotros nos la vamos a pasar haciendo colas en los tribunales”, manifestó Goransky.
Crítica al juicio a las juntas
En lo que fue, quizá, la mayor novedad política de estos alegatos Tanto Goransky como Yanzón arremetieron con severidad contra la sentencia de la Causa 13, la que en 1985 condenó a los miembros de las juntas militares, después indultados por Carlos Menem. “La Cámara Federal señaló que todo lo que sucedió a partir de 1976 fue consecuencia del accionar subversivo. Sin embargo, están los reglamentos secretos militares de 1968, aportados a esta causa, que ya entonces señalaban cuáles eran los objetivos de las Fuerzas Armadas. Si no hubiera habido guerrilla, igual hubiera habido represión, porque lo que hacía falta era disciplinamiento social. Las Fuerzas Armadas no se oponían a la violencia, sino a la organización social. Los conceptos desarrollados en aquella sentencia deben ser superados. Por entonces no se hablaba de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de la responsabilidad horizontal de los miembros de las fuerzas en las violaciones a los derechos humanos y no se aplicaron nociones del derecho internacional”, se explayó Yanzón que señaló que si todo esto hubiera sido tomado en cuenta en aquel juicio, Orlando Agosti no hubiera sido condenado a tan sólo cuatro años de prisión.
El juez cuestionado
La fiscal Goransky adhirió a este planteo de Yanzón sobre la Causa 13, y también cuando el abogado criticó al titular del tribunal, Guillermo Gordo: “En el fallo que condenó al represor Julio Simón a 25 años de prisión, Gordo votó en minoría y propuso una condena de tan solo 12 años argumentando que la pena no podía superar los 17 años, la condena que había recibido el ex presidente de facto Roberto Viola, su superior, en la causa 13. Pero nosotros sostenemos que el ejecutor material tiene tanta responsabilidad como el mediato. La causa 13 nunca puede ser un techo, debe ser un piso”.
Otro miembro del Tribunal, Ricardo Farías, había votado en aquella oportunidad por una pena mayor para Simón. El tercer miembro, Daniel Delgado, por entonces no formaba parte del trío de magistrados. Su voto, se supone, será el que decida el destino de Febres. Él, entonces, fue el verdadero destinatario del mensaje de Yanzón, que también criticó a los magistrados por obligar a las Madres de Plaza de Mayo que presenciaron el juicio a quitarse los pañuelos durante las audiencias.
Ningún militar juzgado
En su alegato, Yanzón también cuestionó a los camaristas de casación Alfredo Bisordi, Amelia Berráz de Vidal, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi, entre otros, por impedir el avance de otras causas vinculadas a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. “España –recordó- condenó a Adolfo Scilingo, Italia a Suárez Mason, Francia a Alfredo Astiz, Alemania pidió la extradición de Jorge Videla y acá apenas hubo cuatro juicios ( los policías Simón y Etchecolatz, el capellán Christian Von Wenich y el prefecto Febres) y ninguno a miembros de la Fuerzas Armadas. Nos tenemos que conformar con este juicio chico”.
La acusación de Goransky: el gesto de Febres
Goransky y Luz Palmas Zaldúa –colaboradora de Yanzón- hicieron un pormenorizado repaso de las pruebas fácticas recogidas a lo largo de las once audiencias testimoniales que tuvo este juicio. Allí recordaron que Febres aplicó tormentos a las víctimas, las interrogó, les adjudicaba el trabajo esclavo, saqueaba imprentas, participaba de operativos de secuestro tanto en el país como en el exterior, trasladó a la isla El Silencio a los secuestrados mientras una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaba el país, tenía a su cargo el subsuelo del Casino de Oficiales donde estaban las salas de torturas, daba órdenes a los subordinados y a los detenidos, tenía autonomía para tomar decisiones, presionaba y extorsionaba a familiares de las víctimas y bajo su responsabilidad estaban las embarazadas, así como también el destino de los bebés que allí nacían.
“Febres se llevaba a los bebés y, sin embargo, nunca reveló a quiénes les entregaron a esos chicos. El sabe donde están y podría ayudar a aliviar tanto dolor”, afirmó Goransky y, ante la sorpresa de todos, el imputado asintió con su cabeza, en el único gesto elocuente que se permitió en las dos jornadas.
Genocidio
El tercer alegato estuvo a cargo de Miryam Bregman, patrocinante de Carlos Lordkipanidse. “Este juicio trató de ser el árbol que oculte el bosque”, denunció Bregman, que también manifestó su desacuerdo con la forma fragmentada en que se están llevando adelante las causas por violaciones a los derechos humanos. Bregman enmarcó los hechos dentro de un genocidio, un concepto que también mencionó Goransky. “Febres tendría que ser condenado a perpetuidad, siendo que los crímenes que cometió no ameritan que esté un día más en libertad o en detenciones de privilegio”, dijo. Pero, sin embargo, también pidió una pena 25 años de prisión debido a que esa es la pena que establece el Código Penal para el reducido número de delitos que se lo acusa.
Cárcel común
Los tres alegatos coincidieron en acusar a Febres como coautor de los crímenes de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, agravados por su condición de funcionario público, por la duración en el tiempo en que fueron sostenidos y por tratarse las víctimas de perseguidas por su militancia política. Tanto la Fiscalía como los abogados querellantes exigieron en sus alegatos que el imputado cumpla su eventual condena en una cárcel común y no en un destacamento de Prefectura, como lo viene haciendo hasta ahora bajo el régimen de prisión preventiva.
Este martes se escuchará el alegato de la defensa y el fallo se conocerá el próximo 14 de diciembre. Los argumentos recién se leerán una semana más tarde. Allí podrá saberse qué opinan los jueces sobre lo que han escuchado en cada una de estas jornadas.