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Alerta Jujuy: la provincia que grita Paren de matarnos

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Es una provincia que exhibe cómo funciona la máquina femicida: falta de búsqueda policial, impunidad judicial, mensajes machistas desde el gobierno, varones con poder. También fue epicentro de movilizaciones masivas durante la cuarentena, que lograron la sanción de una ley. Las historias de las mujeres asesinadas y la voz de sus familias. La situación de una joven desaparecida hace 5 años de la que nadie habla. Y la certeza, que impone la necesidad de declarar la emergencia: “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos”. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Alerta Jujuy: la provincia que grita Paren de matarnos

Cesia Reinaga vivía en Abra Pampa junto a su familia. La joven de 20 años salió de su casa el sábado 29 de agosto al mediodía a dar una vuelta a la plaza que queda a media cuadra y no volvió. Ante la inacción policial en la búsqueda de su hija, Samuel Reinaga comenzó a recorrer los barrios y las localidades vecinas. Encontraron su cuerpo el 8 de septiembre –10 días después– en un estanque del antiguo matadero municipal. La autopsia reveló que su deceso fue a causa de “asfixia mecánica”. Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: padre, hijo y nieto de 14 años, todos ellos dueños de Sol de la Puna, un multimedio de Abra Pampa.  Sin embargo, la familia de Cesia no está tranquila, y cuenta que después de las detenciones apareció la campera de la joven en otro de los estanques. 

El miércoles 23 de septiembre Iara fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que la vieron con vida. Su familia denunció inmediatamente la desaparición en la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Allí, los oficiales, en lugar de salir a buscarla y activar el operativo cerrojo que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, dijeron: “Ya va a volver, debe estar en lo de un noviecito. Es adolescente, es rebelde”. Agregaron que no tenían personal porque era fin de semana. Por una supuesta baja en la tensión eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras de la zona no registraron nada. El cuerpo de Iara apareció seis días después, luego de que las y los vecinos se autoconvocaran para buscarla en intensos rastrillajes comunitarios. La noche anterior a la aparición de Iara, en el mismo barrio donde se encontró el cuerpo y donde ya habían rastrillado los vecinos se produjo otro sospechoso apagón.

Gabriela Ríos, de 22 años, desapareció solo 24 horas después que Iara –el 24 de septiembre–, y su cuerpo fue hallado el 1° de octubre cerca de las Serranías de Zapla, una zona despoblada en las afueras de Palpalá. La pericia forense mostró que Gabriela murió debido a golpes de su ex pareja, quién terminó por confesar el crimen. 

Luego de participar de la movilización por la aparición de Iara y Gabriela y de justicia por Cesia, el martes 29 de septiembre (día en que cumplía 31 años) Roxana Mazala fue asesinada por su ex pareja, Fabián Barraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital provincial. Roxana militaba en el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas de la Rama Rural. Era, además, madre de tres hijxs. 

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, madre de un bebé de seis meses, fue encontrada muerta al costado de la Ruta Nacional 66, en medio de un gran despliegue mediático y policial. Alejandra era víctima de violencia machista por parte de su ex novio, y estaba desaparecida desde hacía dos días. Salió de su casa en Alto Comedero, barrio periférico de San Salvador de Jujuy. La familia intentó hacer la denuncia de manera inmediata ante las autoridades policiales, pero se negaron a tomarla bajo el pretexto de que debían esperar 48 horas. 

Estos cinco femicidios ocurrieron en el transcurso de un mes y encendieron la alarma. Madres y padres de las víctimas se organizan para reclamar justicia por ellas y por todas: “Nos matan porque dejan que nos maten”, es la consigna que enciende al movimiento feminista de Jujuy.

Cerrojo abierto

A Iara no la buscaron. Cuenta su mamá, Mónica Cunchilla, que apenas se dieron cuenta de que Iara no estaba, fueron directamente a hacer la denuncia a la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Allí les dijeron “se ha ido con el noviecito”. “Yo les decía que más allá de que se hubiera ido con el noviecito, la tenían que buscar igual: es una menor de edad. Pero en ese momento yo no conocía la resolución firmada por el propio ministro de Seguridad Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un código rojo, que es un operativo cerrojo por el que en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos a la ciudad y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. Pero acá no se usó nada”, relata Mónica. 

La resolución 51/17 del Ministerio de Seguridad del gobierno de Jujuy había entrado en vigencia el 8 de mayo de 2017, y prevé la creación de un Protocolo para la Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas. 

“Yo conocí esta resolución después de que apareció Iara, porque estaba cajoneada, guardada. Pero tiene que ser pública para que a cada papá o mamá que busca a su hija o hijo no le digan que tiene que esperar 24 horas: son menores de edad y corren riesgo sus vidas”.

En los considerandos, la resolución admite el aumento de casos de desaparición de personas en esa provincia, y además reconoce la necesidad de crear políticas públicas que doten de herramientas técnicas e instrumentos operativos a la policía de la provincia para hacer más efectiva su labor.

La reglamentación obliga a las y los funcionarios policiales a tomar una denuncia de manera inmediata, sin tiempo mínimo, cada vez que un familiar o interesado advierta la desaparición o extravío de una persona de sus rutinas habituales. En el caso de menores de edad, debe intervenir el “Comité de búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas de alto riesgo”, que emitirá una Alerta Roja. A partir de allí, se deben instrumentar todos los medios para la búsqueda inmediata, incluyendo el operativo cerrojo: “Esas primeras horas son fundamentales; en la misma resolución lo dice, corre riesgo la vida de esa persona. Por eso ahora estamos tratando de que todo el pueblo conozca esa resolución. Yo me enteré por los abogados, y también dice que tienen que rastrear los celulares. A pesar de que les insistí a los de la Brigada que siguieran el registro del celular de Iara, nunca lo hicieron”. 

El pibito                       

«En los casos de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban. Después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarlas”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Durante meses, la Multisectorial denunció “ausencia del Estado, omisión y desidia”, porque “lejos de cuestionar y de sancionarse se encubren”, desde el no tomar denuncias o no sancionar a quienes no toman esa denuncia por incumplimiento de su deber como funcionarios públicos. “Esto está anticipando que las muertes no van a parar, y lo digo con todo el dolor pero con la ilusión de que no sea así. La verdad es que la vemos oscura. La impunidad envalentona a los violentos”, expresó la abogada.

Estado telefónico

El Estado no sólo no las busca, e ignora las herramientas que él mismo creó para contener este tipo de casos, sino que tiene respuestas públicas que van en contra de toda lógica: después del asesinato de Roxana, el ministro de Seguridad Ekel Meyer dijo que ella había vuelto voluntariamente con el violento. “Que te lo digan por cadena es tremendo”, dice Mariana. Cuando desapareció Alejandra la policía se negó a tomar la denuncia, dándole al femicida 24 horas de ventaja. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explicó la abogada.

Las demoras de la burocracia estatal para lograr protección son innumerables y durante la pandemia, las mujeres sostuvieron que solo encontraron un Estado telefónico: “Nos cuesta mucho acceder a medidas cautelares; vamos a la policía y no logramos protección. En pandemia todo fue mucho mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hinojo) que se declara incompetente y no ordena medidas de protección. Tengo 4 niñes abusades por su progenitor, y sin embargo  no les renuevan la protección: el Estado es responsable de esos abusos”, explica Vargas. 

Según datos del propio Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y cómplice, que nunca se comunicó con las familias, que no buscó como debía hacerlo. La policía les decía que no les correspondía rastrillar, que no tenían combustible para salir, después dijeron que estaban buscando a Iara con drones, y eso es mentira. Prometieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a explicar las razones del apagón del domingo a la noche, previo a la aparición del cuerpo de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y militante feminista.

Coinciden en que Gerardo Morales, el gobernador, puso todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política, pero no hizo absolutamente nada para buscar a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apareció el cuerpo de Iara, vecinos y organizaciones estábamos en la ruta, reclamando que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda y la policía en vez de estar buscando a Iara, estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos de marihuana de las afueras de Palpalá pero no busca a las menores y manda a reprimir la movilización popular”, agregó Cecilia Corregidor.

¿Femicidios o covid-19?

Las movilizaciones en Palpalá, San Salvador y otras localidades jujeñas fueron realmente masivas. “El pueblo de Jujuy salió a las calles. Las organizaciones estamos acompañando a las familias, hay verdaderas puebladas”, señaló Canchi, a quien la madrugada del sábado 31 de octubre le balearon la casa en un misterioso hecho de vandalismo, hiriendo a su compañero.  

Romina se pregunta qué hay detrás de la desaparición de las jóvenes: “En pandemia se triplicaron las violencias. Pasamos de un Estado de escritorio al Estado telefónico, pero que en ningún lado resuelve nada. No hay centros de contención, no hay refugios. Acá fallaron todas las instituciones que tenían que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más posibilidades de morir por violencia machista que por Covid 19”, asegura Romina.

Tras cinco femicidios en menos un mes ningún político dejó su cargo, ni el ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer, ni Alejandra Martínez, presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género provincial “Y en el medio hay mucho miedo a salir, porque hay activistas que han recibido amenazas. Detrás de la desaparición de Iara y Cesia pueden estar las redes de trata y/o el narcotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos una provincia fronteriza”. 

Ley Iara

En este marco, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy reclamó que se declare la Emergencia en Violencia de Género, una reglamentación que incluya políticas concretas y contempladas en el presupuesto anual que permitan acciones reales y eficientes. Durante semanas, las activistas presentaron y desarrollaron los nueve puntos que expusieron en la Legislatura provincial y que cuentan con el apoyo de 3.000 firmas de personalidades de la cultura y los derechos humanos.

Sin embargo, de la noche a la mañana se aprobó una Ley de Emergencia que  se llamó Ley Iara. “Reconocemos como un avance esta ley que venimos reclamando desde el movimiento de mujeres de la provincia. Sin embargo, entendemos que la norma se aprobó sin un presupuesto claro ni precisiones de cómo se ejecutaría”, explica Natalia Aramayo, de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.

Denuncian que la situación de precarización laboral, con equipos rotativos y horarios acortados en los doce Centros para atención en violencia de género tampoco es favorable en la actualidad, y si bien la ley dice que abrirán tres centros nuevos, no habla de la regularización laboral de los trabajadores y trabajadoras de esos centros.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

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Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

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Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.

por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta

Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.

En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:

  • Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
  • Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
  • Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.

Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.

¿Qué vimos?

En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.

Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.

El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.

Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente: enfrente está la muerte.

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