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Una tarde (sin rejas) en el Parque Lezama

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Esta la madrugada el Gobierno de la Ciudad intentó enrejar parte del Parque Lezama, en obra hace 8 meses, pero los vecinos reaccionaron rápido: ya a la mañana habían parado las obras, tirado las rejas y logrado una reunión con el Ministerio de Espacio Público. Aunque más tarde los funcionarios aseguraron que “la decisión (de enrejar) ya está tomada”, más de 100 vecinos cortaron la calle Defensa y en asamblea decidieron sostener guardias y realizar un festival artístico para seguir evitando, como desde hace dos años, que se enreje el parque.
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Denuncio y enrejo
El mismo día en que sobreseyeron a los responsables de la represión en el Hospital Borda (30 heridos y ocho detenidos, incluyendo internos, médicos y periodistas), el gobierno de la Ciudad intentó enrejar el Parque Lezama. La coincidencia, sostienen los vecinos, no es una cuestión de calendario, sino que se corresponde con todo un avance sobre el sur de la Ciudad de cambios urbanísticos, construcciones inmobiliarias y de transporte público que los vecinos rechazan. “Acá en frente”, señala alguien el ex edificio de Canale sobre la calle Martín García, “van a mudar las oficinas de Espacio Público”. La casualidad del ejemplo es parte de toda una mudanza de oficinas gubernamentales al distrito sur, junto con la tendencia de facilitar zonas donde las empresas se instalan y gozan de no pagar impuestos (distrito tecnológico, de las artes), el nuevo metrobús, y – los vecinos agregan- desalojos y la compra de casas, fábricas antiguas y terrenos para el desarrollo inmobiliario siempre especulativo.
Pero las plazas enrejadas no son sólo patrimonio del sur, y la disputa con la Asamblea del Parque Lezama viene desde hace dos años y tiene hitos recientes.
Las nuevas rejas las descubrió Juan, que saca a pasear a sus dos perros todos los días a las seis y media de la mañana, que avisó a Mauricio, que llamó a Eva, que le dijo a Carolina, y así se fue tejiendo la red de vecinos que antes de las 10 de la mañana logró parar las obras. El parque está en obra desde junio del año pasado, perimetrado por vallas que impiden el acceso, pero se suponía que adentro sólo se estaban realizando tareas de parquización y no de enrejado, ya que ése había sido el acuerdo entre los vecinos y Diego Santilli, el ministro de Espacio Público. Sin embargo, en una reunión que mantuvieron hoy mismo los vecinos con responsables del Ministerio, los funcionarios dijeron que el acuerdo de no enrejar había sido hace un año y medio y que ahora tenían razones para empezar a hacerlo. La más determinante: una denuncia por vandalismo que presentó el propio subsecretario de Uso del Espacio Público, Patricio Di Stéfano.
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Por qué no
Los vecinos llegaban a medida que podían: cuando salían del trabajo, de dejar los hijos con algún abuelo o interrumpir lo programado del día para responder a la alerta: quisieron enrejar el parque.
Las antenitas están paradas desde hace dos años, cuando formalmente empezó a haber movimientos – de todo tipo- para “poner en valor” el Parque Lezama. Estas maniobras, aseguran los vecinos, fueron precedidas por otra estrategia que puede llamarse “dejar venir abajo” el parque, y así poder justificar la necesidad de obras. “De pronto el Parque se quedó sin luz de noche, sacaron las guardias, dejaron de arreglar los monumentos”, enumera Eva sobre el abandono. Paralelamente, ciertos vecinos denunciaron – en general frente a las cámaras y no en la comisaría- actos de vandalismo y robos como parte de un aumento de la delincuencia justificado en el deterioro del parque. El propio ministro Di Stéfano radicó una denuncia en septiembre del año pasado, por el supuesto robo de una estatua del parque, que recién se hizo pública el 26 de enero a través del diario La Nación. La nota surtió un golpe de efecto mediático que agitó una discusión que parecía zanjada con la promesa de Santilli. Y Di Stéfano siguió a la cabeza de esta revancha por la instalación de las rejas: “Es clave cerrarlos para reducir la cantidad de daños, como el robo de piezas escultóricas, los grafitis, la rotura de juegos o bancos, o el destrozo y la quema de tachos, entre otros”, dijo.
Los vecinos de la asamblea no sólo discuten este insostenible argumento, sino que enumeran razones concretas de por qué no quieren rejas:
-“No queremos que el Parque cierre a las 8 de la noche; acá venimos a cualquier hora”
-“Esta plaza es especial porque es un barrio con población de bajos recursos, con muchos niños, cuyo único lugar de juego es este parque”
-“No podemos pagar un club, ni un aire acondicionado, ni hay otro parque cerca”
-“La plaza es nuestra y no del Gobierno de la Ciudad”
-“Si hay asaltos o vandalismo, las rejas no solucionan nada”
-“Las rejas son el primer paso para después abrir negocios privados como restoranes dentro de los parques”
-“Poner rejas es un negocio en sí mismo”
-“Hace 70 años que el parque está así”.
Es conveniente aclarar que los vecinos no son fóbicos al cambio, ni es que están a favor de la inseguridad, ni siquiera están en contra de las obras que el gobierno incluso ya está haciendo, sino de las rejas. Tal fue el acuerdo al que arribaron con el responsable de Espacio Público, Diego Santilli, hace un año y medio, quien se comprometió de palabra que no enrejaría el parque porque respetaba la voluntad popular. “Claro, ¿cómo vamos a confiar en su palabra?”, achaca ahora otra de las vecinas.
El parque fue cerrado en agosto del 2014 para dar comienzo a obras “de parquización”, algunas que ya se ven: nuevos juegos para los chicos, estaciones de fitness para los grandes, un canil para los perros y otras obras obras más arquitectónicas que paisajísticas. “Sacaron muchísimo verde, talaron árboles y en cambio agrandaron los senderos. Ahora no es un parque, es un paseo”, define Eva, una de las voceras de la asamblea, sobre los cambios.
Cuestiones de gusto al margen (o no), el descubrimiento de Juan hoy a las seis y media de la mañana significó para la Asamblea la rotura de un pacto que mantenían con el ministro Santilli. La explicación que encontraron antes antes de reunirse con funcionarios del Ministerio (y que dieran sus propias explicaciones) se basaba en un rumor: habían cambiado los responsables del área. El nuevo patrón del Parque Lezama se llamaba Antonio Di Stéfano.
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Verano sin parque
Los 8 meses de obra significan que los vecinos no pueden acceder a la mayor parte del parque, ya que unas rejas de construcción lo rodean desde las calles Martín García, Almirante Brown, Brasil y Defensa. “¡Justo en verano!”, es el lamento de muchos de los vecinos que hoy relataban que no se fueron de vacaciones, no tienen donde pasear, tomar aire ni tampoco aire acondicionado.
La licitación pública 506/2013 estipulaba que las obras terminarían la primera semana de diciembre del 2014. “En Parque Centenario, que es bastante más grande que este, las obras llevaron 3 meses”, dice Mauricio García, otro de la asamblea. Por este y otro tipo de irregularidades los vecinos formaron – además- una comisión que monitorea los detalles de la obra y hoy reclaman, entre otras cosas, una respuesta al pedido de informes que hicieron en novmebre sobre el por qué de las demoras. De manera informal, desde el Ministerio aseguraron que el nuevo plazo es el 15 de marzo.
Este juego de postergaciones – a sugerente ritmo electoral- tiene en vilo no sólo a los que solían pasar sus tardes de verano en el Lezama, sino a quienes, directamente, trabajaban allí. “Desde que están en obra, a los feriantes nos mudaron a un lugar horrible cerca de casa amarilla”, relata una de las voceras de la feria del Lezama, que solía bailar tango y atraer turistas. Ella fue una de las que, gritando, propuso en la asamblea realizar un festival para el día 15 de marzo en que, supuestamente, deberían estar terminadas las obras. “Por el ritmo que vienen, no creo que terminen, entonces queremos meternos adentro y hacer un festival como otra forma de presionar para que terminen las obras”, dice.
Por ahora, dentro del parque hay un asentamiento con materiales de la constructora MAVISA S.A., a cargo de las obras, y algunos agentes de la Metropolitana, aunque en rigor esa zona es juridiscción de la Federal, que apenas aparece.
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A desenrejar
Hoy a la mañana, entonces, alertados por Juan, los vecinos tiraron las endebles rejas de construcción y se metieron metros adentro donde estaban poniendo las rejas definitivas que cortarían el Parque en dos: según los planos que alguna vez vieron los vecinos, el polémico enrejado abarcaría desde la zona de los juegos de chicos que se ve desde Martín García, rodeando la barranca hasta la calle Almirante Brown. Quedaría despejada, así, una pequeña porción sobre Martín García y otra parte sobre Defensa, donde antes había una cancha de fútbol y ahora un canil.
Los obreros de la empresa Maviasa se retiraron al ver entrar a los vecinos, que fueron llegando en cada vez más número. Llegaron también agentes de la Metropolitana, unos diez, aunque en tono pacífico y de averiguación. Los vecinos fueron por más: a eso de las 3 de la tarde habían sacado gran parte de las rejas perimetrales de Martín García y Defensa, abriendo nuevamente, después de 8 meses, su Parque Lezama.
A medida que otros vecinos empezaron a ver que el parque estaba abierto, y que había gente en el medio, y que había rejas tiradas, se empezaron a acercar. A las 3 de la tarde eran unos 30, a las 5 ya eran 50 y terminaron siendo más de 100 cuando cortaron la calle y se armó una asamblea a las 18.
Pocos efectivos de la Metropolitana siguieron los movimientos durante la tarde, por lo que no hubo situaciones de tensión. Fundamentalmente, se logró una esperada reunión con el Ministerio para que de explicaciones, se debatió quiénes irían, se rellenaron con tierra los huecos dejados por las rejas arrancadas, se presentó un fotógrafo que dijo ser de Clarín, sacó cuatro fotos y en menos de 2 minutos se marchó, otro cronista de La Nación que habló primero con la Metropolitana y luego con los vecinos, y radio Nacional y Radio Sur que entrevistaron a algunos vecinos más seriamente. Más tarde, sobre el corte de calle, se sumaron los canales de televisión.
El plato fuerte del día significó la reunión que mantuvieron tres integrantes de la asamblea y un abogado asesor con 5 funcionarios de Espacio Público. La decisión de cortar la calle Defensa –  y no Martín García, “para no joder tanto a los vecinos”- ya había sido tomada y era independiente de los resultados de lo que, se suponía, sería la negociación. No fue tal cosa: los funcionarios del Gobierno dejaron hablar a los vecinos, y luego hablaron Antonio Di Stéfano y Nicolás Quintana, director de Espacios Verdes de la Ciudad. La reunión duró una hora y diez minutos, de las 5 hasta las 6:10 en que los vecinos que fueron a la reunión volvieron aparecer en el Parque. En ese momento otros cien cortaban la calle Defensa. Se armó una asamblea improvisada en la que contaron los resultados de la reunión, resumidos en cinco palabras que decepcionaron: “La decisión ya está tomada”.
Se pasó una lista de contactos para alertar ante cualquier movimiento extraño.
Se habló una grilla de horarios para hacer guardias de a cuatro personas que custodien las obras.
Se determinó que, desde mañana, todos los días habrá asamble a las 18 de la tarde en el monumento principal.
Y que entonces, día a día, seguirán discutiendo las medidas que hagan realidad la verdadera decisión ya tomada: “No vamos a dejar que enrejen el parque”.
A eso de las ocho de la noche, los vecinos liberaron la calle y volvieron al Parque Lezama a disfrutar lo que quedaba de la tarde, como no hacían desde hace ocho meses.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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