¿Cómo recibe la justicia a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es uno de los delitos más graves y subreportados. Por eso mismo es también uno de los más impunes. Para quienes logran romper el silencio, el camino hacia la Justicia sigue siendo hostil: sus testimonios muchas veces son puestos en duda, la revictimización es moneda corriente y, a pesar de su alta prevalencia, aún son pocos los casos que terminan en condena efectiva. A diferencia de cualquier otro delito, son las víctimas quienes tienen que demostrar que dicen la verdad. La sensación es que quienes denuncian parten desde el banquillo de los acusados. Así lo describen sobrevivientes y adultos protectores, como Yama Corin, mamá de Luna, que atravesó junto a su hija un proceso judicial “doloroso y traumático”, con un final “devastador” en un caso que se volvió emblemático. 

Pese a todas las barreras, poder detectar, denunciar y acompañar es clave para ayudar a las infancias a salir de ese calvario. Aunque en los últimos años aumentaron las causas judiciales gracias a la mayor visibilización de la problemática, se estima que solo se denuncian formalmente entre un 10 y un 15 % de los casos, y apenas un 1 % concluye en condena. A la complejidad propia del delito de abuso, Yama añade otro aspecto: “A pesar de los avances, hay un componente ideológico patriarcal que atraviesa al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto que hace todo más difícil”. 

Después de una lucha de 12 años y un juicio oral que duró más de cuatro meses, en 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires absolvió por “beneficio de la duda” a Hernán González Rizzi, acusado de abuso sexual agravado contra Luna, cuando era una niña de entre 6 y 9 años. “El mensaje es: no denuncien porque vamos a investigarlas, peritarlas y culpabilizarlas”, resume Yama, que es arteterapeuta y forma parte de la agrupación feminista Mundanas y de la Mesa Nacional Contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias.

Ponerlo en palabras  

No son casos aislados: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la iniciativa Together for Girls, una de cada 5 niñas (20%) y uno de cada 7 niños (15%) son víctimas de abuso sexual. La mayoría tarda años en pedir ayuda. Vítimas que no se animan ni pueden contar lo que viven. Cerca del 80% de los casos de abuso suceden en el entorno cercano y son perpetrados por una figura significativa: padre, madre, abuelo, tío, tía, hermano mayor. El miedo, la culpa, el vínculo emocional con el agresor, la falta de adultos protectores o el temor a no ser creídos explican, en parte, el silencio. 

“Hay una asimetría terrible de poder, de habilidades y de recursos entre el perpetrador y la víctima”, advierte la psiquiatra infantojuvenil Silvia Ongini, del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas de la UBA. Ese descreimiento, alerta, puede llevar a minimizar los signos y síntomas de un delito cometido en la intimidad, sin testigos y con secuelas invisibles. Por eso Ongini subraya que, ante cualquier sospecha, es fundamental generar entornos de comprensión y contención que faciliten la develación, porque “la víctima cree que hizo algo que motivó o determinó que le pasara lo que le pasó”. 

Emiliano Maserati, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños de la Procuración General de la Nación (UFIDISN) añade en que “el desafío es permitir que el chico sea oído de manera libre, sin interferencias; armar una especie de dique para que pueda declarar en un contexto seguro”. Además, explica que no se le puede pedir a un niño la misma precisión que a un adulto, menos aún sobre un hecho traumático.

El camino judicial, lejos de reparar, suele convertirse en una nueva forma de violencia y muchas denuncias terminan archivadas. La lógica probatoria de los tribunales está pensada para otros delitos: “Los jueces esperan evidencias físicas o testigos, que habitualmente no existen en los abusos sexuales a menores”, señala Ongini, quien además integra el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI). 

“¿Cuál sería la prueba fehaciente? ¿El embarazo de una nena de 11 años o una enfermedad de transmisión sexual?”, se pregunta la psiquiatra infantojuvenil, y recordó que los abusos con penetración son los menos frecuentes. La mayoría de los casos involucra tocamientos en zonas íntimas, exposición a pornografía, inducción a la masturbación, sexo oral o prácticas “que no dejan huellas físicas –detalla– pero sí marcas profundas en el psiquismo y el desarrollo neurobiológico de la víctima”.

A esto se suman pericias reiteradas, cámaras Gesell mal aplicadas o incluso negadas durante años, entornos judiciales hostiles y un proceso largo y desgastante donde se desvaloriza la palabra de las víctimas. “Siempre tienen que demostrar que lo que dicen no lo inventan, no lo sueñan, no lo fantasean”, describe Ongini. 

De hecho, un informe elaborado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en 2024 observó limitaciones en el impulso e investigación de las causas penales de abuso sexual, particularmente en lo que se refiere a la recolección y producción de pruebas, e instó a adoptar todas las medidas posibles para garantizar la amplitud probatoria, “a fin de que la producción y valoración de la prueba sea omnicomprensiva y no recaiga exclusivamente en la víctima, su testimonio y su cuerpo”. 

Yama describe el costo de ese recorrido: “Hacer una denuncia y atravesar la instrucción se hace tristemente victimizante. No tenés idea, por ejemplo, de que tenés derecho a un perito de parte al momento de ir a una cámara Gesell. Por otro lado, ese perito de parte es carísimo”.

En el caso de Luna, le negaron durante casi nueve años la posibilidad de declarar en cámara Gesell. “Denuncié cuando ella tenía 9 años y recién declaró a los 18, como una persona adulta. Fue peritada antes de declarar y, por supuesto, yo también”, cuenta Yama. “Había más elementos para condenar que para absolver –añade–, pero eligieron no escucharla”. Hoy, el caso sigue en Casación. 

Frente a tiempos judiciales que parecen interminables, Maserati explica que en la UFIDISN buscan trabajar de otra manera: “Si se actúa rápido, en menos de seis meses podemos llegar a la instancia de indagatoria con un panorama casi completo: cámara Gesell, pericias psicológicas, testimonios escolares y familiares”. Ocurre que “el tiempo es clave para que el niño pueda hablar en un contexto favorable”. 

Las “falsas” denuncias

«El costo que tiene para un niño romper el silencio es enorme: la crisis del develamiento recae sobre la víctima. En lugar de contener, la reacción adulta suele ser ponerlo en duda: ‘¿Estás seguro?’, ‘¿No entendiste mal?’. Esa falta de sostén lo fragiliza aún más y la salida más fácil puede ser volver a callar, porque, por ejemplo, ve que su familia se desmorona”, explica el auxiliar fiscal de UFIDISN. El funcionario considera que “la justicia todavía tiene dificultades para comprender la dinámica previa del abuso y adaptar sus mecanismos a un niño que fue objeto de violencia y que está sintiendo mucha presión”.

Ongini agrega que durante estos procesos la palabra de los chicos suele ser puesta en duda, porque persisten muchos prejuicios y falta capacitación entre quienes intervienen y toman decisiones.

El debate sobre las denuncias falsas resurge periódicamente, fogoneado por sectores conservadores. Para Ongini, “una cosa es inducir a un niño a tergiversar una realidad. Eso no tiene nada que ver con el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). El supuesto síndrome, que no existe, parte de la base de que podemos implantar un recuerdo traumático. Está demostrado científicamente que eso no es posible”. Y agrega: “Lo traumático no se puede instalar en la memoria si no existió. El cerebro humano y la afectividad humana no funcionan de esa manera. El trauma tiene su lenguaje. La verbalización de lo traumático tiene características propias”.

Maserati asegura que las denuncias falsas son mínimas y aclara que la baja cantidad de condenas no puede leerse en esa clave: “Muchas causas no prosperan por la deficiencia de la justicia en adecuar estándares de valoración de la prueba o porque la propia víctima decide no continuar el proceso porque siente que no está preparada. Eso no significa que el hecho no ocurrió”.

Las cifras son claras y los expertos aseguran que se detectan en la evaluación profesional: a nivel mundial, se calcula que las falsas denuncias no llegan al 5%. En un trabajo de investigación, la médica especialista en psiquiatría infantojuvenil y en medicina legal Virginia Berlinerblau, desde su experiencia al evaluar mediante examen psiquiátrico sospechas de abuso sexual infantil por orden judicial, registró solo un 3,8%. 

En ese sentido, Ongini subraya que un profesional capacitado puede detectar un relato falso: un niño no puede construir una narrativa compleja como la de un adulto ni sostenerla en el tiempo cuando se le repregunta. Además, considera que si un niño miente inducido por un adulto, también es víctima. Sin embargo, las madres protectoras advierten que, cuando los abusadores son sobreseídos, muchas veces ellas reciben denuncias cruzadas por falsa acusación. 

Pese a la evidencia científica y judicial, el tema volvió al centro de la discusión parlamentaria: proyectos impulsados por la diputada libertaria Lilia Lemoine y la senadora radical Carolina Losada buscan instalar penas contra las “denuncias falsas” en contextos de violencia de género y delitos sobre menores. 

Las organizaciones de protección a las infancias advierten que, de aprobarse, estas leyes intimidarían las denuncias, debilitarían las garantías de justicia y criminalizarían a las madres. “Vienen por nosotras, para usarnos como ejemplo de lo que puede implicar denunciar y así garantizar efectivamente la impunidad de los abusadores, de los violentos y de una sociedad que termina habilitándolos”, asegura Yama, que desde hace años acompaña a otras mujeres que al igual que ella detectaron que sus hijas o hijos eran víctimas de abuso.

Este discurso que se busca instalar desde lo político y mediático –visibilizando casos aislados como si fuese la norma– y que es parte de ‘la batalla cultural anti woke’ del gobierno de Javier Milei, viene acompañado de desfinanciamiento sistemático: el impacto de los recortes libertarios de programas que protegían a mujeres e infancias también repercute en esta problemática, ya que se desarmaron, achicaron o disolvieron dispositivos sensibles del Ministerio de Justicia de la Nación. para el acompañamiento y la prevención de las violencias. Entre ellos están el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, y el histórico Programa Las Víctimas contra las Violencias-Línea 137, que desde 2006 brinda asistencia y acompañamiento las 24 horas. Aunque este último sigue en funcionamiento, el año pasado despidieron a gran parte de su personal y su capacidad de respuesta quedó severamente limitada. 

Muchas madres protectoras intentan acompañar, pero no cuentan con recursos económicos ni tiempo para sostener un proceso tan desgastante. Una Encuesta de Acceso a la Justicia realizada por Red por la Infancia reveló que, sobre 283 casos, el 70% de los denunciantes afirmó que no se les ofreció patrocinio gratuito, a pesar de que es un derecho fundamental que debería estar garantizado desde el inicio de la causa penal.  

“El patrocinio jurídico no está funcionando”, informa Yama. Describe que “quedaron algunas abogadas con las causas que tenían. Ese era un dispositivo que ya no existe, y después el acompañamiento integral no existió nunca”. Desde el acompañamiento que ella misma realiza, ve que “el clasismo en términos de acceso a la Justicia es notorio: hay que tener recursos para el patrocinio jurídico y para el acompañamiento terapéutico”.

¿Cómo ccompañar y reparar?

La violencia sexual es una experiencia con severas consecuencias traumáticas que son difícilmente superables por el paso del tiempo. Ongini explica que el impacto depende mucho de la edad de la víctima, la duración del abuso y de quién sea el perpetrador, pero que es profusa la  documentación científica que demuestra efectos a lo largo de la vida: no solo en la salud mental, sino también en el cuerpo, con un estado de estrés “proinflamatorio”, un cuadro que potencia la aparición de múltiples enfermedades autoinmunes. Por eso, advierte que “no tener una Justicia con perspectiva de infancia ni profesionales capacitados para la escucha de lo traumático, en todas sus expresiones, es no darle a un niño la oportunidad de acceso a la justicia”. 

En esa línea, Maserati destaca que en la fiscalía buscan adecuar los estándares probatorios a la perspectiva de niñez: “Una retractación de un niño no puede interpretarse automáticamente como que el hecho no ocurrió. Muchas veces, refleja la presión de una familia que dependía económicamente del abusador o que no logra contener al chico”. Por esa razón es clave recopilar todos los indicios disponibles: historia clínica, legajos escolares, informes terapéuticos y familiares. Solo con esa mirada integral es posible reconstruir lo sucedido. Y sobre todo, dejar de lado la mirada adultocéntrica implica ajustar procedimientos, para que no prevalezcan solo la palabra y los enfoques de las personas adultas. 

La capacitación adecuada de quienes intervienen en estos casos es una deuda pendiente. Un estudio del CEPASI revela que el 80% de los médicos, el 63% de los docentes y más del 50% de los psicólogos encuestados dijo no haber recibido la formación necesaria para actuar ante casos de abuso sexual. “Esto lleva a que haya poca detección y poca intervención temprana”, evalua Ongini.

Escuchar cómo pide ayuda una víctima –con sus síntomas, sus palabras, su padecimiento– e intervenir de inmediato puede detener el abuso y mejorar el pronóstico. “El acceso a la justicia, cuando existe, trae un alivio sanador porque la sociedad reconoce que no fue su culpa, que fue víctima, y que la responsabilidad recae sobre el culpable”, sostiene Ongini. En esa línea, Yama fue determinante: es necesario detectar, denunciar y acompañar “para que las víctimas tengan una reparación y una proyección de vida”.

Maserati advierte que se trata de un fenómeno del que se conoce apenas una ínfima proporción: “La cifra negra en estos casos es enorme, porque mucha violencia sexual sigue invisibilizada y naturalizada”. Eso explica por qué, “de repente, van a una clase de Educación Sexual Integral (ESI) a los 12 años y caen en la cuenta de que lo que estuvieron viviendo con un familiar no era adecuado. Eso dispara toda una intervención que de otro modo hubiera quedado oculta”. 

De hecho, a fines de 2024, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad reveló que la escuela se mantiene como un espacio clave: en uno de cada cuatro de estos casos, fue allí donde las infancias pudieron contar por primera vez lo que habían vivido.

Yama es tajante sobre el contexto actual: “La batalla cultural fascista y patriarcal de este gobierno nos pega a nosotras que denunciamos. Quieren desalentar todo tipo de denuncia”. Recuerda que llegó un momento en el que ella sintió que no podía más y fue entonces Luna la que le dijo: “Mamá, no podemos retirarnos ahora”. 

El abuso en números

En Argentina no hay estadísticas nacionales, pero sí registros parciales: 

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) informó que durante el primer trimestre de 2025, en la ciudad de Buenos Aires, de las 241 denuncias por violencia sexual recibidas (7% del total de denuncias), 101 (42%) correspondieron a menores de 17 años (76 mujeres y 25 varones).

En la provincia de Buenos Aires, el “Primer Informe sobre Violencias Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes”, elaborado por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense (publicado en junio de 2025), relevó que entre 2017 y 2022 se iniciaron 96.137 causas penales por abuso sexual, de las cuales seis de cada diez tuvieron como víctimas a menores de edad. 

En ese período, el número de chicos denunciantes casi se duplicó: de 8.491 en 2017 pasó a 15.732 en 2022. En casi ocho de cada diez casos, el agresor pertenecía al ámbito familiar; en el 90%, era varón; y más del 80% de las víctimas fueron mujeres, principalmente adolescentes de 12 a 17 años. El informe no detalla qué pasó con esas causas en los tribunales ni cuántas terminaron en sentencia condenatoria.