Juzgarán a los jueces por el fallo misógino tras el femicidio de Lucía Pérez.

Hace 3 años, la familia de Lucía Pérez debía soportar un proceso tortuoso en los Tribunales de Mar del Plata, donde los jueces  Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale los sometieron a un juicio que los revictimizó y terminó dejando impune a los victimarios por el femicidio de la joven de 16 años.

El televisor que en la muestra El cuarto de Lucía, emite parte de la grabación de aquel proceso, exhibe sin metáforas cómo (no) funciona el Poder Judicial hoy: Marta Montero, Guillermo Pérez y Matías –madre, padre y hermano de Lucía– debieron declarar a metros de los femicidas, separados apenas por un policía, en una sala ínfima y cargada de tensión.

En ese contexto, debieron además responder preguntas que hacían eje sobre la vida de Lucía: qué le gustaba escuchar, qué profesión quería seguir, con quién y de qué chateaba, con quién salía…

Finalmente usaron esa información, que nada tenía que ver con el femicidio de la joven, para dejar impunes a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel, a quienes les imputaron solamente cargos por tenencia y venta de estupefacientes.

Desde entonces, la lucha incansable de Marta, Guillermo, Matías y la Campaña Nacional Somos Lucía se centró en lograr dos cosas, concretas y enormes a la vez:  un nuevo juicio imparcial y serio, que juzgue a los responsables por femicidio; y que los jueces Gómez Urso, Viñas y Carnevale sean juzgados por ese fallo misógino que consagró la impunidad en primera instancia.

En mayo de este año la Suprema Corte bonaerense confirmó la anulación de la sentencia que absolvió a los acusados y ordenó la realización de un nuevo juicio, con perspectiva de género.

Y ahora, 5 años después del femicidio, 3 años después del juicio vergonzoso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados les dio la razón: el 23 de noviembre confirmó que Gómez Urso y Viñas serán juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta” por aquel fallo. 

Carnevale escapó por la tangente de la jubilación anticipada que goza desde 2019 merced a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.   

El hecho es inédito en la Provincia de Buenos Aires, y espera sentar un precedente que la madre de la joven resume así: “Que nunca más se hable de la víctima”.

Los efectos del comienzo de este juicio político representan un freno a la justicia machista. Por eso lo reivindican otras familias víctimas: “Es un freno a esta justicia patriarcal, para todas”. 

Esas voces de familiares de Ángeles Rawson; de Nadia Ferraresi; de Cecilia Basaldúa; de Natalia Mellmann; de Agustina Fredes; de Analía Aros y muchas otras más acompañaron el festejo de la noticia del comienzo del jury ante el Senado Bonarense de La Plata, donde se produjo la foto que ilustra esta página.

Hasta allí llegaron, se manifestaron y acompañaron también numerosas organizaciones sindicales y sociales como la CTA-A, ATE, la Asociación Judicial Bonaerense, CICOP, el Movimiento Evita, el MST, La Poderosa, Patria Grande y Las Rojas, entre tantas. 

“La justicia nos dio ese sopapo pero nosotros, como pudimos, nos reconstruimos, con todos ustedes que creyeron en nosotros, que creyeron en Lucía que era la víctima”, dijo Marta rodeada por una mayoría de mujeres jóvenes, de la edad de su hija.

Guillermo, el padre de la joven asesinada, planteó su mirada: “Ya estamos para pedir la fecha de jury”, dijo en referencia a las luchas que siguen a partir de ahora, que incluyen además una nueva fecha de juicio que juzgue a los responsables directos de haber abusado y matado a la joven de 16 años.

Cristina Montserrat Hendrickse, abogada que acompaña a la familia de Lucía Pérez, clarifica sobre qué significa este antecedente judicial: “Es un cambio institucional importante. 

El Jurado de Enjuiciamiento cree en principio que hay verosimilitud para entender que estos jueces fallaron con parcialidad, con estereotipos y prejuicios. Es un mensaje a todo el Poder Judicial y es, al mismo tiempo, una señal muy clara para quienes tengan que juzgar hechos donde se destila violencia de género”.

La señal de un cambio se expresa en el hecho concreto de que Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas fueron preventivamente destituidos de sus cargos y dejarán de cobrar el 40% de sus sueldos como jueces.

Las jóvenes que participaron de esta imagen y que luego se quedaron celebrando frente al Senado Bonaerense saben que, más acá del castigo a estos magistrados, el cambio histórico está en seguir perpetuando esa alegría de confirmar que la única forma de dar vuelta la historia es luchando.

Como dijo Marta Montero, que ve en esas jóvenes a la propia Lucía, los horizontes se siguen trazando a la altura de las necesidades urgentes y los sueños colectivos: “Esto es el comienzo de una reforma judicial con perspectiva feminista”.

Justicia por Lucía.

Y por todas.