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Marcha de jubilados: lo que une el espanto

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Dos fotoperiodistas detenidas. Seis personas heridas. ¿Cuál es la causa de la tendencia represiva creciente, y en particular contra la prensa? Lo que plantean quienes monitorean la violencia policial, con cifras concretas, a cinco meses del ataque al fotógrafo Pablo Grillo que este miércoles volvió a ser operado. Mientras tanto, en Congreso se volvió a marchar: las divisiones entre diversos grupos, y lo que los une como sector que sigue siendo símbolo de movilización en estos tiempos. ¿Cómo se vive hoy? El combate a la naturalización, datos sobre emperadores, el diálogo trans con un medio oficialista. Vetos, votos y una pregunta: “¿Nos pueden entender?”.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

“Estamos acá porque le tenemos más miedo al hambre que a la represión”. 

Quien habla es Gladys, 63 años, enfermera jubilada del hospital Rawson. Lo dice pasadas las 3 de la tarde, ni bien había arrancado la concentración de jubiladas y jubilados para exigir el “no al veto” del gobierno de Javier Milei a la módica suba de los haberes que en realidad no es una suba sino devolver ese 7,2% arrebatado con el shock inflacionario que generó al asumir.  

En Congreso, dos horas después, pasará lo de siempre y lo que nunca podrá naturalizarse: la represión policial, en este caso acompañada de dos detenciones arbitrarias por parte de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Rodríguez Peña y Bartolomé: Camila Luciana Rey, fotógrafa y Yazmín Orellano, ambas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron capturadas al voleo.

Marcha de jubilados: lo que une el espanto

Marcha de jubilados: lo que une el espanto

Camila Luciana Rey y Yazmín Orellano. El momento de la detención «al voleo» en Congreso, y la imagen de la policía llevándolas en la comisaría. Fueron liberadas después de las 22 horas.

El puñado de fotógrafos y periodistas que presenciaron el hecho afirmaron: “Las cazaron”. Minutos después, la fuerza de seguridad porteña se las llevó en una camioneta a Combate de los Pozos 155. Luego fueron trasladadas a la comisaría de Tacuarí e Independencia. Las acusan de “lesiones”, “atentado y resistencia a la autoridad”. Después de las 22 ambas fueron liberadas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó seis personas heridas en dos eventos represivos de la tarde. La tendencia: hasta fines de junio, la CPM había registrado en seis meses 130 detenciones arbitrarias contra 93 del 2024. En el mismo período, las personas heridas también superaron a todas las del año pasado: 1.251. Entre ellas hubo 179 trabajadoras y trabajadores de prensa. El informe completo puede leerse aquí: https://www.comisionporlamemoria.org/project/informe-especial-represion-de-las-fuerzas-de-seguridad-a-las-manifestaciones-publicas/

Rodrigo Pomares, del Centro Provincial de la Memoria, planteó a lavaca: “Hay una preponderancia en la represión hacia los sectores de los medios y fotoperiodistas, y un límite muy concreto al desempeño de los medios de comunicación y en algunos casos de quienes cubrimos las manifestaciones con el objetivo del monitoreo”.

Para Pomares “La motivación más evidente es que quieren evitar el registro de las represiones y que se puedan reconstruir luego las secuencias de la represión como ocurrió en el caso de Pablo Grillo y tantos otros. El registro de la prensa y de quienes estábamos monitoreando permitió reconstruir lo que pasó, y aportar esos datos a la justicia. Eso es lo que parece evidente que quieren evitar”.  

Marcha de jubilados: lo que une el espanto

Otra operación a Pablo Grillo

Este martes se cumplieron cinco meses del miércoles 12 de marzo, cuando durante otra represión a la marcha de jubilados, el gendarme Héctor Guerrero le disparó de forma totalmente ilegal una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo. El impacto dirigido a su cabeza casi lo mata y perdió parte de la masa encefálica. Este miércoles a la mañana, Pablo fue operado con éxito una vez más: esta vez, le colocaron una prótesis en la cabeza (dos placas en ambos hemisferios). “La operación duró tres horas y salió bien, ahora hay que esperar la evolución”, dijo Fabián, su papá. El gendarme Guerrero, autor material de ese disparo, recién será indagado el próximo 2 de septiembre.

Dice Ana María, 72 años, durante la marcha: “Se está normalizando lo que jamás se debe hacer normal. Hoy prendés la tele y escuchás: ‘Otro miércoles más que les pegan a los viejos’. Todo al revés. No se puede naturalizar que se le pegue a nadie”. 

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Divisiones y reflexiones

El modus operandi de las Fuerzas de Seguridad genera efectos colaterales. A la represión concreta, literal, manifiesta, visible –granadas, gases, camiones hidrantes, palazos– se le suma la silenciosa, la invisible, la que divide para reinar: las fragmentaciones que se generan –o potencian– internamente entre las múltiples organizaciones de jubilados. 

Hoy, mientras Jubilados Insurgentes terminaba de marchar alrededor del Congreso y doblaba en Rodríguez Peña, parte de las Mesa de Organizaciones caminaba por Hipólito Yrigoyen, mientras que otro grupo permanecía parado frente al Congreso.

Mario es un jubilado que todos los miércoles da el presente. «Más allá de las divisiones hay que tener plena conciencia de que el enemigo es uno solo: el gobierno, y el plan criminal que está aplicando. Hay que pensar mucho más en la unidad porque con ella vamos a poder conseguir disminuir la intensidad del ajuste».

Marcha de jubilados: lo que une el espanto

Betty, 65 años, es enfermera jubilada del hospital Penna. Habla sobre la fragmentación notoria: “Vengo acá para sumar un granito de mostaza para conquistar nuestros derechos como jubilados, más allá de las organizaciones a la que cada uno represente. Yo soy autoconvocada y vengo por lo mal que la estoy pasando. Tenemos que defendernos con nuestras tristezas y con nuestras experiencias, que valen un montón”.

¿Cómo se vive en estos días? “Con los 350 mil pesos que cobro no llego a comer todos los días. Espero que este gobierno se vaya pronto y no lo digo porque sí: estoy viviendo mal, estamos viviendo mal, ¿me pueden entender? ¿nos pueden entender?”.

Un poco más allá estaba Vic, trans que había llegado desde Parque Patricios. “Vine a apoyar la lucha de los jubilados porque es una lucha contra el odio la que nos une”. Se acercó un periodista de La Nación + preguntándole si es jubilada.

Vic fue notablemente ilustrativa en su respuesta: “No. Soy odiada y hambreada y solidaria como ellos”.

Marcha de jubilados: lo que une el espanto

Lo que no cambia

Gladys y Betty, las enfermeras jubiladas, vienen cada miércoles porque las une la bronca a esta gestión nacional. Como a tantos otros, y como decía Jorge Luis Borges, no los une el amor sino el espanto.

Hay otro punto de unión: la injusticia que están viviendo. Gladys: “Si no venimos, si no nos hacemos escuchar, van a creer que está todo bien, que estamos conformes, y no es así. Tenemos haberes miserables, mientras los legisladores cobran 9 millones, es una vergüenza”. Y subraya: “Esta vida es una vergüenza, parece como si quieran matarnos”. 

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Jubilada y un arma novedosa: pompas de jabón.

Betty la interrumpe: “Es que sí, nos quieren matar. Milei es un déspota, un criminal, que se complace en sacarnos a los pobres lo poco que tenemos”. Se hace una pregunta: “¿Cómo se explica, si no, que pretenda que vivamos con 350 mil pesos? Seguro que para mantener a esos perros grandes que tiene gasta mucho más que eso. Es un atorrante”. 

Más allá de la represión policial (primero las fuerzas federales y desde hace tres miércoles la Policía de la Ciudad) y las divisiones de las organizaciones de jubiladas y jubilados, hay algo que no cambia: la convocatoria permanente cada miércoles a las 15 frente al Congreso de la Nación, potenciada desde hace diez días cuando Javier Milei vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones y el retorno de la moratoria previsional. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima sigue desplomada, en $ 314.243,51.

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Manuel, 75 años, cuenta por qué sigue viniendo: “El objetivo común es ponerle un freno a Milei, que está haciendo padecer a la Argentina. Debe entender que es el Presidente, no un emperador como pretende ser, que no acata las leyes ni las instituciones”.

¿Cómo se lo frena? “Como creo que en la democracia, el parate a Milei debe hacerse en las urnas y para eso hay que hablar con cada persona, crear conciencia, seguir desmintiendo todas las barbaridades que dice. Por eso también estamos hoy acá y seguiremos estando”. 

Manuel lleva un cartel que dice: “Milei vetó, nosotros votemos”. Y lo firma “un viejo meado”. 

Cierra, hasta el próximo miércoles: “No nos quedemos en casa, es la única manera de cambiar esto”.

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El protocolo de Bullrich es nulo

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Por Claudia Acuña

El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.

El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.

También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.

El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.

Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.

El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.

Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.

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La policía porteña con permiso para matar

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En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, hubo 44 asesinatos cometidos por la policía porteña, entre casos de gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías. El jueves navideño hubo otro asesinado, Gabriel González, en Lugano, y este domingo la policía disparó a Leonardo Vargas en Constitución, un vecino que estaba tratando de evitar que le robaran el celular. Está internado, peleando por su vida.

En 72 horas la Policía de la Ciudad fusiló a dos personas: 

  • El jueves 25 de diciembre, en la Villa 20 de Lugano, mató a Juan Gabriel González. 
  • Este domingo 28 de diciembre, en el barrio porteño de Constitución, ejecutó a Leonardo Vargas, que ahora lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía.

El crimen de Lugano

Gabriel González tenía 45 años y fue asesinado en Navidad, tras intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. En las imágenes se observa nítidamente cómo lo fusilaron a corta distancia. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de su muerte fueron “las lesiones por proyectil de munición múltiple. Hemorragia interna y externa”.

La policía porteña con permiso para matar

El momento en el que la policía de la Ciudad dispara contra Gabriel González.

Correpi (la Coordinadora contra la represión policial e institucional), afirmó: “Juan Gabriel recibió un impacto directo al cuerpo. No sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron, pero a corta distancia y directo a zonas vitales como tórax y abdomen, un disparo de escopeta es letal, tanto con cartuchos antitumulto (con postas de goma) o todo propósito (con postas de plomo). Hasta un cartucho de estruendo (sin munición) puede herir o matar a corta distancia. Por eso los protocolos de uso de armas largas prohíben terminantemente disparar directamente al cuerpo con cualquier tipo de cartuchería”.

La policía porteña con permiso para matar

Nelly, la viuda de Gabriel.

Tirar a matar en Constitución

El jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Diego Casaló mientras que Horacio Giménez es el Ministro de Seguridad del gobierno porteño liderado por Jorge Macri.

Este domingo por la tarde, en la esquina de Salta y Constitución, la Policía de la Ciudad volvió a tirar a matar. En este caso a Leonardo Vargas, quien quedó gravemente herido y pelea por sobrevivir. Lo que cuentan testigos: le dispararon tres tiros cuando intentaba que una persona en situación de calle no le robara su celular.

La policía porteña con permiso para matar

Vecinas y vecinos de Constitución, reclamando en la calle. La policía disparó contra una persona a la que le estaban robando el celular.

Esta noche, vecinas y vecinos del barrio se concentraron en esa esquina con la consigna: “Basta de gatillo fácil”. Desde la manifestación, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) le dijo a lavaca: “Un policía de la Ciudad, de la comisaría vecinal 1C, salió de la pizzería Ugis y sin mediar ninguna palabra le disparó tres balazos y uno de ellos le impactó en el rostro. Pedimos justicia y denunciamos que estamos cansadas de los límites que está cruzando la Policía de la Ciudad, que parece que tiene libre camino para violentarnos. Parece que hay un nuevo orden social de limpieza e higienización hacia las vidas de los pobres, de las migrantes, de las trabajadoras sexuales; parece que hay vidas descartables que no valen”. 

La Policía de la Ciudad entró en servicio el 1º de enero de 2017.

Desde Correpi compartieron a lavaca: “En estos 8 años el total de casos de gatillo fácil de esta fuerza abarca a 168 víctimas. En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, el total de asesinatos por la policía porteña es de 44 en todas las modalidades: gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías”.

El testimonio de Georgina Orellano para lavaca.

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La justicia identificó y procesó al policía agresor de la jubilada Beatriz Blanco

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La jueza María Servini de Cubría, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 1, identificó y procesó al integrante de la Policía Federal que golpeó a la jubilada Beatriz Blanco el 12 de marzo de este año.

Se trata del inspector Nicolás Emanuel Céspedez y fue imputado por lesiones agravadas.

La jueza le impuso un embargo de 40 millones de pesos y, sin bien lo eximió de prisión preventiva, le ordenó que informe sus movimientos y lo citó el lunes próximo para notificarlo. Servini consideró que el uso desmedido de la fuerza ejercida contra una anciana de 82 años fue evidente: «No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad».

La justicia identificó y procesó al policía agresor de la jubilada Beatriz Blanco

Beatriz Blanco tras ser golpeada por el inspector Nicolás Céspedez.

Céspedez golpeó a la jubilada haciéndola caer de nuca, y además ni él ni ninguno de los otros policías intentaron ayudarla, por lo que tuvo que ser inmediatamente evacuada y hospitalizada.

La jueza Servini describe Beatriz fue rociada con gas pimienta y luego empujada “sufriendo un traumatismo cefálico en la región de la nuca (occipito -parietal derecha/izquierda) que derivó en el diagnóstico de Traumatismo encefalocraneano sin pérdida de la conciencia con herida cortante en región occipital”

Plantea el procesamiento: “…el imputado hizo uso desmedido, desproporcionado y exagerado de la fuerza contra una mujer mayor de 82 años de edad, indefensa que no presentaba peligro para la autoridad, lesionándola y apartándose así de la normativa vigente que rige en la materia”.

Agrega: “… se encuentra probado que existió por parte de Nicolás Emanuel Céspedez, dolo directo, o sea éste tuvo la voluntad de atacar físicamente a la Sra. Beatriz Blanco, y habiendo tenido tiempo para reaccionar con otra conducta no lo hizo”. El delito se agrava cuando el hecho se comete «Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales, o del servicio Penitenciario».

Otro párrafo crucial: «Sobre la especial calidad del sujeto activo que prevé la fórmula legal, corresponde indicar que: ‘El fundamento es que no solo se atenta contra la vida humana, sino que además el autor omite cumplir con el deber de otorgar seguridad y protección a los ciudadanos, defraudando así las expectativas depositadas en el correcto desempeño de su cargo o función»

Concluye la jueza: “Todo ello me permite concluir que las lesiones sufridas por Beatriz Blanco, derivadas de la conducta del imputado que se juzga en este acápite, efectivamente implicó una acción totalmente arbitraria por parte de Céspedez y en un claro abuso de su función, en carácter de miembro de una fuerza de seguridad”.

El próximo lunes 22 Céspedez deberá presentarse en el juzgado para ser notificado de su procesamiento.

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