Más de 200 muertes en seis manzanas del Barrio Química, la contaminación probada del agua, aire y suelos, y el “daño irreversible” al Paraná en San Nicolás ratificado por la Corte Suprema bonaerense. La sanción económica es mínima para una multinacional (equivalente a dos camionetas) pero está por comenzar la causa penal a sus ejecutivos. Lo que cuentan el barrio y el abogado Fabián Maggi sobre este viaje de más de una década para que no haya impunidad.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Seguir. Seguir.

Y seguir. “La única forma es la constancia”, dice Fabián Maggi, casi como una revelación de estos tiempos. Está remando una canoa por el Paraná a la altura de San Nicolás, municipio al norte bonaerense con más de 165 mil habitantes. Junto con sus vecinos Ramallo y San Pedro alguna vez explicó una Argentina con industria nacional y hoy explica una con industria extranjera, frente a un río privatizado –lo llaman hidrovía– y contaminado por empresas que señala Fabián con el remo.

Una de ellas es Atanor, fábrica del grupo Albaugh LLC de capitales estadounidenses y chinos –sin grieta–, que empezó produciendo ácido salicílico –un exfoliante– y terminó confeccionando tres herbicidas altamente tóxicos: glifosato, atrazina y 2,4D. En medio del Mundial, la Suprema Corte bonaerense le confirmó una condena por el “daño irreversible” a este río y la contaminación en aire, tierra y suelo en la comunidad.

Muchos vecinos esperaron esa sentencia toda su vida. Muchos murieron. Otros siguen enfermos.

A todos les dijeron locos. A Fabián, además, le dijeron “trucho”.

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), 55 años, capacidad de escucha y perseverancia infinitas, lleva adelante más de 70 expedientes junto a su compañera Gimena Viviani. Es representante legal del Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA), y rechaza que lo cataloguen de abogado ambientalista. ¿Por qué? “Te bajan el precio”. Es consciente de que en este tipo de luchas en todos los ámbitos y niveles hay algo más profundo y tectónico: “La soberanía”.

Dos caniches

Todo empezó cuando un amigo le dijo que lo querían echar de su casa en la Isla del Tonelero. Una empresa arenera iba a desplazar a los pobladores y arrasar el humedal y el bosque nativo. Maggi presentó en aquel 2009 su primer amparo ambiental. Hubo asambleas que impulsaron la participación de la comunidad. Allí, trabajadores de Atanor le contaron que los obligaban a enterrar o volcar a Paraná residuos contaminados. Fabián aceptó representarlos. “La empresa denunció penalmente a los trabajadores por coacción agravada. En el juicio el tribunal dijo que los trabajadores no cometieron delito, pero parecía que la empresa sí y ordenó que se abriera una investigación”.

Ese expediente se convirtió en un laberinto sin salida y Maggi decidió multiplicar las acciones: una causa penal federal, un amparo ambiental provincial y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Del otro lado había personas enfermas. Marta Roma guarda en su casa una remera blanca con el censo que hicieron los propios vecinos del Barrio Química. La prenda tiene dibujado el mapa de las seis manzanas donde se contaban 163 cruces negras, que hoy ya son más de 200. Otra vecina es Miriam González, 69 años, cuatro hijos, nueve nietos, la mitad de un riñón “completamente seco”. Dice: “Tengo mucho dolor continuo, porque la gente que uno quiere se muere, y no hay derecho de que nos quiten así la vida”.

El boca a boca en el barrio habla principalmente de cáncer de pulmón, de colon, leucemias y enfermedades cardíacas. Lina Abigail Ramírez tenía 6 años cuando le diagnosticaron rabdiomiosarcoma estadio IV. Murió en julio de 2016. Vivía enfrente de Atanor. Fabián recuerda la historia clínica de uno de los trabajadores de la multinacional: “Decía que se trataba de una muerte por contacto con nefrotóxicos: necrosis de riñón”. Otro extrabajador, Darío Álvarez, denunció a MU: “En la planta de salicílico todos fueron operados del ano, de apendicitis, tenían problemas estomacales, la piel quemada. Si se volcaba la cipermetrina no podías respirar”. Eduardo Ochoa agregó: “Muchos murieron. Mi tío de cáncer de esófago y mi hermana, a los 50 años, de cáncer de mama, hígado y cerebro”.

Todo tardaba: cada vez más cruces negras. La denuncia ante la CIDH tenía dos ejes jurídicos: la violación a la garantía de plazo judicial razonable, y a un ambiente sano. Fabián citó el caso de Victorio Spoltore, un italiano que sufrió dos infartos en una textil que no le pagó la indemnización. La causa tardó 12 años hasta que llegó a tribunales internacionales. Cuando la Corte IDH falló, dos décadas después, Spoltore ya estaba muerto.

La causa Atanor también tiene sus plazos irrazonables: la sentencia de la Corte corresponde al amparo presentado en 2014. En el medio se sumaron el incendio de 2016 y la explosión del reactor en 2023 que impregnó de cianurilo (“es decir, cáncer puro”, apunta Fabián) a toda la comunidad. Sandra Carreras, vecina, 61 años, anuncia: “Al día siguiente se me murieron dos caniches”.

Fue el knock out: ese estallido sucedió meses después del fallo de la justicia de San Nicolás que confirmó el “daño irreparable e irreversible” al Paraná y comprobó el marco de “ilegalidad manifiesta” en el que funcionó la fábrica durante todos esos años. La jueza del amparo, Luciana Bancalari –única mujer después de cinco jueces varones que tuvo el expediente–, ordenó el “cese inmediato” de todas las actividades de Atanor.

La empresa, sin embargo, apeló todo y sobre eso la Corte fijó postura mientras Argentina disputaba el pasaje a la final de la Copa del Mundo 2026.

El fallo tan esperado llegó después de tres mundiales.

Los nombres del delito

Fabián considera tres puntos centrales de la sentencia:

• “Reconoce la existencia de un daño irreversible: uno de los delitos que se tiene que comprobar penalmente es el daño al ambiente y acá ya lo dice la Corte”.
• “Plantea además que no importa la inexistencia de un parámetro específico que mida el nivel de contaminación si se puede probar, por otros medios, que hay una situación de riesgo para el ambiente”.
• “Se reconoce la deficiencia de controles estatales: parte de los imputados en la causa penal son funcionarios que incumplieron sus deberes legales”.

Ninguno de los tres fallos referidos al amparo –primera instancia, Cámara de Apelaciones y Corte bonaerense– se mete en la cuestión salud, si no en comprobar el “daño ambiental”, aunque en la primera sentencia la jueza Bancalari consideró que Atanor se encuentra ubicada en zona urbana, catalogada en la 3ª Categoría de la Ley de Radicación Industrial bonaerense “que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente” y destaca que Atanor “es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”.

De todos modos, a lo largo de las sentencias, sí se tuvo en cuenta:

• En 2020, el Centro de Investigación de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA-UNLP, coordinado por el científico Damián Marino, fallecido en 2023) detectó niveles de plaguicidas superiores a lo permitido tanto en agua como en suelo. Y se comprobaron vuelcos de atrazina al Paraná.
• Otro estudio de la UNLP, realizado por Lucas Alonso, investigó el material particulado atmosférico que cae con las lluvias. Fabián: “Aparecieron valores de atrazina en San Nicolás mil veces superiores a los de las zonas agrícolas”.
• Se consideraron los estudios de la genetista Delia Aiassa. La Cámara de Apelaciones citó su testimonio porque explica “la proyección dañosa genética en animales y células humanas expuestas al glifosato, cipermetrina y trifluralina, destacando la experiencia en poblaciones humanas expuestas a través del aire fundamentalmente, a estas sustancias tóxicas por las cercanías de su hábitat a lugares donde se pulveriza”.

¿Y los controles? La Corte bonaerense señaló: “Se encontró demostrada la carencia de autorizaciones administrativas al momento del inicio de este proceso, la demora en los trámites y la falta de verificación por parte de las autoridades administrativas provinciales”, haciendo énfasis en la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente por no controlar los compuestos cuya toxicidad está descripta en informes públicos.

Por ese motivo, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo indague a seis directivos de Atanor, a cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS, hoy Ministerio de Ambiente) y a tres presidentes de la ADA.

Los ejecutivos de Atanor son Agustín Herrera, Sebastián Canavese, César Rojas Ruiz, Roberto Goncebat, Raúl Alberto Lluy y Ángel Vergara del Carril.

Según el sitio fiscales.gob, el fiscal Matías Di Lello “les endilgó haber contaminado –por lo menos– hasta el 16 de julio de 2020, el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante ‘el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]’, lo cual –sostuvo– puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León”.

Otra causa en la Unidad Federal de Investigaciones N° 1 de San Nicolás, apunta a tres directivos de Atanor por la explosión de 2023, que generó una nube tóxica en todo el barrio: pronto debería ir a juicio oral.

La “ilegalidad manifiesta” en la que operó la fábrica se produjo gracias al “mecanismo de impunidad” que describe Fabián, quien denunció al juez Villafuerte Ruzo por obstaculizar la investigación y al fiscal Rubén Giagnorio por “encubrimiento”. También focaliza en el abogado de Atanor Juan Carlos Marchetti, exjuez de menores de San Nicolás durante la dictadura, quien impidió durante 20 años que Manuel Gonçalves Granada (nieto 57 restituido) conociera su identidad tras entregarlo en 1977 a amigos del marido de su prima. Hace nueve años que la Corte Suprema de Justicia demora un recurso extraordinario para que se investigue a Marchetti, quien fue sobreseído por Villafuerte Ruzo sin ser siquiera indagarlo. Todo tiene que ver con todo: Marchetti también defendió a cinco de los acusados por la contaminación con agrotóxicos en Pergamino: dos de ellos, exfuncionarios municipales, fueron condenados a dos años de prisión condicional.

Este esquema de poder explica el ataque que sufrió Maggi meses antes del fallo. El diario El Norte publicó en tapa: “Mafia del Derecho Ambiental: el negocio de los mil millones”. Con las peores mañas del oficio periodístico dicen que, “en off”, los CEO y gerentes de “importantes empresas de la región” describieron al abogado como “un personaje capaz de cualquier cosa por dinero”, entre otras cosas. Explica Fabián a MU: “Fue una burrada, pero la gente se dio cuenta de quién venía. A los vecinos no les cobramos. Tampoco a las organizaciones ambientales. Quien sí debería pagar es Atanor: como en todo juicio, cuando alguien pierde tiene que pagar las costas, pero no pagó un centavo porque siempre apeló”.

El director del medio, Fernando Curas, es conocido por su relación con la familia Passaglia (gobiernan el municipio desde 2011, hoy a través de Santiago Passaglia), y denunciado por trabajadores gráficos de El Norte por querer echarlos para que pasen a trabajar al municipio. Ese nexo lleva el foco a Juan Manuel Ondarcuhu, primo del intendente y ahijado de Ismael Passaglia, histórico jefe del clan. Ondarcuhu es titular del holding Servicios Portuarios, con dos terminales en el puerto de Rosario. Se adhirió al RIGI para construir un puerto agroindustrial en Timbúes (San Lorenzo, Santa Fe) por más de 290 millones de dólares. En la preadjudicación a medida de la Hidrovía del gobierno de Javier Milei al consorcio Jan de Nul se quedó –junto al empresario Gustavo Elías, que controla la logística del puerto de Bahía Blanca– con las tareas de balizamiento. En octubre del 2025, el juez Daniel Rafecas lo sobreseyó en una causa por contrabando y lavado de dinero vinculada al Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Del otro lado de toda esta odisea –sin cíclopes pero con empresarios, sin brujas pero con funcionarios, sin cantos de sirenas pero con exjueces de la dictadura– estaban los vecinos.

Lucha y pajaritos

Roberto Pereyra dice que vive “gracias a Dios y a los corticoides”. Tiene 58 años y heptacloro en sangre, herbicida prohibido en todo el mundo. Su papá murió de cáncer de pulmón. Recuerda la “niebla de veneno” a causa de la explosión en Atanor. Desempleado, reclama a la justicia alguna indemnización por lo que sufrió, porque “es complicado insertarse en el mercado laboral con estos problemas”. Agradece el fallo: “Todo se gana a través de la lucha y el sacrificio. Teníamos razón”.

Miriam va por su quinta cirugía de riñón: “No tengo palabras bonitas para nadie. El cuerpo me pasa factura todos los días. Esto no terminó con el fallo: nos dejaron la enfermedad, los dolores. Envenenaron el agua que tomamos todos, y por la situación no podemos comprar bidones. Digo, ¿no hay quien invente con la IA algún fertilizante para no contaminar más al mundo, que no nos mate a nosotros? La fábrica ya fue: con ver que les puedo dar de comer a los pajaritos que ahora me llenan el patio, ya siento que gané”.

Atanor tiene otras dos plantas en Pilar (Buenos Aires) y Río Tercero (Córdoba). En San Nicolás todavía hay trabajos de remoción del suelo contaminado –Fabián denuncia que se están haciendo mal–, y dudas respecto del destino de esos 500 mil metros cuadrados. La propia empresa comunicó el desmantelamiento de las instalaciones: el fallo la obliga a pagar 150 millones de pesos en “acciones de preservación y prevención vinculadas al cauce del río Paraná y su biota”, aunque finalmente deberá decidir la Corte Suprema de la Nación.

Son unos 100.000 dólares: un par de camionetas, para una empresa con propiedades y ganancias multimillonarias. ¿Qué plantea Maggi? “La cifra es irrisoria, y más para un daño irreversible. Estamos satisfechos con el fallo, pero no con esa indemnización. De todos modos, pagando no se soluciona el daño causado. Por eso recurrimos al derecho penal”.
Está previsto que en octubre (si no se reiteran las recurrentes postergaciones judiciales) comiencen las indagatorias penales a los directivos Herrera, Canavese, Rojas Ruiz, Goncebat, Lluy y Vergara del Carril.

¿Qué pedirá Maggi? “El máximo de pena. Voy a pedir por las muertes de las personas, por las enfermedades de quienes aún están con vida y que la condena sea con dolo eventual. Eso quiere decir que no hubo dolo directo, intención de hacer el daño, pero sí eventual, son responsables porque tenían reclamos, advertencias judiciales, condenas civiles, era todo evidente, y seguían haciendo lo mismo, siendo que los imputados además de directivos eran especialistas que sabían el daño que podían causar, y no se detuvieron”. La condena máxima en este caso, que es la que pedirá el abogado, es de 25 años de prisión. Mientras tanto, una decena de vecinos continúa su reclamo indemnizatorio de modo individual.

A Maggi lo acusan de estar en contra del progreso y del trabajo, dos puntas de lanza para cuestionar los reclamos ambientales. En un contexto donde se cierran industrias por la crisis, ¿cómo pensar el tema? “La dicotomía es falsa porque el cuidado ambiental requiere mayor mano de obra que un descuido. Atanor tenía un tratamiento orgánico de efluentes y para mantenerlo necesitaba un personal constante de cuatro o cinco operarios que estuviera en todos los turnos. Pero redujeron al personal”. La jueza Bancalari sentenció: “Es falsa la dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, ‘no puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías’”.

Lo ambiental y lo social

Mientras tanto Fabián rema. ¿El resultado tan leve hasta ahora no es de impunidad para la empresa? “Podemos pensar que es una injusticia que no todo sea cubierto o castigado como debería, pero creo que justamente hemos logrado derrotar esa impunidad total que tenía Atanor, con un escudo protector de fiscales, jueces e instituciones. Ese es un gran paso adelante”. El juicio ante la Corte Interamericana será contra el Estado argentino, responsable de no impedir el daño ambiental y social producido por Atanor.

Maggi trabaja con Gimena Viviani también en el equipo legal de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Llevan demandas por el megaproyecto de gas fósil que amenaza el Golfo San Matías, por los desmontes en Chaco, y por el proyecto petrolero Sea Lion al norte de las Islas Malvinas, entre otros.

Plantea Fabián: “El extractivismo es la nueva forma de colonialismo. No hace falta una guerra, invadir un territorio o la conquista de América para llevarse el oro: los mecanismos son los del capitalismo moderno. Ante eso, hay que tener una respuesta soberana para defender lo nuestro. Del otro lado hay una voracidad enorme. Habrá que resolverlo con lucha y que la gente tome conciencia de que es un saqueo y una destrucción no solo ambiental, sino también social”.

La lucha por Atanor visibiliza ese entramado. Y un método.

¿Cuál es ese método? “La constancia. Hay mucho por caminar, pero lo único que sostuvo esta lucha fue seguir, seguir y seguir. Asimilar los golpes, levantarse, saber tejer redes y volver a caminar”.

Durante meses el gobierno logró imponer los temas, los tiempos y las preguntas. Hasta que una discusión sobre la tierra parió otra cosa. Lo que apareció detrás y después de ese debate no es –solo– una disputa jurídica ni económica, sino una pregunta más profunda sobre la soberanía, la identidad y el futuro. De César Aira a Peter Thiel, una lectura de la actualidad para crear lo que falta.

Por Claudia Acuña

Fotos Colectivo Triada: Tadeo Bourbon, Lucía Prieto, Juan Valeiro

Uno

Todo cambio es un cambio de tema.
La frase pertenece a la novela Cumpleaños, de César Aira publicada en 2001 y por cierto hoy adquiere otra dimensión ya que fue la única señal que anticipó aquel ciclón. No debe entonces menospreciarse que ahora Aira nos permita leer en sus páginas de ficción lo que representa en estos días el relato de viajeros ingleses por la Patagonia. En su flamante libro Los viajes de Julius Brenchley la suerte de los aventureros británicos queda, por las derivas del clima y del relato, en manos de los pueblos originarios, y los conflictos de la trama se centran en la Guerra entre la Descripción y la Narración: en tanto la Descripción “es propia de los dueños del mundo que preferían pensar que ya está todo hecho, y bien hecho”, la Narración es la esperanza “del pueblo bajo, los explotados y los sometidos”. Así narrar es crear lo que no hay, lo que falta y lo que más necesitamos.
El paisaje que contiene toda esta historia es el que dibuja el colonialismo. Cuenta el narrador que cuando uno de los personajes pretende comprar un par de ejemplares locales para exhibirlos en las ferias del Norte “el patagón no se lo tomó a mal. Para su coleto pensó que los ingleses eran incorregibles. Colonialistas de alma, el mundo para ellos era una tienda de departamentos en la que podían escoger los productos nacionales, incluidos los vivientes”.
Todo este periplo que traza Aira está situado en el siglo 19, hay que aclararlo, quizá porque en estas tierras el pasado nunca se pisa: se transita.

Dos

El mismo día del tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cuando ya estaba caído el acuerdo para aprobar el capítulo que no imponía restricciones a la venta de tierras a capitales extranjeros, su autor, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación Económica, participaba de un programa televisivo en la República Dominicana, donde luego de los halagos recibidos pudo responder su pregunta favorita:
¿Qué es el Estado?
Es el instrumento que los intereses usan para darse privilegios a ellos mismos. Especialmente en nuestros países es un vehículo que el poder usa en beneficio propio.

Sturzenegger también confesó que dos años antes de que asumiera Javier Milei la presidencia ya habían comenzado a analizar las leyes que había que derogar, las que había que modificar y las que había que redactar, y que por eso antes de asumir ya tenían diseñada la arquitectura legal del plan económico: “El factor sorpresa es políticamente importante para modificar la realidad y por eso teníamos que tener todo preparado”. El uso del plural en todos los verbos que utilizó para describir este proceso es el misterio.
Luego cuenta que se formó en la universidad pública de La Plata, que gracias a esa formación accedió al MIT y que formó parte de tres gobiernos diferentes porque siempre combinó la vida académica con la política. “Los dos anteriores fracasaron y siempre me quedé pensando cómo podía ser que gente tan preparada fracasara. Y ahí fue donde desarrollé la teoría del Triángulo de las Bermudas: el país está atrapado por tres grupos que frenan el cambio. Sus vértices son la corporación empresaria, la corporación sindical y el partido peronista como gestor político de estos privilegios. Si no se desarmaba esa arquitectura legal no se podía cambiar nada”. Misteriosa es también la relación de este triángulo con los derechos, pero gracias a esa compresión estratégica implementó el plan que presentó al flamante Presidente electo. Ahora se jacta de que su ministerio lleva concretadas 16 mil desregulaciones que expandieron el Triángulo hasta el infinito y más allá, según se desprende del entusiasmo que suscitan sus palabras en sus interlocutores televisivos.
El programa completo puede verse en Youtube, donde en los cinco primeros días de emitido había cosechado 76 espectadores.

Tres

El ministro de Economía insiste en que Javier Milei ganará con holgura las elecciones del año que viene, pero los mercados ya no parecen estar tan seguros pese a la extrema confianza de Luis Toto Caputo. “El rebote del riesgo país de los últimos días da la impresión de ahora estar obedeciendo mucho más a factores locales que externos”, escribe el periodista Pablo Wende en Infobae. Es el mismo periodista que el 26 de abril de este año anunciaba: “La lluvia de dólares se intensificará y el peso seguiría fortaleciéndose en los próximos meses”.

Cuatro

Un informe realizado por la empresa QSOCIAL Big Data concluyó que la discusión pública sobre la reforma de la Ley de Tierras quedó ampliamente dominada por los sectores que rechazaban la iniciativa impulsada por el gobierno. El 70,2% de todas las interacciones registradas expresaron oposición explícita a la reforma, mientras que apenas el 0,9% correspondió a contenidos de defensa del proyecto. El resto de las publicaciones fueron catalogadas como informativas o neutrales.
El trabajo sostiene que la principal derrota del oficialismo se produjo en el terreno simbólico, ya que la oposición consiguió instalar la idea de “extranjerización” de la tierra como marco interpretativo del debate, desplazando la denominación oficial del proyecto vinculada a la protección de la propiedad privada.
Lo más relevante: el eje central de la discusión no fue jurídico ni ambiental, sino acerca de la soberanía territorial. En ese sentido, identificaron que numerosas publicaciones relacionaron la reforma con temas como Malvinas, la defensa del territorio nacional y símbolos asociados a la identidad argentina, una vinculación que generó altos niveles de participación en redes sociales. En particular, menciona una producción de Malena Pichot que disparó más de 582 mil interacciones y más de 10 millones de reproducciones.

Cinco

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra Malena Pichot por el presunto delito de instigación a la violencia. El funcionario judicial actuó de oficio fundamentando su decisión en el carácter público, la gravedad de las expresiones y la masiva difusión del mensaje. Las víctimas señaladas en la presentación judicial, hacia quienes se dirigía de forma implícita la publicación, son los economistas, empresarios y funcionarios Luis Toto Caputo, Federico Sturzenegger y Peter Thiel.

Seis

Rodrigo Zarazaga es sacerdote, doctor en Ciencias Políticas, licenciado en filosofía y director del Instituto Universitario Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), un polo de formación de cuadros políticos impulsado en su momento por el Papa Francisco. Dos días antes del debate parlamentario del proyecto de Ley que Cambió de Tema participó de un coloquio organizado por los diarios Clarín y La Nación bajo la ficción “Repensar la Argentina”, cuyo escenario fue un museo de arte, el Malba.
Una platea poblada de empresarios y vacía de políticos escuchó atenta su intervención que, a una semana de su emisión, había capturado en Youtube 10.666 espectadores. Una posible síntesis de su teoría, que bien podría interpretarse como otra mirada sobre el mismo Triángulo:
“Las instituciones terminan siendo un reflejo del poder de las elites. El problema es quién las captura: si las elites extractivistas o las que crean valor”.
“¿Quiénes son las elites extractivistas? Son aquellas que hacen riquezas a partir de privilegios que obtienen del Estado. Ahí radica el problema de Argentina y si queremos solucionar ese problema en lugar de preguntarnos cómo, lo primero que tenemos que preguntarnos es quiénes. Porque si quienes capturan al Estado son las elites extractivistas no hay posibilidad de que cambien su manera de hacer de negocios, porque sus privilegios están asegurados por las leyes que imponen”.
“Con algo de ironía diría que lo que nos falta es una coalición de Los Buenos que llegue al poder, porque sin poder no hay cambio”.
“El conurbano no me entra en Vaca Muerta. Entonces esa coalición generadora de valor, la de Los Buenos, tiene que pensar qué le puede ofrecer. Recuerdo una conversación con un chico llamado Matías. A los 7 años su mamá, jefa de hogar, le dice ‘no vayas más a la escuela: necesito que te dediques a cartonear’. A los 12 cae en situación de consumo. A los 14, en delincuencia y a los 15, preso. Lo conozco a los 18, en la cárcel.
Le pregunto:
¿Cómo te imaginás tu futuro?
Me responde: Yo no tengo más futuro.
Si la coalición de Los Buenos no tiene una propuesta de futuro para Matías lo que no tiene futuro es este país”.

Siete

El gobierno está en una deriva. Así lo define Gustavo Córdoba, analista político y director de la consultora Zuban Córdoba que realiza encuestas cualitativas para tomarle el pulso a la conversación social. En su último trabajo analizó justamente la irrupción de un cambio de tema que emergió con una palabra como abracadabra: soberanía. El 70% de sus encuestados manifestó que su voto está condicionado por esa perspectiva. “La sábana en el partido Inglaterra-Argentina generó una conversación que el gobierno no supo cómo responder ni cómo participar ni cómo reaccionar”. Funcionó como un knock out, pero también como un despertador. “El gobierno supo instalar la idea de que enfrente no tiene oposición y la cuestión Malvinas dejó en evidencia que enfrente tiene ahora a la sociedad”, sintetiza Córdoba.
¿Qué incidencia tiene este cambio en las proyecciones electorales?
Arriesga Córdoba: “Hoy por hoy la mayoría quiere un cambio. Eso significa que cualquiera que se le ponga enfrente al oficialismo tiene chances de ganar, pero todavía falta mucho para las elecciones. La sociedad va a agarrar lo que tenga a más a mano”.
¿Cualquiera?
Recuerda entonces Córdoba: “Para dar marco a cualquier proyección creo que hay que tener muy en cuenta dos cosas. La primera es que en nuestro país todavía todo se define políticamente en términos de peronismo o antiperonismo. Y lo segundo es que toda relección está condicionada siempre por el factor económico: si va bien se gana; si va mal, el voto es castigo”.

Ocho

Apenas once días después del tratamiento legislativo del Proyecto que Cambió de Tema fue el aniversario de la muerte del general José de San Martín, símbolo de la batalla contra el colonialismo, entre otras guerras argentinas. Luego de una larga reclusión, ese día reapareció en público el presidente Milei visiblemente impactado por los despechos que le depara esta nueva narrativa de la realidad. Fue en Rosario y en un acto en el que aprovechó para darle un fuerte y efusivo abrazo al ministro Desregulador-Extractivista Sturzenegger. A esa misma hora, pero en el capitalino Barrio Parque una treintena de jóvenes autodenominados Lxs Gandalfs del Sur se instalaron frente a la casa del lobista Peter Thiel con un cartel que proclamaba en idioma bilingüe:
“You shall not pass, la concha de tu madre”
Con atuendos negros, largas barbas grises y sombreros de punta cantaron:
“Peter, Peter compadre,
la concha de tu madre.
Vos tenés palantires para ver el futuro,
mirate en el espejo vas a ver un boludo”.
Peter Thiel, hay que aclararlo, es dueño de la corporación Palantir, dedicada a la inteligencia y el procesamiento de datos para que los gobiernos controlen a las sociedades, desaten sus genocidios y extraigan sus ganancias de manera eficaz y remota.
En la ficción de la literatura que creó John Ronald Reuel Tolkien con la saga El señor de los anillos los palantir son piezas de comunicación que, en manos equivocadas, permiten manipular la realidad.
Tolkien la tenía clara: la batalla final es por la Imaginación.

A 50 años del golpe de Estado, el Archivo de la Memoria Trans reunió en un libro testimonios individuales, relatos colectivos y el registro del Juicio Brigadas, el primero que toma como víctimas del terrorismo de Estado a mujeres travestis trans. El libro no habla solo de violencia, sino también del humor, la amistad, la resistencia y las formas que ellas inventaron para poder seguir vivas. Pistas sobre dónde encontrar claves para el futuro.

Por Evangelina Bucari

Cuando Carola Figueredo mira una foto, no ve solamente lo que quedó fijado en el papel ya descolorido. Ve quiénes estaban alrededor, el lugar donde fue tomada, el cumpleaños de alguna amiga, una fiesta de fin de año, una casa que funcionaba como refugio. Ve una época en la que posar en un espacio público podía ser imposible y peligroso para una mujer travesti trans.
“Los pocos momentos en que nos sacábamos fotos eran en lugares cerrados”, recuerda. Podía ser el cumpleaños de una conocida o una reunión con las compañeras. “No teníamos lugares públicos, espacios públicos, porque no podíamos hacerlo. Teníamos literalmente una persecución de odio”, explica Carola.
Durante años, aquellas fotografías permanecieron guardadas en álbumes íntimos. Eran imágenes de una vida que casi nunca aparecía en los registros oficiales, salvo bajo las marcas de la persecución, los prontuarios policiales o los expedientes que las nombraban para criminalizarlas. Cuando Carola ingresó al Archivo de la Memoria Trans, en 2017, comenzó a mirarlas de otra manera. “Ahí empezamos a tomar conciencia de la historia de la fotografía”, asegura. Cada imagen podía ser una prueba de existencia, una puerta hacia un recuerdo y una pieza de un relato colectivo que había sido mantenido en silencio.
Esa historia está en el centro de Carne de cañón. Memorias travestis trans de la dictadura 1976-1983, el libro editado por la Editorial del Archivo de la Memoria Trans Argentina con prólogo de la abogada Ana Pipi Oberlin, integrante del Ministerio Público Fiscal, quien participó en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad y violencia institucional.
La publicación reúne testimonios narrados en primera persona, relatos colectivos y el registro escrito del Juicio Brigadas, en el que la justicia incorporó las declaraciones de mujeres travestis y trans que fueron secuestradas y llevadas al Pozo de Banfield.
En sus páginas aparecen las voces de Ornella Teté Vega, Sonia Beatriz Torrese, Valeria del Mar Ramírez, Mónica del Valle, Julieta González, María Ivone, Brigitte Carla Gambini, la de Carola y muchas otras. Brigitte, además, reconstruye la historia de Janet Derganz, la primera persona trans que figura oficialmente como desaparecida en la Argentina. Hay recuerdos individuales, pero también narraciones construidas entre varias, porque en esta historia casi nunca el “yo” puede separarse por completo del “nosotras”.
“En un mundo donde nuestras voces siguen siendo casi invisibles, editar un libro relatando lo que vivimos tantas es un acto de resistencia necesario”, dicen desde el Archivo al presentar la publicación.
El Archivo de la Memoria Trans fue fundado en 2012. Su origen estuvo ligado al reencuentro de compañeras que habían sobrevivido a la persecución, al exilio, a la violencia policial y al abandono estatal. Primero, fue un grupo de Facebook, un espacio donde podían reconocerse, reencontrarse y saber quiénes seguían vivas.
Sofía Naara, que trabaja en el Área de Entrevistas del Archivo y estuvo a cargo de la edición de Carne de cañón, encuentra en ese nacimiento una huella directa de la lucha de organismos de derechos humanos. “Hay algo del origen del Archivo muy inspirado en la lucha de Madres y Abuelas”, explica. María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo, había visto un documental en el que le preguntaban a una de las Madres cómo habían podido construir un archivo sin tener nada. “La respuesta fue sencilla y enorme: tenían lo más importante, la memoria de las sobrevivientes”, relata Sofía.
El proyecto de hacer un libro sobre las experiencias de la comunidad travesti trans durante la dictadura existía desde hacía años. Era, dice Sofía, una cuenta pendiente. Las entrevistas que le dieron forma se realizaron entre 2019 y 2026, y a medida que se acercaba el cincuentenario del golpe, la urgencia se volvió más clara.
Para editarlo, Sofía cuenta que trabajó con el Nunca más en la mano, porque comprendió que estaban construyendo un registro que también venía a completar una ausencia fundamental. “Lo que se armó desde el Archivo fue un Nunca más dedicado a la comunidad trans”, asegura. “Aporta conocimiento, visibilidad, existencia, testimonios. Puede parecer redundante decirlo, pero es muy importante porque no estaban al alcance”, explica la editora, y a medida que habla se le va haciendo un nudo en la garganta.
El Archivo conserva miles de fotografías, cartas, pasaportes, documentos de identidad, recortes periodísticos, diarios personales, legajos policiales y otros objetos. Pero no se limita a reunir materiales: los identifica, los conserva, reconstruye sus contextos y vuelve a ponerlos en circulación. Desde 2024, además, desarrolla un registro de entrevistas audiovisuales a adultas trans mayores. Sofía cuenta que ya realizaron 83 entrevistas a compañeras sobrevivientes. “No solo a la dictadura, sino a la policía, a la persecución, a la sociedad, a todo lo que las violentó”, aclara.
Carola trabaja en el área de conservación. Aprendió a limpiar fotografías, manipular papeles frágiles y a proteger materiales que durante décadas sobrevivieron de casa en casa, en valijas, cajones o sobres. Habla del trabajo técnico, pero enseguida aparece otra dimensión. “Cuando compartimos tantas historias, nos vuelve el corazón a la mente”, dice, y enseguida agrega, emocionada: “No es solamente a la mente y a los ojos, es al alma. A veces siento que nosotras estamos ahí adentro”.

Una resistencia luminosa

Ana Oberlin recuerda que recibió la invitación para escribir el prólogo en un momento de tristeza y preocupación. Se acercaba un nuevo 24 de marzo y circulaban discursos que relativizaban los crímenes de la dictadura y hasta la posibilidad de indultar a condenados por delitos de lesa humanidad. La lectura del libro, sin embargo, le devolvió algo que creía debilitado: la esperanza.
“Si bien es un libro que cuenta un montón de violencias −describe la abogada−, me pareció muy hermoso encontrar en muchas de las historias esas historias de resistencia”. No solo las de quienes atravesaron la ferocidad de la dictadura, sino también las de quienes enfrentaron violencias posteriores que, en algunos casos, se profundizaron durante la democracia.
“Hace sentir un inmenso orgullo de lo que se puede crear en este país, incluso desde el horror”, explica. Para ella, esas historias forman parte de una tradición más amplia del movimiento argentino de derechos humanos: la creación de estrategias colectivas para sobrevivir, resistir y transformar el dolor en acción. “Ese horror −afirma− puede convertirse en un motor”.
Carne de cañón cuenta secuestros, torturas, violencias, abusos sexuales, hambre, miedo, persecución policial y expulsiones familiares. Describe vidas marcadas por un Estado (y una sociedad) que las castigó sistemáticamente por existir. Pero también habla de las amistades, las complicidades, los apodos, de quienes sostuvieron nombres, se rieron juntas y construyeron formas de seguir vivas.
Sofía recuerda que casi no hay un episodio doloroso que no esté cruzado por alguna forma de humor. “Hay escenas altamente complejas, pero atravesadas por esa forma que ellas tenían para enfrentarlas”, cuenta. Por eso, durante la edición, se buscó preservar el modo singular de narrar de cada una. En el capítulo de María Ivone, por ejemplo, las detenciones y las situaciones de extrema violencia conviven con escenas de la vida cotidiana y con la personalidad luminosa de la narradora: su uniforme de enfermera “color patito”, sus plumas y su recuerdo de haber sido “la loca de los carnavales”.
Carola también vuelve sobre la risa. “¿Cómo manteníamos esa alegría? Mezclábamos el humor con lo cotidiano”, resume. Habían naturalizado una forma de vivir bajo persecución, de ser “carne de cañón”, pero no por eso dejaron de construir momentos felices. Recordaban los cumpleaños, los festejos, el final y el comienzo de cada año. “El dolor nos hacía valientes, nos daba fuerza para pelear. Era una forma de resistir ante tanta injusticia”, asegura.
Ana encuentra allí una de las mayores potencias del libro: su capacidad de desafiar la idea de que después de una violencia extrema solo quedan personas quebradas o condenadas a ocupar para siempre el lugar de víctimas. “A pesar de la violencia que el Estado y el mundo cis imprimieron sobre los cuerpos de las personas trans y travestis, aparece esa resistencia, esa forma de pelear y esa búsqueda creativa, también de alegría”, señala. “Eso me da una sensación de futuro, de esperanza”, asegura.

Juicio Brigadas

El Juicio Brigadas comenzó en octubre de 2020 y juzgó crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que funcionaron en dependencias de la Policía Bonaerense.
Durante décadas, las historias de las mujeres travestis-trans secuestradas en esos lugares habían permanecido fuera de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Algunas detenciones no habían quedado registradas, muchas sobrevivientes habían muerto jóvenes o se encontraban fuera del país. Otras habían convivido tantos años con la violencia estatal que no se reconocían a sí mismas como víctimas del terrorismo de Estado.
Ana comenzó a investigar esos hechos mucho antes de que fueran incorporados al juicio. En 2018, conoció a integrantes del Archivo y juntas comenzaron a buscar a las sobrevivientes. Hasta entonces, el testimonio de Valeria del Mar Ramírez había sido considerado de manera aislada y más vinculado con su militancia que con la persecución relacionada a su identidad de género.
“Estaba presente la idea de que casi no había sobrevivientes”, recuerda la abogada. El trabajo del Archivo resultó decisivo para encontrar a las compañeras y reconstruir sus historias. “El trabajo que hacen es impresionante e imprescindible. Lo necesitamos”, asegura.
Finalmente, un grupo aceptó declarar. En abril de 2023, Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta González, Analía Mártires Velázquez y Marcela Daniela Viegas Pedro contaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata los secuestros, las torturas, las violaciones y los trabajos forzados que sufrieron en el Pozo de Banfield. Fue la primera vez que un juicio de lesa humanidad se enfocó en las declaraciones de cinco mujeres trans y travestis víctimas de la dictadura. Por primera vez pudieron hablar como sobrevivientes y ser escuchadas por la justicia.
Pero sus testimonios no solo permitieron reconocer los delitos cometidos contra ellas. También aportaron información sobre otras víctimas del terrorismo de Estado. Algunas escucharon nacimientos de bebés en el centro clandestino, otras pudieron identificar a represores o relatar lo que ocurría en las celdas próximas.
Para Ana, hasta el juicio Brigadas la comprensión judicial sobre el terrorismo de Estado estaba “sesgada e incompleta”. No solo faltaba reconocer a esas mujeres como víctimas sino también faltaba escuchar todo lo que ellas sabían. “Sus violencias y todo lo que habían vivido eran directamente ignorados por el sistema judicial y, al mismo tiempo, al excluirlas, la investigación también perdía información esencial sobre el funcionamiento de los centros clandestinos”, señala.
En marzo de 2024, el juicio culminó con doce condenas. La sentencia reconoció como delitos de lesa humanidad la persecución, los secuestros, las torturas, las violaciones y la reducción a servidumbre sufridas por las mujeres travestis y trans en el Pozo de Banfield. Por primera vez, esas violencias específicas fueron juzgadas como parte del terrorismo de Estado.

La democracia que no llegó

Cada uno de los relatos del libro deja algo en claro: la dictadura terminó en diciembre de 1983, pero para las personas travestis y trans la persecución no terminó. “El 83 no significó ninguna libertad ni ningún cese de la persecución”, resume Sofía. Carola lo dice todavía de forma más directa: “No tuvimos una democracia. Fue una falsa democracia para nosotras. Por eso le llamamos posdictadura militar”.
Los códigos contravencionales continuaron habilitando detenciones arbitrarias. La policía siguió hostigándolas, encerrándolas y expulsándolas del espacio público. “Teníamos una ley que nos juzgaba, que nos condenaba. Esa persecución de odio no dejó de existir”, recuerda Carola.
Ana advierte que muchas de esas prácticas conservaron los métodos aprendidos durante el terrorismo de Estado. Cambiaron las figuras legales, pero no necesariamente la violencia. Antes eran los códigos de faltas; hoy pueden ser las acusaciones por narcomenudeo u otras formas de criminalización. “Cambian el ropaje de legalidad que a veces se les da a esas violencias, pero no cambian las violencias”, afirma la abogada.
Por eso, el libro no construye una frontera rígida entre dictadura y democracia. Las protagonistas recuerdan los años 70, pero sus historias avanzan hacia las décadas siguientes y muestran cómo la persecución estatal, la expulsión familiar, la falta de trabajo, el acceso restringido a la salud y la violencia social formaron parte de una misma trama.

La segunda vida

Para Carola, el cambio decisivo llegó en 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género. “Ahí nosotras conocimos la libertad. Verdaderamente pudimos decir: hoy somos libres”, sostiene.
Carola habla de una “vida primera” y una “vida segunda”. La primera estuvo marcada por la persecución policial, los calabozos y la imposibilidad de ser reconocida por su identidad. La segunda comenzó cuando tuvo acceso a un documento, a nuevos espacios y a derechos que hasta entonces le habían sido negados.
“A partir de 2012 empezó a cambiar todo para nosotras. Tuve la oportunidad de tener una vida nueva, una vida segunda”, cuenta. Pero enseguida aclara que ese cambio no fue igual para todas. “Muchas compañeras mayores –señala Carola– continúan sin acceso a empleos formales, otras siguen en el trabajo sexual y las políticas de inclusión laboral no siempre se cumplen. No hay un cien por ciento de integración social. Para nosotras todavía falta mucho”.
A sus casi 64 años, Carola se reconoce como sobreviviente. Durante mucho tiempo se repitió que la expectativa de vida de las mujeres trans era de 30 o 35 años. Ella cuestiona que esa cifra se presente como un destino natural.
“Era por la calidad de vida que teníamos”, señala. La exclusión del sistema laboral, la expulsión familiar, el trabajo sexual como única salida y el abandono empujaron a muchas compañeras hacia contextos violentos. “Yo cumplí 64, pero muchas se quedaron en el camino por la calidad de vida que nosotras teníamos”, explica.
Sobrevivir, entonces, no es un hecho individual. Es también la consecuencia de haber construido refugios y familias allí donde el Estado y la sociedad habían dejado abandono.
Por eso, en Carne de cañón, las mujeres que hablan lo hacen por ellas mismas y también por quienes ya no pueden hacerlo. Nombran a las amigas, recuerdan a las compañeras asesinadas, reconstruyen escenas en las que alguien cuidó a otra, compartió comida, consiguió un lugar para dormir o hizo reír al grupo en medio del miedo.
Carola insiste en que la visibilidad es una forma de reparación. “Es poder visibilizar las historias. Una historia que nos mantuvieron toda una vida callada”, asegura. “Cuántas compañeras –se lamenta– se fueron con ese dolor y nunca lo pudieron contar”.
Publicar el libro permite que esas experiencias dejen de ser leídas como episodios aislados y obliga a revisar los relatos más consolidados sobre la dictadura y la democracia, todavía construidos muchas veces sin las vidas travestis y trans.
Para Ana, la incorporación de esas voces no se limita a completar un archivo del pasado. También brinda herramientas para enfrentar el presente, especialmente cuando vuelven a circular discursos de odio, expresiones que reivindican la dictadura y políticas que amenazan derechos conquistados.
“Es cuando más tenemos que hablar de lo que pasó y de lo que sigue pasando”, señala. También es el momento de aprender de “esas estrategias colectivas, esas complicidades, esas tramas de vínculos y de construcción colectiva” que las compañeras desarrollaron para enfrentarse al horror.
Carola llama resistencia a esa obstinación por seguir de pie. “Nosotras hoy somos libres gracias a haber resistido al maltrato, a la persecución policial, a los encierros, a los calabozos y a los castigos”, destaca. También pide continuar ese trabajo, “para que las nuevas generaciones tengan herramientas para defenderse y para que ninguna de las que quedaron en el camino vuelva a ser olvidada”.
El libro no disimula las violencias ni las heridas que siguen abiertas, pero tampoco deja que el horror tenga la última palabra.