Qué revela la cantidad de crímenes registrados por el único padrón autogestivo y público del país en este 2023. Otro informe anual que esta vez se sitúa en Mar del Plata para analizar desde un territorio concreto cómo funciona la máquina femicida. Cómo se mata, cómo se muere, cómo se tejen las violencias, las relaciones con el medioambiente, los derechos humanos y el extractivismo. Una tesis sobre la importancia de pensar la complejidad desde el territorio, en un número especial.

Texto: Claudia Acuña

Fotos: Sebastián Smok

Al comenzar a escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.550 crímenes. Cada uno es nombres, edades, fechas, localidades, imputaciones, modalidades y resoluciones judiciales. Actualizar diariamente este padrón nos interpela todos los días, no porque nos cuestione el para qué si no porque nos impone el porqué y, más impotentemente, el hasta cuándo.

En este largo trayecto mucha de la información que allí se recopila no representa para nuestro Observatorio “casos”. Son familias, infancias huérfanas, barrios, vecinas, asambleas y herramientas creadas y sostenidas durante años en el camino de la búsqueda no solo de justicia, sino de algo más trascendente para cada tejido social involucrado: Nunca Más.

Es esta tensión entre la acumulación de datos y de relaciones la que nos desafía a reflexionar críticamente sobre lo que esta sistematización puede aportar a esas batallas contra la violencia. Y, al mismo tiempo, la que nos obliga -al construirla- a ponderar la relevancia de los marcos teóricos que se han aportado recientemente, con una hipótesis incómoda: qué relación hay entre los relatos académicos “de género” –que consagran quienes saben de este “tema”-, la realidad y la incapacidad para politizar acciones concretas que permitan prevenir este dolor social que parece no tener otro destino que el de la reiteración sistemática.

La primera dificultad a enfrentar es la trama de estas violencias. Su complejidad, su multidiversidad, su raíz histórica, su actualidad y sus diversas variantes tienden a que la lectura parcial, sesgada y disciplinaria responda supuestas preguntas que ya tienen respuestas concebidas de antemano, certezas que se aplican sobre partes o sobre el todo, para concluir en mandamientos teóricos que refuerzan prejuicios morales: la violencia patriarcal está mal. Pero está y goza de un impulso continuo que no podemos detener. Funciona, y muy bien.

¿Entonces?

¿Qué está mal?

La época, el sistema, las representaciones políticas y el funcionamiento de las instituciones–el Estado, el Poder Judicial, los medios, etc., en las cuales hemos depositado enteramente la supuesta solución de estos crímenes- mitigan con su funcionamiento atroz, cómplice y corrupto todas las responsabilidades que podamos tener quienes intentamos analizar estas violencias. Pero las tenemos. 

Nombrar en una nota o un artículo académico un femicidio o 4.569 nos compromete a honrar la vida, su condición sagrada. Con ese compromiso compartimos lo que por ahora tenemos: preguntas y formas de hacer. Las buscamos en trabajos académicos y en barrios, en personas que sufren y en aquellas que las escuchan. Son incógnitas a revelar comunitariamente y prácticas que hicieron y luego, pusieron en palabras lo hecho como forma de criar lo que nos falta y nutrir lo que necesitamos.  

De eso se trata este informe.

Primera pregunta

“¿Cómo salir de este continuum de violencia? ¿Cómo reconocerla para erradicarla, cómo revivir experiencias que hemos enterrado adentro de nosotras, para sobrevivir?”. La que nos y se interroga es Giulia Marchese, geógrafa italiana, investigadora de las violencias que sufren mujeres y pueblos indígenas en México, integrante de GeoBrujas y del Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Frankfurt. La pregunta es parte del artículo “Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia”, donde expone exactamente eso: preguntas y elementos. El principal es el que nos interesa: qué entendemos por territorio y por qué puede ser esa la clave para analizar estas violencias.

Marchese lo define primero según los preceptos sistémicos dominantes:

“La palabra ‘territorio’ viene del latín ‘territorium’, término que de un lado está etimológicamente vinculada a ‘territor’, que significa ‘quién posee la tierra’ y del otro está vinculada a ‘terrorem’, terror. En las Ciencias Sociales, el territorio ha sido ubicado como la parte del espacio que pertenece a un Estado: literalmente en donde se extiende el terror, el poder, la autoridad. El territorio entonces es el ámbito definido por el ejercicio del poder, o sea la producción del miedo: una noción que no tiene nada de natural, sino es totalmente política” (Farinelli, 2008: 29).

Dentro de esta organización del territorio distingue las “zonas de ser” y las “zonas de no ser” diferenciadas por la maquinaria de producir despojo y acumulación. “El principal instrumento de la acumulación por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos pues comparten los mismos objetivos”. Esa organización que consagra ciudadanías privilegiadas y despojadas está sexualizada y racializada. Sigue Marchese: “En esta geopolítica de la producción, las zonas de operación y penetración a nivel extractivo están interconectadas por una infraestructura de corredores multimodales” y señala estas zonas como una posible “geopolítica de la violencia sexual”. Son las fronteras o “territorios fronterizados”, escenarios de la imprescindible movilidad que requiere el despojo extraccionista y el narcotráfico, dualidades que cada vez más se nos presentan como dos caras del mismo sistema. Así Marchese nos invita a pensar como fronteras no sólo aquellas marcadas en línea de puntos en los mapas, sino por el sistema productivo, por ejemplo los puertos y los suburbios.

Rosario (informe 2022) y Mar del Plata (el de este año) nos convocó desde esta perspectiva.

Segunda pregunta

“¿Qué tipo de subjetividad se construye dentro del capitalismo para que existan personas que son exterminables como condición para la reproducción del sistema?”, cuestiona Marchese. La construcción de subjetividad es una tarea multidisciplinaria y universal: condiciona todo, no limitándose a las personas sino a las representaciones que las sociedades construyen, las formas de ser, de hacer, de proyectar, de estar juntas, los sueños y las  pesadillas. Y aunque el sistema haya desterrado de nuestro imaginario la concepción que nuestros ancestros tienen del territorio, ahí está, en la realidad, manifestándose en sus formas de sacrificio. “El territorio es lo que permite existir, vivir”, nos recuerda Marchese. Y quizás por eso mismo ahí habitan los femicidios.

Resignarse a que hoy la concepción del territorio esté unida a su defensa es una derrota del imaginario colectivo. “El territorio se queda atrapado en la lógica reactiva, como concepto relacional que nace frente al reclamo, a la defensa, a la acción frente al despojo”, advierte Marchese.

Tercera pregunta

“¿Es posible trazar estrategias de autodefensa de la violencia reapropiándonos de un concepto de territorialidad positivo? ¿Qué papel juegan los conceptos de cuerpo y territorio en este esfuerzo?”, interroga Marchese. Enuncia entonces una posibilidad en juego: “El territorio es lo que permite existir, vivir. Es una construcción y un concepto histórico. Es memoria del espacio ocupado físicamente, fuente del poder público, y es necesario volverlo, regresarlo, re-entenderlo como sustento material de la vida. Tanto el cuerpo como la tierra son elementos que generan las condiciones para la reproducción de experiencias vitales, y para reapropiarnos de nuestros territorios es un esfuerzo fundamental para contraponer y erradicar la violencia. Cada cuerpo tiene una historia y una geografía distinta, pero es necesario un proceso colectivo para reconocer el territorio y reapropiarlo para su rehabitabilidad”.

Cuarta pregunta

¿Cómo hacerlo?

Es la filósofa dominicana Yuderkys Espinosa Miñoso quien nos invita a encontrar respuestas  volviendo “la mirada hacia allí donde hemos dejado de mirar para encontrar lo que tan diligentemente hemos estado dispuestas a desechar en nuestra complicidad con el relato moderno, dar valor y recuperar los saberes producidos por las mujeres que han sido vistas como que no saben o que no tienen razón”.

Pensar estos posibles ante el precipicio que nos abre hoy la realidad argentina es utópico, pero por eso mismo es la responsabilidad que tenemos para crear otras condiciones de realidad que nos permitan orientarnos en las tinieblas.

Pensar estos 4.550 femicidios como el listado de rebeldías que se producen todos los días en las trincheras de la cotidianeidad, en la trama íntima de aquello que por resumir vamos a denominar patriarcado, pero que es sistema de producción y es política y es, fundamentalmente, la batalla que nos obligan a dar estos tiempos, seamos o no conscientes de que se está librando en nuestros cuerpos.

Pensar que con nuestros pies en las dolientes fronteras crecen las raíces del saber y las alas de nuestros deseos. Y abrazarnos en ellos.

Al terminar de escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.569 crímenes.

Entre cientos de inmuebles y autos de lujo, un clan narco con conexiones en tres países era el propietario de lo que ahora es la Casa de Lucía. Condenados sus integrantes, sus bienes fueron embargados y una casa marplatense asignada a la familia Pérez, que lucha precisamente contra los narcofemicidios de la ciudad. Una historia ¿increíble? Textos: Lucas Pedulla

En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “clan” tiene dos acepciones:

“En Escocia, conjunto de personas unidas por un vínculo familiar”.

“Grupo predominantemente familiar, unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista”.

No fue en la tierra de William Wallace donde comenzó esta historia, sino en la de Güemes: Salta. Y un comienzo posible data del 16 de noviembre de 1978 día en el que en esa ciudad nació un bebé llamado Erwin Raúl Loza. 

Nada hacía suponer que, cuarenta y tres años después, la acepción de “clan” estaría vinculada a su apellido, ni que los fuertes vínculos familiares con tendencia exclusivista tendrían otros condimentos que están mucho más acá de cualquier serie por streaming:

Un financista asesinado en Quilmes.

Jubilados como mulas.

La Ferrari de Maradona.

La Casa de Lucía.

Erwin, alias “El Nene”, fue condenado a diez años de prisión en 2021 como jefe del “clan Loza”, una organización que entre 2008 y 2018 compró casi 200 inmuebles y vehículos para lavar más de 800 millones de pesos del tráfico de drogas a Europa. Entre esos bienes, figuraba la casa de Alvarado al 4500, en Mar del Plata. 

Este inmueble ahora asignado a la familia de Lucía Pérez había pasado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tras el pedido del Ministerio Público Fiscal de hacer uso de la “extinción de dominio” como instrumento jurídico, para recuperar así bienes que fueron producto de una actividad delictiva como, en este caso, el narcotráfico. 

La conexión entre el narcotráfico y la muerte de Lucía Pérez no es un hecho aislado ni casual en Mar del Plata.

The boss

El hilo de la investigación que llevó a Erwin a la cárcel empezó en noviembre de 2017 cuando detuvieron, en el Aeropuerto de Ezeiza, a dos personas del clan provenientes de Madrid: intentaban ingresar al país con tres valijas con 365.800 euros ocultos. Así se desató un ovillo internacional con el despliegue de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia, que permitió identificar a los integrantes y la operatoria de la organización. El equipo también incluyó a la Gendarmería, la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, la AFI y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Toda la tropa dispuesta a la investigación del clan Loza.

Finalmente en distintas causas fueron detenidas 42 personas en los tres países sospechados. En España, por ejemplo, hay un proceso por un traslado de 1.200 kilos de cocaína en Granada. En octubre de 2017 la policía española secuestró un cargamento de 530 kilos en Almuñecar (Granada) y otro de 612 kilos enterrados en una casa en Zarautz (País Vasco). En Italia, en el puerto de Savona, la banda se había olvidado un kilo de cocaína en un hueco de refrigeración en un contenedor de fruta que venía de Perú. En el país latinoamericano también se secuestraron 3.500 kilos de cocaína y fueron detenidas 18 personas.

En el juicio argentino, el fiscal auxiliar de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Matías Álvarez, estimó que el kilo de cocaína en la frontera norte de Argentina tiene un precio de entre 3.000 y 5.000 dólares. Su valor mayorista en Europa no baja de 27 o 28 mil euros el kilo, diez veces más que su valor en Bolivia. La venta al menudeo, precisó, puede llegar a 60.000 dólares el kilo. Por este flujo de dinero, las ganancias del clan se estiman en no menos de 5 millones de euros. 

Para canalizar todo ese dinero, y poder comprar y vender todos los bienes, utilizaron sus propios nombres (con datos falsos en declaraciones juradas) y sociedades vinculadas a ellos: Inversora Salteña S.A., Uruguay Parking S.A., Aguamarina S.A., La Casona de la Linda S.R.L., Automóviles The Boss S.A., BM Materiales S.A., Ervin Nacho Operaciones Inmobiliarias S.A., etc. En función de esta estructura los fiscales detectaron una profusa lista de inmuebles comprados en CABA, Villa Madero (La Matanza), Del Viso (Pilar), San Isidro, estancias como “Las Marías” en San Pedro, y también en Salta, donde además poseen hoteles. Hay casas en countries de Máximo Paz (Santa Fe), casas en Mar del Plata. También cocheras: hay una para 95 autos en Uruguay al 100, pleno microcentro porteño.

En otra de esas cocheras, ubicada en la calle Humberto Primo, en el barrio porteño de San Telmo, la Unidad Antidrogas de Gendarmería Nacional encontró la Ferrari F335 Spider Roja con la que Diego Maradona llegaba a Boca a entrenar en 1997. Según el periodista Federico Fahsbender, esa Ferrari siguió su camino: la compró una empresa de La Plata, luego una firma inmobiliaria en Lomas del Mirador, fue subastada en Mercado Libre llegando a un precio de 670.000 dólares, hasta que en 2009 fue registrada en un lote de San Patricio del Chañar, en Neuquén, sin calle ni número. Su titular era una empresa fundada un año antes con un nombre –ahora sí– de serie: Automóviles The Boss S.A.

En los papeles, la empresa se dedicaba a la compra y venta de autos, y en el Boletín Oficial aparecía Erwin Loza, empresario salteño, como su dueño. Había comprado esa cochera en 2011 junto a su mujer, Clara Fernández, por 2,7 millones de pesos a través de otra firma, Inversora Salteña. El dinero, en los papeles, figuraba producto de la venta de otros inmuebles en La Matanza. Clara Fernández ocultó la propiedad a la AFIP hasta el sinceramiento de 2017, y su esposo se la transfirió en 2017 para que la explotara como estacionamiento. Fernández ya representaba a otra firma, Uruguay Parking.

Erwin estaba autorizado a manejar la Ferrari por cédula azul, pero el mítico vehículo nunca fue declarado al fisco. Tampoco en declaraciones juradas o blanqueo de capitales. 

Erwin, the boss, fue detenido horas después del hallazgo. Estaba en su mansión de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro. En la cochera porteña había un Chevrolet Camaro 2013 comprado en 2017 con 300.000 pesos en efectivo. También un Ford Mercury modelo 1973. Googlear las fotos de estos modelos es un buen ejercicio para el asombro.

Clara Fernández también recibió pena en la condena de 2021: 5 años de prisión.

Águilas, pastores & buchones

Erwin tenía otros dos hermanos. 

Valdemar, el mayor, fue condenado en 2019 a 15 años, pero hacía dos que ya estaba preso porque había sido detenido en un galpón de Tapiales (La Matanza, otra vez) con más de una tonelada de cocaína por un valor de 6 millones de dólares. Ese operativo se denominó “Ave Rapaz” porque el logo impreso en los ladrillos de droga tenía el dibujo de un águila. Otro detalle: once oficiales de la Policía Federal terminaron procesados por robarle a Valdemar entre 600 y 800 mil dólares de una caja fuerte en uno de los domicilios que le allanaron.

José Gonzalo, el hermano del medio, también tenía peso de líder del clan. Murió el 6 de noviembre de 2019 en el Hospital Xanit de Málaga, donde estaba internado por sufrir un cáncer de esófago. No sabía que, en otra de sus internaciones en un hospital de Madrid, todas sus conversaciones se escuchaban por micrófonos ocultos en su habitación.

Otro factor clave para determinar la estructura del clan fue la declaración del financista Diego Xavier Guastini, 45 años. Fue identificado como el “lavador” de los Loza. Contador, en diversos papeles figuraba como empresario, con domicilio fiscal en Ezpeleta (Quilmes), y aparecía en el Boletín Oficial en directorios de varias empresas que iban de la ganadería al turismo. Figuraba, también, en una firma de “consultores informáticos de Monte Grande”, en el municipio de Esteban Echeverría. En septiembre de 2019, firmó un juicio abreviado con otros nueve imputados por ser el jefe de una asociación ilícita para el contrabando de divisas agravado por la intervención de tres o más personas y el manejo de dinero de origen desconocido. El juicio sintetizó más de diez causas y la pena fue llamativa: tres años en suspenso. El proceso dejó al descubierto la trama de una operatoria más que interesante.

Guastini reconoció que usaba un sistema de “mulas” con hombres de entre 40 y 60 años, todos con domicilio en la zona sur del conurbano bonaerense, y para no generar sospechas en chequeos aleatorios de Ezeiza, la estructura incluía a jubilados. Una de las primeras acusaciones es del 26 de octubre de 2013, cuando detuvieron a dos hombres provenientes de un vuelo de Roma con 169 mil euros ocultos entre la ropa de la valija. Dos cuestiones llamaron la atención de los oficiales. La primera, obvia, que el monto superaba el máximo permitido por AFIP. La segunda: no coincidían los perfiles comerciales de quienes traían los billetes: uno tenía 50 años, era de Florencio Varela, beneficiario del plan Garrafa de la ANSES, y había declarado ser evangelista y panadero. No fue la única rareza: en diciembre de 2012, dos pasajeros de un vuelo desde México fueron detenidos con 689 mil dólares entre sus calzones y camisas. Uno era un jubilado, el otro era un comerciante. 

El juicio no dio cuenta del origen del dinero ni tampoco del proceso de selección de las mulas, pero sí permitió saber, por ejemplo,  que Guastini también había llegado a Ecuador con contratos de donación falsos. También se ve la sombra narco con la participación de Pablo Portas Dalmau, otro de los imputados de esa banda, que está involucrado en la causa “Narcogolf” (cayeron en el Olivos Golf Club) por querer ingresar dinero desde México.

Acorralado en diversas causas, Guastini decidió ser “imputado colaborador” de la justicia. Fue filmado en una sede de la PROCUNAR en 2018. Sus relatos se distribuyeron en cinco audiencias con sesiones de hasta cinco horas, fueron precisos y sirvieron como prueba para cinco causas, entre ellas la de los Loza. Del clan, se refirió  precisamente a Erwin.

Un sicario a mató Guastini de tres disparos en la madrugada del 28 de octubre de 2019, a metros de la Municipalidad de Quilmes, mientras manejaba su Audi A4. Entre  los miembros de la banda acusada por su asesinato, está el sargento de la Policía Bonaerense Adrián Baeta, uno de los principales operadores en el falso operativo llamado “Leones Blancos”, de 2013, promocionado entonces como un exitoso golpe al narcotráfico. Por esa causa cayó el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan porque la verdad era más compleja: el anuncio fue que habían detenido a seis personas con 600 kilos de cocaína, pero en realidad eran 1.200. La mitad de ese cargamento quedó en manos de una “asociación ilícita” que integraban unas 50 personas, entre policías bonaerenses, abogados, financistas y operadores del Poder Judicial.

Según Página 12, la operación se gestó cuando unos narcos colombianos se acercaron a Guastini para cambiar una suma grande de dólares por euros. Por ellos se enteró de una jugosa operación para adquirir 1.200 kilos de cocaína. El financista, apodado “Dolarín”, le pasó el dato a sus policías amigos de Quilmes, y con la ayuda de Scapolan, hicieron el resto: le frustraron la operación a los colombianos, se llevaron los aplausos por el “exitoso operativo”, y se quedaron, de yapa, con la mitad de la cocaína secuestrada.

Por esas razones, las hipótesis del crimen de Guastini son múltiples. 

También, los alcances de sus declaraciones.

Su video delator se transmitió en el juicio del Clan Loza, pero él ya estaba muerto.

Radiografía del clan

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 dio a conocer las penas al Clan Loza el 2 de diciembre de 2021. Además de Erwin (10 años) y su esposa Clara (5 años), también recibieron condenas:

William Weston Millones, 8 años: organizador, de nacionalidad peruana, era el nexo con proveedores del Cono Sur y los transportistas hacia Europa. Viajaba con un pasaporte chileno falso bajo la identidad de Traico Ilich Ilich.

Gerardo César Guccione, 7 años: era asistente de los Loza. Participó en negociaciones con otros grupos y administraba parte de las ganancias. En noviembre lo detuvieron en su casa de San Fernando, mientras se hallaba en libertad condicional. El operativo se dio en el marco de Interpol porque España quiere extraditarlo por el tráfico de drogas en ese país.

Gonzalo Daniel Junior Loza, condena a 6 años: es sobrino de Erwin e hijo de José Gonzalo. Era el sucesor del negocio, y se encargó de muchas de las operaciones en España mientras su padre estaba internado. Sospechaba que la habitación estaba “pinchada”, pero quedó grabado cómo su papá le explicaba el funcionamiento. Como Guccione, fue detenido en su casa de San Isidro: también piden por su extradición.

Estela Marí Gallo, 6 años: en el fallo por extinción de dominio aparece como la titular del inmueble que, hoy, es la Casa de Lucía en Mar del Plata.

Américo Alfredo Santi, 4 años y medio: acusado del lavado de activos junto con Millones.

Juan Carlos Fernández, 4 años y medio. Facilitó su nombre y firma para la compra de muchos de los bienes.

Eduardo Javier Silveira López, 4 años. Muchos vehículos figuran a su nombre.

Alan Daniel Loza, 4 años: otro de los hijos de José. También figuran a su nombre varios de los bienes muebles e inmuebles comprados con plata del lavado

La conexión 

Los jueces detallaron sus comprobaciones: “La organización ilícita instrumentaba maniobras de tráfico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia España de clorhidrato de cocaína), contrabando de divisas desde Europa hacia el país y finalmente lavado de activos provenientes de las ganancias producidas por sus actividades ilícitas precedentes. Las acciones para dar apariencia lícita a esos fondos eran ejecutadas mediante las compras de muebles e inmuebles a través de sociedades anónimas, entre los que se incluyen vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias”.

También: “No tenemos aquí solamente inconsistencias fiscales o contables. Además, tenemos a allegados a personas dedicadas al narcotráfico adquiriendo, a través de entes societarios sin actividad suficiente para justificar tales compras, bienes muy valiosos sin documentación respaldatoria suficiente ni consistente”.

Además de Italia y Perú, también comprobaron que los vínculos y los nexos van desde Colombia y Bolivia hasta Inglaterra e Irlanda. 

Toda esta historia, con muchos giros que detallados en miles de fojas, es la que antecede a la puesta en valor de la Casa de Lucía como una referencia territorial única: de una casa comprada con dinero de “lo narco” a una casa recuperada por una familia.

“Lo narco” aparece en la causa de Lucía Pérez tanto en la venta minorista que llevaba adelante Farías, uno de sus femicidas, como los tentáculos que conlleva el apellido de Offidani en el crimen; conexiones jamás investigadas por la justicia, que condenó a ambos por el femicidio y su encubrimiento, y consideró el rol de estos hombres como vendedores de drogas como uno de los agravantes para mostrar la asimetría con la joven de 16 años.

Entre los carteles, el lavado y Europa, nace la Casa de Lucía, que hoy empieza a transformar esa historia y escribir su propio futuro.

Un drama social de las ciudades portuarias que habla de una relación criminal con el mar: ambiciones pesqueras, falta de controles, narcotráfico y malas condiciones de trabajo. El caso de Pepe; el juez que no investiga; el rol sindical; el silencio de funcionarios y la voz de las familias contra la corrupción y por justicia. 

Texto: Francisco Pandolfi

Fotos: Sebastián Smok

“No buscaron a mi hermano, hijos de puta”.

65 barcos pesqueros hundidos en Argentina desde el año 2000. Más de 100 tripulantes muertos o desaparecidos. Cero responsables detenidos. Desde el comienzo de este siglo, casi tres buques hundidos por año. ¿El último? El 1° de diciembre de 2023, horas antes de enviar esta revista a imprenta, se hundió en Rawson el Foca M. Solo en 2008, 2012 y 2019 no se produjeron hundimientos.

Detrás de estas cifras que registra el Observatorio de Problemáticas Pesqueras, familias quebradas, en duelo permanente. Y una lucha latente, en carne viva.

La indolencia judicial

“Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, sino por el agua que entra en ellos”.

Es viernes 24 de noviembre y en Necochea, a 130 kilómetros de Mar del Plata, se realiza un acto en memoria de los trabajadores fallecidos y desaparecidos en el mar. El punto de encuentro es el Monumento a la Familia del Pescador, a metros del Puerto de Quequén.

Hay una bandera que dice “Ningún hundimiento más, la corrupción mata”; hay pecheras con caras que ya no están; gorras con rostros que faltan; placas que no olvidan; inscripciones que recuerdan el hundimiento del submarino ARA San Juan y a sus 44 tripulantes; y decenas de remeras que exigen: “Justicia por Pepe”. Arriba, la foto de José Gabriel Pepe Ferreyra, tripulante de la embarcación Nuevo Viento. Desde allí se cayó al mar y desapareció, a las 6 de la mañana del pasado sábado 15 de julio.

Una familiar de Pepe llora sin parar, hasta que se desmaya. La sostiene el resto de su gente y el acto continúa. Hace casi cinco meses se lo vio a Pepe por última vez. Su esposa Graciela le comparte a MU: “Los marineros salen en condiciones que no son óptimas; hay muchos elementos de seguridad que no tienen. Me ha contado Pepe que se pasan los chalecos salvavidas de un barco a otro para zafar las inspecciones de Prefectura”. Sobre el día de la desaparición, recuerda: “Había malas condiciones climáticas e igual lo hicieron salir; el buque no estaba en condiciones, le faltaba soldar algunas partes. Esta misma empresa, Nuevo Viento, ya tuvo un desaparecido y a otro hombre que lo rescataron a los 40 minutos”.

Pepe tenía dos hijos. José, de 14, y Noa, de 8. También tenía una sonrisa particular. “Era muy alegre; se la pasaba haciendo chistes. Me quedo con eso y con su último abrazo, antes de irse a Rawson, donde desapareció”, llora su pareja.

En la capital de Chubut, precisamente en el Juzgado Federal Número 2, está la causa. ¿El juez? Gustavo Lleral, el mismo que no investigó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado; y el mismo que tiene en sus manos la “investigación” de los hundimientos de los barcos Repunte y Rigel. “Pasó hace cuatro meses y no hizo nada, no hay respuestas de Lleral. Eso sí, a la semana el barco estaba de nuevo pescando langostinos”, explica Graciela.

A su lado, la contienen Miguel, Elena y Graciela. Miguel es el papá de Cristian Osorio, auxiliar de maquinista del buque Rigel, y una de las víctimas del hundimiento del 9 de junio de 2018. Elena de la Hoz y Graciela Ciasca son familiares de desaparecidos en el Repunte, hundido el 17 de junio de 2017.

Miguel tiene puesta una pechera blanca con la cara y el nombre de su hijo. Y un mensaje que lleva a la práctica día a día: “No te vamos a abandonar”. Señala al juez Lleral por el abandono judicial: “No puede ser que del Repunte pasaron casi siete años, del Rigel seis y siguen en etapa de investigación”. Graciela Ciasca es la tía de Gustavo Sánchez, capitán del Repunte. “En enero de este año conocí a Pepe, que me cargaba por no saber usar el celular. Ya no está. Mis remeras, son todos muertos y desaparecidos en el mar. Las vidas valen más que cualquier mercado. Pero llevamos 77 meses desde el hundimiento y Lleral no movió nada, pareciera que quiere que prescriba la causa”. Elena, cuñada de Marcelo Islas: “A la familia de Pepe todavía no le entregaron ni la ropa ni el celular”. El pedido de entrevista de MU al juez Gustavo Lleral no fue respondido.

En silencio escucha Juan Pablo Vibián, marinero y vicepresidente de la Agrupación Marítimos del Sudeste. Cuando el resto termina, habla: “Nosotros tuvimos la desgracia de Pepe, pero desde mucho antes acompañamos la lucha de las familias. De hecho, trajimos acá al director de la película y la hicimos de interés municipal”. Se refiere al documental Barcos de papel, una pieza imprescindible para entender la vida (y la muerte) de los marinos pesqueros. “Cuando mi mujer vio la película, no quería que vaya más a navegar. Nuestro trabajo es muy arriesgado y la película muestra crudeza, porque es así lo que nos pasa. A los barcos le pegan una maquilladita y ya está, al mar”.

Juan Pablo es un sobreviviente del mal estado de las embarcaciones. “Nosotros pescamos langostinos y cuando hay mucha pesca dormimos vestidos, ni tiempo de bañarnos tenemos”. Agrega: “El problema pasa cuando el casco está roto, filtra agua y las bombas no chupan bien. Cuanto más espesor tiene una chapa, más durabilidad para los golpes de las olas, que son como si te agarrara un tren. Se va desgastando y cada vez que se saca el barco del agua, se mide el espesor y en qué partes golpeó más”.

Lo interrumpe Miguel: “Se debe cambiar la mancuerna, pero acá se ponen parches”. Juan Pablo: “Eso fue lo que hicieron con el Repunte; estaba roto, le pegaron un parche y salió”. Las víctimas fatales fueron diez.

Juan Pablo era compañero de Pepe: “Era un orejón hincha pelotas, que para su edad (37), tenía un conocimiento impresionante. Siempre estaba preguntando por qué esto, por qué lo otro. Era contramaestre de cubierta, el primer pescador; de un barco pelado, te lo armaba todo.

¿Por qué le pasó esto? 

-Por lo que contaron quienes viajaban con él, había un poco de viento y se estaba golpeando la escala –la escalera por donde se sube o se baja– contra el casco. Para atarla, Pepe se paró en la baranda y se resbaló, porque ni siquiera andan con los zapatos de seguridad necesarios.

Quiénes son los responsables

“Esta gente destruye familias”.

Gabriela Sánchez es la hermana de Gustavo, capitán del Repunte. Es socióloga, docente y desde el día del hundimiento su vida cambió. Se volvió una referencia no sólo por ser familiar de una víctima, sino por su lucha diaria y su investigación de la problemática, mucho más allá de su caso específico. “Para que un barco salga a navegar debe pasar por todas las inspecciones de Prefectura; si no comienzan los problemas, porque igual sale al mar. También están los empresarios, al pagar la coima para que el barco pase las pruebas. El otro responsable es el Estado”. El  ente regulador es el Consejo Federal Pesquero, que está dentro de la Subsecretaría de Pesca.

Respira profundo, y continúa: “Estos tres actores servirían para prevenir el hecho, pero hay un cuarto que tampoco actúa tras el hundimiento: la Justicia. En todos los hundimientos las únicas explicaciones o responsabilidades apuntan al capitán y al mal clima. y nada. Que un barco se hunda y no haya ninguna consecuencia es un factor para que se vuelva a repetir”.

Graciela Ciasca tiene 72 años y una energía envidiable. Sostiene una tela blanca con letras azules, y una batalla que no entiende de plazos: “La bandera dice ‘La corrupción mata’, porque es asqueroso lo que se maneja en los puertos. Cómo puede ser que haya responsables concretos y ni un detenido”.

Miguel Osorio también habla por dolencia propia: “Más de un hundimiento fue porque los empresarios buscaron cobrar el seguro, sin importarle la vida de los trabajadores. Te colocan una chapa de un milímetro, pero Prefectura no verifica si es el espesor justo. A medida que se va oxidando y le pasan sal de limón, la chapa afina y queda una hoja de papel. Vos mirás al buque de afuera, bien pintadito y decís ‘está hermoso’, pero es un ataúd flotante”.

Seguridad náutica o coima

“Mi hermano desde los 16 trabajaba ahí. Toda una vida. Toda una vida…”.

Roberto Maturana tiene 70 años y es oficial de marina mercante. Su experiencia en la seguridad marítima y portuaria lo llevó a ser uno de los investigadores más reconocidos en Mar del Plata, donde sale a caminar a diario para seguir en movimiento. En uno de sus andares, le relata a MU: “Uno de los problemas más graves es que en ningún puerto existe fiscalización pesquera. Se paga una soberana coima para no declarar lo que se descarga; no hay control del peso de los cajones; ni filmación de las descargas. Los puertos son espacios ciegos, donde ingresa todo y sale todo. En Argentina se van hasta contenedores en negro, porque tenemos un montón de leyes sin aplicarse y mucha plata en el medio. La pesca es la materia prima más utilizada en el país para mandar droga al mundo, ya que ningún puerto del país, excepto el estadounidense Exolgan Dock Sud, tiene un escáner que discrimine orgánico de inorgánico. Podés decir que llevás 40 kilos de merluza, pero hay fentanilo, cocaína, pastillas de viagra, lo que se te cante. Esto lo saben la Aduana, la Prefectura, el FBI; lo saben los funcionarios. Todos lo saben y se hacen ricos con esto. La pesca es un gran agujero negro”.

Maturana cita un caso que no es la excepción: “El barco Don Roberto se dio vuelta en 2003, pero no se hundió. Entonces la Asociación de Patrones de Pesca pidió que se lo peritara. Lo hizo el ingeniero Foster y reveló que su estado no correspondía con los papeles. O sea, Prefectura dio por válido lo que les entregaron el astillero y los inspectores, sin hacer pruebas de estabilidad. ¿Qué pasó? El barco se dio vuelta y murieron siete tripulantes. Esto solo cambiará si se ordenan los astilleros –que construyen o modifican los barcos–, y se sanciona a los armadores, que son quienes matan a la gente. Con tal de que entre más pescado, le sacan del fondo del barco el peso que necesitan para estabilizarlo. Si vos sacás ese peso, no lo hacés en el muelle donde te ve todo el mundo, lo sacás en el astillero”. 

La zafra de langostinos, la pesca más codiciada, generalmente arranca en junio, mes en el que se hundieron el Repunte y el Rigel. En julio pasado, desapareció Pepe Ferreyra. ¿Casualidad o causalidad? Sentencia Roberto Maturana: “Acá hay avaricia empresarial y complicidad entre el astillero, el armador y la Autoridad Marítima, o sea Prefectura y la Secretaría de Pesca. Hay una cadena de corrupción que no se va a cortar y la prueba está que las muertes continúan”.

Jorge Frías es el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Complejiza la mirada: “Los buques no son construidos para hundirse. El factor determinante es el humano, sin dudas. Lo que hay que determinar es en qué momento del naufragio o siniestro. ¿En la construcción, en los controles o en las maniobras de pesca o navegación? En la construcción los buques mantienen parámetros de seguridad variables, según la exigencia laboral. Si vos tomás un parámetro ficticio del 1 al 10, que se consideran todos los puntos como autorizados por la autoridad marítima, no es lo mismo un barco que tiene una seguridad 10 que 5 o 1. Esto hace la diferencia entre un buque marino y uno no tan marino. El 1 no es que sea un barco peligroso, aunque se le debe prestar más atención que al que está en 10. Los márgenes de error son cada vez menores, entonces le pedís al astillero que construya un barco seguro, que cumpla con las normas establecidas, pero no máximamente seguro”. 

Desde febrero de 2010, Frías es el titular del sindicato. “Hay tres condiciones que debe cumplir un buque: 1-cumplir la seguridad náutica, aunque sea mínimamente; 2-tener una bodega lo suficientemente grande, porque a mí me interesa la carga como inversor; cuantos más cajones y toneladas cargo, mejor; 3-cumplir con la comodidad y la habitabilidad para la tripulación: un buen baño, una buena cocina, buenos camarotes, que no estén hacinados”. Capitán y piloto de pesca, añade: “En el arte de navegar somos todos responsables, es una falsa excusa decir que nos llevan en buques que no tienen condiciones; a mí no me lleva nadie, si no estoy de acuerdo, no voy y listo. Sobre el dolor siempre se buscan culpables y responsables, pero amerita analizar las cosas fuera del dolor. Yo soy náufrago, mi hermano se ahogó a mi lado, el capitán del barco se ahogó a mi lado; yo estuve casi dos horas flotando en una tabla, el 27 de octubre de 1989. Con esto quiero decir que tengo mi propia experiencia, pero no por eso puedo salir a decir que todos los barcos son peligrosos y están para hundirse, porque no es cierto. Hoy en Rawson tenés 70 barcos y no se hunden a diario”.

Miguel Osorio, papá de una de las nueve víctimas del Rigel, no acuerda y se manifiesta sobre el sindicato que representa los intereses de capitanes, pilotos y patrones de pesca: “La mirada de ellos siempre es más para la patronal que para el obrero, porque ellos cuando más explotan a la gente, más plata ganan. Tienen la mirada del patrón”.

El movimiento transforma

“Den la cara, ¿de qué se tienen que esconder?”.

Tras el hundimiento del Repunte en 2017, familiares de víctimas crearon la organización Ningún Hundimiento Más. Movilizaciones por las calles marplatenses y de otras ciudades del país para gritar justicia; protestas a una Prefectura no acostumbrada a ser apuntada; y una visibilización para cambiar las condiciones laborales de los tripulantes, generaron un antes y un después en la historia pesquera.

Contextualiza Miguel: “En cinco años cambiamos más que en 50. Hoy cada barco navega obligatoriamente con dos balsas salvavidas y cada tripulante tiene un traje de inmersión. Estamos luchando para que se implemente un sistema mixto radial y satelital de hombre al agua, que podría haber evitado lo que le pasó a Pepe Ferreyra. Si alguien cae al agua se activa automáticamente una alarma sonora; a partir de un sistema radial avisa a los barcos cercanos, y el satelital a la Armada y a Prefectura. Mediante este sistema, si no se logra salvar a la persona, sí permitiría encontrar el cuerpo enseguida. No queremos que a nadie le pase como a nosotros, que estuvimos cinco años para conseguir un certificado de presunción de muerte”.

¿Qué más falta?

-Un montón de cosas: hemos logrado un 5%. Falta que Prefectura haga los controles correspondientes y los inspectores se suban a los barcos. Además, pedimos una renovación de flota porque en Argentina no tienen una caducidad, entonces traen de la Comunidad Europea los barcos que están dados de baja y los hacen trabajar 50 años más. Otra cosa: lo que pasó en el Rigel persiste: a barcos construidos para pesca variada, en temporada de langostinos les ponen tangones (brazos que se abren a los costados para arrastrar una red que pesca el langostino), y así el buque pierde estabilidad, porque no fue preparado para eso.

En 2019, por la lucha de los familiares, Mauricio Macri firmó un decreto para la renovación de las flotas. Opina Miguel Osorio: “El DNU 145/19 lo sacó Macri de emergencia cuando empezamos a hacer lío. Pero no arregló nada, porque las empresas tienen tiempo para la renovación hasta 2040. ¿Cuántas vidas más tenemos que perder hasta 2040? Todo sigue igual, con una justicia que no hace nada, y la anuencia de la política y los sindicatos que tampoco se ponen firmes para decir ‘no señores, los que viajan en barcos obsoletos son vidas humanas’”.

Gabriela Sánchez pondera otro hito relevante de la organización de los familiares: “La ley sobre la Junta de Seguridad en el Transporte, porque la Prefectura no siguió siendo juez y parte. Hasta ese momento, dejaba salir los barcos como sabemos y cuando había que investigar un hundimiento, estaban ellos también y obviamente nunca se implicaron. Se la conoce como Ley Repunte, porque la motorizamos tras el naufragio”.

Antes del hundimiento, el Repunte estuvo cuatro años inactivo por su mal estado. Recuerda Gabriela: “A los pocos días tuvimos una reunión con Tomás Gerpe, subsecretario de Pesca de la Nación en el gobierno de Macri. Cuando le pedimos explicaciones, nos dijo: ‘Yo sólo firmo papeles’. Fue terrible escuchar eso”. Desde MU le solicitamos una entrevista a Gerpe, pero no accedió: “Gracias x contactarme. Estoy con mi familia fuera unos días. Saludos”.

Eleuterio Marcelo Ocampo, jefe de Operaciones de la Prefectura de Mar del Plata, no respondió al pedido de entrevista.

La Dirección Nacional de Investigación de Asuntos Marítimos, Fluviales y Lacustres de la Junta de Seguridad de Transporte se creó en 2019. Completa Gabriela: “Es un avance impresionante en la seguridad del transporte marítimo. A partir de esto, los mismos tripulantes comenzaron a denunciar lo que no está bien. Pese a los logros, falta muchísimo”.

Noticias de ayer

“Por la fiebre del langostino, lo soldaron así no más al barco. Y se cargaron a diez personas”.

En medio de la escritura de esta nota, llegan videos desde altamar: los buques María Rita y Waffen 815, con pinchaduras en las bodegas. Agua, agua y más agua en el interior de los barcos. Horas después, el naufragio del Foca M, navío hundido número 65 desde el año 2000, según el Observatorio de Problemáticas Pesqueras. Roberto Maturana cierra la nota, sobre un tema tan necesario como el agua, como el mar, como la vida: “De la pesca no se habla, y de la pesca y de los puertos salen millones que se van por falta de control. La muerte en la marina mercante es corrupción y el reciente hundimiento del Foca M es un ejemplo. Es imposible que en el siglo XXI un barco construido en 2021 termine dado vuelta y hundido. Es tecnológicamente imposible. Pero tiene una explicación: los funcionarios pesqueros en la República Argentina son criminales, son depredadores y no les importa un carajo el patrimonio alimentario del país”.

“Desde el dolor, arranca la lucha”.

Todas las frases fueron extraídas del documental Barcos de papel, que puede verse gratis en la plataforma cine.ar