#NiUnaMás
3J: femicidios sin justicia
¿Qué significa pedir justicia? Las familias de Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles repasan el calvario judicial que vivieron y cuentan en qué estado están hoy las causas. Testigos amenazados y asesinados; abogados que desisten; fiscales que no investigan; y la impunidad como el cierre del círculo femicida. Aún así, se vienen juicios, denuncias contra jueces y apelaciones de fallos: todo gracias al empuje de estas mujeres. POR CLAUDIA ACUÑA
Son las dos de la tarde y la mamá de Araceli Fulles – asesinada el 2 de abril de 2017 a los 22 años- acaba de sentarse en la mesa de la cocina de espaldas a la heladera en la que tiene pegada con imanes una foto desde donde su hija le sonríe. “Así estaba siempre: desde que se levantaba hasta que caía rendida en la cama. La alegría de esta casa era ella”.
Luego, en silencio, llora unas lágrimas espesas que trata de limpiar con el puño de la manga.
Así está Mónica: regando con su dolor hasta las mangas.
Son las cuatro de la tarde y la mamá de Melina Romero –asesinada el 24 de agosto de 2014: el día que cumplía 18 años- está rengueando.
Y así, arrastrando la artritis que la doblega, llega hasta el portón de su casa para recibirnos con una frase que resuena como una bofetada:
-Acá estamos: abandonadas.
Así está Ana María: con rabia.
Son las diez de la noche y la mamá de Lucía Pérez –asesinada el 8 de octubre de 2016 a los 16 años- acaba de darse una ducha para sacarse de encima el malestar que le impregna el curso de Prevención de la Violencia de Género que toma en el Colegio Público de Abogados de Mar del Plata. Son nueve clases, apenas transitó la mitad de ese trayecto y ya está agotada. Dice que igual piensa seguir hasta el final, especialmente porque la oenegé que lo dicta anunció en el segundo encuentro que, tras una década de dar esas clases en esa sede, les habían comunicado que debían buscar otro lugar.
“¿Será por mí?”, se pregunta.
Y se responde: “Por las dudas, no pienso dejar”.
Así está Marta: alerta.
Hace años que ninguna de estas madres descansa.

La familia de Araceli Fulles.
Foto: Lina Etchesuri
La trama
Conversar con ellas del devenir judicial es encenderlas. Cada una repasa minuciosamente los detalles del calvario que significó enfrentarse con la maquinaria que produce la impunidad de los femicidios de sus hijas desde que el instante mismo en que ocurrieron hasta hoy, cuando siguen fabricando aquello que le niegan y no hay en ninguno de sus barrios: justicia. Lo hacen con los pies, con las declaraciones a la prensa, con movilizaciones comunitarias y esquivando trampas, maniobras, operaciones, presiones y cosas peores.
Todas soportaron que sus familias fueran las primeras investigadas y todas conocían, de alguna u otra manera, a los femicidas de sus hijas, que siguen ahí, al lado, mezclados con la cotidianidad de las violencias que soporta la geografía de los márgenes, azotada por la falta de futuro y sobre expuesta a la oferta cash de la hiper productividad narco.
Todas, también, comparten una misma trama, como si estuviera tallada sobre el hierro que tienen que horadar con sus rabias, con sus lágrimas y con esas alertas que las orientan cuando atraviesan las tinieblas de esos escenarios que jamás pensaron transitar y que, aunque no los comprendan, aprendieron a conjurar.
Esa trama involucra, en los tres casos, a un joven y varios veteranos que conforman el clan involucrado en cada asesinato. El joven funciona como el cebo y el resto, como la manada. Quien conduce los destinos de la banda es el misterio que se oculta con fojas y fojas de expedientes dedicados a investigar a la víctima.
Eso es lo que hace lo que llamamos “justicia”.

Ana María, mamá de Melina Romero.
Foto: Lina Etchesuri
La deuda
a mamá de Melina lo define así: “La investigación del femicidio de mi hija nunca se hizo. Lo que hizo la justicia es acusar a la única testigo y sobreviviente, Melany. Recién la semana pasada terminó el juicio que le hicieron por falso testimonio. Un calvario pasó esa chica. La destruyeron. Pero ese infierno terminó y fue absuelta”.
Eso significa, entre otras cosas, que la defensa del único imputado que está preso –Joel Fernández, 20 años- no puede ahora “agarrarse de ella para apelar”, según las precisas palabras de Ana María. “El problema que tenemos ahora es que nos quedamos sin abogado y para presentarse en Casación hay plazos. Estamos desesperados porque tenemos que encontrar urgente a alguien que nos ayude, porque sino, no podemos contestar la apelación y se cae el único pedazo de justicia que tenemos. Pero más allá de esto, que no es poco, todavía tenemos que seguir reclamando que se investigue qué pasó con mi hija y también con Melany, porque ella también ese noche fue violada y no hay ningún fiscal, ni juez ni nada que haya iniciado una investigación sobre ese delito. Nada. Es como si ni la hubieran escuchado”.
Para hacerlo aún más claro, Ana María resume: “En todo este camino yo nunca tuve al lado mío a un fiscal”. Es así, literalmente: la fiscal María Fernanda Billonde desistió de acusar a los imputados por falta de pruebas y sólo se llegó al juicio oral por la persistencia de la querella de la mamá, que patrocinó el mediático abogado, Marcelo Biondi, quien luego de la condena del único acusado se retiró del caso.
“Mi hija salió a festejar sus 18 años y me la entregaron en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona. Yo la vi en la bolsa y la vi también en la morgue. Ella, que era tan hermosa, estaba ahí destrozada. Cada día me acuesto y me levanto con esa imagen. Y en lugar de quebrarme, me da fuerza. Por eso no voy a parar. Por esa imagen que todos los días me hace recordar que a mí y a mi hija mí esta justicia nos debe todo”.

Matías y Marta, hermano y madre de Lucía Pérez.
Foto: Nacho Yuchark
Sin parar
La mamá de Araceli lo define así: “En lugar de investigar, los protegieron. Todos. Desde la policía hasta la fiscal. Tuvimos que enfrentar a todo ese círculo de impunidad durante más de 17 días. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado. Fue mi hijo el que vio la huella de un pie en la tierra y le preguntó a la policía: “¿eso qué es? Y un policía le respondió: “Eso es la pata de un chancho”. Pero mi hijo insistió y llevó hasta ahí al perro. Y ahí estaba. Él la encontró y todavía sueña con esa huella”.
Aquel día, el dueño de la casa donde encontraron el cuerpo estaba declarando ante la fiscal Graciela López Pereyra, que lo dejó libre. La noticia del hallazgo llegó cuando ya se había retirado de los Tribunales de San Martín. Luego, se fugó. Lo detuvo un día después una mujer embarazada, que lo corrió. Darío Badaracco quedó así detenido, a la espera del juicio oral, en el penal de Sierra Chica, donde el 8 de abril pasado fue asesinado por dos reclusos: le hicieron tragar agua hirviendo y lo golpearon. “Badaracco nunca declaró y me hubiese gustado escuchar qué tenía para decir en el juicio”, dice Mónica, alerta. Sus sospechas se fundan en el peritaje del celular de otro de los imputados, Daniel Alberto Alanis, mediante el cual se encontró el mensaje que le envió a Badaracco cuando todavía buscaban desesperadamente a Araceli:
-“Fijate que no salga olor. Tirale mucha cal. Jajajaj”.
Cuando encontraron las partes descuartizadas de Araceli, estaban cubiertas de cal.
Mónica cree que el cuerpo de Araceli fue escondido por Badaracco días después de haber sido asesinada. Su hipótesis es factible ya que la casa había sido requisada por la policía en la primera semana de reportada su desaparición.
Alanis está libre, pero no quien es el dueño del corralón donde habrían matado aquella madrugada a Araceli: Mónica logró que fuera preso por amenazar a un testigo. Lo denunció ante el juez, que tuvo que procesarlo porque le llevó hasta el video de la cámara de seguridad que registró la amenaza. Como tenía sentencia por otros delitos, la condena se hizo efectiva: hasta setiembre estará encerrado.
Mónica ahora tiene que lograr algo difícil: que el juicio oral llegue antes de que sigan asesinando las pruebas. El expediente ya fue elevado y falta solo eso: que pongan fecha. “Todo es así: a fuerza de exigir, buscar, andar, sin descanso. Yo la fuerza la encuentro en la sonrisa de mi hija y en los vecinos, en las chicas que me abrazan, en la gente que se me acerca para contarme que a su hija o hijo también lo mataron. Una va agarrándose de ese dolor porque es el que te hace sentir que a pesar de que nadie te va a devolver a tu hija con vida, algo tenés que hacer para que esto pare. Yo entré a la morgue y vi los pedacitos de mi hija ahí arriba, la cara sin ojos, toda blanca por la cal y le pedí al que estaba ahí que la levante y ahí sí, cayeron sus rulos y me dije: es ella. Y esto le hicieron. Ahora tengo que luchar porque si no es como si lo aceptara y eso no es humanamente posible. Así que ahora eso que llaman Justicia tiene que aguantarme porque no voy a parar hasta que ellos paren”.
La luz
La mamá de Lucía lo define así: “Tenés que golpear puertas hasta que te sangren los dedos”. Eso es lo que hace desde que los jueces del Tribunal 1 de Mar del Plata – Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- juzgaron la vida sexual de su hija para eximir a los imputados de su femicidio. El fallo es ejemplar desde todo punto de vista: deja en claro la mirada jurídica sobre estos crímenes, la empatía implícita con las conductas de los sospechosos y los prejuicios sobre las adolescentes, que examinan con lupa moral.
Marta y su familia tuvieron que escuchar ese fallo mirando a la cara a los jueces. Todavía hoy las heridas que les produjeron están abiertas.
A esas heridas hay que atribuirles también el alerta que encienden para transitar ahora el largo proceso que los espera, mientras siguen sin aliento hasta que la Cámara VI de Casación -integrada por Carlos Natiello, Mario Kohan y, según corresponda, Mario Mancini o María Budiño- se pronuncien sobre el pedido de la familia de anular el fallo bárbaro y hacer uno nuevo. “Lo menos traumático para nosotros es que habiéndose filmado todo el juicio anterior –son 25 horas- no tenga que hacerse todo de nuevo, sino que en base a esa filmación otro tribunal dicte su fallo. Los acusados también apelaron, porque alegan que la condena que se les dio por venta de droga es excesiva. Así es como estamos en este momento”.
Eso significa que no están esperando, sino produciendo la justicia que no tienen.
¿Cómo?
El próximo 22 presentan en La Plata el pedido de juicio a los jueces del inefable fallo.
“Nadie ni nada te prepara para eso. Ninguna madre está preparada para perder una hija, pero esto es algo que no tiene dimensión ni palabras. Tenés que aferrarte entonces de la intuición, porque tenés que ir buscando lo que no hay donde no sabés. Y para poder lograrlo nos ayudan las personas que se nos acercan. Muchas pasaron por lo mismo y muchas no, pero comprenden que no están a salvo hasta que esto pare. Así vamos aprendiendo juntos a encontrar en las peores tinieblas esa luz que nos indica el camino. Es muy difícil y a veces lo más fácil es pensar que no se puede, pero tenés que seguir adelante agarrándote de la fuerza que te dan los que acompañan. Hay un montón de gente que no se rinde. Yo siempre agradezco a esos seres de luz que nos acompañan porque ahí encuentro lo que falta. Ahí y en mi hija. Sé que ella quiere verme entera, firme y avanzando. Sé que ella nos ilumina. Es esa luz la que me dice: no te rindas hasta que todas las Lucías estén, al fin, en paz”.
Esta nota fue producida para la MU 136 y gracias a nuestrxs suscriptorxs. Asociate haciendo click acá.
#NiUnaMás
Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
#NiUnaMás
La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
(más…)#NiUnaMás
Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
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