#NiUnaMás
3J: femicidios sin justicia
¿Qué significa pedir justicia? Las familias de Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles repasan el calvario judicial que vivieron y cuentan en qué estado están hoy las causas. Testigos amenazados y asesinados; abogados que desisten; fiscales que no investigan; y la impunidad como el cierre del círculo femicida. Aún así, se vienen juicios, denuncias contra jueces y apelaciones de fallos: todo gracias al empuje de estas mujeres. POR CLAUDIA ACUÑA
Son las dos de la tarde y la mamá de Araceli Fulles – asesinada el 2 de abril de 2017 a los 22 años- acaba de sentarse en la mesa de la cocina de espaldas a la heladera en la que tiene pegada con imanes una foto desde donde su hija le sonríe. “Así estaba siempre: desde que se levantaba hasta que caía rendida en la cama. La alegría de esta casa era ella”.
Luego, en silencio, llora unas lágrimas espesas que trata de limpiar con el puño de la manga.
Así está Mónica: regando con su dolor hasta las mangas.
Son las cuatro de la tarde y la mamá de Melina Romero –asesinada el 24 de agosto de 2014: el día que cumplía 18 años- está rengueando.
Y así, arrastrando la artritis que la doblega, llega hasta el portón de su casa para recibirnos con una frase que resuena como una bofetada:
-Acá estamos: abandonadas.
Así está Ana María: con rabia.
Son las diez de la noche y la mamá de Lucía Pérez –asesinada el 8 de octubre de 2016 a los 16 años- acaba de darse una ducha para sacarse de encima el malestar que le impregna el curso de Prevención de la Violencia de Género que toma en el Colegio Público de Abogados de Mar del Plata. Son nueve clases, apenas transitó la mitad de ese trayecto y ya está agotada. Dice que igual piensa seguir hasta el final, especialmente porque la oenegé que lo dicta anunció en el segundo encuentro que, tras una década de dar esas clases en esa sede, les habían comunicado que debían buscar otro lugar.
“¿Será por mí?”, se pregunta.
Y se responde: “Por las dudas, no pienso dejar”.
Así está Marta: alerta.
Hace años que ninguna de estas madres descansa.

La familia de Araceli Fulles.
Foto: Lina Etchesuri
La trama
Conversar con ellas del devenir judicial es encenderlas. Cada una repasa minuciosamente los detalles del calvario que significó enfrentarse con la maquinaria que produce la impunidad de los femicidios de sus hijas desde que el instante mismo en que ocurrieron hasta hoy, cuando siguen fabricando aquello que le niegan y no hay en ninguno de sus barrios: justicia. Lo hacen con los pies, con las declaraciones a la prensa, con movilizaciones comunitarias y esquivando trampas, maniobras, operaciones, presiones y cosas peores.
Todas soportaron que sus familias fueran las primeras investigadas y todas conocían, de alguna u otra manera, a los femicidas de sus hijas, que siguen ahí, al lado, mezclados con la cotidianidad de las violencias que soporta la geografía de los márgenes, azotada por la falta de futuro y sobre expuesta a la oferta cash de la hiper productividad narco.
Todas, también, comparten una misma trama, como si estuviera tallada sobre el hierro que tienen que horadar con sus rabias, con sus lágrimas y con esas alertas que las orientan cuando atraviesan las tinieblas de esos escenarios que jamás pensaron transitar y que, aunque no los comprendan, aprendieron a conjurar.
Esa trama involucra, en los tres casos, a un joven y varios veteranos que conforman el clan involucrado en cada asesinato. El joven funciona como el cebo y el resto, como la manada. Quien conduce los destinos de la banda es el misterio que se oculta con fojas y fojas de expedientes dedicados a investigar a la víctima.
Eso es lo que hace lo que llamamos “justicia”.

Ana María, mamá de Melina Romero.
Foto: Lina Etchesuri
La deuda
a mamá de Melina lo define así: “La investigación del femicidio de mi hija nunca se hizo. Lo que hizo la justicia es acusar a la única testigo y sobreviviente, Melany. Recién la semana pasada terminó el juicio que le hicieron por falso testimonio. Un calvario pasó esa chica. La destruyeron. Pero ese infierno terminó y fue absuelta”.
Eso significa, entre otras cosas, que la defensa del único imputado que está preso –Joel Fernández, 20 años- no puede ahora “agarrarse de ella para apelar”, según las precisas palabras de Ana María. “El problema que tenemos ahora es que nos quedamos sin abogado y para presentarse en Casación hay plazos. Estamos desesperados porque tenemos que encontrar urgente a alguien que nos ayude, porque sino, no podemos contestar la apelación y se cae el único pedazo de justicia que tenemos. Pero más allá de esto, que no es poco, todavía tenemos que seguir reclamando que se investigue qué pasó con mi hija y también con Melany, porque ella también ese noche fue violada y no hay ningún fiscal, ni juez ni nada que haya iniciado una investigación sobre ese delito. Nada. Es como si ni la hubieran escuchado”.
Para hacerlo aún más claro, Ana María resume: “En todo este camino yo nunca tuve al lado mío a un fiscal”. Es así, literalmente: la fiscal María Fernanda Billonde desistió de acusar a los imputados por falta de pruebas y sólo se llegó al juicio oral por la persistencia de la querella de la mamá, que patrocinó el mediático abogado, Marcelo Biondi, quien luego de la condena del único acusado se retiró del caso.
“Mi hija salió a festejar sus 18 años y me la entregaron en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona. Yo la vi en la bolsa y la vi también en la morgue. Ella, que era tan hermosa, estaba ahí destrozada. Cada día me acuesto y me levanto con esa imagen. Y en lugar de quebrarme, me da fuerza. Por eso no voy a parar. Por esa imagen que todos los días me hace recordar que a mí y a mi hija mí esta justicia nos debe todo”.

Matías y Marta, hermano y madre de Lucía Pérez.
Foto: Nacho Yuchark
Sin parar
La mamá de Araceli lo define así: “En lugar de investigar, los protegieron. Todos. Desde la policía hasta la fiscal. Tuvimos que enfrentar a todo ese círculo de impunidad durante más de 17 días. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado. Fue mi hijo el que vio la huella de un pie en la tierra y le preguntó a la policía: “¿eso qué es? Y un policía le respondió: “Eso es la pata de un chancho”. Pero mi hijo insistió y llevó hasta ahí al perro. Y ahí estaba. Él la encontró y todavía sueña con esa huella”.
Aquel día, el dueño de la casa donde encontraron el cuerpo estaba declarando ante la fiscal Graciela López Pereyra, que lo dejó libre. La noticia del hallazgo llegó cuando ya se había retirado de los Tribunales de San Martín. Luego, se fugó. Lo detuvo un día después una mujer embarazada, que lo corrió. Darío Badaracco quedó así detenido, a la espera del juicio oral, en el penal de Sierra Chica, donde el 8 de abril pasado fue asesinado por dos reclusos: le hicieron tragar agua hirviendo y lo golpearon. “Badaracco nunca declaró y me hubiese gustado escuchar qué tenía para decir en el juicio”, dice Mónica, alerta. Sus sospechas se fundan en el peritaje del celular de otro de los imputados, Daniel Alberto Alanis, mediante el cual se encontró el mensaje que le envió a Badaracco cuando todavía buscaban desesperadamente a Araceli:
-“Fijate que no salga olor. Tirale mucha cal. Jajajaj”.
Cuando encontraron las partes descuartizadas de Araceli, estaban cubiertas de cal.
Mónica cree que el cuerpo de Araceli fue escondido por Badaracco días después de haber sido asesinada. Su hipótesis es factible ya que la casa había sido requisada por la policía en la primera semana de reportada su desaparición.
Alanis está libre, pero no quien es el dueño del corralón donde habrían matado aquella madrugada a Araceli: Mónica logró que fuera preso por amenazar a un testigo. Lo denunció ante el juez, que tuvo que procesarlo porque le llevó hasta el video de la cámara de seguridad que registró la amenaza. Como tenía sentencia por otros delitos, la condena se hizo efectiva: hasta setiembre estará encerrado.
Mónica ahora tiene que lograr algo difícil: que el juicio oral llegue antes de que sigan asesinando las pruebas. El expediente ya fue elevado y falta solo eso: que pongan fecha. “Todo es así: a fuerza de exigir, buscar, andar, sin descanso. Yo la fuerza la encuentro en la sonrisa de mi hija y en los vecinos, en las chicas que me abrazan, en la gente que se me acerca para contarme que a su hija o hijo también lo mataron. Una va agarrándose de ese dolor porque es el que te hace sentir que a pesar de que nadie te va a devolver a tu hija con vida, algo tenés que hacer para que esto pare. Yo entré a la morgue y vi los pedacitos de mi hija ahí arriba, la cara sin ojos, toda blanca por la cal y le pedí al que estaba ahí que la levante y ahí sí, cayeron sus rulos y me dije: es ella. Y esto le hicieron. Ahora tengo que luchar porque si no es como si lo aceptara y eso no es humanamente posible. Así que ahora eso que llaman Justicia tiene que aguantarme porque no voy a parar hasta que ellos paren”.
La luz
La mamá de Lucía lo define así: “Tenés que golpear puertas hasta que te sangren los dedos”. Eso es lo que hace desde que los jueces del Tribunal 1 de Mar del Plata – Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- juzgaron la vida sexual de su hija para eximir a los imputados de su femicidio. El fallo es ejemplar desde todo punto de vista: deja en claro la mirada jurídica sobre estos crímenes, la empatía implícita con las conductas de los sospechosos y los prejuicios sobre las adolescentes, que examinan con lupa moral.
Marta y su familia tuvieron que escuchar ese fallo mirando a la cara a los jueces. Todavía hoy las heridas que les produjeron están abiertas.
A esas heridas hay que atribuirles también el alerta que encienden para transitar ahora el largo proceso que los espera, mientras siguen sin aliento hasta que la Cámara VI de Casación -integrada por Carlos Natiello, Mario Kohan y, según corresponda, Mario Mancini o María Budiño- se pronuncien sobre el pedido de la familia de anular el fallo bárbaro y hacer uno nuevo. “Lo menos traumático para nosotros es que habiéndose filmado todo el juicio anterior –son 25 horas- no tenga que hacerse todo de nuevo, sino que en base a esa filmación otro tribunal dicte su fallo. Los acusados también apelaron, porque alegan que la condena que se les dio por venta de droga es excesiva. Así es como estamos en este momento”.
Eso significa que no están esperando, sino produciendo la justicia que no tienen.
¿Cómo?
El próximo 22 presentan en La Plata el pedido de juicio a los jueces del inefable fallo.
“Nadie ni nada te prepara para eso. Ninguna madre está preparada para perder una hija, pero esto es algo que no tiene dimensión ni palabras. Tenés que aferrarte entonces de la intuición, porque tenés que ir buscando lo que no hay donde no sabés. Y para poder lograrlo nos ayudan las personas que se nos acercan. Muchas pasaron por lo mismo y muchas no, pero comprenden que no están a salvo hasta que esto pare. Así vamos aprendiendo juntos a encontrar en las peores tinieblas esa luz que nos indica el camino. Es muy difícil y a veces lo más fácil es pensar que no se puede, pero tenés que seguir adelante agarrándote de la fuerza que te dan los que acompañan. Hay un montón de gente que no se rinde. Yo siempre agradezco a esos seres de luz que nos acompañan porque ahí encuentro lo que falta. Ahí y en mi hija. Sé que ella quiere verme entera, firme y avanzando. Sé que ella nos ilumina. Es esa luz la que me dice: no te rindas hasta que todas las Lucías estén, al fin, en paz”.
Esta nota fue producida para la MU 136 y gracias a nuestrxs suscriptorxs. Asociate haciendo click acá.

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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