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El plan sistemático antimapuche

Publicada

hace 6 años

08/12/2017

El crimen de Rafael Nahuel representa el último nivel de la escalada de violencia contra el pueblo mapuche. Represiones salvajes en Chubut, criminalización en Neuquén, operativos sin orden judicial, detenidos -incluso niños y niñas- y torturas. El Gobierno respaldó a los efectivos y así explicitó la orden para el avance represivo. El fantasma RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), la chilenidad de la política oficial contra los indígenas y el genocidio que no cesa. Una nota de Darío Aranda, que repasa los hechos, los discursos y la embestida judicial, y analiza qué representan. El reportaje fotográfico que acompaña esta nota es un documento clave para comprender las consecuencias concretas de este plan. Fue producido durante la “inspección ocular” ordenada por la justicia en el lof Lafken Winkul Mapu y realizado por Foto Viojf para la revista Cítrica. Forma parte de la cobertura colaborativa que conformamos para informar sobre este tema los medios cooperativos Cítrica, Tiempo Argentino y lavaca.

Así fue “la inspección ocular” judicial al predio donde asesinaron a Rafael Nahuel. Editamos la secuencia cronológicamente. Reportaje fotográfico realizado por Foto Viojf para revista Cítrica.

Los hechos
30 de agosto de 2016. El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El documento interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad, en línea con el discurso de las petroleras, argumentó que las comunidad realizan “usurpaciones” en campos hidrocarburíferos. Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado La lucha indígena no es delito, cuestionó al Gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.

1° de septiembre de 2016. El juez federal Guido Otranto determinó la nulidad del pedido de extradición impulsado por la justicia chilena en contra del lonko Facundo Jones Huala. El gobernador Mario Das Neves cuestionó el fallo: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes (en relación a mapuches)”. E instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
10 y 11 de enero 2017. Tres represiones en dos días sobre el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Gendarmería Nacional y Policía de Chubut avanzaron con escopetas y gases lacrimógenos. El disparo en el cuello sobre Fausto Emilio Jones Huala llegó a la prensa de Buenos Aires. Otro integrante de la comunidad perdió un tímpano. No hubo víctimas fatales de casualidad.

21 de junio de 2017. Un centenar de efectivos de Gendarmería ingresó a la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y reclamaron que se retiren del territorio indígena. Los efectivos impidieron que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

27 de junio. El lonko Facundo Jones Huala fue detenido horas después de concluida la reunión entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet en Chile. El vecino país había solicitado la extradición de Jones Huala. El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la Gendarmería y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. Nueve personas fueron detenidas y una decena resultaron heridas.
1° de agosto. Represión de Gendarmería en el Lof en Resistencia de Cushamen. Sin orden judicial, ingresaron a territorio comunitario. Con la posterior desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En el lugar había estado el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y mano derecha de Patricia Bullrich, Pablo Noceti. Las camionetas de Gendarmería fueron lavadas antes de los peritajes.

18 de septiembre. Más de cien efectivos de Gendarmería llegaron de madrugada hasta la comunidad Vuelta del Río (entre Esquel y El Bolsón) en búsqueda de indicios de Santiago Maldonado. La brutalidad y desproporción fueron la regla. Rompieron puertas, levantaron de forma violenta a los integrantes de la comunidad, los mantuvieron precintados durante seis horas a la intemperie, desde antes de la salida de sol y sin abrigos.

19 de septiembre. Más de 60 policías de la Uespo (Unidad Especial de la Policía) ingresaron de forma violenta a la comunidad Fvta Xayen en el paraje Tratayen (a 80 kilómetros de Neuquén capital), parte de Vaca Muerta. Detuvieron al werken (vocero) Diego Rosales y a dos jóvenes de la comunidad. “El aspecto más grave y urgente es que han plantado falsas ‘pruebas’ para ensuciar nuestra justa causa. Junto con el operativo ha aparecido armas y drogas que servirán para un montaje repetido, el ‘maputerrorismo’“, denunció la Confederación Mapuche.

20 de septiembre. Por la noche, cuatro sujetos quemaron la casa de Marcelo Calfupán (de la comunidad Vuelta del Río) e intentaron lo mismo con la vivienda del lonko, Rogelio Fermín.
23 de noviembre. Operativo con más de 300 efectivos sobre el Lof Lafken Winkul Mapu (a 35 kilómetros de Bariloche). El operativo, ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva, fue realizado de madrugada. Se esposó a mujeres durante horas e incluso se detuvo a los niños.

25 de noviembre. Asesinato de Rafael Nahuel en una represión del Grupo Albatros de la Prefectura. La bala ingresó por la espalda.
28 de noviembre. Javier Cañio (de la comunidad Caniu) de Buenos Aires Chico (El Maitén), fue demorado y retirado de su territorio por dos móviles policiales para sacarle sangre, según la orden judicial que le presentaron. El hecho se enmarca en la denuncia realizada por el grupo Benetton en la causa del puestero que habría sido apuñalado en julio pasado. “Es un claro acto intimidatorio”, sostuvo el propio Cañio en diálogo con la radio comunitaria Kalewche.
Esa es la enumeración solo de un puñado de los acciones de violencia contra el Pueblo Mapuche en el último año.

Los discursos
Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, días antes de la represión en la desapareció Santiago Maldonado: “(Debemos) Empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia (…) Sólo quieren generar caos y temor en la población (…). No tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos”. Incluso afirmó que los mapuches estaban en contacto con “extremistas kurdos”. Explicó que las fuerzas federales estaban articulando acciones junto a la policía de Río Negro y de Chubut.
Reivindicó la figura de “flagrancia” (del Código Procesal) y justificó que los efectivos actúen sin la intervención de un juez ante cortes de ruta. También anunció la llegada de más efectivos a la Patagonia.
Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”.

El presidente Mauricio Macri se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado recién diez días después de la represión. Y tildó a la comunidad mapuche: “poco democráticos y bastante violentos”.
Luego del asesinato de Rafael Nahuel, la ministra Bullrich respaldó de forma contundente a los efectivos: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. No tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez tendrá que ir a buscar las pruebas y está perdiendo bastantes días”.
La vicepresidenta, Gabriela Michetti, insistió en que los mapuches atacaron y afirmó que siempre a los efectivos se les debe dar “el beneficio de la duda (…). Si no le damos el beneficio de la duda no le damos la posibilidad de que defienda a los ciudadanos”.
En declaraciones al diario Ámbito Financiero, justificó además el uso de balas de plomo: “Son legítimamente usadas por las fuerzas de seguridad. Ellos tienen la legitimidad para actuar ante un ataque y así lo hicieron”.

El relato
Los gobernadores y funcionarios provinciales también mantuvieron un discurso represivo para con los mapuches. El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, luego de la represión de enero contra la comunidad en Resistencia de Cushamen calificó de terroristas a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), aunque la comunidad había aclarado en numerosas oportunidades que no pertenecían a esa organización.
Durán anticipó que Chubut “va a endurecer las posiciones” frente a los cortes de ruta y explicó que junto a Río Negro “programarán tareas de inteligencia y protocolos de actuación” ante las comunidades. También adelantó que exigirán “mayor firmeza a las autoridades judiciales”.
El ministro chubutense criticó a la justicia provincial y federal porque “hay sospechosos que siguen libres” y advirtió que es “difícil prever los blancos de ataque del terrorismo mapuche”. El 25 de julio volvió a referirse a los mapuches: “Son un grupo de delincuentes”.

El fantasma de la RAM
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es una organización fantasma. No se conocen sus líderes, su historia ni su proyección. Sí hubo incendios y sabotajes de encapuchados que luego dejan pintadas de RAM o prolijos panfletos con la sigla, reivindicando el atentado, auto incriminándose.
La única persona que señaló haber pertenecido a la RAM es Facundo Jones Huala. Justificó su accionar. Pero afirmó que “hace años” no participaba más.
La estrategia política y mediática fue que todo lo mapuche sea igual a RAM. Aunque las comunidades aclarecen no saber quiénes son y no pertenecer a la organización, funcionarios y periodistas lo usan como sinónimos.
A cada comunidad que se le preguntó siempre respondió lo mismo: “No somos de la RAM. No conocemos a la RAM”.
En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches emitió un duro comunicado: Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche.

“No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político institucional serio. El Pueblo Mapuche reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos”, destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche Chewelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Santa Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.

Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de conflictos.

“Cómo es posible que panfletos absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propios de personas que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una política represora”.

Afirmaron que el pueblo mapuche tiene “decenas de autoridades procesadas”, con órdenes de desalojos ya dictadas y próximas a ejecutarse. Reivindicaron la defensa de territorios indígenas mediante cortes de ruta, bloqueos a locaciones, “acciones legítimas y legales que nunca llegan a agresiones físicas, ni a jugar con lo más valioso que defendemos que es la vida”.
Explicaron que cada pu Lof o Lofce (comunidades) tiene sus propias autoridades originarias (Lonko, kona, werken). No existe una sola autoridad ni una organización que decida por todas las comunidades. La Confederación Mapuche Neuquina está conformada por más de 60 comunidades que se encuentran en las distintas zonales (Xavnko, Centro, Willice, Pewenche y Lafkence). La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Chewelche en Río Negro la componemos más de 145 Comunidades de las cuatro regiones (Andina, Sur, Atlántica y Alto Valle). “No existe una sola forma de organización que lleve la voz de las comunidades, nuestros mayores nos han trasmitido que tenemos diversidades territoriales, pero siempre convencidos de un principio que nos une la defensa y la lucha por nuestro territorio”.
Repudiaron la instalación de mineras, petroleras, hidroeléctricas y forestales. “No vamos a entregar el territorio ni vamos a permitir que ingrese ninguna multinacional a destrozar nuestros elementos naturales que por vida hemos resguardado y cuidado para las presentes y futuras generaciones”. Exigieron una política de reparación histórica y regularización territorial.
(El texto completo en https://www.lavaca.org/notas/mapuche-no-es-ram-el-fantasma-de-los-servicios-de-inteligencia/)

Chilenización
El discurso oficial es que las comunidades mapuches de Argentina adoptan formas organizativas y “violentas” similares a las de Chile. No hay pruebas reales de eso. Pero sí hay indicios de que el gobierno de Argentina adopta lo que en Chile es política de Estado hace décadas: construcción de enemigo interno, criminalización de la lucha mapuche y ley antiterrorista.
Macri se reunió con su par de Chile (Bachelet) en junio. El oficialista diario Clarín consignó que hablaron de la situación de las comunidades mapuches. El subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, visitó Argentina el 29 de septiembre. Se reunió con Patricia Bullrich y el tema central fue la situación del pueblo mapuche.
“No sabemos bien en qué momento la administración macrista asumió el garrote como una posibilidad real (…) Es posible que la chilenización de la política indígena no haya sido programada sino que sea una consecuencia, por ejemplo, de la importancia que tomó en el gabinete el sector duro de la política policial, representado en la figura de Patricia Bullrich”, señaló Felipe Gutiérrez Ríos, integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y del portal de noticias Mapuexpress.

La embestida judicial
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, el 30 de noviembre. La organización aportó pruebas de que Gendarmería Nacional ingresó a territorio mapuche (en Vaca Muerta) sin autorización judicial. “Se dispuso el uso de la fuerza pública por simple orden política. El caso reviste extrema gravedad, y compromete seriamente la responsabilidad penal de Bullrich y Noceti, ya que devela la existencia de un plan de acción deliberado desde la cartera de Seguridad, consistente en utilizar en forma discrecional la fuerza pública sin contar con la autorización judicial, vulnerando garantías constitucionales, afectando derechos humanos fundamentales y poniendo en vilo la vigencia del Estado de derecho”, explicó la Confederación Mapuche.
Jorge Nahuel, werken (vocero) de la Confederación Mapuche, en diálogo con radio Universidad Calf explicó que formularon la denuncia penal por “la embestida judicial que hay contra el pueblo mapuche, que se viene traduciendo en numerosas causas jurídicas, en desalojos violentos y en casos de muerte, que era algo que nosotros pensábamos que nunca iba a llegar a ese extremo”.
(Ver: https://www.lavaca.org/notas/denuncia-mapuche-contra-bullrich-y-noceti-por-allanamientos-sin-orden-judicial/)

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Democratizar el espacio público: una obra de no ficción

La noticia que se respondió con los pies

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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hace 1 día

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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hace 1 semana

19/04/2024

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

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Un abrazo contra la motosierra

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hace 1 semana

18/04/2024

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.