Nota

La muerte de Alberto Nisman y la AMIA: ¿A quién le importa la verdad?

El historiador Ezequiel Adamovsky preparó un artículo que resume y describe la situación producida alrededor de la muerte del fiscal Alberto Nisman, publicado en Telesur English. lavaca edita ese trabajo por primera vez en castellano y en un medio argentino, compartiendo la pregunta que formula Adamovsky: ¿A quién le importa la verdad?

Publicada

hace 9 años

15/02/2015

El historiador Ezequiel Adamovsky preparó un artículo que resume y describe la situación producida alrededor de la muerte del fiscal Alberto Nisman, publicado en Telesur English. lavaca edita ese trabajo por primera vez en castellano y en un medio argentino, compartiendo la pregunta que formula Adamovsky: ¿A quién le importa la verdad?

La muerte de Alberto Nisman y la AMIA: ¿A quién le importa la verdad?

La fiscal Fein. Foto: Télam

El 18 de enero el fiscal argentino Alberto Nisman fue encontrado muerto en su departamento en Buenos Aires. Días antes había regresado de sus vacaciones en Europa para presentar una impresionante e inesperada acusación. Aseguraba haber demostrado que la presidente Cristina Kirchner y el ministro de relaciones exteriores Héctor Timerman estaban orquestando un encubrimiento para dejar libre de cargos a Irán en la investigación del atentado de 1994 a la AMIA (el principal centro comunitario judío de Argentina) que dejó 85 muertos. Presentó sus pruebas (un reporte de 289 páginas de largo) a un juez federal, que no pudo revelar su contenido porque mencionaba nombres de agentes de inteligencia argentinos. La oposición convocó a Nisman al Congreso a presentar sus hallazgos. La reunión, programada para el 19 de enero, no se llevó a cabo, ya que Nisman murió horas antes.
En la polarizada vida política argentina, el caso fue utilizado inmediatamente con fines políticos. Los principales diarios y canales de televisión, enemigos del gobierno, sembraron dudas sobre las circunstancias de la muerte de Nisman, sugiriendo que fue asesinado o inducido al suicidio en un esfuerzo de último minuto para impedir su presentación en el Congreso. Políticos de la oposición inmediatamente echaron a andar teorías similares. Cientos de personas salieron a la calle con carteles diciendo “Yo soy Nisman” (o “Je suis Nisman”, como un eco de las manifestaciones por Charlie Hebdo), culpando al gobierno por la muerte de un hombre honesto que había destapado sus sucios secretos. “Yo soy Nisman” se volvió trending topic en las redes sociales, mientras que intelectuales y periodistas anti kirchneristas proclamaban que el asesinato/suicidio inducido de Nisman simbolizaba la muerte de la República bajo la administración de los Kirchner. Historias similares pronto se reprodujeron en la prensa internacional, que usó el caso como otro ejemplo de la amenaza fantasma del “populismo” latinoamericano y para otros propósitos (como atacar a Obama por su acercamiento a Irán).
Los representantes del gobierno respondieron torpemente, al principio apurándose a declarar que era un caso de suicidio (antes de contar con análisis forenses) y poco después alegando, sin ninguna prueba, que fue un homicidio ordenado por una oscura alianza entre agentes de inteligencia y los dueños de Clarín, el principal multimedios de Argentina. En esta explicación, el propósito del crimen era desestabilizar el gobierno de Cristina Kirchner: en un principio los asesinos impulsaron a Nisman a presentar una absurda acusación contra la presidente y luego lo mataron, para hacerlo parecer un homicidio político. Algunos de los intelectuales y periodistas oficialistas proclamaron que la muerte de Nisman era parte de un intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos.
La manipulación de la información, que ya era epidémica en Argentina, alcanzó proporciones asombrosas, ya que muchos intentaron sacar su tajada política o personal. Los diarios publicaron información poco creíble o falsa (como la noticia de Clarín que indicaba que una fuente de la investigación forense había dicho que el arma que mató a Nisman fue disparada a 15cm de su cabeza y, por lo tanto, no podía ser un suicidio). El periodista del Buenos Aires Herald Damián Patcher se apresuró a dejar el país y se refugió en Tel Aviv –una ciudad a la que sin embargo llamó “su hogar”– luego de asegurar que su vida corría peligro por haber arruinado los planes del gobierno de ocultar la muerte de Nisman (fue el primer periodista que twiteó que había movimientos extraños en el departamento del fiscal, pero en realidad lo hizo a una hora en que la madre de Nisman y otras personas estaban adentro). La más que imaginativa historia de Patcher sobre espías argentinos que lo seguían mientras intentaba huir del país le dio notoriedad internacional, pero no fue respaldada siquiera por su propio diario, que la tomó con pinzas.
Varios políticos fueron rápidos para beneficiarse del destino de Nisman. Para dar algunos ejemplos, Sergio Massa (que tiene muchas chances de convertirse en el próximo presidente de Argentina), solicitó formalmente ser querellante en la investigación del atentado a la AMIA y/o de la denuncia de Nisman (no estaba seguro de sobre cuál de las dos estaba hablando), algo que es imposible legalmente, pero que le dio varios titulares positivos. El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri (otro fuerte candidato a ganar las elecciones) dijo en una conferencia de prensa que estaba profundamente preocupado por el futuro de la República y por el caso AMIA. Olvidó convenientemente que él mismo nombró a Jorge “Fino” Palacios como jefe de la nueva policía porteña que creó en 2009. Palacios actualmente está procesado por el juzgado que investiga el caso AMIA, como cómplice del encubrimiento, un rol que estaba perfectamente claro cuando Macri lo nombró. Macri mismo está procesado en otro caso por haber utilizado su nueva policía para realizar escuchas ilegales a, entre otros, Jorge Burstein, vocero de una de las asociaciones de familiares de las víctimas de la AMIA, que lideraba la campaña contra el nombramiento de Palacios. Ocho días antes de la muerte del fiscal, la versátil Patricia Bullrich, firme apoyo de Menem en la época del atentado a la AMIA y ahora aliada de Macri, de pronto recordó algo importante. Le dijo a los medios que había tenido una reunión con Nisman el día anterior a su muerte, en la que el fiscal le había contado que un espía vinculado a Irán lo había traicionado. Aunque no pudo brindar ningún nombre o información adicional, esto le dio una gran cobertura de prensa. Extrañamente, Bullrich no había mencionado ese hecho en las varias descripciones de esa misma reunión que había ofrecido a la prensa en los días previos.
Más allá de todas estas operaciones políticas y mediáticas ¿Qué es lo que realmente sabemos de este tema?

¿Quién era Alberto Nisman?

Aunque se lo presenta como un hombre que murió buscando la verdad, Nisman estaba lejos de ser un héroe de la Justicia. Fue el fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA por muchos años y su rol allí fue más que oscuro.
Tiempo atrás, algunas personas que conocían los detalles de la investigación señalaron que en 1994, al día siguiente al bombardeo, antes de que se produjera cualquier tipo de evidencia, el presidente Carlos Menem ya había acordado con Estados Unidos e Israel culpar a Irán. Para Estados Unidos e Israel esto era de claro interés geopolítico. Para Menem, cuya política internacional estaba definida como una de las “relaciones carnales” con Estados Unidos, no era sólo un asunto de complacer a sus amigos, sino también de cubrirse a sí mismo. De hecho, como luego se supo, algunas de las pistas de la investigación inicial apuntaban al líder sirio Hafez al-Assad, quien había financiado la campaña presidencial de Menem (Carlos Menem proviene de una familia sirio libanesa) y que luego quedó profundamente decepcionado por la política exterior de Menem y por otras promesas que no había cumplido.
Aún no tenemos ni la menor idea acerca de quién ordenó volar la AMIA. Bien pudo haber sido Irán. Pero lo cierto es que la pista siria nunca se investigó y eso fue una decisión deliberada. La continuidad del interés de Israel por dejar a Siria fuera sospechas luego de los primeros momentos y en los últimos años no está bien documentada, pero sí lo está la de Estados Unidos. Más importante, hubo una conspiración para desviar la investigación de los cómplices locales, en la que Menem y Juan José Galeano, el primer juez a cargo del caso (luego removido y ahora bajo juicio), entre otros, estaban involucrados.
Alberto Nisman colaboró en ambas formas de manipulación judicial. Como el asunto de Wikileaks expuso, estaba prácticamente trabajando para la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que a su vez intentaba dejar la pista siria en el olvido y cerrar el capítulo local de la investigación lo antes posible. Nisman tomaba como pruebas irrefutables toda la “información de inteligencia” que la embajada le daba, sin detenerse a examinarla. Informaba cada una de sus decisiones a la embajada antes de darlas a conocer al juez de la causa. Incluso llevó al menos uno de sus dictámenes a la embajada para que lo corrigieran antes de presentarlo. Sencillamente desoía al juez, quién repetidamente le pedía que investigue otras pistas además de la iraní y que chequee con otras fuentes la información que Estados Unidos le estaba dando.
Más importante aún, Nisman colaboró en la falsa acusación contra un grupo de policías argentinos que supuestamente habían ayudado a los iraníes en el atentado, con la que Menem y sus asociados estaban esperando cerrar la sección local de la investigación. La agencia de inteligencia argentina (SIDE, hoy SI) estuvo a cargo de esa operación, que continuó con los demás presidentes , incluyendo Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical y Eduardo Duhalde, cuyo secretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma, es hoy aliado de Massa. Como señaló recientemente Claudio Lifschitz, el hombre que denunció el encubrimiento de las conexiones locales, Nisman apoyó la acusación contra los policías aun sabiendo que ellos eran inocentes. Por suerte, la corte a cargo de ese caso desestimó toda la investigación y exigió una nueva.
Toda esta información sobre Nisman era totalmente conocida (por ejemplo, yo mismo señalé en un artículo de 2009 su responsabilidad en el fracaso de la causa AMIA). Poco antes de su muerte, dos de las asociaciones que representan a los familiares de las víctimas del atentado de 1994 decían abiertamente que Nisman era “parte de viejas maniobras de encubrimiento” (APEMIA) y que representaba “los intereses no de las víctimas, sino de aquellos que encubrieron” el atentado (Memoria Activa). Lo triste es que ninguno de los principales partidos políticos tuvo interés en cuestionar el comportamiento de Nisman antes de su acusación contra Cristina Kirchner.
Santiago O’Donnell, el periodista que investigó los cables de wikileaks relacionados con Argentina, incluyó largas secciones y todo un capítulo denunciando a Nisman en sus libros Argenleaks (2011) y Politileaks (2014). Como explicó recientemente en su blog, ningún diario, incluyendo el oficialista Página 12 (donde él aún trabaja), estuvo dispuesto a informar sobre este tema de las revelaciones de Wikileaks. Kirchneristas y opositores respaldaron a Nisman, sea porque no querían confrontar intereses estadounidenses o israelíes, o porque era reconfortante creerle a Nisman cuando decía que el caso AMIA estaba resuelto. Ahora que su muerte es útil por motivos políticos, la oposición sigue haciendo la vista gorda respecto de su oscuro comportamiento. Incluso periodistas e intelectuales que están totalmente al tanto del pasado de Nisman prefieren no mencionarlo estos días, incluyendo el principal columnista de Clarín Jorge Lanata, quien alguna vez escribió que la investigación del fiscal sobre la AMIA era totalmente ficcional.

¿Qué tan peligrosas son las acusaciones de Nisman contra el gobierno?

Brevemente, el argumento de Nisman es que Cristina Kirchner ideó un plan secreto para absolver a funcionarios iraníes acusados del atentado de 1994 a cambio de petróleo Iraní. Teniendo esa meta en mente, en 2013 ella obtuvo aprobación del Congreso para un tratado internacional con ese país, conocido como el Memorándum de Entendimiento, el cual establecía una especie de “Comisión de la Verdad” internacional con el supuesto propósito de interrogar a los sospechosos en Teherán. El propósito real, según este argumento, era conseguir que Interpol levantara las órdenes de arresto libradas a pedido de Argentina contra los iraníes, algo que el Ministro de Relaciones Exteriores Timerman intentó (pero no consiguió) hacer. La evidencia que Nisman presentó en su reporte se basa casi completamente en escuchas telefónicas de supuestos agentes de ambos lados: entre otros un representante de la comunidad musulmana en Argentina (que intervenía en nombre de los iraníes), el ex líder piquetero Luis D’Elía (el hombre de Cristina), y un agente de la agencia de inteligencia argentina (la SI). Ningún funcionario actual o vinculado formalmente al gobierno estaba incluido en esas grabaciones.
Por ahora, aquellos que hicieron el esfuerzo de leer las 289 páginas del reporte de Nisman concluyeron que no tiene solidez legal. Incluso el diario La Nación, tenaz enemigo del gobierno, tuvo que informar que la denuncia tenía poco sentido en términos legales. Y no era poco convincente sólo en cuestión de pruebas. Algunos de los juristas de mayor reputación dijeron que no podían discernir qué ley se habría quebrantado. Aún si tal plan existiera en la mente de la Presidente, no se dieron ninguno de los pasos concretos para su implementación (lo que convierte en abstracta la ofensa legal). El único paso tomado habría sido firmar el Memorándum. Pero un tratado internacional aprobado por ley en el Congreso, como explicaron, nunca puede constituir un crimen. Una ley puede ser una mala ley, puede ser estúpida o dañina, puede ser inconstitucional. Pero por definición, aprobar una ley nunca puede ser considerado en sí mismo un acto criminal.
Por otro lado, en cuanto a las pruebas, el informe de Nisman también era débil. Según afirmó el Buenos Aires Herald, “fracasa a la hora de animar las llamas conspirativas”. Inmediatamente después de la denuncia del fiscal, Ronald Noble, secretario general de la Interpol entre 2000 y 2014 y mencionado por Nisman como posible testigo, hizo una fuerte declaración diciendo que las afirmaciones del fiscal eran falsas y que Timerman no sólo nunca había intentado anular los pedidos de captura de los sospechosos iraníes, sino que solicitó “apasionadamente” su continuidad luego de que el Memorándum fuera firmado. Por otro lado, luego de que se conoció el nombre, el gobierno informó que el supuesto agente secreto grabado en las escuchas no era tal cosa, y que ya en el pasado la SI había interpuesto en sede judicial una demanda en su contra por hacerse pasar por uno.
En cuanto a Luis D’Elía, es un notorio miembro del movimiento kirchnerista. En 2003, Néstor Kirchner lo designó en un puesto menor de su gobierno, pero le pidió la renuncia en 2006 luego de que manifestó su apoyo por el controversial presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad. Desde 2006 no tuvo un lugar formal en el gobierno, aunque es cierto que se relaciona con importantes miembros del Estado. Un conocido vocero pro Irán, en las escuchas aparece promoviendo el fin de las sanciones contra los iraníes, prometiendo resultados y alardeando de sus buenos contactos con el gobierno. Un personaje notorio, a menudo acusado de antisemita (incluso por renombrados miembros del gobierno) y ridiculizado por la prensa a diario, el de D’Elía no parece ser el primer nombre que a uno le vendría a la mente si necesitara alguien para manejar los hilos secretos de una gran conspiración internacional… Incluso la CIA cree, según Clarín, que la denuncia de Nisman es inconsistente y que D’Elía no debería ser tomado en serio.
Finalmente, todo el propósito de la conspiración que Nisman denunció suena inverosímil. Tras varios años de apoyar públicamente el caso argentino contra Irán en todos los foros internacionales, en 2013 Cristina Kirchner súbitamente cambia de opinión y comienza a complotar un plan secreto para dejar a Irán fuera de sospechas. ¿Para qué? Por petróleo, argumentaba Nisman. Pero Argentina no necesita ni importa petróleo en cantidades relevantes y nunca lo ha hecho de Irán (ya que por razones técnicas el petróleo iraní no puede ser procesado en las refinerías argentinas). Cuando el país tuvo que importar petróleo lo hizo de otros lugares, tales como Bolivia, Nigeria o Angola. Argentina sí importa grandes cantidades de fueloil y gasoil de otros países, pero no de Irán, que ni siquiera tiene la capacidad de exportar esos productos.
A medida que estas inconsistencias se fueron conociendo, otras voces aparecieron para tratar de mantener a flote el planteo de Nisman. Por caso, un político de la oposición salió a decir que en verdad el negocio secreto no era el del petróleo, sino proveer tecnología nuclear a Teherán a través de Venezuela, ayudando a los iraníes a sortear los bloqueos de las Naciones Unidas. Las evidencias de este nuevo “plan” que ni siquiera Nisman habría conocido –y del que ciertamente sus escuchas nada dicen– son todavía más insustanciales que las que presentó el fiscal, lo que no impide que los medios contrarios al gobierno le den espacio.
El fiscal que quedó a cargo de la denuncia original de Nisman ha decidido ahora darle curso y pedir al juez que abra una investigación. Es el magistrado quien debe decidir si imputa o no a la presidenta, el Ministro Timerman y los demás acusados. A esta altura de los acontecimientos es posible que, por presión política, el juez acceda al pedido del fiscal, incluso si sabe que la denuncia no conducirá a un proceso judicial viable.

Entonces, ¿cómo murió Nisman?

La investigación judicial aún no concluyó, así que básicamente nadie sabe nada fehacientemente. La evidencia analizada hasta ahora concluyó que Nisman murió de un balazo disparado a menos de 1cm de su cabeza, y que provino del arma encontrada bajo su cuerpo, en el baño donde murió. El resto de la evidencia analizada sugiere que Nisman se suicidó. La puerta del baño estaba cerrada y bloqueada por el cuerpo del fiscal y no hay evidencia de que el cuerpo haya sido movido ahí desde otro lugar. No se halló ADN de nadie más en el baño y no se presentó ninguna prueba relevante que apunte a un asesinato. Si fue suicidio, entonces los investigadores deberán averiguar si fue inducido de alguna manera o si, como se ha argumentado, fue la reacción de un hombre desesperado que entendió que la denuncia que había hecho no iba a convencer a nadie y que su carrera se hundía (la declaración de Ronald Noble desacreditándolo y las críticas de APEMIA y Memoria Activa fueron emitidas justo antes de su muerte).
Si fue inducido al suicido, la persona clave para resolver el misterio pareciera ser Diego Lagomarsino, el hombre que llevó el arma al departamento del fiscal horas antes de su muerte. Lagomarsino era uno de los asociados más cercanos a Nisman y asegura que le prestó el arma por pedido del fiscal, quién le había dicho que era en caso “de que algún loquito me ataque en la calle”. Nadie sabe quién es Lagomarsino realmente, pero dos informantes han dicho que trabajaba en el negocio de inteligencia.
Por supuesto, no se puede descartar un homicidio como hipótesis. Después de todo, Nisman estaba trabajando en un caso en el que la inteligencia argentina y la CIA estaban involucrados y tenían grandes intereses propios. Los suicidios “sospechosos” son conocidos en Argentina tanto como en otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido (por ejemplo los casos recientes de Theodore S. Westhusing y David Kelly, ambos relacionados con asuntos en Medio Oriente). Aunque asesinar es una práctica habitual de la CIA, no hay pistas que indiquen que Estados Unidos haya estado involucrado en esta ocasión (al menos no directamente).
En cuanto a la SI, está fuera de control desde hace mucho tiempo. Un mes antes de la muerte de Nisman, el gobierno decidió purgarla, removiendo varios agentes, incluido su jefe en las sombras Antonio “Jaime” Stiusso. Stiusso trabajaba allí desde 1972 y era altamente apreciado por la CIA y el Mossad (la agencia de inteligencia israelí). Además, fue la principal fuente de información de Nisman en el caso AMIA durante los últimos diez años, como el propio fiscal dio a conocer públicamente muchas veces, y también en su reciente denuncia contra Cristina Kirchner. El gobierno ahora está apuntando a Stiusso como la mano oculta detrás de la muerte de Nisman y ha decidido disolver la SI y crear una nueva central de inteligencia bajo la supervisión del Congreso. Voces no kircheristas también apuntaron a Stiusso e incluso la CIA supuestamente cree que la muerte de Nisman está relacionada con disputas internas dentro de la SI.
De nuevo en este caso, políticos de todos los partidos parecen enterarse recién ahora de que la SI está fuera de control (con la excepción de Miguel Ángel Toma, que salió a apoyar a Stiusso, lo que parece confirmar especulaciones anteriores de que el agente estaría trabajando para Sergio Massa). Pero muchos de ellos se beneficiaron de sus servicios todos estos años e hicieron la vista gorda (tanto los kirchneristas como la mayoría de los opositores) cuando Gustavo Béliz, uno de los ministros de Néstor Kirchner, denunció a Stiusso en 2004 por usar escuchas ilegales para chantajear a magistrados y políticos (tras este episodio Kirchner le pidió la renuncia y Béliz sintió que necesitaba vivir afuera del país por una década).
En los últimos años la comisión bicameral del Congreso a cargo de monitorear las actividades y el presupuesto de la SI estuvo prácticamente inactiva. Esa comisión está compuesta por diputados y senadores de varios partidos políticos; a partir del 2010 estuvo presidida por anti-kirchneristas. En fin, antes de diciembre de 2014 ninguna de las fuerzas políticas principales estaba demasiado preocupada por lo que hacían los agentes de inteligencia.
Al cierre de esta nota se prepara una gran manifestación convocada por un grupo de fiscales opositores al gobierno para “honrar la memoria de Nisman”. A la marcha ya han adherido casi todos los partidos y candidatos opositores del arco que va del centro a la derecha: Massa, Macri, la UCR, el FAP, junto con algunos personajes de ultraderecha y notorios corruptos de tiempos de Menem. (Las diversas organizaciones de izquierda que se oponen al gobierno han anunciado que no participarán, lo mismo que muchas figuras y asociaciones de todo tipo, incluyendo algunas de las que representan a las víctimas de la AMIA). Tanto los convocantes como los medios e intelectuales antikirchneristas que alientan a participar mezquinan a la población toda información acerca de Nisman y de su papel en la causa AMIA. De hecho, mucho antes de todos estos acontecimientos, algunos de los fiscales que hoy convocan a la marcha fueron denunciados por los familiares de la víctimas de la AMIA por haber entorpecido deliberadamente el avance de la causa, mientras que otros suman otras denuncias por mal desempeño y por connivencia con poderes económicos y personajes del hampa. Se trata, en fin, de una convocatoria motorizada por lo peor del Poder Judicial, en homenaje a alguien que no lo merece y para capitalización política de la derecha. Un insulto más a la memoria de las víctimas del atentado de 1994.
Estas son algunas de las realidades incómodas detrás de una historia en la que distinguir entre buenos y malos es bastante más complicado de lo que parece. Desafortunadamente, la mayoría de las voces locales e internacionales que se escucharon hasta ahora en verdad están más interesadas en el resultado de las próximas elecciones presidenciales y/o en el futuro de Medio Oriente. Encontrar la verdad sobre las dos cuestiones más importantes en juego –la voladura de la AMIA y las circunstancias de la muerte de Nisman– no es el punto principal en sus agendas.

Temas:amia cristina nisman

18F: los sonidos del silencio en la marcha por Nisman

Una tarde (sin rejas) en el Parque Lezama

Nota

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

Seguir leyendo

Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

Seguir leyendo

Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: