Nota
Desde Misiones: la policía negoció, pero la provincia sigue en conflicto con los docentes a la cabeza

Contra todo lo que venían diciendo sus voceros, la policía levantó la huelga tras un aumento de $15.521 (2kg de carne). Las y los docentes, en cambio, marcharon ayer a la Legislatura de la capital misionera y continúan un acampe para reclamar por mejores condiciones salariales y de vida. Hoy convocan a una gran Jornada Provincial por la Dignidad de Misiones en todas las localidades del país. Para muchos medios, si no es policial, no hay conflicto.
Desde Posadas, relatos en primera persona: las cuentas que no cierran; los agujeros que la propia comunidad venía tapando desde hace años (“No podemos comprar comida para la escuela, porque ya no podemos comprar ni para la olla propia”); la actitud política local y nacional frente a la pobreza; el feudalismo; la escasa cantidad y mala calidad de alimentos que reciben las y los chicos. Una imagen de lo que pasa: “Damos un mate cocido y una galleta; y como las galletas nunca alcanzan, las partimos mínimo en dos: entera no la podemos dar nunca”.
Crónica de otro día movido en Misiones, donde se ve un reflejo de la decadencia política, el deterioro social y la organización como única salida frente a una crisis profunda.
Por Francisco Pandolfi desde Misiones. Fotos de Lina Etchesuri.
Esta crónica no arranca en Posadas, ni en la frontera imaginaria en que Corrientes le deja paso a Misiones viajando por la ruta 14 desde el sur hacia el norte. Esta crónica empieza en el micro semi-cama que sale del barrio porteño de Retiro: Hugo Alegre, un trabajador de la seguridad privada, está sentado en uno de los últimos asientos. Quizá sea por su vozarrón, o porque tiene bronca o quizá un poco y un poco, pero a Hugo se lo escucha desde todo el bondi: dirá que sus compañeros están cobrando salarios “como en África”, y que ese salario “es de 200 mil pesos” y que en Buenos Aires un trabajo similar “se paga cuatro veces más: 800 mil”.
Al ratito nomás, le cuenta a lavaca que está viajando a la capital misionera para apoyar a sus compañeros del gremio de vigilancia privada 17 de Octubre

Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca
Horas después, ya en plena madrugada del miércoles, la Policía que acampaba desde hacía más de una semana a metros de las y los maestros levanta la protesta. Es la misma policía que había prometido no abandonar la protesta hasta que el incremento de sus salarios fuera del 100%; que iba a luchar en conjunto con el cuerpo docente; y cuyo vocero Ramón Amarilla había afirmado –con llamativa seguridad– que si el gobierno no daba una respuesta a lo exigido la situación se iba “a agravar” y que además se quedarían “hasta las últimas consecuencias”. Según consta en el acta firmada esa policía acordó un aumento de $15.521, además de la amnistía para que los efectivos protestantes (ahora ex-manifestantes) no sean sumariados.
Con esta módica suba (que representan aproximadamente dos kilos de asado), el sueldo inicial de un agente llegará a los $620 mil.
Hugo se entera del pacto Policía–Gobierno justo antes de bajarse en Posadas y de cómo la fuerza de seguridad festejó el acuerdo. Se escucha su vozarrón: “Seguimos aplaudiendo a nuestros verdugos, que nos hacen vivir en condiciones de esclavitud”.


Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca
Cómo se vive en un feudo
A lavaca la recibe el miércoles a la mañana una nueva marcha docente, esta vez dirigida hacia la Legislatura provincial. Es la enésima movilización si se tiene en cuenta no sólo a las últimas semanas, sino a un reclamo salarial que lleva años. Y cuando se dice años no es una tergiversación ni una exageración: son años de sueldos por el subsuelo. “Estamos así porque hay una política de hace 20 años del Frente Renovador (de la Concordia Social) que agravó Milei en la última etapa y que terminó de quitarnos derechos y salarios, de robarnos los sueños”, relata Mónica Gurina, docente desde hace 31 años y secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones. “Este es un proceso provincial y nacional que nos deja en la indigencia y en la pobreza. Lo que hizo la Policía nos abrió el cerco mediático, porque nadie sabía que nosotros hicimos paro 70 días el año pasado; nadie se enteró tampoco que no hubo clases a principio de este año con paros de 24 y 48 horas, además de cortes de ruta y toma de ministerios. La Policía posibilitó que los medios vinieran acá y le cuenten al país que esta hermosa provincia de las Cataratas, del Moconá, de la selva, tiene gente empobrecida”, cierra Gurina.
Una de las que camina hacia la Cámara de Representantes es Carmen Torres. Pese a que sugiere dialogar con su hermana Susana (ambas maestras), porque ella “habla mejor”, se anima a hablar: «Hace años que venimos mal, aunque todo empeoró sin paritarias provinciales y con los tarifazos del gobierno nacional. Tenemos sueldos de indigencia, sí, y una fuerza y una unión impresionante».
Susana, como su hermana, es docente de la escuela 729 de Posadas, en el empobrecido barrio Yaciretá. Está llevando una enorme bandera celeste y blanca. No lo hace sola. Un telón de casi una cuadra de largo, sostenido en caravana, con firmeza, por cientos de personas en guardapolvo tapados por el frío de un otoño autopercibido invierno. “Nosotros también tenemos la culpa”. Susana hace una pausa incómoda. Luego invita a pensar: “Fuimos responsables de haber tapado el agujero que dejaban los gobiernos, arreglando nosotros mismos los techos, los vidrios; no tenemos ni libretas y entonces vamos y las compramos. Hace años que esto es así, lo que cambió es que ahora ya no nos alcanza ni para sostener nuestras casas. No podemos comprar comida para la escuela, porque ya no podemos comprar ni para la olla propia. Estamos en la lona y viviendo en un feudo”.


Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca
El diámetro de la galletita
Durante toda la movilización hay un ruido ensordecedor: se multiplican los bocinazos de los autos que apoyan la marcha, así como los propios instrumentos que llevan los docentes para seguir despabilando a quien todavía no la vio.
Leandro Sánchez es docente de la escuela 608 de Puerto Panambí, lindante a la frontera con Brasil. Enmarca el contexto que va más allá de la lucha salarial, punto central del conflicto actual: “Hay tres ejes que generan que se haga inviable la vida. Además de lo salarial, por un lado hay obras edilicias en las escuelas paradas desde noviembre pasado. Por el otro, es gravísimo lo que sucede con la comida”.
–¿Qué sucede?
–Para garantizar el desayuno y el almuerzo, el gobierno provincial le da a cada escuela 220 pesos por día por alumno.
Marta y Claudia, maestras en un colegio del municipio de Garupá, a las afueras de Posadas, confiesan que están cansadas, que llevan a cuestas un desgaste emocional. Más datos sobre la mala alimentación: “Para hacer una copa de leche nos dan 100 pesos por día por chico. ¿Qué hacemos con esa plata? Nada”. Entonces hacen por demás: “Rifas, pastelitos, o lo que haga falta para juntar la plata y aunque sea puedan desayunar”.
Viviana, también maestra en Garupá, describe en una ronda en donde todos los ojos se angustian porque no naturalizan lo que pasa y lo que pesa: “Damos un mate cocido y una galleta; y como las galletas nunca alcanzan, las partimos mínimo en dos. Entera no la podemos dar nunca”. ¿Son muy grandes? “No, ponele 7 centímetros de diámetro”. Agrega: “Muchos días no damos el almuerzo porque no hay; y cuando sí, el alimento no varía y menos que menos es nutritivo”.


Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca
Señor de las tres décadas
Al llegar a la casa legislativa, la multitud empieza a gritarle directo a Carlos Rovira, quien maneja los hilos políticos de la provincia desde hace casi 30 años. Fue intendente de Posadas entre 1995 y 1999; gobernador de Misiones de 1999 a 2007 y desde ese año hasta hoy Presidente de la Cámara de Representantes del distrito que lo vio nacer como pichón y delfín de Ramón Puerta.
Rovira impulsó el Partido Renovador de la Concordia Social, un espacio que logró la rara avis de atraer a peronistas y radicales, y que en general siempre se mantuvo cercano al gobierno nacional de turno. El vínculo con la gestión actual no es la excepción. Este frente gobierna ininterrumpidamente la provincia desde 2003, con una nómina no tan variada: el segundo mandato del propio Rovira; dos periodos de Maurice Closs; Passalacqua; Herrera-Ahuad, y de nuevo Passalacqua, mandatario actual y familiar de Rovira, al estar casado con su prima hermana.
(Los pedidos de entrevista al gobernador provincial así como al vocero policial no fueron respondidos).
Desde la puerta del recinto, los docentes gritan hacia arriba: “Tiene miedo, Rovira tiene miedo”, apuntan las gargantas a quien consideran el máximo responsable de los salarios miserables. Son los mismos gremios docentes que el 25 de mayo pasado, y por primera vez en la historia, movilizaron directamente a la casa del “señor feudal”, como lo llaman.
A través del megáfono, exigen a los diputados que les permitan ingresar a la reunión de la comisión de educación. “No está en el plan de la labor del día”, argumentan los legisladores que se niegan a recibirlos. La respuesta no tarda en llegar, en forma de canción: “Somos docentes, no somos delincuentes”.



Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca
Entre ranchos y letrinas
El gobierno provincial asegura que no tiene más plata, en sintonía con el combo motosierra y licuadora del gobierno nacional. Existe la promesa de que el sábado los reciba el Consejo General de Educación en la localidad de Eldorado. “Veremos si se da finalmente. Sabemos bien cómo se maneja el gobierno provincial y también que nosotros estamos dispuestos a la radicalización de la protesta, así que deberán bancarse las consecuencias. La bronca de la gente viene desde hace tiempo pidiendo mejores salarios. Esperemos que el diálogo se dé, y si no se dan los resultados que queremos, el reclamo va a continuar”. ¿Alcanza con la suba salarial? “Deben arreglar las escuelas y activar las obras que faltan; además de construir nuevas escuelas”.
Estela Genesini es la secretaria general de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM). Plantea un contexto intolerable: “Esta provincia se cae a pedazos; hay escuelas donde llueve más adentro que afuera, hay paredes electrocutadas; no hay agua potable, no existen cloacas; colegios donde sigue habiendo letrinas, ranchos con los pozos ciegos a cielo abierto”.
Exequiel Ferreyra integra la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro y es maestro rural en cinco colonias. Problematiza: “En la educación rural se agudiza la precarización, porque por un lado está el contexto social complejo y por el otro las distancias, que hace muy difícil la movilidad ya que los caminos son muy feos”. Profundiza: “En la ruralidad sucede una ficción educativa”. ¿Cómo es eso? “Hay muy poca alfabetización, los chicos están muy atravesados por el trabajo rural; suele pasar que en estas épocas muchos de los gurises van a la cosecha de la yerba y algunos, en septiembre, a la de mandioca, por lo cual la realidad es que esos chicos no están escolarizados”. Sigue: “Acá entra la deserción escolar en secundaria. El promedio en la provincia está entre el 50 y el 60%, mientras que en la ruralidad llega al 80, 83%”.
Introduce otra arista: “También es una ficción por la plata que se ahorra el Estado. Por un lado, el diseño curricular dicta que funcionamos con pluriaños, o sea grados acoplados. Primero, segundo y tercero, juntos; cuarto y quinto también; a esto se le suma la reducción de la carga horaria. A ese ahorro se le suma que todas las secundarias rurales de la provincia de Misiones funcionan en edificios prestados de escuelas primarias o edificios abandonados, con las ventanas y las puertas rotas. Muchas clases las damos en ranchos, que son casas avejentadas y de madera”.
El desaire de la política no tiene continuidad en la calle. Cuando la movilización regresa al campamento donde las y los docentes permanecen desde el 21 de mayo, la gente sale a los balcones a aplaudir, a sacudir pañuelos blancos. Una señora que supera los ochenta les dice una palabra que abarca un montón: “Gracias”.

Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca
Lo que no cierra
En el acampe emplazado en la calle Uruguay hay fogoneros y garrafas; carpas y gazebos; pasacalles, cartulinas, telas de todo tipo, tamaño, color y grosor, con lemas claros y concretos: “La docencia no se vende”, “Recomposición salarial, ya”, “Nuestra profesión: somos docentes; nuestro sueldo: somos indigentes”. En la esquina, el acampe del sector de Pediatría. A cinco cuadras, la vigilia del resto de las y los trabajadores sanitarios, en la puerta del Ministerio de Salud. En todo el país, cortes, piquetes, reclamos varios de yerbateros, desocupados y distintas organizaciones sociales.
Explica Leandro Sánchez: “Hasta mayo, el mínimo de un maestro de grado inicial, sin antigüedad, era de 230 mil pesos; y 200 mil una bibliotecaria. A partir de junio, y sobre todo a partir de este plan de lucha, habrá un aumento del 34%. Aumento que la mayoría de los gremios no aceptamos, ya que exigimos el 100%. Hay profesores que tienen que dar clase en cuatro escuelas para intentar que les alcance la plata, pero ya están dejando el cargo que les queda más lejos porque es carísimo viajar”.
En poco más de un mes se cumplirán los 20 años de la inauguración en Misiones de la Central Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé, construida en el alto del Río Paraná entre Argentina y Paraguay. Para llegar a aquel 7 de julio de 1994, antes aconteció el desarraigo de muchas familias y la pérdida de territorio para la construcción de la represa. Y antes, también, una promesa se sembró a viva voz: como la central transformaría energía hídrica en energía eléctrica, la población de la provincia iba a pagar más barata la luz. Pero eso nunca sucedió. Y con la quita de subsidios a las empresas y los tarifazos del gobierno de Javier Milei, la situación social se recrudeció. “En la provincia, el que menos paga de luz son 100 mil pesos. Hay una compañera que es el único sostén de su familia, tiene dos hijos y le vino 164 mil, es una locura”, dice Estela Genesini, docente de matemáticas desde hace 32 años.
Su compañera se llama Lilian Quevedo, es profesora de educación física y acaba de terminar de cocinar para todo el campamento. “De almuerzo hubo pastel de papas, pero como no alcanzó hubo que sumarle unos fideos”, desliza, sonriendo, hasta que recuerda la factura eléctrica y ya no le quedan ganas de reir. “Cuando vi la boleta, lo primero que leí fue 16 mil, jamás me hubiera imaginado que eran 164. Mi sueldo era de 500 mil y 200 me salía el alquiler. O sea, pagamos las consecuencias de tener a Yacyretá, con lo que significó en el pasado y las seguimos pagando ahora, ya que se multiplican los mosquitos, las plagas y pagamos la luz más cara que en cualquier provincia”.
En ronda, hay nueve mujeres sentadas en reposeras. Son de diferentes escuelas y turnos, de diversas edades y gremios. Llueven cifras de la asfixia abrupta: “12 mil pagaba de luz y de repente me vinieron 100 mil”; “12 mil pagaba un tanque de combustible y ahora sale 60”; “De agua me vino 27 mil”; “El boleto sale 900 pesos”. De los números pasan a los cuerpos: “El gobierno dictaminó que para usar la SUBE ya no se usa la tarjeta sino solo la app. O sea, si no tenés celular tenés que pagar el doble. Hay dos hermanitos en la escuela que no tienen celular y que la mamá los está mandando sólo una vez por semana porque no puede pagar el boleto”.
Hay más Misiones: “En la escuela pública no existe gabinete psicológico. Si hay un chico con alguna discapacidad, no hay ninguna ayuda complementaria”. A contramano del tiempo, la temperatura de las palabras escalan: “No hay más margen. Estamos en una situación muy amarga, y el mate no tiene nada que ver”.


Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca
Manos arriba
A las seis de la tarde, después de una obra de títeres, empieza la asamblea docente del día para resolver los pasos que vendrán. “¿Quién modera? ¿Quién toma nota? ¿Quiénes se anotan en la lista de oradores?”.
Luego de las ponencias, se define a mano alzada cada punto:
–“Se vota por unanimidad sostener el acampe por unanimidad”.
–“Se repudia el Encuentro por la Paz y la Libertad, que desde los resortes gubernamentales se convocó (para este jueves a las 16) en apoyo del oficialismo, como si nosotros fuéramos quienes vulneramos a la democracia”.
Antes de cerrar la asamblea, llega una resolución del Juzgado de Instrucción 6: la apertura de una causa penal “por daños” a una docena de referentes docentes, sindicales y autoconvocados, en la movilización del jueves pasado a la Legislatura.
Minutos después, agentes policiales aparecen en el acampe para notificar sobre la causa. Esa misma Policía que hasta hace pocas horas era aliada.
Alza la voz Estela: “Sabíamos que la Policía iba a arreglar y que el gobierno los iba a priorizar a ellos porque son quienes tienen las armas, un elemento de mayor presión. Para nosotros no cambia nada esa decisión: estamos acostumbrados porque luchamos en soledad toda la vida y así lo seguiremos haciendo, con nuestras propias armas: las tizas y los borradores”.
Ante la persecución judicial, se propone otra moción para profundizar la lucha:
–Se convoca a una gran Jornada Provincial por la Dignidad de Misiones, este jueves en todas las localidades del país.
Cientos de manos alzadas aprueban la iniciativa por unanimidad.
Con la docencia a la cabeza, el pueblo de Misiones sigue en asamblea permanente.

Nota
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: