Las cárceles de menores en el banquillo: Un caso, un universo: cómo un intento de robo termina en condena a muerte. El encierro de chicos en instituciones penales: cifras, presupuestos y procedimientos que se rigen por una norma firmada por Videla.

Una celda oscura, sin agua, sin baño. Una cama de metal fija al suelo. No hay luz. Sólo una rejilla de ventilación. Una cueva de 1,8 por 3 metros. Ahí estaba detenido Diego Borjas, 17 años; en el Instituto Agote, una cárcel para menores en la que sufrió quemaduras que le causaron la muerte el 1º de diciembre del 2014.

A nadie le importó.

Ni a los jueces, que postergaron su salida.

Ni al fiscal, que pidió su privación de libertad.

Ni a los defensores, que desconocieron las condiciones de detención del joven.

Ni a las directoras del instituto, que sancionaron a Diego metiéndolo en una celda que está prohibida.

El delito de ser menor

Diego Borjas cayó detenido a mediados de 2014 en la Capital por un intento de robo. Un chico del conurbano (Moreno), que no terminó el colegio, tenía problemas de adicción y ya había sido detenido anteriormente.

Pasó una noche ilegalmente en una comisaría (la 11º) donde -se sabe- no se pueden alojar menores. Días después lo mandaron al Centro de Atención y Derivación (CAD), que sugirió su traslado a una residencia, donde se trata a quienes tienen adicciones. El  juez se negó, y dispuso su encierro.

El chico terminó en el Agote, uno de los cuatro “centros de régimen cerrado” de la Ciudad de Buenos Aires que dependen de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Su responsable político es Gabriel Lerner (ex integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional-Correpi). La directora del Agote es Lidia González.

Diego llevaba casi seis meses encerrado cuando le dijeron que, probablemente, iba a salir: el 5 de noviembre sería el juicio ante el Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Ciudad por dos intentos de robo junto a otras dos personas mayores, lo cual podía resultar en penas excarcelables. Así fue para sus ex compañeros de robo: a uno le dieron 2 años de prisión en suspenso, y al otro, un año y medio.

A Diego, en cambio, lo mandaron nuevamente al Agote: como era menor, el Tribunal integrado por Roberto Durán, Jorge Apolo y María Cassará postergó la definición de la pena al 12 de diciembre, día del cumpleaños 18 de Diego. Mientras tanto, debía seguir encerrado.

Tres semanas después se incendió un colchón en una celda de castigo, donde estaba recluido por insultar a una maestra.

Murió quemado seis días más tarde, el 1º de diciembre.

Velocidad de combustión

El régimen disciplinario de los institutos está regulado por la resolución 991 de la Sennaf, y no por ley. Aun así, prohíbe la sanción de “aislamiento” o en “celda oscura” o “solitaria”, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas Mínimas de Naciones Unidas.

Según las fotos a las que pudo acceder MU, la realidad del Agote es muy distinta: existen celdas de aislamiento sin luz, ventilación, ni agua. Este caso muestra que tampoco los colchones son ignífugos, como deberían.

Tras el fallo en su contra, el joven presentó problemas de conducta dentro del Instituto, según las fuentes oficiales. Según su madre, Diego le dijo que no quería asistir más a las clases, ni hablar con los operadores ni con los psicólogos: no hacían nada.

El 26 de noviembre insultó a una maestra, según las actas de conducta. La sanción -48 horas en la zona llamada “ex ingreso”- no fue comunicada a su defensor.

El lugar: un pasillo con cuatro celdas oscuras, dimensiones perversas (1,8 por 3 metros), camas de metal fijas al suelo, sin sanitario, sin agua (gritaban para ir al baño), escasa luz natural y sólo una rejilla de ventilación.

Su hermana lo fue a ver esa misma tarde: no notó nada raro. A este detalle se aferran la Sennaf y la Defensoría para decir que Diego no estaba aislado: ¿qué puede saber un familiar sobre las convenciones de Naciones Unidas?

Los dos empleados de seguridad no estaban en su puesto, a cuatro metros de la celda de Diego, cuando antes de las 20.30 se empezó a ver el humo. No había alarma para incendios.

Se escucharon los gritos de Diego, los de otros internos, los del personal. Pasaron varios minutos hasta que apareció el guardia con la llave.

A las 21.01 una ambulancia del SAME trasladó al chico al Hospital Fernández. El informe técnico de la División Siniestros de la Policía Federal planteó que el incendio fue intencional, con foco sobre el colchón cuyos componentes permitían una “velocidad de combustión mucho mayor que la de otros materiales”.

En las fotos se ve la huella negra de la mano de Diego sobre el vidrio del pequeño ventiluz de la celda. La mano de la desesperación. Murió seis días después en el Hospital del Quemado.

Las cifras que tapan

La fuente pide hablar en off. Es funcionario de primera línea con
acceso a la Sennaf y al Poder Judicial. Reconoce: “Diego nunca tendría que haber estado en el Agote”. La Sennaf y el Agote hicieron dos pedidos al Tribunal para que recuperara su libertad y tratara
su problema de adicción. El Tribunal los desestimó.

La fuente dice que en los últimos diez años la Sennaf bajó la tasa de encierro:
de 550 pasó a 150 chicos. Que se evitaron casi 3.700 ingresos de jóvenes en comisarías.

Culpa a la “negligencia” de los guardias, ya separados de sus cargos. Dice que el caso ya está enfocado hacia el aislamiento, pero que hay que mirar a los jueces. Dicta unas preguntas: “¿Por qué no establecer un nexo entre la privación de libertad y lo que pasó luego, en vez de apuntar al lugar donde estaba? ¿Hay alguna sanción para el fiscal que pidió su privación de libertad?”.

La pared

La corrosión del sistema que construyó el crimen de Diego Borjas radica en el Régimen Penal de Minoridad, establecido por la dictadura en 1980 con el decreto/ley 22.278 y firmado por Jorge Rafael Videla. La  norma otorga facultades al juez para disponer de los chicos “en peligro material o moral” y meterlos en los institutos “por protección”. Argentina es el único país de América Latina que no cuenta con una legislación propia.

¿Qué ocurre con los chicos que tienen entre 16 y 18 años?

Paso 1: el juez ordena un tratamiento tutelar que dura al menos un año. Traducción: “Si sos pobre, vas al Agote. ¿Da resultado? Si sos pobre, nunca. Si sos de sectores medios, vas al psicólogo dos veces y te entregan a tus padres”, informa Emilio García Méndez, presidente de Fundación Sur.

Paso 2: “Te juzgan como adulto por los delitos que cometiste siendo menor. El sistema de la dictadura es perfecto porque le permite decir a un juez que él nunca sentenció a un menor de 18 años”. 

Ese es el destino de miles de jóvenes en este país. Difícil saber cuántos: no hay información oficial, y los organismos independientes encuentran trabas para acceder a los institutos.

Un informe realizado en 2008 por la Universidad Tres de Febrero, el Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF calculó 1.799 jóvenes privados de su libertad.

Otro informe del 2012 (pero con datos de 2010) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación registró 1.508:

La gran mayoría (97%) eran varones.

El 80% tenía 16 o 17 años.   

En esta franja, el 69% no estaba escolarizado al momento del delito; más de la mitad ya tenía antecedentes.

El 53% (800) había sido detenido por robo.

Encabezan la estadística provincia de Buenos Aires (31%, 480) y Córdoba (15%, 232).

García Méndez descree de esos números: “Sólo en el departamento judicial de San Martín había 200 chicos encerrados”. En la Ciudad de Buenos Aires, 158. La Sennaf lanzará en unos meses un informe con un nuevo número: 1.400 niños, niñas y adolescentes.

Tributo a Pink Floyd: otros 1.400 ladrillos en la pared.

¿Cuánto vale un encierro?

El Agote tenía 24 chicos privados de su libertad cuando ocurrió el incendio. Edad: 17 años. El edificio fue cerrado en diciembre por supuestas refacciones y por eso, el número de chicos encerrados allí descendió a 16. Así quedó acentuada la desproporción con el número de personas que trabajan en el Agote al momento del cierre transitorio: 142 personas. Guardias: 38. Los otros 104: cuerpo directivo, equipo de intervención técnica interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, talleristas, operadores, administrativos, mantenimiento, limpieza, cocina, docentes, médicos, nutricionistas y otros.

Para 16 chicos, 142 funcionarios estatales: 8 per cápita.

Un tallerista cobra aproximadamente 2.000 pesos. Hacia arriba la escala llega a la directora que cobra entre 8 y 10 veces esa cifra. El promedio supera holgadamente los 300.000 pesos mensuales. De esta partida no todo es aportado por la Sennaf; los docentes dependen del gobierno porteño, el personal de limpieza es tercerizado y los talleres son financiados con convenios entre ministerios y organizaciones sociales. La suma de lo invertido en el Agote sólo en salarios supera los 18.000 pesos mensuales por chico. ¿Tiene sentido?

Se podría agregar los sueldos de los funcionarios y directores del área (de 20 a 30.000 mensuales), de los jueces que deciden los destinos de cada joven (75.000), de fiscales y defensores (entre 40 y 50.000). Es apenas un esbozo de la industria que se mueve alrededor de casos como el de Diego Borjas. 

Dos descripciones

Dos informes describen cómo funciona la máquina de encerrar pobres. El primero, de 2013, es el de la Comisión de Seguimiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría Pública, el único organismo autorizado por la Sennaf a monitorear los institutos de encierro. Concluye que “las celdas en general se observaron en buenas condiciones”. Nada dice del sector “ex ingreso” donde Diego sería aislado un año después. Sí aparece en informes anteriores: en 2012 subrayaron las “pésimas condiciones” del lugar, que recomendaron no usar. En 2013 sólo destacaron como reconocimiento de buenas prácticas “limitar a casos excepcionales el alojamiento en el sector de ingresos”, sin agregar nada más.

El otro estudio es de una comisión encabezada por el juez de Casación Penal Gustavo Hornos (presidente del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias) y la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin). Concurrieron al Agote el 1º de diciembre, a propósito del incendio. Sus resultados contrastan la visión complaciente de la Defensoría Pública:

La Comisión planteó que el sector es de “aislamiento” y ordenó su clausura “como medida inmediata”. Destacó “enfáticamente la imperiosa necesidad de ADECUAR” el régimen de sanciones del Agote a las Reglas de Naciones Unidas, “en cuanto se prohíben estrictamente todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante”, como “la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria” (mayúsculas en el escrito). Otros datos de este informe:

Los chicos sólo podían hacer llamados telefónicos después de las 18 horas y en presencia de guardias, dificultando la comunicación con sus defensores.

La heladera: repleta de cucarachas muertas.

Relato de los reclusos: tenían que desnudarse y hacer una flexión en las requisas. El dato sorprendió a la Defensoría. “Nunca nos lo dijeron. Si eso pasara como práctica sistemática, deberíamos estar al tanto”, dijeron sobre su propio desconocimiento. En las requisas a las celdas los chicos “no pueden estar presentes” y sus escasas pertenencias quedan “tiradas y revueltas”.

Psicópatas & responsables

“Es difícil que se puedan ocultar cosas graves en los monitoreos”, se defiende Damián Muñoz, cotitular de la Comisión de Seguimiento.  A su lado está María García Morabito, responsable del área. Dicen que el informe es la foto de un momento, pero reconocen: “Ningún centro resiste el menor de los estándares”.  Muñoz: “Aun así, el peor de los institutos es mejor que la mejor de las unidades carcelarias, por los niveles de violencia, el acceso a los directores, las visitas”.

Aseguran que se dijeron “cosas falsas” luego de la muerte de Diego. ¿Por ejemplo? Muñoz: “No estaba aislado, porque tenía actividad. El problema de Borjas es que faltaba la mirada del adulto”. Morabito: “Estaba solo en un sector de ingresos, no había otro alojado, pero eso no quiere decir que estuviera aislado”.

Sobre las condiciones deplorables de lugar, Muñoz tranquiliza: “No varía de ninguna otra celda: ninguna tiene baño”. Dice que debe haber intervención adulta frente a las inconductas: “Si no, el pibe te pudre el sector”.

Morabito agrega: “Para que sea aislamiento real no tiene que tener contacto con nadie”.

Sobre eso no hay dudas: Diego estaba solo y no tenía contacto con nadie, en una celda prohibida por todos los pactos internacionales. Muñoz responde: “Se aplica un decreto de la dictadura. En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado por no tener una ley acorde a la Convención. De ahí para abajo, está todo mal, incluso cada condena a un chico por esa ley”.

Muñoz dice que ninguno de sus defendidos menores quiere apelar las sanciones por aislamiento. “No lo ven como un problema”, señala. ¿Por qué será? “Saben si se mandaron una macana o no. El 90% se hace cargo. Si no, generás psicópatas que no se hacen responsables de lo que hacen”.

Son chicos.

¿No deberían tener un defensor?

Morabito: “Sólo se les notifica a los chicos. La sanción de Borjas dice que él reconocía haberle faltado el respeto al adulto. Por eso no apelaba”.

El artículo 34 de la resolución 991 de la Sennaf especifica que, en caso de sanción, los chicos tienen derecho a “presentar descargos”, “ofrecer prueba y ser recibidos en audiencia por el director del Centro”. ¿Esto contempla un descargo en conjunto con el defensor o quiere decir que son los propios chicos quienes tienen que ponerse en lugar de defensores?

Morabito: “Los pibes tienen ponerse en lugar de defensores. Así era hasta el mes de febrero, en que se ordena la notificación a la asesora”.

Diego, 17 años, ¿cómo se defendió?

La mano en el vidrio

“Además de los guardias, creemos que hay responsabilidad de las autoridades de la institución: Diego no tenía nada que hacer en esa celda”, afirma Federico Feller, abogado de la familia que se constituyó como querellante. La madre de Diego, Liliana, es la primera vez en este drama que ve un abogado: nunca habló con ningún defensor público.

También quiere ser querellante la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), en conflicto con la Sennaf ya que ésta no la autoriza a monitorear los centros. La pelea llegó a la Sala III de Casación, que le dio la razón a la Sennaf: la Procuración no sería “competente” para esa actividad. La Procuración, con el apoyo del CELS, Fundación Sur y Amnistía Internacional, espera sentencia de la Corte Suprema. Como frutilla, para justificar su fallo, los jueces Eduardo Riggi (presidente del Tribunal, denunciado por intentar beneficiar la situación procesal de José Pedraza en el crimen de Mariano Ferreyra) y Liliana Catucci citaron una frase de las audiencias del propio titular de la Sennaf, Gabriel Lerner: “Estamos seguros de que no hay agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención”.

Seis días después del fallo ocurrió el incendio en el Agote. ¿A quién señala la Procuración? “A la Sennaf y al Ministerio”, responde Ariel Cejas Meliare, director general de Protección de Derechos Humanos en Cárceles de la Procuración. “Se tienen que hacer cargo de esta muerte”.

Mariana Lauro, también de la Procuración, cuenta que trabaja con jóvenes adultos en la cárcel de Marcos Paz: todos refirieron que, alguna vez, habían sido sancionados por aislamiento. “El Agote es el único instituto que tenía un sector específico. Cuando les preguntábamos si algún defensor o ellos mismos podían apelar la sanción, ninguno tenía idea”.

La causa se tramita en el juzgado de Instrucción N°27, de Alberto Baños, e interviene la fiscalía N°46, a cargo de Adrián Peres.

Esa huella de la mano en el vidrio del pequeño ventiluz de la celda sigue siendo el gesto que interpela a responsables e irresponsables de la muerte de Diego Borjas.