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Marcha de jubilados: lo que une el espanto
Dos fotoperiodistas detenidas. Seis personas heridas. ¿Cuál es la causa de la tendencia represiva creciente, y en particular contra la prensa? Lo que plantean quienes monitorean la violencia policial, con cifras concretas, a cinco meses del ataque al fotógrafo Pablo Grillo que este miércoles volvió a ser operado. Mientras tanto, en Congreso se volvió a marchar: las divisiones entre diversos grupos, y lo que los une como sector que sigue siendo símbolo de movilización en estos tiempos. ¿Cómo se vive hoy? El combate a la naturalización, datos sobre emperadores, el diálogo trans con un medio oficialista. Vetos, votos y una pregunta: “¿Nos pueden entender?”.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
“Estamos acá porque le tenemos más miedo al hambre que a la represión”.
Quien habla es Gladys, 63 años, enfermera jubilada del hospital Rawson. Lo dice pasadas las 3 de la tarde, ni bien había arrancado la concentración de jubiladas y jubilados para exigir el “no al veto” del gobierno de Javier Milei a la módica suba de los haberes que en realidad no es una suba sino devolver ese 7,2% arrebatado con el shock inflacionario que generó al asumir.
En Congreso, dos horas después, pasará lo de siempre y lo que nunca podrá naturalizarse: la represión policial, en este caso acompañada de dos detenciones arbitrarias por parte de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Rodríguez Peña y Bartolomé: Camila Luciana Rey, fotógrafa y Yazmín Orellano, ambas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron capturadas al voleo.
Camila Luciana Rey y Yazmín Orellano. El momento de la detención «al voleo» en Congreso, y la imagen de la policía llevándolas en la comisaría. Fueron liberadas después de las 22 horas.
El puñado de fotógrafos y periodistas que presenciaron el hecho afirmaron: “Las cazaron”. Minutos después, la fuerza de seguridad porteña se las llevó en una camioneta a Combate de los Pozos 155. Luego fueron trasladadas a la comisaría de Tacuarí e Independencia. Las acusan de “lesiones”, “atentado y resistencia a la autoridad”. Después de las 22 ambas fueron liberadas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó seis personas heridas en dos eventos represivos de la tarde. La tendencia: hasta fines de junio, la CPM había registrado en seis meses 130 detenciones arbitrarias contra 93 del 2024. En el mismo período, las personas heridas también superaron a todas las del año pasado: 1.251. Entre ellas hubo 179 trabajadoras y trabajadores de prensa. El informe completo puede leerse aquí: https://www.comisionporlamemoria.org/project/informe-especial-represion-de-las-fuerzas-de-seguridad-a-las-manifestaciones-publicas/
Rodrigo Pomares, del Centro Provincial de la Memoria, planteó a lavaca: “Hay una preponderancia en la represión hacia los sectores de los medios y fotoperiodistas, y un límite muy concreto al desempeño de los medios de comunicación y en algunos casos de quienes cubrimos las manifestaciones con el objetivo del monitoreo”.
Para Pomares “La motivación más evidente es que quieren evitar el registro de las represiones y que se puedan reconstruir luego las secuencias de la represión como ocurrió en el caso de Pablo Grillo y tantos otros. El registro de la prensa y de quienes estábamos monitoreando permitió reconstruir lo que pasó, y aportar esos datos a la justicia. Eso es lo que parece evidente que quieren evitar”.
Otra operación a Pablo Grillo
Este martes se cumplieron cinco meses del miércoles 12 de marzo, cuando durante otra represión a la marcha de jubilados, el gendarme Héctor Guerrero le disparó de forma totalmente ilegal una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo. El impacto dirigido a su cabeza casi lo mata y perdió parte de la masa encefálica. Este miércoles a la mañana, Pablo fue operado con éxito una vez más: esta vez, le colocaron una prótesis en la cabeza (dos placas en ambos hemisferios). “La operación duró tres horas y salió bien, ahora hay que esperar la evolución”, dijo Fabián, su papá. El gendarme Guerrero, autor material de ese disparo, recién será indagado el próximo 2 de septiembre.
Dice Ana María, 72 años, durante la marcha: “Se está normalizando lo que jamás se debe hacer normal. Hoy prendés la tele y escuchás: ‘Otro miércoles más que les pegan a los viejos’. Todo al revés. No se puede naturalizar que se le pegue a nadie”.
Divisiones y reflexiones
El modus operandi de las Fuerzas de Seguridad genera efectos colaterales. A la represión concreta, literal, manifiesta, visible –granadas, gases, camiones hidrantes, palazos– se le suma la silenciosa, la invisible, la que divide para reinar: las fragmentaciones que se generan –o potencian– internamente entre las múltiples organizaciones de jubilados.
Hoy, mientras Jubilados Insurgentes terminaba de marchar alrededor del Congreso y doblaba en Rodríguez Peña, parte de las Mesa de Organizaciones caminaba por Hipólito Yrigoyen, mientras que otro grupo permanecía parado frente al Congreso.
Mario es un jubilado que todos los miércoles da el presente. «Más allá de las divisiones hay que tener plena conciencia de que el enemigo es uno solo: el gobierno, y el plan criminal que está aplicando. Hay que pensar mucho más en la unidad porque con ella vamos a poder conseguir disminuir la intensidad del ajuste».
Betty, 65 años, es enfermera jubilada del hospital Penna. Habla sobre la fragmentación notoria: “Vengo acá para sumar un granito de mostaza para conquistar nuestros derechos como jubilados, más allá de las organizaciones a la que cada uno represente. Yo soy autoconvocada y vengo por lo mal que la estoy pasando. Tenemos que defendernos con nuestras tristezas y con nuestras experiencias, que valen un montón”.
¿Cómo se vive en estos días? “Con los 350 mil pesos que cobro no llego a comer todos los días. Espero que este gobierno se vaya pronto y no lo digo porque sí: estoy viviendo mal, estamos viviendo mal, ¿me pueden entender? ¿nos pueden entender?”.
Un poco más allá estaba Vic, trans que había llegado desde Parque Patricios. “Vine a apoyar la lucha de los jubilados porque es una lucha contra el odio la que nos une”. Se acercó un periodista de La Nación + preguntándole si es jubilada.
Vic fue notablemente ilustrativa en su respuesta: “No. Soy odiada y hambreada y solidaria como ellos”.
Lo que no cambia
Gladys y Betty, las enfermeras jubiladas, vienen cada miércoles porque las une la bronca a esta gestión nacional. Como a tantos otros, y como decía Jorge Luis Borges, no los une el amor sino el espanto.
Hay otro punto de unión: la injusticia que están viviendo. Gladys: “Si no venimos, si no nos hacemos escuchar, van a creer que está todo bien, que estamos conformes, y no es así. Tenemos haberes miserables, mientras los legisladores cobran 9 millones, es una vergüenza”. Y subraya: “Esta vida es una vergüenza, parece como si quieran matarnos”.
Jubilada y un arma novedosa: pompas de jabón.
Betty la interrumpe: “Es que sí, nos quieren matar. Milei es un déspota, un criminal, que se complace en sacarnos a los pobres lo poco que tenemos”. Se hace una pregunta: “¿Cómo se explica, si no, que pretenda que vivamos con 350 mil pesos? Seguro que para mantener a esos perros grandes que tiene gasta mucho más que eso. Es un atorrante”.
Más allá de la represión policial (primero las fuerzas federales y desde hace tres miércoles la Policía de la Ciudad) y las divisiones de las organizaciones de jubiladas y jubilados, hay algo que no cambia: la convocatoria permanente cada miércoles a las 15 frente al Congreso de la Nación, potenciada desde hace diez días cuando Javier Milei vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones y el retorno de la moratoria previsional. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima sigue desplomada, en $ 314.243,51.
Manuel, 75 años, cuenta por qué sigue viniendo: “El objetivo común es ponerle un freno a Milei, que está haciendo padecer a la Argentina. Debe entender que es el Presidente, no un emperador como pretende ser, que no acata las leyes ni las instituciones”.
¿Cómo se lo frena? “Como creo que en la democracia, el parate a Milei debe hacerse en las urnas y para eso hay que hablar con cada persona, crear conciencia, seguir desmintiendo todas las barbaridades que dice. Por eso también estamos hoy acá y seguiremos estando”.
Manuel lleva un cartel que dice: “Milei vetó, nosotros votemos”. Y lo firma “un viejo meado”.
Cierra, hasta el próximo miércoles: “No nos quedemos en casa, es la única manera de cambiar esto”.
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Córdoba contra la reforma laboral
Córdoba amaneció este jueves paralizada y movilizada desde la madrugada y hasta después del mediodía. Cortes simultáneos y coordinados bloquearon los accesos a la ciudad desde las 6 de la mañana mientras se nutrían las columnas gremiales que marcharon hacia el centro cívico, que un cordón policial mantuvo aislado para impedir la concentración.
Se improvisó entonces un escenario desde un camión desde el cual Mariana Mandakovic, representante de Cispren –sindicato de prensa cordobés– y secretaria adjunta de la CTA, leyó uno de los dos documentos que sintetizan las exigencias de cuarenta organizaciones sindicales de todo el país. “El único antecedente similar a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei tuvo lugar en 1976, con la dictadura cívico militar”, denunciaron.
El palco del acto en Córdoba. (Fotos: prensa del sindicato de Aceiteros).
Entre los puntos conflictivos que la reforma laboral propone, destacaron: ruptura del sistema de negociaciones colectivas, restricciones al derecho de huelga, financiamiento de despidos con recursos del sistema de seguridad social y la institucionalización del techo salarial y los límites a las paritarias.
El otro documento estuvo dirigido al gobernador Martín Llaryora. “Las provincias están quebradas por culpa del programa económico de Milei y no por los trabajadores. No tiene que ser cobarde. Anímense a enfrentarlo”, exigieron.
El plan de acción contra la reforma laboral tendrá continuidad la próxima semana en Rosario con una movilización convocada a las 11 de la mañana del 10 de febrero. Para el día siguiente, miércoles 11, los gremios anunciaron un paro general, ya que el Senado votará el controvertido proyecto.
La movilización cordobesa fue convocada por la CGT y las dos CTA de la provincia y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) nacional. “No hay otra alternativa que la lucha y demostrar el descontento ante esta mal llamada reforma laboral que es totalmente regresiva. No tiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores”, sintetizó Rubén Urbano, secretario general de la UOM de Córdoba.
El cerco policial frente a la movilización.
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Represión contra jubilados: La debilidad de la fuerza
El Gobierno exhibió este miércoles un nuevo signo de debilidad al reprimir otra pacífica marcha de jubiladas y jubilados. Hubo cuatro personas detenidas, 35 heridas y dos debieron ser hospitalizadas. (En la imagen de portada se ve una de las dos detenciones que sufrió el cura Paco Olveira).
A una semana de la sesión en el Senado que discutirá la aprobación de la reforma laboral, la violencia desplegada contra personas mayores, con discapacidad y trabajadores y trabajadoras de prensa se entendió como el despliegue de un show destinado a disuadir una protesta cuyos alcances no prevé.
Foto: lavaca.org
De lo contrario, no puede entenderse el absurdo de cómo el sacerdote Paco Olveira fue detenido dos veces.
O la forma en la que se llevaron en un camión del Servicio Penitenciario Federal a Miguel Ángel, un jubilado con problemas en el corazón.
O la manera en la que dos oficiales federales se llevaban a Fernando Quintero, un jubilado con muletas, al que soltaron porque empezó a convulsionar.
La violencia y la arbitrariedad de cientos de efectivos (?) contra quienes se manifestaban puede ser leída como un síntoma de la fuerza y lo genuino del reclamo.
El temor estatal al registro de esos hechos también llevó a las fuerzas a pegar y gasear a periodistas y fotógrafxs que, durante la mañana, se habían movilizado al Senado para hacer una conferencia como acción en contra de la derogación del Estatuto del Periodista.
Luego de la escenificación de la violencia, la marcha se hizo como cada miércoles, y algunos siguieron para acompañar el cabildo realizado en el Hospital Garrahan en contra del despido y persecución a las y los profesionales que lucharon por la mejora de sus condiciones laborales. Como cada jornada, también cantaron contra la CGT («a dónde está que no se ve»), cuyo Consejo Directivo se reunirá este viernes para definir si realizará alguna acción de cara al miércoles que viene.
Foto: lavaca.org
Los datos de la violencia
La Comisión por la Memoria informó que cuatro personas fueron detenidas, más de 35 resultaron heridas y dos debieron ser hospitalizadas. Los principales párrafos del informe:
“Jubilados, personas con discapacidad y manifestantes fueron víctimas de un desproporcionado dispositivo de seguridad que contó con la presencia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de detención y motorizada de la Ciudad de Buenos Aires (GAM)”.
“La Policía Federal acorraló a los manifestantes en la esquina de Callao y Rivadavia y con empujones, golpes con escudos y gas pimienta, logró desalojarlos hacia el centro de la plaza. Posteriormente, la Policía Federal armó sucesivos cordones policiales que fueron apostados sobre Av. Rivadavia hasta Avenida de Mayo y San José, donde además ubicaron un camión hidrante, que evitaba totalmente el paso de personas hacia la zona de Congreso o 9 de Julio”.
“Cuatro personas resultaron detenidas: Miguel Ángel Caly, Ivo Enríquez, Francisco “Paco” Olveira y Fidel Tomas Bravo. Más de 35 personas resultaron golpeadas o heridas por gas pimienta, padeciendo irritación en los ojos y la piel; dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas por crisis convulsivas, previamente atendidas por CEPA y el equipo de monitoreo de la CPM”.
Foto: lavaca.org
“En nuestra calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura monitoreamos el despliegue de las fuerzas represivas y junto al @argentinacepa asistimos a las víctimas de la represión. Esta tarea de control forma parte de las actividades desarrolladas con el @cnpt_argentina y el @mlptcaba”.
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El Garrahan movilizado frente a las amenazas oficiales: «¿qué miedo vamos a tener?»
El gobierno amenazó con nuevos despidos en el Garrahan, que el año pasado había conseguido una histórica actualización salarial del 61%. La explicación de la situación, lo que dicen las madres de los niños internados, la importación de material de descarte como si fuese una gran noticia. Las acciones, el cabildo abierto, y cómo se organiza la posibilidad de poner límites frente a los atropellos.
Por Francisco Pandolfi
El Jefe de Gabinete del gobierno nacional –y también vocero–, Manuel Adorni, lanzó este martes un tweet como nueva avanzada contra el Hospital Garrahan. Amenazó con el despido de 10 trabajadores y sancionar a otros 29, muchos de los cuales estuvieron al frente de los reclamos en 2025.
En las peleas de ayer, se sustenta la amenaza de hoy: el año pasado los trabajadores lograron un aumento salarial –histórico, inusual– del 61% en el salario básico luego de meses de protestas, asambleas y 32 huelgas.
Como respuesta al (nuevo) amedrentamiento protagonizado por Adorni se convocó a una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía: “Nos castigan por defender al Hospital”, denunciaron en la explanada del Garrahan, símbolo de la salud pública argentina: se atienden anualmente más de 660.000 niños de todo el país, se realizan 12.000 cirugías complejas y se trata el 40% de los casos de cáncer infantil.
El sumario
En la conferencia, distintos delegados se pasan el micrófono, la palabra, las ideas, y la bronca.
Alejandro Lipcovich, administrativo y representante de ATE. Dice que el ataque es 100% político y decidido por la Casa Rosada. Y dice también que las autoridades del hospital son meros apéndices, “chirolitas” (por el antiguo muñeco de un ventrílocuo) de este poder de turno.
¿El origen del ensañamiento?: “Pocos días después de conseguir el aumento salarial se inició el proceso sumarial, que institucionalmente se supone es interno, que debe seguir una serie de pasos, que todavía no concluyó porque las personas acusadas de hechos ridículos ni siquiera habíamos sido notificadas”.
Los hechos ridículos: “Fuimos a protestar frente a la Dirección por algo tan elemental como nuestro derecho a huelga y que no nos descuenten el salario por ejercer un derecho constitucional. Atacan a los sindicatos y a los compañeros que estuvimos al frente porque el vaciamiento no cesa en el hospital, desamparando los tratamientos de los niños”.
Norma Lezana, nutricionista y Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos, hace 39 años trabaja acá: “Fuimos a la Dirección para pedir una mesa de diálogo, que alguien nos escuche; eso exigimos el 31 de octubre tras un año y cuatro meses sin respuesta. Lo que respondieron fue descontarle, a sueldos de un millón de pesos, hasta 600 mil. ¿Por qué? Por luchar ante una dirección sorda”.
¿Qué miedo vamos a tener?
Además de a Adorni, se apunta a Milei –Javier, presidente–. A Lugones –Mario, ministro de Salud–. A Pirozzo –Mariano, el interventor–. “Nosotros estamos en un proceso sumarial y el informe lo hace la sumariante Fernanda Marino, que depende del Consejo de Administración y del Poder Ejecutivo. Es escandalosa y grave esta terrible intervención del gobierno y el tweet de Adorni refleja que el proceso sumarial está totalmente viciado”, denuncia Lezana.
Agrega lo actual: “Presentamos un amparo sindical sobre el cual la justicia no se expidió, pero el Poder Ejecutivo ya determina que estamos cesanteados y deberían sacarnos los fueros, entonces no tenemos ninguna garantía. Nosotros todavía ni pudimos ejercer nuestro derecho a la defensa. Es pura arbitrariedad”.
Sentencia: “Lo que quieren hacer es privatizar nuestro hospital. Pirozzo viene acá a hacer su trabajo, lo mismo que hizo al despedir a más de 200 trabajadores del Bonaparte y más de 100 en el Sommer”.
Bárbara Acevedo es enfermera focalizada en la adolescencia. Lleva en la mano un cartel: “Abajo los sumarios, arriba el Garrahan”.
Dice: “Qué miedo vamos a tener contra las sanciones si sostenemos el hospital junto a las madres que todos los días enfrentan la enfermedad y la muerte de sus hijos; qué miedo vamos a tener si sostenemos esta realidad sobre nuestros hombros”.
Una de esas madres está acá y se llama Florencia, es de Tierra del Fuego y es la mamá de Simón. Simón está internado desde hace varios meses, tiene leucemia y acaba de recibir un trasplante de médula. Florencia dice, entre lágrimas: “Gracias a estos profesionales Simón está vivo, ellos le salvaron la vida en un momento en que el hospital se está quedando sin médicos, enfermeros, farmacéuticos”.
Importando lo que no funciona
Una de las enfermeras que conoce a Simón es Mercedes “Meche” Méndez, enfermera de Cuidados Paliativos del Garrahan. Pone el foco en otro tweet de Adorni, publicado este lunes: “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos. Fin”.
Meche dice a lavaca: “Es aberrante, criminal y ya lo vivimos en los noventa. Te mandan lo que en otros países del supuesto primer mundo está en desuso y no funciona bien. Implica una falta de seguridad absoluta, tanto para el profesional como para el paciente. No es una mejor calidad en la salud, al contrario. Nosotros debemos aspirar a un hospital con los mejores equipos, no el descarte. Esto es muy peligroso”.
Por la tarde, las y los trabajadores hicieron un cabildo abierto junto a distintas organizaciones para compartir distintas miradas sobre la reforma laboral que el gobierno aspira a que se apruebe en el Congreso.
Definieron hacer una asamblea interna el lunes y ahí determinar los pasos a seguir. Explica Norma Lezana: “No estamos cesanteados, ni suspendidos. Acá estamos, fuertes, en la lucha y en alerta. Ayer temblé cuando recibí la notificación y hoy, con esta convocatoria masiva, tengo la certeza de que acá hay valentía para pelear y seguir defendiendo el hospital”.
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