Ambiente
Una corporación contra los vecinos de Esquel, primera parte: una demanda de película
La demanda impulsada por la multinacional canadiense Meridian Gold contra seis vecinos de la Asamblea No a la Mina de Esquel es una confesión. Por primera vez se revelan allí los métodos usados por una empresa multinacional para manipular la opinión pública. Una prueba irrefutable de cómo mienten y quiénes construyen esas mentiras. La agencia de publicidad del kichnerismo, Braga Menéndez; el vocero de Carlos Menem, Jorge Azcarate y el primo del cónsul argentino en Nueva York, Raúl Timerman son revelados en esta querella como los autores de un plan destinado “a buscar el quiebre” entre los vecinos que se organizaron para resistir la instalación de una mina que contaminaría con cianuro la región. Por primera vez, también, se pueden escuchar sus “propuestas” identificando sus voces.
El 23 de marzo de 2003 los vecinos de Esquel lograron que se realizara un plebiscito para que toda la comunidad exprese su opinión sobre el proyecto de la multinacional canadiense Meridian Gold. El resultado: «no a la mina» ganó con el 81% de los votos. Seis meses después de este rotundo pronunciamiento, Meridian Gold organizó en hotel Crowne Plaza de Buenos Aires una reunión de tres jornadas, por la que abonaron 9.670 pesos más IVA, según la factura que presentaron como prueba en la causa Nº 6777/72 que iniciaron en el juzgado Nº 13, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel. Allí se detalla que el 16, 17 y 18 de setiembre de 2003 contrataron un servicio de coffe break continuo, almuerzo para 16 personas, Internet por banda ancha, equipo de traducción simultánea inglés-castellano y viceversa, pantalla, proyector y siete micrófonos. El contenido de esa reunión no es el objetivo de la querella, sino su conclusión: intentan identificar quién o quiénes grabaron lo que allí se decía y criminalizar a la Asamblea No a la mina, que lo difundió públicamente. Las consecuencias de todo este despropósito es, en palabras del abogado del Cels Santiago Felgueras, defensor de los asambleístas demandados, «el guión de una película de Hollywood».
Los personajes
Como detalla la minera en su presentación judicial, «entre los meses de abril y julio de 2003 contrató como consultora a la organización no gubernamental extranjera Bussines for Social Responsability (BSR) que, a fines de establecer las causas y soluciones para el conflicto, se encargaría de realizar un estudio de campo en la ciudad de Esquel, relevando opiniones, conocimientos, estados anímicos sociales e intereses de la población». BSR se presenta en ese informe «como una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las empresas a alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente». La integran 450 empresas, entre ellas Shell, General Motors, Brittish Petroleum y Sony y ha intervenido en todos los lugares del globo donde hubo resistencia organizada de la población
a los desmanes de las multinacionales: el norte de Perú, Nigeria, Bolivia o Venezuela son algunos de los ejemplos que ellos mismos citan.
La delegada de BSR para intervenir en el conflicto de Esquel es Christina Sabater, domiciliada en San Francisco según revela la presentación judicial y portadora de un caribeño castellano, según revelan los audios. Su nombre está al pie de la factura del Hotel Crowne Plaza.
Según detalla la querella «las personas que estando autorizadas intervinieron en las reuniones» son las siguientes:
Por Meridian Gold Holdings: Edward Colt (vicepresidente ejecutivo), Darcy Edward Marud (gerente de exploración) y Guillermo Mendoza (jefe de prensa).
Por la consultora BSR: Jim Bader, Matt Jeschke y Christina Sabater.
Por la agencia de publicidad Braga Menéndez y Asociados: Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli.
El último nombre de la lista: «El señor Jorge Azcárate, también convocado por Braga Menéndez».
Veamos quiénes son estos criollos que jugaban de locales y qué dijeron.
Quién es quién
Braga Menéndez y Asociados es una agencia de publicidad que lleva el apellido de su mentor: Fernando Braga Menéndez. Como él mismo cuenta, «descubrió» a Néstor Kirchner cuando todos daban dos pesos por el entonces gobernador santacruceño. Braga Menéndez decidió trabajar en su campaña electoral, la que convirtió a Néstor Kichner en Presidente con el 22% de los votos, cuando su contrincante Carlos Menen se bajó del ballotage. El anuncio público de esta renuncia lo realizó el vocero del riojano, Jorge Azcárate, el participante de la reunión de Meridian Gold convocado por Braga Menéndez.
Braga Menéndez está abocado actualmente a la campaña de imagen de Cristina Kirchner.
Jorge Azcárate es el responsable de la consultora Bonaparte 48 S.A. Además de la ya mencionada participación en la campaña electoral de Menem, fue su subsecretario de Medios. trabajó para Mauricio Macri en el 2002 y fue portavoz del Grupo Dolphin, que controla a Transener y Edenor, entre otras empresas. Actualmente, es además asesor editorial de la revista Debates, cuya última portada inunda la ciudad con la imagen de Cristina Kichner y una nota que, en el mejor de los casos, formará parte de la antología de las mejores no-entrevistas de la historia del fin del periodismo.
Como neutralizar a Greenpeace
El juego de estas cínicas coincidencias no termina allí: en su página web, la agencia presenta como ejemplo de campaña institucional -en primer lugar y
con despliegue de gráfica y video- la campaña que realizó para Greenpeace. En el aviso gráfico puede verse la cara de Mario Pergolini en primerísimo plano, con un barbijo y el slogan: «la indiferencia huele como la contaminación». Hay más: en los audios de la reunión del Crownel Plaza puede escucharse como Raúl Timerman, socio de la agencia Braga Menéndez, señala que el plan de acción ideado por la agencia contempla «contrabalancear la acción de Greenpace» en Esquel. ¿Cómo? Contratando servicios de otras ongs. «Las que nosotros identificamos son la Fundación Vida Silvestre, Cambio Democrático (menciona haber tenido una reunión con Graciela Tapia, miembro del consejo honorario), Poder Ciudadano (menciona que habló con su director, Carlos March, aunque no específica sobre qué) y FARN». Los americanos suman un dato: «una fundación que trabaja mucho con los mapuches en la patagonia, de Cristina Miguens. Su hermano, Carlos Miguens vendió la empresa a Meridian Gold. Es como un grupo secundario, pero es para prevenir cualquier movilización sobre el tema indígena. Ella puede ser el contacto para asegurarse de estar hablando con la persona correcta.» Se trata de la Fundación Huiliches y de los Miguens del Grupo Bemberg, dueño -entre otras cosas- del Chocón y la minera Patagonia Gold. Carlos y Cristina son hijos de la fallecida cineasta María Luisa Bemberg. En el plan de acción presentado en la reunión del Hotel Crowne Plaza por la agencia Braga Menéndez, Timerman detalla qué pensaron hacer con estas ongs «creemos que van ser importante en el desarrollo de nuestra estrategia ir otorgándoles tareas. Es probable que se las contrate para determinadas actividades».
Cómo encontrar el quiebre en la comunidad
A la reunión del Hotel Crowne Plaza realizada -reiteramos- seis meses después del rotundo pronunciamiento ciudadano del no a la mina, la agencia envió a su director de medios, Juan Carlos Malagoli. Él fue el encargado de hablar claro:
«El tema hoy es el problema con la comunidad. El 70% de la gente hoy en Esquel piensa que la compañía va a seguir avanzando. Y las cosas obvias son obvias, porque por más que digamos que estamos en pausa, el 70% del pueblo de Esquel sabe que va a seguir avanzando. Ya lo saben.»
Luego de detallar los problemas de «filtraciones» internas que los preocupan, los directivos norteamericanos de Meridian Gold, en ese inconfundible castellano gringo, enuncian el objetivo de la reunión: «cómo dar vuelta a la comunidad». Malagoli es entonces el que explica el plan de la agencia. En primer lugar, deben realizar un diagnóstico para encontrar lo que llama «el punto de quiebre entre aquel que le importa más la ecología, aunque se muera de hambre y aquel que le importa más el dinero, como un eje absurdo y exagerado. Es decir, cuántos son esos en Esquel.» La forma ideada para realizar este diagnóstico es una encuesta que, aprovechando la coyuntura electoral provincial, los ayudará a disimular las verdaderas intenciones del sondeo. La agencia señala cuál cree que es la consultora ideal para encargarse de esta tarea: Catterberg y Asociados, que realiza habitualmente los sondeos para el radical, Carlos Maestro
«Elegimos esta consultora por su vínculo con Maestro y con el radicalismo de la provincia (…) Esta gente es muy amiga de Maestro, por lo tanto, si estamos de
acuerdo en que vamos a hacer la encuesta, esta gente hablaría con Maestro primero, antes de largar la encuesta. Tendríamos un ok de parte de ellos antes».
Cómo llegar a Kirchner
Raúl Timerman es primo del cónsul argentino en Nuevo York, Héctor Timerman y sobrino del legendario Jacobo. Se presenta como un experto en marketing, es licenciado en Ciencias Químicas y tiene, además, un programa en Radio El Mundo, cuyo título quizá resulte premonitorio para contextualizar sin dichos: «Sin pedir permiso».
Timerman fue el encargado de presentar, en la reunión del Hotel Crownel Plaza, un power point que presentó bajo el título de: «Cómo generar confianza». Según sus palabras: «Cuáles son los mecanismos de generación de confianza que nosotros pensamos ejecutar».
El primer mecanismo señalado por el plan ideado por la agencia Braga Menéndez contempla lo siguiente:
«Hay una lista de los integrantes del gobierno nacional que van a recibir la información que vamos a preparar: el ministro de planificación Julio De Vido; el secretario de minería Jorge Mayoral; el jefe de gabinete Alberto Fernández; el vocero presidencial Miguel Núñez; el secretario general de la presidencia Oscar Parilli; el secretario privado de la presidente de la Nación, Pepe Salvini y el jefe de asesores políticos del presidente de la nación Carlos Cunten. Esto se lee: Néstor Kirchner. Es decir, este es el grupo de confianza de Néstor Kirchner que nos interesa mantenerlos informados para asegurarnos que a cualquiera persona de su entorno que el Presidente consulte tenga la información».
Malagoli amplia: «la idea es mantenerlos informados. Lo mismo que se hace con los periodistas, en este caso con los políticos».
A continuación, se escucha el tono caribeño de Christina Sabater preguntando:
-«¿Están considerando que alguna persona de la empresa tenga contacto con esos políticos? Porque eso fue un problema: hasta ahora la empresa no ha tenido esos contactos.»
Responde Malagoli:
«Nosotros creemos que primero hay un trabajo por parte nuestra, porque ellos van a hablar con mayor tranquilidad, y van a decir una serie de cosas que ciertas o no y aunque enojen, hay que escucharlas. Es necesario que ellos se explayen y digan lo que piensan para preparar la visita donde la empresa pueda anunciar algo concreto. Esto no quiere decir que ellos no hagan lo que hace cualquier político: que corten con nosotros, llamen a Darcy (gerente de Meridian Gold), si él es el que estuviera a cargo del tema y le digan: quedate tranquilo, nosotros estamos con vos»; porque es parte de su profesión de políticos».
Cómo ser honesto
Tal como lo especifica Meridian Gold en la querella, la corporación no había solicitado la grabación de esta reunión. De acuerdo a sus sospechas, la grabación que trascendió públicamente -y que, entre otros, los vecinos de la Asamblea de No a la mina recibieron anónimamente- corresponde exactamente al uso de los micrófonos que hizo cada participante: no se escuchan allí otras voces que no fueran las de quienes en cada momento tuvieron el uso de la palabra amplificada por los parlantes.
Es por eso que la querella presentada por la corporación tiene dos grupos de demandados. Por un lado, solicita que declare todo el personal del hotel, sonidistas y traductores que intervinieron en las jornadas. Pretenden así descubrir quién se dio cuenta que lo que allí pasaba era de interés de esa opinión pública que se pretendía manipular. Alegan que ese justiciero anónimo es responsable del delito previsto por la ley 24.766 que sanciona conductas «contrarias a los usos comerciales honestos». Lo dicho: no hay aquí ironías, solo cínicas coincidencias.
Por otro lado, identifica a seis vecinos de Esquel -notorios por su participación y compromiso en la Asamblea No a la Mina- como responsables del delito previsto en el artículo 153 del Código Penal, que sanciona con prisión de 15 días a seis meses a quien «se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado». Esto es: por difundir los audios que en esta página reproducimos.
La primera resolución del juez fue rechazar la demanda. El argumento: ni siquiera se entiende en la presentación a quiénes estaba Meridian Gold querellando. Sin embargo, la Cámara, apelación mediante, resolvió darle curso a la demanda.
La querella fue iniciada hace casi un año, pero los vecinos de Esquel recién se enteraron en octubre pasado, cuando les llegó la cédula de citación a los demandados. Como las actuaciones se presentaron en un tribunal de la Capital Federal, el primer inconveniente que se les presentó es el más obvio: trasladarse, conseguir abogados acreditados en esta jurisdicción, contar con el tiempo y el dinero suficiente para enfrentarse en tribunales con una corporación y todos los etcéteras de escala humana imaginables. Finalmente, concretaron el patrocinio legal del Cels, que el martes pasado solicitó al juez la postergación de la primera audiencia, ya que dos de las personas citadas acreditaban con certificados médicos estar impedidas de trasladarse: una por su avanzado embarazo y otra por una diabetes complicada. El juez, sin embargo, denegó la postergación, medida que fue apelada por los abogados.
David vs. Goliat
Por lo pronto, hasta Buenos Aires pudo llegar uno de los vecinos demandados: el abogado Gustavo Macayo. En diálogo con lavaca, fue el encargado de sintetizar la situación:
-Creo que esto no va a prosperar, la minera se ha equivocado. Es más: se ha equivocado grueso, porque nos ha permitido venir a Buenos Aires a difundir la situación. Están locos con lo que han hecho, o están desesperados.
-Resulta una paradoja que la demanda pretenda penalizar a quienes difundieron un plan secreto para manipular a la Asamblea.
– No sólo a la Asamblea, sino a toda la población de Esquel. Si uno escucha las grabaciones se da cuenta de que no sólo quieren incidir en la gente sino además en todas las figuras políticas relevantes: diputados, senadores, jefes de partidos políticos, algunos funcionarios cercanos al gobernador y al Presidente, a los que son las líneas más cercanas al ejecutivo provincial y nacional. Ellos hablan de ‘mantenerlos informados’ de los planes de la empresa, lo cual deja ver que todo el mundo está sabiendo que la empresa va a seguir adelante con el proyecto.
– ¿Cómo es que la minera pudo seguir en Esquel después de la consulta?
– A ellos la consulta se les escapó, no la pudieron parar. Nosotros hicimos muchas acciones: un amparo que está con sentencia, acciones administrativas, judiciales y legales importantes, pero que no fueron suficientes. Evidentemente estamos en una lucha muy desigual, frente a una empresa que maneja millones de dólares e influencias políticas en todos los niveles. Es una empresa que tiene mucha plata para aguantar los años que sea de desgaste, porque ellos tratan de desgastarnos a nosotros y nosotros tratamos de desgastarlos a ellos. Pero nosotros trabajamos a pulmón, sin recursos, como podríamos decir… trabajamos con una utopía que es ver si los podemos parar. Es un trabajo que no tiene ninguna financiación ni estructura y que es muy difícil, porque van surgiendo otros conflictos, como la empresa hidroeléctrica que se quiere hacer en Corcovado o el avance de otras empresas en la zona de la meseta. Surgieron un montón de concesiones mineras y la lucha se va haciendo más compleja para que una sola comunidad pueda seguir resistiendo. Y ellos siguieron avanzando, por donde pudieron seguir, siguieron.
-¿Por ejemplo?
-Se extendieron en concesiones.
-¿En el mismo Esquel?
-En toda la provincia hay más de 200 concesiones. La gobernación las siguió dando. Es más: la provincia prohibió mediante una ley la minería a cielo abierto con cianuro y la dirección provincial de mina continuó dando concesiones. Nosotros paramos el proyecto en Esquel, pero tenemos otro que está detrás de
Esquel, en otro sector de la cordillera, donde Meridian Gold hizo un intento de avanzar. También tuvimos que salir a pararlo, lo desactivamos, pero no hay ninguna seguridad de que no vayan a seguir. Esto es así, es muy complejo, muy largo y muy difícil.
-¿ Meridian Gold sigue teniendo abiertas sus oficinas?
-Ellos hoy operan con un perfil bajo. Tienen oficinas y personal, aunque se han vuelto invisibles, nadie los ve. No tienen discurso, ni vocero de prensa. A veces sacan un comunicado, pero no tienen un representante. Es que nadie quiere asumir ese papel ahora, porque la presión de los vecinos es muy fuerte.
-¿Será por eso que hicieron esta denuncia en Buenos Aires?
-Creo que ellos tratan de sacarnos a Esquel. Un poco porque acá la gente está menos enterada de lo que es la minera y también porque seguramente apuestan a desgastarnos más trayéndonos a Buenos Aires.
Lo dicho: Gustavo Macayo no se parece a Julia Roberts, pero esta querella parece una copia mejorada de aquel personaje que le valió un Oscar: Erin Brockovich
Portada
Megaminería en Mendoza: la comunidad movilizada

El gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar hoy un paquete de leyes que promueve el desembarco de la megaminería en una provincia que resiste desde hace años la explotación contaminante e inconsulta. La iniciativa tiene el principal proyecto en la ciudad de Uspallata y ya fue rechazada en 2011 y aprobada en 2019, pero debió ser cancelada entonces tras la movilización social. Hoy la historia se repite: el gobierno vuelve a la carga con argumentos de película (reproducidos en esta nota) mientras las comunidades originarias, asambleas y vecinos de todo Mendoza (cuyas voces aquí difundimos) se movilizaron frente a la Legislatura y trazan un plan de acción para dar vuelta la historia, una vez más.
Por Francisco Pandolfi
La Cámara de Senadores de Mendoza le dio la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y así aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que permite el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata. Se trata de la iniciativa central de un paquete enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y que contó también con la venia de otros tres proyectos mineros.
Afuera de la Legislatura, miles de personas de todos los puntos cardinales de la provincia se manifestaron en contra, cercados por decenas de policías. El lunes a primera hora el pueblo de Mendoza había empezado la “Nueva gesta libertadora por el agua”, peregrinación (a pie, a caballo, en bicis, autos) que partió desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia, se ramificó desde el Valle de Uco, San Rafael, Lavalle, y llegó este martes a la mañana a la puerta de la Legislatura en la ciudad capital. Allí, la Cámara de Senadores tras cuatro horas de debate avaló la primera explotación de cobre de escala mediana en el distrito: fueron 29 votos afirmativos (18 del oficialista Frente Cambia Mendoza; 5 de la Unión Mendocina –PRO, UCR, el Partido Libertario, la Coalición Cívica– 5 del PJ y uno demócrata), 6 negativos y una abstención.

Aviones & fracasos
Dentro del recinto hubo discursos pro mineros que no destacaron precisamente por su altura. Martín Rostand, de Unión Mendocina defendió al proyecto de esta manera: “Cada vez que un avión se pone en vuelo, existe el riesgo de que se estrelle; cada vez que un sistema eléctrico se pone en funcionamiento alguien puede morir electrocutado. Sin embargo, nadie propone abolir ni a la aviación comercial ni a la electricidad, al contrario, porque el beneficio supera el riesgo potencial y con la minería sucede lo mismo”.
El senador del mismo partido, Gabriel Pradines agregó: “Dicen (en relación a los manifestantes) que el agua no se negocia, pero me pregunto, ¿una finca con pozo y derecho de agua no vale más que una que no tiene?”. Ariel Pringles, también de Unión Mendocina: “Toda actividad productiva implica un riesgo, conozco de la actividad agropecuaria donde hay litros y litros de glifosato desparramados por cada producción y sin embargo es aceptada”.
Increíble, pero real.
Armando Magistretti, del Partido Demócrata aceptó que la policía minera “no tiene la expertise para controlar”, pero igual votó a favor del proyecto, aunque quien controle a la empresa sea la policía minera. Y también dijo que los informes de impacto ambiental no deberían pasar por la Legislatura, sino aprobarse directamente “porque todas las actividades económicas generan pasivos ambientales”.
Félix González es senador del Partido Justicialista y fue uno de los peronistas que votó en contra del proyecto San Jorge. “Hoy seguro votaremos divididos, por distintas cuestiones”. No profundizó en las diferencias internas, pero sí hizo algunas declaraciones clave:
- “En 2011 se rechazó casi el mismo proyecto. Esto es un Corsa repintado, no es nuevo. Y sobre ese Corsa, el gobernador Cornejo decía que no había viabilidad para aprobarlo”.
- “Pasaron 15 años y somos la misma dirigencia y los mismos empresarios. Repetimos la misma discusión que se rechazó en 2011, que se aprobó en 2019 pero cuando la gente salió a la calle debimos recular en chancleta. O sea, venimos perdiendo el tiempo desde hace 15 años con lo mismo”.
- “Somos un fracaso como dirigentes, no construimos consenso, no pusimos a la ciencia en el centro. El consenso no debe hacerse entre partidos únicamente”.
- “Hay innumerables cantidad de estudios que hablan de la contaminación que habrá si avanza este proyecto. Votamos una Declaración de Impacto Ambiental que está mal, a la que le faltan herramientas, elementos, que tiene el balance hídrico desactualizado y varios cuestionamientos técnico ambientales”.
- “Esto se va a judicializar, no hay dudas porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos que van en sentido del rechazo de la DIA. O sea a la aprobación le faltará sustento para ser sostenida en el tiempo”.
- ‘El Departamento General de Irrigación de este gobierno provincial le hizo 90 observaciones al proyecto. Solo a 5 de ellas la empresa minera que las iba a resolver, 79 que las iba a considerar y a 6 que se iba a oponer, con respuestas evasivas en temas centrales. Solo con esto Cornejo debía haberse puesto firme y obligar a la empresa a aceptar todo lo observado por el organismo, pero no. La compañía llegó a decir que el arroyo El Tigre (de donde sacará la minera el agua para extraer oro y cobre) le pertenece. Es una vergüenza que después de secir eso todo siguiera como si nada”.
- “Lo que está en juego no es el futuro, es el presente”.
Dugar Chappel, del Partido Verde, puso algunos números sobre el recinto: “La minera que nos va a contaminar –y no en un porcentaje, porque cuando se contamina se contamina todo– nos dará el 6 por ciento de lo que gastamos en el subsidio al transporte. Y el 80% de lo que gasta en empleados que no sabemos quiénes son en esta Cámara de Senadores”.


Censura & deficiencias
Mientras este lunes el presidente Javier Milei llamó a votar a favor del proyecto minero, en contrapartida hubo llamamientos de iglesias católicas y evangélicas para evitar esta aprobación poco clara. La noche previa al 26 de noviembre, cuando Diputados aprobó el paquete minero, el CONICET advirtió en una publicación que hubo “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. La nota profundiza: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, es necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”.
Sin embargo, horas después el documento desapareció y fue reemplazado por otro escrito por las autoridades políticas del organismo.
Increíble, pero real.
PSJ Cobre Mendocino está a cargo de Minera San Jorge S.A, perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina. Estima una inversión inicial de 599 millones de dólares, una capacidad de producción de 40.000 toneladas de cobre fino por año y la creación de menos de 4 mil puestos de trabajo. Este proyecto fue rechazado desde su origen, en 2007; nunca obtuvo la licencia social.
Después de la ley, tampoco.

¿Quién cumple la ley?
Dos días antes de la votación, comunidades indígenas de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza le enviaron un escrito a los senadores instando al cumplimiento de los derechos de los pueblos a nivel provincial, nacional e internacional, para que no avanzaran con la aprobación de la DIA ya que, según plantean, estaba “viciada con información sesgada y falaz que omite observaciones certeras científicas de instituciones y expertos”.
Claudia Herrera, autoridad de la comunidad Huarpe de Mendoza, habla con lavaca: “Este proceso empezó en 2017 y recién en junio de este año se acercaron. En estos meses hubo hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas. No sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo. El protocolo también viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.
Claudia y su comunidad miran adelante: “Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.
Saqueo y movilización
Además del DIA de San Jorge, otros tres proyectos mineros obtuvieron sanción definitiva:
1) 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2) El Fondo de Compensación Ambiental por si la empresa genera una catástrofe ambiental.
3) El Proyecto de ley de regalías mineras, que fija un tope del 3% pero no un mínimo, al igual que la ley nacional.
Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, resume con el cansancio de las últimas horas encima: “Se votó la profundización del saqueo. Pero vamos a seguir movilizando”.
Termina la sesión y pasa lo que se sabía iba a pasar. Aprobación del proyecto San Jorge. La gente empieza a marchar por el centro de la Ciudad de Mendoza. Al cierre de esta nota, está por realizarse un ruidazo en toda la provincia. A continuación, un corte de ruta en la localidad de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital. En 2019, al pueblo mendocino le llevó 13 días revertir la instalación de la megaminería a fuerza de seguir movilizándose, cuando el gobierno provincial no tuvo otra opción que recular.
Esto recién comienza.
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