Se anunció como una policía comunitaria y moderna, pero se transformó en una herramienta para gestionar con violencia el espacio público. Cómo fue la transformación, quién ordena estos procedimientos y qué dicen los que analizan por qué el gobierno porteño enfrenta el conficto social con esta fuerza.


Se presentó ante la sociedad porteña como una fuerza comunitaria y moderna con frases como esta: “Nos formamos en los valores humanos. Ya estamos cerca de los vecinos”. Este año quedó claro que la Policía Metropolitana abre demasiados interrogantes cuando se comprueba el saldo represivo, de heridos, y de uso de la fuerza no frente al delito, pero sí frente al conflicto social, como en los casos de Parque Centenario o de la Sala Alberdi, por mencionar sólo los más notorios. Tampoco se condice su proclamada modernidad con el análisis de sus integrantes. Según una investigación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad “el 83% de los cargos altos provienen de la Policía Federal. De ese grupo mayoritario, incluidos los 4 superintendentes, casi el 80% hizo sus primeros años en la Policía Federal en los años 70 y, mayoritariamente, en comisarías de la ciudad de Buenos Aires”.
La historia de esta mutación tiene toda una genética.
Lo moderno
A tres meses de asumir como jefe de gobierno, Mauricio Macri anunció la creación de una policía porteña. El 28 de octubre de 2008 el PRO y el kirchnerismo votaron a favor la iniciativa y el 15 de noviembre de ese año comenzaba el reclutamiento de los futuros agentes vía web. El gobierno porteño proyectaba que los primeros 1.000 egresados de la nueva fuerza salieran a la calle a fines de 2009 “para colaborar con la Policía Federal”.
Hasta los más críticos de la Metropolitana coinciden en que la Ley de Seguridad Pública que la impulsó responde a parámetros modernos –o acaso más modernos que la de la Federal, que data de 1943– y que tiene principios básicos más que aceptables. Por ejemplo: la creación de una auditoría externa de control o que el instituto de formación también sea exterior a la fuerza. Ninguna de estas condiciones se da con la Federal.
En los discursos de presentación los funcionarios porteños asociaban recurrentemente a la policía porteña al término “comunitaria”, e incluso se la promocionaba mostrando a efectivos cerca de familias, en ámbitos urbanos.
La grandeza, según Macri
La realidad, según señalan las denuncias y los estudios que se han realizado sobre esta fuerza, es diferente: funcionarios cuestionados, vicios de la vieja policía y un carácter violento que la caracteriza como una fuerza de choque que utiliza el gobierno porteño a la hora de gestionar el espacio público.
La nueva policía empezó con el pie izquierdo: el 3 de julio de 2009 el jefe deGobierno porteño anunció que el policía federal Jorge El Fino Palacios era el elegido para ocupar el máximo cargo de la nueva Metropolitana. Su nominación se derritió al calor de un cúmulo de denuncias y miles de firmas que exigieron su desplazamiento por razones que incluyen una turbia actuación en relación al atentado criminal contra la AMIA (que ayudó a desvanecer pruebas más que a resolver el caso) y revelaciones sobre relaciones del comisario con personajes vinculados al delito, en el marco de un inquietante currículum.
Finalmente, renunció el 25 de agosto alegando “motivos personales”. En conferencia de prensa, Mauricio Macri volvió a apoyarlo: “Es un gesto de grandeza, que lo enaltece”. Cinco semanas después, la Justicia resolvió procesar a Palacios como “partícipe necesario del delito de encubrimiento, autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y autor del delito de violación de medios de prueba”, en la causa por las irregularidades en la investigación del ataque a la AMIA.
007 del subdesarrollo
El mismo día en que finalmente detuvieron a Palacios, 17 de noviembre de 2009, su segundo, Osvaldo Chamorro, que había quedado a cargo de la Metropolitana, fue separado del cargo. Un descubrimiento del juez federal Norberto Oyarbide comprometió a Chamorro en una causa por escuchas ilegales en la que estaba involucrado otro funcionario porteño, Ciro Edgardo James, y que tiene procesado al propio Mauricio Macri.
James, que estaba contratado por el Ministerio de Educación porteño desde 2008, había iniciado los trámites para incorporarse a la Metropolitana recomendado por Palacios. Fue entonces cuando se lo detuvo con un kit compuesto de grabaciones, control de líneas telefónicas y otros aparatos de intercepción de comunicaciones. Fue acusado de realizar escuchas telefónicas a uno de los familiares de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y al empresario Carlos Ávila. En octubre se lo procesó con prisión preventiva.
Chamorro, por su parte, sería evacuado de la Metropolinana luego de que Oyarbide encontrara en las computadoras secuestradas durante el allanamiento a la empresa Security Consulting, propiedad de Palacios, información sobre los legisladores porteños Gonzalo Ruanova, Diana Maffia y Silvia La Ruffa, y sobre el propio jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Allí se rastrearon pedidos de informes a una empresa sobre la situación patrimonial y financiera de un grupo de políticos porteños alojados en una carpeta llamada “Osvaldo”, que pertenecería a Chamorro.
La era del PIS
Macri optó, entonces, por alguien que no llevara uniforme y que fuese de su entorno, como para superar la serie de papelones. Tras Palacios y Chamorro, anunció que el nuevo titular de la Metropolitana sería el licenciado Eugenio Burzaco, quien asumió esa función una vez concluido su mandato como diputado nacional por el PRO el 10 de diciembre de 2009.
Burzaco es licenciado en Ciencias Políticas y realizó un master en Economía y Políticas Públicas en Georgetown, y participó al menos en tres fundaciones ligadas a fuerzas conservadoras: Fundar Justicia y Seguridad (presidente), PensAR (vicepresidente), y Creer y Crecer (que preside Macri, y en la que Burzaco fue encargado de Seguridad y Justicia).
En 2004 Fundar firmó un contrato con la provincia de Neuquén para coordinar y asesorar el Plan Integral de Seguridad (PIS). también Creer y Crecer había firmado un contrato sideral con el entonces gobernador Jorge Sobisch. El diario neuquino 8300 logró encontrar el documento fundacional del PIS en el que se propone integrar a las fuerzas policiales públicas con las agencias de seguridad privadas y “tercerizar” servicios. Se indica que el objetivo principal no es tanto aumentar la seguridad como bajar “la sensación de inseguridad”, y hasta se traza un perfil del delincuente estándar (joven y pobre) planteando que las calles neuquinas deben ser “sólo para los ciudadanos honestos”.
El momento que marcó la historia del funcionamiento del PIS en Neuquén fue el asesinato por la espalda del maestro Carlos Fuentealba, en 2007 y durante un corte de ruta por aumentos salariales. No se considera parte del PIS la huida de Sobisch de la gobernación dos días después, frente a la indignación social, disfrazado de policía.
El mismo nombre PIS (Plan Integral de Seguridad) es el que guía actualmente a la porteña Policía Metropolitana.
Inteligencia interna
Como legislador, Burzaco planteó proyectos de leyes como el del Régimen de prevención y sanción del terrorismo, donde argumenta que el Estado argentino debía establecer “un sistema judicial penal eficaz para combatir las actividades terroristas que tienen como fin subvertir la paz mundial”. En su artículo 22 el proyecto dice lo que suena a un prolegómeno de cosas que, en términos criollos, terminan haciendo funcionarios como Palacios o Ciro James: “Que agentes de las fuerzas de seguridad, policiales o de los organismos de inteligencia, actuando de forma encubierta se introduzcan en organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los hechos previstos en la presente ley”.
Reforzando esa tendencia, durante la gestión de Burzaco, dos agentes de la Metropolitana fueron designados para viajar a la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), en El Salvador, a un congreso que abordaba temas como antiterrorismo, lavado de dinero, control de pasos fronterizos; delitos que, sin embargo, tienen jurisdicción federal (ajena a una policía como la Metropolitana). Distintas organizaciones de derechos humanos internacionales consideran a la ILEA como la nueva Escuela de las Américas, uno de los símbolos de lo que fue el terrorismo de estado en Latinoamérica.
Burzaco estuvo dos años a cargo de la Metropolitana hasta que el 10 de diciembre del 2011 dejó su cargo en lo que se explicó como un “recambio general” en el gobierno porteño. Antes de nombrar su sucesor, Mauricio Macri lo condecoró por su tarea.
¿De qué son las balas?
Desde entonces la Metropolitana ya no tuvo a un civil como jefe. El 13 de diciembre de 2011 asumió la nueva cúpula, a cargo de los ex policías federales Horacio Raúl Jiménez (jefe) y Ricardo Pedace (vice).
Jiménez había sido desplazado de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales un año antes, cuando Nilda Garré se hizo cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por su parte, Pedace, que se desempeñaba como director de Medios de la Federal, accedió a los retiros voluntarios también propuestos por la ministra.
Pedace –que es señalado como el verdadero jefe de la fuerza– estuvo a cargo de los dos últimos operativos de la Metropolitana (Parque Centenario y Sala Alberdi) fuertemente cuestionados por la falta de un protocolo de actuación, la infiltración de personas no identificadas, el desmedido uso de las armas y la violencia, que terminaron con tres heridos de bala de plomo en pleno centro porteño.
Casos testigo
El bautismo de fuego de la Policía Metropolitana se había dado en el desalojo del Parque Indoamericano el 7 de diciembre de 2010, en el marco de un operativo conjunto con la PFA, e incluso personas no identificadas, pero también con armas de fuego, que los medios asociaron con barras de clubes de fútbol.
Aquella represión terminó con dos muertos y seis heridos de bala de plomo. El fiscal Sandro Abraldes confirmó que tanto la Policía Federal como la Metropolitana utilizaron escopetas cortas y largas.
Un año después, el fiscal Abraldes pidió la indagatoria de 33 oficiales de la Metropolitana, 12 de la Federal y de la jueza porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo. Según la Fiscalía, los balazos mortales se originaron en un grupo de agentes de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) –una guardia de Infantería–, encabezados por el comisario Ricardo Ferrón, quien había sido vinculado por el legislador Marcelo Parrilli con operativos de la dictadura.
Todos los oficiales fueron luego sobreseídos por el juez Eliseo Otero –hoy apartado de la causa por la Cámara del Crimen– pero se mantuvo el procesamiento a dos dirigentes sociales de las familias que intentaron ocupar el predio. La nueva jueza, Mónica Berdión de Crudo, ordenó más pericias antes de avanzar sobre las imputaciones a los policías.
Disparos en el parque
Este año la Metropolitana ya ha sido protagonista de dos represiones separadas por pocas semanas: la de la concentración que reclamaba contra el enrejamiento del Parque Centenario, el 27 y 28 de enero; y el acampe en la plaza seca del Centro Cultural San Martín por jóvenes artistas callejeros que pedían la autogestión de una de sus salas, el 13 de marzo.
En el caso del Parque Centenario, la policía comenzó desalojando violentamente a las personas que vivían y trabajaban en las inmediaciones del lugar. Luego se quedó de guardia, en defensa del enrejado perimetral que el gobierno había instalado para avanzar con las obras.
La Metropolitana hirió a más de treinta personas con balas de goma –una periodista de Canal 7 incluida– y detuvo a otras tres.
La titular de Seguridad Ciudadana de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, María Sol Blasco, señala las irregularidades en el procedimiento: “Había mucho personal de civil, sin el uniforme reglamentario y no identificado, incluso efectuando detenciones”. Los vecinos además denunciaron la presencia de “infiltrados” que provocaban a la policía, dando el pie para la represión. “También se ve en los videos que los policías disparaban a muy corta distancia, y eso es directamente violar la ley”, detalla Blasco. Sin embargo, la Metropolitana no tuvo que rendir cuentas sobre su proceder.
Modelo 2013
En el caso de la Sala Alberdi, una veintena de jóvenes decidió levantar una medida de fuerza mantenida desde hacía meses –un acampe– para dar lugar a una negociación comprometida por la Secretaría de Cultura en torno al funcionamiento de una sala pública. Mientras negociaban, la fiscal Claudia Barcia ordenó una escalada de acciones que derivaron en el desalojo violento de la plaza, y una posterior represión y persecución de los jóvenes con carros hidrantes, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de pintura, goma y hasta plomo.
Tres heridos de bala en el centro de Buenos Aires. El eco de esta noticia chocó contra la pared de la asunción del Papa y el blindaje mediático habitual cuando del gobierno porteño se trata.
¿Quién ordena estas acciones violentas?
¿Cómo se leen estas represiones a la luz de la gestión del conflicto social en el gobierno porteño?
Con respecto a esta serie de problemáticas, María Sol Blasco prefiere considerar una respuesta desandando el camino que llega hasta la Metropolitana y que devela, en verdad, una forma de pensar y gestionar la protesta social: “La policía siempre interviene cuando el conflicto ya estalló. Podríamos pensar que es mejor estrategia, entonces, otro abordaje que el policial, en el que se intervenga antes del conflicto, con un trabajo con la comunidad. Por eso, el gran tema que nosotros vemos en estos casos es que el conflicto fue responsabilidad del sector político, y llamaron a la Metropolitana cuando no pudieron resolverlo”.
En el Parque Centenario: “El Ministerio de Espacio Público (titular, Diego Santilli) tomó una determinada decisión respecto al uso de ese parque, que evidentemente no estaba consensuada con los vecinos y los trabajadores. Y se armó lo que se armó. ¿Qué hizo Espacio Público para dirimir eso? Llamó a la Metropolitana. Y le dijo: ‘Protegeme la reja’. Y la Metropolitana obedeció”.
En Sala Alberdi: “Lo que hizo la Secretaría Cultura (a cargo de Hernán Lombardi) es judicializar el reclamo. No me importa si es legítimo o ilegítimo el reclamo de los chicos, pero un funcionario tiene varias formas de gestionarlo: la última, la más gravosa, la que tiene consecuencias más contraproducentes, es la denuncia penal. Después de eso, cualquier medida que tomara la fiscal iba a terminar mal”.
Con las herramientas de monitereo de denuncias que cuenta la Defensoría, Blasco señala que la cartera que más participación le da a la Metropolitana es, justamente, la de Espacio Público. “Tiene una política criticada por muchos sectores de la ciudad y, cuando se les desmadra el conflicto, llaman a la Metropolitana: protestas, desalojos, artistas callejeros, vendedores. Son decisiones de otros ministerios que no saben controlar las cosas antes. Y además, la Metropolitana no tiene herramientas para gestionar ese tipo de conflictos”.
Blasco también señala la diferencia entre protesta social y delito: “Esta policía no tiene herramientas porque actúa como si fuese a la esquina y viera a alguien rompiendo una reja o robando. Es decir: no enmarca eso en una situación de protesta social. Y no es lo mismo un delito común que una acción de protesta”, sintetiza.
Doctrina del choque
La antropóloga María Victoria Pita es investigadora del Equipo de Antropología Jurídica en la Facultad de Filosofía y Letras, vinculada al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y miembro del Acuerdo para la Seguridad Democrática. Fue la responsable de un estudio sobre el desalojo de los llamados manteros en calle Florida, y coincide: “Hay que discutir cómo es el manejo de la calle que se impone y que se convierte en modalidades más o menos legítimas. Y poner en cuestión el hecho de que se pretenda resolver con la policía un montón de situaciones que tienen que ver con la conflictividad social”.
Según la mirada de Pita es atendible que haya quejas por la apropiación del espacio público que hacen los manteros. “Pero no se piensa en situaciones de subsistencia como un problema social y económico. De hecho, gran parte de los vendedores, lo que reclaman es hablar y encontrar salidas consensuadas. Pero hubo reclamos de comerciantes, intereses poderosos en juego, y nada de diálogo, sólo la expulsión”.
En el estudio de Pita queda claro que con los manteros de la calle Florida hubo una política de desplazamiento violento que se aplica en todos los casos que involucran a los vendedores en la vía pública, pero que también va más allá: “En la administración del espacio público, la forma de dirimir el conflicto es mandar la policía como fuerza de choque”.
En los testimonios que recogió entre los vendedores desalojados se repite una misma caracterización: “Algo común es que con la Policía Federal hacían negociaciones informales, el clásico arreglo. Lo que se empieza a notar es que no existe esa posibilidad con la Metropolitana, lo que no quiere decir que sea menos corrupta, sino que tiene una sola cara. Y esa cara es la violenta.
Así juega el gobierno porteño una batalla que encierra el fondo de la cuestión: de quién es la calle.