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Femicidios territoriales: es la policía

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Un nuevo concepto para comprender crímenes que integran a la policía y el Poder Judicial con las redes de delincuencia: femicidios territoriales. Desde El loco de la ruta hasta los casos recientes. Un análisis de  las estructuras mafiosas y el funcionamiento de los territorios en manos de las fuerza de seguridad. Por Claudia Acuña.

Femicidios territoriales: es la policía
Foto: Lina Etchesuri

Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles fueron las primeras en advertirnos las coincidencias de sus crímenes. Hasta ellas, los femicidios eran clasificados en nuestro padrón a partir de las categorías creadas por la academia de género para analizar la trama de violencias que arrasa con tantas vidas, año tras año. Pero sus casos se rebelaron a esas categorías. No eran “femicidios íntimos”. No las mató un novio celoso o un marido despechado. Y tampoco sus muertes aceptaban la categoría de excepción, que clasifica como “femicidio no íntimo” a aquellos crímenes que no se adaptan a la regla general. Había una regla, pero era otra. 

¿Cuál?

La camioneta que fue requisada por la policía y en la que se encontró droga “con intención de comercializar” estaba estacionada todos los días frente a la puerta del colegio de Lucía, al mediodía. La banda que abordó a Melina era habitué del bolicheal que fue a festejar sus 17 años. La del corralón que descuartizó a Araceli contaba con la protección de la policía que estuvo a cargo de la investigación de su desaparición. Lucía en Mar del Plata, Melina y Araceli en San Martín nos estaban gritando una pregunta: sin esa trama de impunidad territorial, ¿sus crímenes hubiesen sido posibles?

Llamamos entonces femicidios territoriales a los crímenes que se produjeron en un marco de impunidad institucional, en el cual la policía local tiene una responsabilidad central. Eso significa concretamente el grito “El Estado es responsable”.

No se trata de una consigna, sino de un profundo análisis político que nace de la sociedad que lo padece y lo combate día a día. Sus características son tan claras y contundentes que no hay margen de dudas: este año, cuando las vecinas se enteran del crimen de Ludmila Pretti en la bonaerense Morón o de Iara Rueda en la jujeña Palpalá, lo primero que hacen es plantarse frente a la comisaría. Y con esta reacción inmediata y espontánea dejan en claro que ya saben aquello que ninguna academia reconoce: que esa trama de impunidad territorial garantiza que hacer  justicia resulte imposible. Para evitar que se arruinen pruebas, se demoren búsquedas, se deje escapar a los criminales, se alteren evidencias y se eludan las responsabilidades institucionales la respuesta es la que sintetizó Tania, la hermana de Jéssica Fernández, baleada por su ex, al que la policía dejó huir: “Si hay que romper se rompe, si hay que quemar se quema, pero de acá no nos movemos hasta que el culpable esté entre rejas”. Y “acá” es una barrera de mujeres frente a la puerta de la comisaría del Cuartel V de Moreno. Tres horas después el responsable del ataque estaba encerrado.

Mar del Plata

Analizar la trama de impunidad en clave geopolítica es indispensable  para comprender los femicidios territoriales. Lucía nos ubica en Mar del Plata y lo primero que encontramos allí es un trabajo maravilloso realizado en 2005 por Marta Fontela, que forma parte de la investigación titulada Femicidios e impunidad. Citamos extensamente este trabajo porque nos lleva, entre otras cosas, de Mar del Plata a San Martín, ya veremos cómo. 

Fontela analizó la causa judicial que inició el juez Pedro Hooft sobre los crímenes que popularmente conocimos como del “loco de la ruta” y que implicaron la  desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución ocurridas entre 1996 y 2001. Algunas fueron encontradas descuartizadas, otras nunca. Resume Fontela: “En Mar del Plata, se iniciaron en el año 1996, con el asesinato de Adriana Jacqueline Fernández una serie de crímenes y desapariciones de mujeres, hasta la fecha no resueltos. En el momento en que escribo este artículo, solo se ha llegado a condenar a dos suboficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero no por las desapariciones y muertes, respecto a las cuales no se pudo probar su participación, sino por asociación ilícita en delitos relacionados con la promoción y facilitación de la prostitución”.

Luego compila los datos de la única causa judicial que pronunció un fallo: “La única investigación que tuvo algún resultado fue llevada a cabo por el Juzgado Criminal y Correccional de Transición N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Pedro Hooft, que investigó los casos de las desapariciones forzadas de Silvana Caraballo, Verónica Chávez y Ana María Nores. La sentencia muestra esa red de complicidades y vinculaciones entre los proxenetas y distintos poderes del Estado”. 

En la causa originariamente intervino el Juzgado Departamental N° 7, quedando a cargo de Hooft a fines de septiembre de 1998, al cambiar la organización de la justicia penal en la provincia. En la primera etapa la investigación estuvo a cargo de la policía. Debido a que no había avances, Hooft solicitó instructores judiciales al procurador general de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Estos instructores comenzaron la investigación en marzo de 2001, virtualmente desde cero, aunque con un aporte que mostraba entrecruzamientos telefónicos que acreditaban la existencia de múltiples y permanentes comunicaciones de este tipo entre los sectores de la prostitución organizada de Mar del Plata y dependencias policiales, judiciales y municipales. Una noticia de la agencia Telam  del 23 de noviembre de 2003 señala que según un informe del procurador de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, firmado por el doctor De La Cruz, que analiza las llamadas entrantes y salientes de teléfonos de oficinas del Comando en Jefe del Ejército a raíz de la investigación de secuestros, homicidios y delitos graves, se verificaron 18 cruces telefónicos vinculados con el caso de las mujeres en prostitución de Mar del Plata. De los allanamientos realizados en los prostíbulos surgieron datos que permitieron vincular las desapariciones de Ana M. Nores, Silvana Caraballo y Verónica Chávez. La causa cita el informe elaborado por el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, que detalla que al 9 de agosto de 2002 se registran al menos 28 víctimas entre mujeres presuntamente en situación de prostitución, entre desaparecidas y asesinadas.

Surge del expediente que durante 1997 y hasta los primeros meses del año 1998, “al menos ocho policías varones operaron coordinadamente en hechos delictivos referidos a la prostitución organizada, facilitando su promoción, la protección en calles y prostíbulos, así como su custodia y seguridad. Estos policías cumplían funciones dentro de la organización delictiva, se encargaban de cobrar compulsivamente a cada mujer una suma semanal, las custodiaban, registraban patentes de vehículos de clientes, etc. Semanalmente cobraban a los prostíbulos para permitir su funcionamiento”. A esas comisarías iban las compañeras de las desaparecidas a denunciar que no estaban y rogar que las encuentren con vida. 

En nuestro padrón histórico los femicidios en Mar del Plata suman 68, de los cuales 31 representan femicidios territoriales. 

Femicidios territoriales: es la policía
Guillermo Pérez y Marta Montero, padres de Lucía Pérez. Frente a la policía y a los tribunales de Mar del Plata. Foto: Romina Elvira

El fiscal

El fallo cita extensamente lo que declararon las testigos. La madre de Verónica Chávez atestiguó que a Silvana Caraballo “le habían dado una paliza por hacer mal un trabajo… y que Caraballo gustaba del fiscal García Berro”. Agregó que el día antes de su desaparición, “Verónica Chávez comentó que estaba trabajando en el guardarropas de un boliche en cuya inauguración estuvo el fiscal…”. Otra testigo informa que “a Verónica Chávez la llamaba Marcelo (el fiscal García Berro) y la llevaba en un Corsa… y  que luego de la desaparición no llamó nunca más”.

Concluye Fontela: “Basta leer estos párrafos, que son solo un extracto de una extensa y muy bien fundada sentencia, para que aparezca a la vista de cualquiera la responsabilidad de la policía y de funcionarios judiciales en la explotación de la prostitución, así como la sospecha fundada de su intervención en los crímenes que se investigan. Sin embargo, por los requisitos y características del establecimiento de la verdad jurídica, fue necesario que los dos policías aceptaran las pruebas que resultan del expediente, en el marco de un juicio abreviado en el que la fiscal y los defensores pactaron penas de cuatro años y cuatro años y dos meses respectivamente. Quedan en esta causa cuatro personas más en calidad de prófugos, entre policías y regentes de un prostíbulo y otros procesados”.

Este proceso generó que el fiscal Marcelo García Berro fuera apartado de su cargo. Los motivos los resume una nota publicada el 16 de agosto de 2002 en el diario La Nación: “El nombre de García Berro apareció en el expediente casi desde la primera hora. Como ‘Marcelo (oficina abogado) Chevrolet Corsa 5187 (Poder Judicial)’ fue anotado por Chávez en su agenda personal, a la que tuvo acceso La Nación. Por el sistema Excalibur se constató que llamaba al prostíbulo de La Perla con frecuencia y varios testigos lo vieron en ese auto cerca del domicilio de la mujer”.

Entre los fundamentos de la sentencia del juez Hooft se establece que “queda semiplenamente acreditado que, al menos durante 1997 y 1998 (el fiscal) Marcelo García Berro, haciendo pública ostentación de su condición de fiscal, trasladándose permanentemente en la zona roja con un vehículo oficial-judicial y utilizando, además, en forma asidua líneas telefónicas asignadas al Poder Judicial mantuvo frecuentes comunicaciones con distintos prostíbulos y/o personas vinculadas con la prostitución, cuyas actividades constitutivas de delitos de acción pública cubría o tapaba”. 

Hoy el fiscal García Berro ejerce en los tribunales de San Martín. Es miembro del Consejo Fiscal en representación de la agrupación Unión Progresista de Fiscales.

García Berro es fiscal en las causas por crímenes de la dictadura en la Zona IV, Campo de Mayo, Contraofensiva y los Vuelos de la muerte.  En tanto, el juez Hoof fue  acusado por crímenes durante la dictadura, que derivaron en un juicio político que lo absolvió. En su defensa adujo que las acusaciones eran consecuencia de la investigacion del “loco de la ruta”.

San Martín 

El femicidio de Melina Romero es uno de los más escandalosos casos de impunidad fiscal. Poder Judicial y policía se empecinaron en no buscar a Melina durante semanas, mientras diversos medios nacionales atacaban a la víctima. El cuerpo asesinado y corrompido fue encontrado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita el 23 de septiembre de 2014. Melody, amiga de Melina, relató que vio cómo un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) intervinieron en el hecho. Toto fue sobreseído ante un tribunal de menores, y Melody fue acusada por falso testimonio, soportó un juicio y fue sobreseída.

La fiscal María Fernanda Billone desistió de acusar a los otros tres implicados. El abogado de la mamá de Melina, Marcelo Biondi, sintetizó lo que este procedimiento fiscal representa: “Es la primera vez en mi carrera que veo que la fiscalía desista de un juicio por homicidio”. La fiscal Billone le dijo a Ana, la mamá de Melina, que lo hacía por indicación de sus superiores. El superior es el fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo. Sin acusación fiscal Biondi, como querellante particular, solo acusó a Chavito Fernández, que fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de “homicidio preterintencional” (sin intención de matar). La sentencia fue apelada, pero la mamá de Melina ya no tiene abogado que la represente.

Tres años después del crimen de Melina, en el mismo territorio de San Martín, desaparece Araceli Fulles. Su cuerpo fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio, vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando en abril de 2019 lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. 

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, al oficial principal José Gabriel Herlein y al numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente: “Estoy con mis hijos, mi nieto, mi nuera, mi esposo y la custodia”, dice Mónica a tres años del asesinato de su hija. El juicio oral tenía fecha para este año (26 de mayo) pero “hasta ahora todavía no me avisaron qué va a pasar”.

Todos los imputados llegan en libertad al juicio.

La impunidad

Fontela señala en su trabajo otros femicidios que tienen similares características: “El análisis de algunas investigaciones judiciales y periodísticas indicarían la conexidad entre instituciones del Estado y las bandas de tratantes y/o narcotraficantes que operan en todo el país. Si ejemplificamos con algunos casos, tres de las desapariciones en Mar del Plata (Nores, Caraballo y Chávez), el asesinato en Rosario de Sandra Cabrera, Natalia Melmann en Miramar, Leyla Nazar en Santiago del Estero, Marita Verón, Fernanda Aguirre (desaparecidas en Tucumán y Entre Ríos respectivamente) y el triple crimen de Cipolletti, encontramos estas similitudes. En la mayoría de los casos, hay policías y funcionarios de otros poderes del Estado involucrados, que forman parte de las redes de prostitución, fiestas privadas en las que obligaron a participar a las mujeres (Chávez, Nazar, Melmann), prostíbulos como los de Sierra de los Padres o La Perla (Mar del Plata)”.

Este año sumamos a esta lista los femicidios de Iara Rueda y Cesia Reinaga, en Jujuy. Desde que se produjeron esos crímenes durante todas las semanas se realizaron puebladas en la provincia de Jujuy reclamando justicia, a pesar de que en todo ese tiempo, el gobernador realizó un sinfín de anuncios para apaciguar los reclamos. Incluso la Legislatura provincial sancionó una de las principales demandas: la Ley de emergencia, a la que bautizó Ley Iara. No hizo, sin embargo, lo único que motiva el  indignado reclamo social: separar e investigar a la policía.

El desafío

Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que  comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración. Implica, además, señalar  con claridad y precisión que es necesario que un equipo especializado, experto e imparcial, sea el encargado de investigar estos crímenes desde el primer momento en que se producen y para evitar que las tramas territoriales impidan el desarrollo de una investigación en los términos que requiere el Estado de Derecho.

Y lo que es más importante, nos permiten reconocer en el rico tesoro de lucha que nos legaron Madres, Abuelas, Sobrevivientes e Hijes las herramientas creativas, políticas y comunicacionales que nos van a dar la fuerza que necesitamos para construir lo que queremos: una vida sin violencias.

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91 femicidios y ninguna respuesta

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“Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia” dice la 2ª carta del colectivo que nuclea a familiares de todo el país, dirigida a Javier Milei. Este 8 de abril las Familias Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo, como todos los primeros lunes de cada mes, mientras el mundo seguía el eclipse de sol. Denunciaron en un documento –también presentado en la Casa Rosada– que hasta el domingo 7 se produjeron 91 femicidios en el año, que dejaron además 9 víctimas menores asesinadas y 52 huérfanos. Hay, en lo que va de 2024, 18 mujeres desaparecidas. Luego las Familias hablaron sobre las causas, el factor narco y la responsabilidad del Estado.

91 femicidios y ninguna respuesta

Marta, madre de Lucía Pérez y Facundo, el papá de Luna Ortiz. La lectura del documento que exhibe el nivel de violencia contra las mujeres en el país.

En sintonía con el eclipse de sol de este lunes, la Plaza de Mayo presentó de pronto un clima desapacible, frío, ventoso, mientras las Familias Sobrevivientes de Femicidios volvieron a presentarse allí para visibilizar el reclamo sobre las mujeres asesinadas y para solicitar por carta (la 2ª en el año) que el presidente Javier Milei las reciba.

El grupo, alineado en sillas negras de espaldas a la Casa Rosada, aguantó la ventolera y leyó un documento del que se desprenden distintos datos:

  • º Hubo 91 femicidios en los 98 días del año hasta el domingo 7 de abril, registrados por el Observatorio Lucía Pérez.
  • º Además, 9 víctimas menores fueron asesinadas en el transcurso de esos femicidios.
  • º Otro saldo: 52 huérefanxs.
  • º Se contabilizaron otros 62 intentos de femicidios.
  • º Hay en el país 18 mujeres desaparecidas en lo que va de 2024.
91 femicidios y ninguna respuesta

Mariela, y el reclamo por su hija.

Genocidio por goteo

Sobre estas cifras –que revelan lo que Marta Montero (madre de Lucía Pérez) define como “genocidio por goteo”– no ha habido respuesta alguna por parte del Estado.

El texto de la misiva fue presentado por la propia Marta, su esposo Guillermo Pérez, Susana Reyes (madre de Cecilia Basaldúa), Mariela Quintanilla (madre de Iara Nardelli), Facundo Ortiz y Marisa Rodríguez (padres de Luna Ortiz) en nombre del colectivo.  

El texto: “Señor Presidente de la Nación Argentina. Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias”. En marzo se había presentado la primera carta en la Casa Rosada y les dijeron que sería derivada a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

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Susana con imágenes de su hija, Cecilia Basaldúa.

Asesinadas en democracia

Susana Reyes, con una foto de su hija y las palabras “Verdad y justicia”,   recordó que hace cuatro años desaparecía Cecilia Basaldúa en Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020. “Y todavía estamos luchando para tener un fiscal en la causa por el crimen de mi hija, porque hubo un primer juicio en el que metieron preso a un inocente. Hay muchas causas armadas en Córdoba. Ahora estamos esperando que nos nombren nuevo fiscal, porque el que nos habían designado se jubiló el año pasado en agosto. Y no salió el decreto del nuevo.  Nosotros vamos a seguir siempre. Estamos luchando no solo por Cecilia sino por todas y todos los asesinados en democracia”.

Susana agrega: “Queremos que nos reciban para ver si nos pueden escuchar, si pueden hacer algo. Cada vez son más muertes que se siguen sumando. Hay niños huérfanos y las madres también quedamos huérfanas por la muerte de nuestras hijas. Así que vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias”.

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Marisa y Facundo, los padres de Luna Ortiz. El caso de su hija (drogada y muerta por sus captores) fue calificado como “homicidio imprudente”. Las familias reclaman justicia.

Homicidios imprudentes

Facundo suma sobre la historia de su hija, Luna Ortiz (19 años cuando fue asesinada el 2 de junio de 2017): “Hace ya siete años que asesinaron a Luna y todavía no podemos llegar a conseguir justicia, es una lucha interminable. La causa está en Casación, la Sala I. Es algo muy importante. Necesitamos que estos jueces nos escuchen y tomen una buena decisión condenando a Villarreal por femicidio”.

Para comprender: Luna fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal. Los jueces Ariel Introzzi Truglia y Sebastián Hipólito Urquijo y la jueza Verónica Mara Di Tommaso lo condenaron finalmente al máximo posible solicitado por un delito menor: 4 años y 11 meses por “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”.

Marisa, la madre de Luna, agrega: “El femicidio sigue impune, nos encontramos en la etapa de Casación otra vez planteando un femicidio. Apelando lo después de siete años de impunidad porque los jueces liberaron a uno de los femicidas de Luna. Vamos a seguir luchando porque queremos justicia por Luna y por todas nuestras hijas”.

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Lucía Pérez y Carla Soggiu. “Luchamos por justicia para todas”.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

Guillermo (el padre de Lucía Pérez): “Hace 8 años que venimos buscando justicia por nuestra hija (el femicidio ocurrió el 8 de octubre de 2016 y provocó el Primer Paro Nacional de Mujeres). Ahora el 29 de abril tenemos el recurso de Casación”. En el caso de Lucía, en marzo de 2023 hubo sentencia a perpetua en un caso (Matías Farías), y el otro acusado (Juan Pablo Offidani) terminó con una condena menor, 15 años en total, como “partícipe secundario” del crimen, que incluye la condena a ambos por la venta de drogas en la puerta de una escuela secundaria, lo que desencadenó toda la tragedia. La familia apeló la sentencia a Offidani, y las defensas de los acusados apelaron sus condenas. Es lo que comenzará a debatirse en el tribunal de Casación bonaerense.

“Queremos justicia” dice Guillermo, “y que nuestras hijas puedan descansar”.

En el documento presentado el mes pasado al gobierno junto a la solicitud de audiencia, se planteaba una mirada amplia y a la vez profunda de lo que ocurre: “No podemos hablar de femicidios y travesticidios sin hablar de narcotráfico, como no podemos hablar, sin nombrarlo, de ningún otro tema de esta emergencia social que estamos padeciendo hoy: hambre, desocupación, destrucción de la educación y salud pública. Todos fuegos que alimentan el incendio de nuestro futuro y paz social”.

Marta Montero habla sobre el rol estatal: “El Estado es responsable, por eso hablamos de genocidio, con un Estado que no hizo ni hace nada por evitarlo. Y decimos que son narcofemicidios, porque muchísimas veces tienen que ver con esa cuestión de lo narco, donde el Estado no solo está ausente sino que muchas veces está presente, porque ¿quién es el que no hace nada cuando venden droga en la puerta de una escuela? La policía, que es parte del Estado. ¿Y quién deja impunes muchos de estos crímenes? El Poder Judicial, que es parte del Estado”.

¿Y en los casos en que el origen es la violencia dentro de una pareja? “El Estado también es responsable al no avanzar en las investigaciones, al ocultar pruebas muchas veces, al dejar impune al asesino, al no atender a las víctimas, a los huérfanos, a las familias. Pero además, muchas veces esa violencia se genera por lo que hablábamos antes: el tema de la droga, la violencia que se genera territorialmente y en la gente que está en eso, que termina golpeando y matando a las mujeres”.

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Marta y Guillermo, los padres de Lucía.

El caso de Lucía implica una ruptura y un precedente, porque la familia logró que se anule el primer y vergonzoso juicio que absolvió a Farías y Offidani por el femicidio, acusándolos solamente de vender droga en vereda de la escuela marplatense a la que iba Lucía, que tenía 16 años cuando la mataron. Esa anulación permitió el segundo juicio (el que ahora irá a Casación por las respectivas apelaciones) y motivó además un jury: un juicio a los jueces de aquel primer proceso. “Estamos esperando que se concrete, porque ya está todo listo” explica Marta.

El rol de Marta Montero en Mar del Plata generó la invitación a participar con una ponencia en la 5º Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos que se está llevando a cabo en esa ciudad hasta el 11 de abril. Marta intervendrá este martes 9 en una sesión que tratará “Justicia de género en salud. Praxis feminists por la justicia en salud”. En el panel coordinado por Melanie Alperstein (Sudáfrica) intervendrá Marta (Femicidio, luchas por la justicia de género y rendición de cuentas), Julie Dale, de Brasil (Violencia y discriminación contra LGBTQI+), Zahira Bouhabra (en conexión desde Marruecos), y hablará sobre Resistencia a los sistemas violentos y respuesta a las crisis de violencia de género Rawia Mahmoud (en conexión desde Sudán).

Lo crucial del trabajo de la familia continúa en Mar del Plata con La Casa de Lucía, punto de encuentro, de conferencias, recitales, eventos culturales y lugar además de acompañamiento para otras familias víctimas de violencia o de femicidios.

O sea que allí se reúne lo académico con lo barrial y la solidaridad concreta, no discursiva. Sostiene Marta: “Para nosotros es una alegría, porque hay un enorme movimiento alrededor de las cosas que se hacen allí. Vienen mujeres, familias, también estudiantes, abogados, de todo. Estamos empezando un curso de huerta, pero también va a ser lugar para que terminen la secundaria quienes no pudieron hacerlo. Y el acompañamiento a otras familias es fundamental, porque a todos nos pasa que ante la justicia estamos desorientados, te hablan de modos que no entendés muchas veces. Con la experiencia que lamentablemente hemos tenido, ahora podeos ayudar a otra gente que pasa por lo mismo para que conozca y entienda sus derechos, y cómo llevar adelante las causas”.

Vuelve a hablar sobre la casa, y la cantidad y calidad de eventos que allí suceden: “Eso sorprendió incluso a los vecinos. Nos decían que era una casa que había estado siempre cerrada, oscura, abandonada (había pertenecido a un grupo narco, según puede verse en MU 190). Y la gente del barrio nos dice que hoy pudimos transformar esa oscuridad en una luz muy linda, que les da entusiasmo. Imaginate la alegría que es para nosotros” dice Marta, cuando se iban de Plaza de Mayo habiendo presentado la carta y el informe y –sorprendentemente- el lunes frío, ventoso, desapacible y eclipsado se transformaba en un día de otoño cálido y luminoso.

El próximo encuentro está previsto para el 6 de mayo.  

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En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

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Nuevo informe mensual del primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal.

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez registró  85 femicidios y travesticidios en todo el país. Solo durante marzo ocurrieron 18, con el agregado de 3 infancias asesinadas: Alma, de 11 años; Mateo, de 2; y Zamir, de 9. El total en lo que va del año es de 9.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Otro dato que surge del relevamiento es que, como resultado de estos crímenes de mujeres, se registraron 47 huérfanxs.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

En este 2024, se llevan registradas 53 tentativas de femicidios.

Hay 18 mujeres desaparecidas.

Y llevamos 1.144 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Por otra parte, se realizaron 105 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal que exigen justicia ante los crímenes que no cesan. 

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

El número de funcionarios denunciados que ha registrado el Observatorio asciende a 482.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Esos datos, esos crímenes, no son solamente cifras: por eso en nuestros padrones se visualiza cada nombre, la edad, el lugar donde vivían las víctimas y cómo sucedió cada femicidio, entre otros muchos datos que permiten dimensionar la violencia.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencia, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así reunidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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8M: Estamos

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En otro Día Internacional de la Mujer el movimiento feminista volvió a llenar las calles de Buenos Aires, frente al Congreso, como supo hacer durante las movilizaciones a favor del aborto, en medio de algunas novedades: un gobierno que ataca al feminismo, que cree que lo puede contener con un protocolo antipiquetes y que enfrenta la agenda de derechos que las mujeres y disidencias volvieron a poner hoy en la calle. La desigualdad como eje. Las principales reinvindicaciones y palabras de hoy. Los testimonios que hablan de emergencias de hambre (con comedores sin comida y con el triple de gente), a la conexión con las banderas de derechos humanos. Les Nietes de personas desaparecidxs, y el lema de la bandera que salió hoy por primera vez a la calle: “Soy feminista porque tengo memoria”.

Texto: Anabella Arrascaeta

Fotos: Lina M. Etchesuri

“Soy feminista porque tengo memoria”, dice la bandera que Ana, nieta de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico militar, pintó para marchar junto a sus compañeres de Nietes. Es la primera vez que esta frase sale a la calle, en este 8M, a días del 24, el primer marzo de la era de Javier Milei. 

8M: Estamos
Les Nietes en la puerta de Mu Trinchera Boutique. Foto: Lina Etchesuri

Argentina, 2024. Sobre Callao la Policía Federal intenta mantener cortada la Avenida para la foto que da cumplimiento al protocolo de la ministra Patricia Bullrich. No pueden. Los autos circulan solo esa cuadra y doblan a la izquierda por Avenida Rivadavia. Hacia la plaza Congreso las calles están cortadas porque el músculo de los feminismos está entrenado y volvió a llenarla. Partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, culturales, asambleas, deportistas, músicas, periodistas, y miles de grupitos de amigas, madres, abuelas, hijas, vecinas, nietes, en un largo y cada vez más inabarcable etcétera.  

A las cuatro de la tarde el hit sacude el pasto: “El que no salta votó a Milei”. 

La Plaza, una vez más, está llena.

¿Por qué?  

Límites

Cristina, 80 años, abre los ojos grandes desde abajo de la gorra que la protege del sol y dirige la mirada hacia sus amigas (otra Cristina de 72 años, y dos Lilianas, 67 y 70 años). Dice: “Peleamos mucho por este momento, y lo tenemos que defender”. Llegaron temprano, con sus remeras del grupo de teatro comunitario al que pertenecen y con el que en el último tiempo hicieron una obra sobre la Semana Trágica, y otra que es un homenaje a Azucena Villaflor, Madre de Plaza de Mayo desaparecida. “Tenemos una edad donde vivimos a full el patriarcado, y vemos en nuestras hijas ese cambio de paradigma: no son las mismas mujeres y yo me alegro profundamente por eso. Y aprendo todos los días de las generaciones nuevas, necesitamos acompañarlas porque debemos lograr ese cambio que de a poco se va modificando. No es que se haya logrado todo, nos falta, pero tenemos que estar unidas”. 

“Estar” y “juntas” son de las palabras que más se repiten hoy en Congreso. Y que se sienten: todas las generaciones, de los centros a los bordes. Dice una de las Cristinas: “Te voy a decir una frase peronista: unidos o dominados. En este momento, con este gobierno estamos en un retroceso, y nosotras tenemos que poner un límite: hoy, todas en las calles, estamos poniendo ese límite concreto en la calle”. 

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Comedores

Claudia, 54 años, vino de San Miguel y señala a una compañera: “Ella trae una papa”, y después apunta a otra: “Ella trae una cebolla”. Después mira a otra: “Ella trae fideos”. Así explica cómo están sosteniendo en los barrios las ollas desde que no reciben alimentos tras la asunción del nuevo gobierno.

Dice que lo hacen porque, cuando hay una emergencia, “el pueblo es solidario”. Y porque saben cómo hacerlo. “Nosotras echamos a los ingleses: las mujeres. Hicimos la bandera para Belgrano, organizamos la campaña para San Martín, y ahora tenemos que organizar la campaña para sacar a este loco. Las compañeras muchas son de programas sociales, todas trabajan, sirvieron cuando estaba la pandemia pero ahora las quieren descartar”. 

Según su termómetro, la gente que asiste a los comedores se triplicó. No son solo niñes: ahora son familias enteras. 

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri

“El barrio ahora se está dando cuenta que la casta somos nosotros” dice a lavaca. “La gente estaba cansada de los políticos comunes corrientes, pero ahora las mujeres del barrio están preocupadas porque no les alcanza para comer. Muchas no pudieron comprar útiles de sus hijos, y en los comedores no hay mercadería”. 

Claudia, que es militante del Movimiento Evita, dice que la organización está haciendo una autocrítica interna, pero ella ya tiene clara una posición: “Aunque sea un gobierno nuestro, si hay que hacer un reclamo, hay que hacerlo. No hay que esperar. Aprendimos que si un funcionario o compañero no está haciendo las cosas como corresponde, hay que protestar”. 

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

En los comedores de La Boca que tiene el MST también se triplicó la demanda. “Muchos vecinos que no iban, ahora van. En diciembre ya teníamos escasez de variedad pero ahora la situación está cada vez peor. No tenemos alimentos, hace varios meses no llegan”, dice Susana. Para sostener la olla organizan actividades: rifas, hay quienes arreglan cosas, otras que hacen las uñas: “Nos la rebuscamos”. Ese es el reclamo que llegó hoy hasta el Congreso. 

Susana explica: “Los comedores están compuestos por mujeres: somos las que los mantenemos. Pero hoy hay muchas compañeras grandes que no pudieron venir; son mayores y hace mucho calor; otras tienen muchos chicos. Antes podíamos venir, pero ahora no, porque se reprime. Es una decisión que muchas compañeras que tienen muchos hijos se quedan cuidando los comedores y las demás que podemos venir, venimos”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Aguante

Paula está con un cartel que clama: “Nuestros derechos no se negocian”. Del otro lado sentencia: “Milei nunca”. Llegó sola a Plaza Congreso, pero se encontró con amigas en el camino. Tiene 52 años, y dice: “Viví muchas crisis, pero hoy veo que estamos cada vez peor, tenemos un gobierno que no tiene idea de lo que es la empatía, de cómo se lleva adelante un país con todos los sufrimientos que hemos tenido, con una dictadura todavía reciente, con cosas nefastas que nos han pasado. Y en ese contexto, las mujeres somos las que hemos luchado”. 

Paula afirma que así como hubo y hay crisis, hay salidas: “Salimos primero organizándonos; somos las que podemos sacar este país adelante, porque somos empáticas. Hoy tenía miedo que no haya gente pero para sorpresa y alegría veo que todavía hay mucho aguante. Seguimos acá”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Tensión

Cuando los bombos de ATE dejan de tocar, Marina, a quien llaman “La capitana”, descansa. Están al frente de la masiva columna de trabajadoras del Estado, aún cuando se anunció que se les iba a descontar el día a quienes pararan. El efecto fue el contrario: “Estamos acá justamente por eso, a pesar que nos quieren guardadas en nuestros lugares y casas, aunque estén avasallándonos con que nos van a descontar el paro, con tomar represalia, venimos a poner el cuerpo más que nunca porque no vamos a permitir que se retroceda en ninguno de los derechos que hemos conquistado y están tratando de poner en riesgo”. 

¿Cómo los resguardamos? “Con esto”, dice y mira alrededor una marea de gente. “Animándonos entre nosotras a salir a la calle, fortaleciéndonos entre nosotras en los lugares que ya habíamos conquistado, perdiendo el miedo, entendiendo que si estamos juntas vamos conseguir la fuerza para defendernos, que ninguna se va a salvar sola, que es muy necesario que los feminismos puedan poner una voz en lo que está sucediendo y poder decir cómo impacta sobre nosotras el hambre que está generando este gobierno. Las voces están, las compañeras estamos: hay que animarse a levantarlas porque los lugares están todavía en tensión”. 

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa, joven asesinada en Capilla del Monte. Foto: Lina Etchesuri

Transversal

Las integrantes de Nietes posan con su bandera que lleva la insignia con la que comienza esta nota. Ana cuenta que escribió esa frase para recuperar “las luchas que hacen a las libertades que tenemos hoy y la memoria de los derechos que tenemos: esa es la conciencia que hoy reivindicamos”. 

¿Cómo se conectan el movimiento feminista y el de derechos humanos?

Lucía: No lo hemos charlado con tal profundidad en el organismo, podemos darte nuestras perspectivas; yo considero que empezaron a tener puntos de conciliación a partir del 2017-2018, con todo el movimiento que generamos las feministas jóvenes junto con las feministas históricas, contra la violencia hacia las mujeres que después se pudo darle muchísima fuerza a lo que fue la legalización del aborto. Solemos tener mucho vínculo con sobrevivientes, construcción política fraternal y compañerismo; hablando con una compañera de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de Tucumán, nos contaba cómo le influyó el movimiento desde el 2017 en adelante, para tener el valor de poner en palabras la violencia sexual como parte de las torturas. A partir del 2017 se pudo retomar de otra manera porque también había más herramientas para problematizar un montón de cosas y para que también las nuevas generaciones acompañen procesos de históricas luchadoras.

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

¿Por qué les parece que esas dos banderas, la de feminismos y derechos humanos, son las más atacadas hoy? 

Ana: Creo que son los dos movimientos que han tenido la masividad, que han logrado interpelar al conjunto de la sociedad; tanto el movimiento de derechos humanos como el movimiento feminista ha logrado ser transversal a todas las tendencias. Y esa fuerza constituye una amenaza muy fuerte y ellos lo saben. Yo creo que los esfuerzos en desarmar todo esto es por la potencia que tiene en términos de transformación social, económica, subjetiva; por la fuerza y la potencia que tiene de interpelar al conjunto de sociedad, que se involucren personas que por ahí en la política no se meten tanto y en temas como derechos humanos y feminismos, sí. Eso es una fuerza muy grande. 

Después de marchar, les Nietes tocan en el piano de nuestra trinchera “Los dinosaurios” de Charly García. Y cuando terminan, aplauden y brindan por lo que están haciendo juntes. Historia, futuro, y presente.

Fotos: Lina Etchesuri

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