Mapa casero realizado por vecinas y vecinos de San Nicolás en el que registraron enfermedades y muertes producidas por la contaminación ambiental.

Hubo más de 200 muertes por cáncer en el Barrio Química, de San Nicolás (PBA), en un radio de seis manzanas, además de enfermedades y contaminación. Los vecinos judicializaron el caso desde 2014, y ahora la Suprema Corte bonaerense dejó firme la sentencia contra Atanor, la principal productora de agroquímicos del país, por el “daño irreversible” al río Paraná y la contaminación en el aire, el suelo y el agua de San Nicolás. Confirmó además el marco de ilegalidad en el que operó la empresa y la deficiencia de los controles estatales. Cómo impacta este fallo histórico en otras causas penales con empresarios y funcionarios públicos acusados. La burda campaña del diario El Norte contra el abogado de los vecinos.

por Lucas Pedulla Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

A los vecinos del Barrio Química de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, les decían que estaban “locos” y que estaban yendo contra “molinos de viento”. Había algo quijotesco en señalar a la multinacional Atanor, la principal productora del país de tres herbicidas altamente tóxicos y prohibidos en varias naciones –glifosato, atrazina y 2,4D–, pero la denuncia que presentaron a la Justicia en 2014 expresaba algo tan duro como sencillo: más de 200 muertes por cáncer en un radio de apenas seis manzanas. 

Tres mundiales después de aquel primer amparo ambiental –es decir, 12 años–, la Suprema Corte bonaerense dictó un fallo histórico: dejó firme la condena a la empresa a la que acusa de provocar “daño irreversible” en el río Paraná, confirma que la compañía operó en un marco de ilegalidad y que los controles estatales fueron deficientes en todo el proceso. 

“El fallo es enormemente gratificante”, celebra a lavaca el abogado Fabián Maggi, del Foro Ecologista de Paraná (FOMEA), la organización que representó el reclamo vecinal hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Si bien Atanor posiblemente apele ante la Corte Suprema, Maggi pondera el tono de la sentencia en tiempos donde el gobierno nacional busca aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y lo contrasta con la tozudez de una comunidad que nunca abandonó la lucha: “No sabemos lo que puede pasar de acá a 12 años si no aflojamos. Capaz podemos cambiar la historia que vivimos hoy”. Puede recordarse que el actual presidente, Javier Milei, al ser consultado por la contaminación de los ríos respondió: “¿Y qué problema hay?”

Lo que dice la Constitución

Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, que se presenta como una de las compañías más importantes en Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y países de Europa. En Argentina tiene una planta en Río Tercero (Córdoba), otra que abarca un área de 100 mil metros cuadrados en Pilar (provincia de Buenos Aires), donde fabrican glifosato, y la de San Nicolás, que abarca una extensión de 500 mil metros cuadrados, donde subraya que “formulan herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir, S–Metolaclor e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifós”. 

La agencia lavaca y la revista MU realizaron una cobertura de más de una década sobre el caso Atanor. El último viaje fue en 2023, cuando el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, a cargo de la doctora Luciana Bancalari, dictó sentencia: confirmó la contaminación en el río y en el barrio, y también cuestionó la “ilegalidad manifiesta” en la que operaba la fábrica. La empresa, catalogada en la tercera categoría de la Ley de Radicación Industrial (considerada peligrosa), funcionaba en pleno casco urbano, por lo que la jueza evaluó como “falsa” la dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico: “No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías”. Aquella sentencia puede buscarse en https://lavaca.org/mu181/tuve-tu-veneno-contaminacion-en-san-nicolas/ 

La causa pasó a la Cámara Nacional de Apelaciones de San Nicolás, que no sólo confirmó la afectación del suelo, del aire y del agua, sino que separó el reclamo por la restauración ambiental de la reparación económica. Por el lado ambiental, sostuvo que no era viable fijar una restauración por la “complejidad de la afectación” del río Paraná: “Es mi convencimiento que nos hallamos ante una situación de daño irreparable o irreversible que debe ser indemnizable en base a criterios de prudencia y razonabilidad, más aún cuando se trata de un daño de un bien no monetizable como lo es el ambiente y ante la ausencia de normativa que oriente, dé metodología y criterios valorativos indemnizatorios”. Por el lado económico, le fijó la suma de 150 millones de pesos para que se destinen a “acciones de preservación y prevención vinculadas al cauce del Río Paraná y su biota”.   https://lavaca.org/notas/historico-atanor-debera-pagarle-para-remediar-la-contaminacion-del-rio-parana/  

Ese fallo es el que ahora llegó a la Suprema Corte bonaerense formada por los jueces Sergio Torres y Daniel Soria, y las juezas Hilda Kogan y María Florencia Budiño. Torres lideró el voto que hizo propios los principales puntos de la Cámara de Apelaciones (el párrafo que refiere al “daño irreversible” fue citado textualmente), y rechazó la apelación de Atanor, a cuya defensa cuestionó por “atacar sin demostrar ni mínimamente su sinrazón”. 

Sostuvo:

• “Se encontró demostrada la carencia de autorizaciones administrativas al momento del inicio de este proceso, la demora en los trámites y la falta de verificación por parte de las autoridades administrativas provinciales”. Torres hizo especial énfasis en la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense. Sobre todo, porque no controlaron los compuestos de la empresa, especialmente la atrazina, “cuya toxicidad” está informada en diversas páginas e informes públicos. 
• El artículo 41 de la Constitución Nacional “confiere a las autoridades la protección del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Es deber de la justicia preservarlo.
• Por ese motivo, aclaran, debe buscarse “prevenir más que curar”. 
• Y agrega: “Es fundamental la intervención de los jueces con miras a la prevención del daño ambiental ya que tiene una importancia superior a la que se le otorga en otros espacios, por cuanto la agresión al ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto e irreversible”.

Lo penal, la amenaza y el futuro

Para el abogado Maggi, la causa marca todo un camino en el derecho ambiental: “Algo central del fallo es que dice que los controles del Estado fueron deficientes. Evidencia eso que obedece a una corrupción estructural que lleva décadas y no reconoce colores políticos”. Por esa razón, la comunidad confía en que la sentencia de la Suprema Corte impacte también en las causas penales que lleva adelante FOMEA:

• Por un lado, hace un mes la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo indague a seis directivos de Atanor, a cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a tres presidentes de ADA. El juez recibió un tirón de orejas porque previamente se había negado al llamado por considerarlo “prematuro”.
• Por otro lado, el fiscal Patricio Mujica Díaz, de la Unidad Federal de Investigaciones N°1 de San Nicolás, lleva adelante la causa contra tres directivos de la empresa por la explosión de un reactor en 2024 (https://lavaca.org/actualidad/explosion-en-atanor-humo-y-contaminacion-en-un-nuevo-desastre-ambiental-en-san-nicolas/), que desparramó una “nube tóxica” en todo el barrio. El proceso está pronto a ser elevado a juicio oral.

Maggi: “El fallo de la Corte tiene impacto directo por varios motivos. En primer lugar, reconoce la existencia de un daño irreversible: uno de los delitos que se tiene que comprobar penalmente es el daño al ambiente y acá ya lo dice la Corte. En segundo lugar, dicen que no importa la inexistencia de un parámetro específico que mida el nivel de contaminación si se puede probar, por otros medios, que hay una situación de riesgo para el ambiente. En tercer lugar, la Corte dijo que había deficiencia de controles estatales: parte de los imputados en la causa penal son funcionarios que incumplieron sus deberes legales”.

Dentro del marco de “ilegalidad manifiesta” en la que operó la fábrica, tal como lo confirmó la justicia, Maggi ubica como parte del “mecanismo de impunidad” al juez Villafuerte Ruzo y al fiscal Rubén Darío Giagnorio, a quien señala por “encubrimiento”. La querella también focaliza en el abogado Juan Carlos Marchetti, que patrocina a la empresa, y que fue juez de Menores de San Nicolás durante la dictadura, quien impidió durante 20 años que Manuel Gonçalves Granada (nieto 57 restituido) conociera su identidad tras entregarlo en 1977 a amigos del marido de su prima. Marchetti también defendió a cinco de los acusados por la contaminación por agrotóxicos en Pergamino: dos de ellos, exfuncionarios municipales, fueron condenados a dos años de prisión condicional (https://lavaca.org/medio-ambiente-y-contaminacion/juicio-por-agrotoxicos-en-pergamino-impunidad-para-productores-pero-se-comprobo-el-delito-de-conaminacion-y-hubo-condena-a-dos-funcionarios/). 

Todo este esquema de poder accionó para el que el diario El Norte sacara una nota en tapa titulada: “Mafia del Derecho Ambiental: el negocio de los mil millones”. En una clara operación, y llevando al extremo las peores mañas del oficio, dicen que, “en off”, los CEO y gerentes de “importantes empresas de la región” describieron al abogado Maggi como “un personaje capaz de cualquier cosa por dinero”. Lo acusan de recibir honorarios por 150 millones de presos y que una compañía “le habría pagado” (usan condicional sin chequear) 60.000 dólares “cash”. En toda la nota el medio no intenta comunicarse con el abogado.

Maggi dice a lavaca: “Es un absurdo. No sólo es mentira, sino que llevamos más de 12 años y no hemos percibido honorario alguno. Jamás Atanor pagó nada de las costas del proceso. Tanto los vecinos como las organizaciones ambientales trabajamos ad honorem. Ojalá la empresa sea condenada a pagar estos trabajos y que lo podamos cobrar”.

Por lo pronto, la empresa inició un proceso de relocalización de sus actividades en sus otras plantas de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (municipio al norte del conurbano bonaerense). La compañía está haciendo trabajos de recomposición del suelo, aunque los vecinos están preocupados por la desprolijidad, ya que denuncian que ni ADA ni el Ministerio de Ambiente lo están supervisando: “Lo están haciendo sin medidas de seguridad necesarias ni preservación del medio ambiente. La contaminación es enorme y no podemos saber hasta dónde se extiende: han encontrado resultados de atrazina hasta 60 metros de profundidad y también en las canillas de los vecinos que viven a tres cuadras de la empresa”.

Otra preocupación es cuál será el destino final del predio: “Con los vecinos queremos que se mantenga como un sitio de amortiguación ambiental y que aleje el cordón industrial que está sobre la ciudad. Pero la empresa quiere continuar un uso industrial. No define cuál: tiene prohibido retrotraer su proceso de relocalización del sector productivo, es decir, no debe ser la elaboración de agroquímicos, ni siquiera de logística”. La comunidad teme esa opción: “Ha pasado que una empresa plantea un trabajo de logística y, en realidad, hacen trasvases de sustancias químicas, formulaciones y procesos que exceden lo logístico”. 

El caso reciente es el incendio de 2025 en el Polígono Industrial Spegazzini, a metros de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que se inició en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. Maggi: “La empresa había recibido el certificado de aptitud ambiental pocos meses antes de la explosión, cuando el proceso de Atanor ya estaba en su etapa final. Lamentablemente, los controles no existen”.