“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

• ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
• SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
• Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
• ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
• ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

• Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
• Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
• Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Informe mensual del Observatorio de Violencia Patriarcal. Los números del 2024: 158 femicidios y travesticidios, 180 movilizaciones contra la violencia, 52 desaparecidas, 16 infancias asesinadas, 87 huérfanxs y 502 funcionarios denunciados por violencia.

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 158 femicidios y travesticidios en todo el país. Durante el último mes, junio, fueron 22 femicidios.

Como resultado de los 158 femicidios y travesticidios registramos además 87 huerfanxs por femicidios. Y 180 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal. Además 117 tentativas de femicidios. Y llevamos 1236 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?.

No son cifras: es la cartografía de la violencia patriarcal.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Toda la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

Daniela Calarco es la única mujer (junto a cuatro hombres: Daniel Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto de la Cruz Gomez) que queda detenida por la cacería de la Ley Bases. La procesaron -y embargaron- porque supuestamente dañó las bicicletas de la Ciudad, aunque en el propio procesamiento la jueza Servini confunde situaciones y mantiene en línea de hipótesis que haya sido Daniela la autora de los hechos. La versión de su compañera, en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, sobre lo que verdaderamente pasó: “Apuntan a ella como blanco público porque es referente, y lo enmarcamos en un proceso de persecución política y mediática”. La tortura que está sufriendo la referente del MTR en la cárcel: sin comida, fue paseada por distintas comisarías, y presionada para firmar una probation (un juicio abreviado, con condena). Quién es Daniela, y por qué la detuvieron. 

Por Lucas Pedulla

Emilia Manazza marcha con las Madres de Plaza de Mayo en el típico jueves de ronda, aunque esta vez es especialmente masivo. El feriado ayuda, y los efectos de una semana tremenda cargada por la cacería del Gobierno motivan a salir, marchar y cantar, como se canta ahora entre cientos de personas: “Libertad a los presos por luchar”. 

Emilia canta a viva voz, con un cartel que también grita una urgencia: “Libertad ya!! A Daniela Calarco. Luchar no es delito”. Es que Patricia Daniela Calarco Arredondo, o simplemente Daniela -como le llaman sus compañeras-, su pareja, es una de las cinco personas que quedaron detenidas, procesadas con prisión preventiva por la jueza María Servini, de las 33 detenciones originarias.

Daniela, además, es la única de las mujeres que quedó presa.

En el auto de procesamiento de 60 páginas que la jueza Servini firmó el martes 18 de junio -en medio de la concentración en Plaza de Mayo convocada por las familias que empujó la liberación por falta de mérito de las 11 personas ese día-, sobre Daniela marca que “siendo las 17.50 horas aproximadamente el día 12 de junio del corriente año, la nombrada fue demorada en la calle Chile 1123, de esta ciudad, a raíz de un alerta del Centro de Monitoreo Urbano ya que habría sido captada cometiendo hechos ilícitos, específicamente prendiendo fuego las bicicletas situadas en la plaza Congreso de la Nación”.

Emilia marca que la desconcentración había empezado antes. Ambas habían ido juntas, con otras compañeras del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR, organización en la que militan en barrios), a participar de las protestas contra la ley, como otras organizaciones sociales, partidos políticos, gremios de la CGT y las CTA, jubilados, asambleas y gente suelta y autoconvocada. Emilia cuenta que empezaron la desconcentración al momento en el que lo hicieron el grueso de las columnas, cuando los hidrantes de las fuerzas de seguridad avanzaban sobre la plaza, en medio de la humareda provocada por el incendio del móvil de Cadena 3, realizado por infiltrados que Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad o Federal vieron y no quisieron detener. Pero la represión ya se había desatado.

Dice Emilia: “La desconcentración fue a fuerza de balas de goma, con policías en moto. Es difícil caminar con tranquilidad cuando te disparan y encima tiran gases, incluso desde edificios en Avenida de Mayo como se vio en algunas imágenes. Hasta le hice de lazarillo a Dani, porque ella no podía ver. Doblamos por 9 de Julio e intentamos resguardarnos en el McDonalds. Fueron menos de dos minutos. Salimos y un personal de civil la manotea y la detiene, casi un secuestro. Era un masculino, tenía polar, buzo negro, jean y zapatillas de treking. No estaba identificado. Entre treinta y cuarenta minutos tardó en hacerse presente el personal femenino. Incluso ya reducida ella, y esposada a la reja de una pinturería que está a la vuelta, hubo situaciones de abuso de autoridad: la apoyaron y le metieron la mano en su torso, ya detenida. En la denuncia queremos hacer hincapié en que la tocaron en esa situación de total vulnerabilidad”.

Procesada y embargada

En la causa figura que el nombre del policía que la detuvo es Marcos Rodríguez, jefe de servicio externo de la Comisaría Vecinal 1B, en el móvil 601. Servini dice que de acuerdo a “las fuentes abiertas consultadas”, la policía visualizó en Daniela una persona acorde a la vestimenta que había denunciado el Centro de Monitoreo: calza color negro, buzo amarillo, antiparras negras, máscara doble filtro, riñonera, “y una botella transparente con líquido en el interior, con la que se ve estimulando el foco ígneo ubicado bajo las bicicletas del Gobierno de la Ciudad situadas en la Plaza de los dos Congresos”. Emilia dice: “Esa botellita, en realidad, era de agua, porque Daniela estaba tratando de apagar el fuego. Incluso en el video se ve que hay otro señor que patea para desarmar el incendio”.

En el procesamiento también dice que, en las requisas, le secuestraron una botella con la inscripción “bialcohol”. Emilia aclara: “Lo llevamos como práctica de higiene que nos quedó por la pandemia. Yo, por ejemplo, lo llevo en forma de aerosol”.

Sin embargo, a partir de las imágenes y el parte policial, Servini afirma que Daniela ocasionó “daño en un bien de uso público, afectándolo de este modo, e incitando así a la violencia colectiva contra las instituciones suscitando tumultos y desórdenes y erigiéndose en un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática”. En el encuadre jurídico, la jueza además considera que “la conducta (de Daniela) ha tenido como finalidad crear una situación de peligro común”, que las bicicletas son un “bien de uso público”, aunque luego afirma que la militante colocó “un dispositivo explosivo entre las camionetas afectadas”, emparentando, o confundiendo, las fotos de las bicicletas con los del móvil de Cadena 3. Por todo eso, Servini la procesa y la considera “coautora penalmente responsable del delito de incendio en concurso ideal con daño, agravado por haberse afectado un bien de uso público”, y también por “intimidación pública”. A Daniela, y también a los otros cuatro detenidos, les trabó un embargo por 500 mil pesos.

Hambre y re-presión

Por recomendación de su abogado, Daniela no declaró durante las indagatorias. Emilia cuenta que el miércoles, ya con el procesamiento en curso, vivieron una situación de tensión: “Fue angustiante, porque a las cinco de la mañana la llevaron con presos y presas comunes a Comodoro Py, entre comillas, ‘a declarar’. El abogado había ido a verla a Ezeiza, pero ella no estaba ahí: no lo habían notificado del traslado y no nos podíamos comunicar. Estuvo todo el día esposada, sin explicarle por qué, intentando intimidarla y meter miedo. Recién a las diez menos cuarto de la noche, compañeros del Comité contra la Tortura nos confirmaron que había vuelto a la misma celda en Ezeiza. Durante todo el día no supimos nada: estuvo incomunicada, sin comer, y apenas le daban agua”.

Emilia explica el objetivo: “Amedrentarla. Intentaron hacerle firmar un papel para cambiar de abogado: ella se negó. Lo único que se nos ocurre es que querían hacerlo para que firme una probation”. La probation es la suspensión del juicio a prueba, una forma de extinguir la acción penal, pero reconociendo los actos imputados: en este caso, Daniela tendría que haber firmado aceptando las imputaciones por las que Servini la procesó. “Ella no lo hizo -subraya Emilia-. Pero esta movida también nos da una perspectiva de que quieren resolver el tema de alguna forma, pero no es lo mismo, porque así la causa te queda”. Se pregunta: “¿Qué motivo tiene reconocer algo que no hiciste? Quieren que le quede la causa”.

No fue el único amedrentamiento que sufrió Daniela estos días. Como declararon las familias de todas las detenidas durante la semana, a todas las subieron el miércoles de la detención a un celular policial y las “pasearon” esposadas por toda la Ciudad durante toda la noche. Recién al jueves la llevaron a la comisaría 15, donde siguieron esposadas, sin comida ni agua, en un pasillo. El viernes, Servini excarceló a las primeras 17 personas, pero Daniela y las otras mujeres (María de la Paz Cerruti, Camila Juárez, Sasha Lyardet, Lucía Puglia y Ramona Tolaba) fueron trasladadas a Ezeiza. El martes liberaron a todas, menos a Daniela.

Dice Emilia: “Es la única mujer que quedó detenida. Apuntan a ella, como blanco público, porque es referente, y lo enmarcamos en este proceso de persecución política y mediática”.

Quién es Daniela

Daniela tiene 39 años y es del Barrio Hipódromo de Mar del Plata. Allí comenzó su militancia, en contra de las fumigaciones agrotóxicas en el territorio. “Su situación laboral era súper precaria”, dice Emilia. Antes de venirse a vivir ambas a la zona sur del conurbano bonaerense, Daniela trabajaba de camarera en un salón de fiestas de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) y también hacía temporadas en otro hotel sindical. Al mudarse al Gran Buenos Aires, Daniela consiguió trabajo en el exMinisterio de Desarrollo Social, hoy subsumido en el cuestionado Ministerio de Capital Humano. Fue despedida en marzo.

Emilia: “Daniela es una compañera súper consciente, y lleva su militancia más allá de la situación de precarización laboral en el movimiento. Trajo las luchas ambientales, y también militamos mucho por la legalización del aborto. Ama el cine, la literatura. Es vegetariana y ama la vida en todos sus aspectos. Este año acompañamos también muchas luchas, desde las movidas en el Congreso contra los despidos en Télam a las rondas que hacen los jubilados todos los miércoles. Sabemos que la lucha es transversal y su proyecto de vida está atravesado por esa transversalidad, en organizarse por un mundo más justo”.

Emilia agradece el apoyo de familiares, organizaciones sociales y sindicales, y organismos de derechos humanos que siguen exigiendo la liberación. En la plaza, junto a las Madres Línea Fundadora y antes de ella, habló Silvia, la mamá de Camila Juárez, y dijo que su hija estaba “muy preocupada” por Daniela, porque en prisión se habían hecho amigas, y convocó a mantener la unidad que lograron las familias estas semanas: “Del otro lado tenemos algo muy perverso -dijo Silvia-. Convoco a continuar la unidad porque esto recién empieza. Esta familia que formamos tiene que continuar más unida y fuerte que nunca”.

Emilia resalta a lavaca: “El accionar del Gobierno es un plan y lo defienden a viva voz, y somos concientes de que estas cosas pueden pasar. Es parte del plan de ajuste y las movilizaciones van a seguir, también las causas armadas. Por eso hay que profundizar la solidaridad con cada compañero. La solidaridad es lo que nos sostiene”.

Y dice una vez más, con la fuerza del cartel que muestra delante de sus ojos clarísimos: “Libertad a Daniela Calarco ya”.