#NiUnaMás
Femicidios territoriales: es la policía
Un nuevo concepto para comprender crímenes que integran a la policía y el Poder Judicial con las redes de delincuencia: femicidios territoriales. Desde El loco de la ruta hasta los casos recientes. Un análisis de las estructuras mafiosas y el funcionamiento de los territorios en manos de las fuerza de seguridad. Por Claudia Acuña.

Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles fueron las primeras en advertirnos las coincidencias de sus crímenes. Hasta ellas, los femicidios eran clasificados en nuestro padrón a partir de las categorías creadas por la academia de género para analizar la trama de violencias que arrasa con tantas vidas, año tras año. Pero sus casos se rebelaron a esas categorías. No eran “femicidios íntimos”. No las mató un novio celoso o un marido despechado. Y tampoco sus muertes aceptaban la categoría de excepción, que clasifica como “femicidio no íntimo” a aquellos crímenes que no se adaptan a la regla general. Había una regla, pero era otra.
¿Cuál?
La camioneta que fue requisada por la policía y en la que se encontró droga “con intención de comercializar” estaba estacionada todos los días frente a la puerta del colegio de Lucía, al mediodía. La banda que abordó a Melina era habitué del bolicheal que fue a festejar sus 17 años. La del corralón que descuartizó a Araceli contaba con la protección de la policía que estuvo a cargo de la investigación de su desaparición. Lucía en Mar del Plata, Melina y Araceli en San Martín nos estaban gritando una pregunta: sin esa trama de impunidad territorial, ¿sus crímenes hubiesen sido posibles?
Llamamos entonces femicidios territoriales a los crímenes que se produjeron en un marco de impunidad institucional, en el cual la policía local tiene una responsabilidad central. Eso significa concretamente el grito “El Estado es responsable”.
No se trata de una consigna, sino de un profundo análisis político que nace de la sociedad que lo padece y lo combate día a día. Sus características son tan claras y contundentes que no hay margen de dudas: este año, cuando las vecinas se enteran del crimen de Ludmila Pretti en la bonaerense Morón o de Iara Rueda en la jujeña Palpalá, lo primero que hacen es plantarse frente a la comisaría. Y con esta reacción inmediata y espontánea dejan en claro que ya saben aquello que ninguna academia reconoce: que esa trama de impunidad territorial garantiza que hacer justicia resulte imposible. Para evitar que se arruinen pruebas, se demoren búsquedas, se deje escapar a los criminales, se alteren evidencias y se eludan las responsabilidades institucionales la respuesta es la que sintetizó Tania, la hermana de Jéssica Fernández, baleada por su ex, al que la policía dejó huir: “Si hay que romper se rompe, si hay que quemar se quema, pero de acá no nos movemos hasta que el culpable esté entre rejas”. Y “acá” es una barrera de mujeres frente a la puerta de la comisaría del Cuartel V de Moreno. Tres horas después el responsable del ataque estaba encerrado.
Mar del Plata
Analizar la trama de impunidad en clave geopolítica es indispensable para comprender los femicidios territoriales. Lucía nos ubica en Mar del Plata y lo primero que encontramos allí es un trabajo maravilloso realizado en 2005 por Marta Fontela, que forma parte de la investigación titulada Femicidios e impunidad. Citamos extensamente este trabajo porque nos lleva, entre otras cosas, de Mar del Plata a San Martín, ya veremos cómo.
Fontela analizó la causa judicial que inició el juez Pedro Hooft sobre los crímenes que popularmente conocimos como del “loco de la ruta” y que implicaron la desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución ocurridas entre 1996 y 2001. Algunas fueron encontradas descuartizadas, otras nunca. Resume Fontela: “En Mar del Plata, se iniciaron en el año 1996, con el asesinato de Adriana Jacqueline Fernández una serie de crímenes y desapariciones de mujeres, hasta la fecha no resueltos. En el momento en que escribo este artículo, solo se ha llegado a condenar a dos suboficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero no por las desapariciones y muertes, respecto a las cuales no se pudo probar su participación, sino por asociación ilícita en delitos relacionados con la promoción y facilitación de la prostitución”.
Luego compila los datos de la única causa judicial que pronunció un fallo: “La única investigación que tuvo algún resultado fue llevada a cabo por el Juzgado Criminal y Correccional de Transición N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Pedro Hooft, que investigó los casos de las desapariciones forzadas de Silvana Caraballo, Verónica Chávez y Ana María Nores. La sentencia muestra esa red de complicidades y vinculaciones entre los proxenetas y distintos poderes del Estado”.
En la causa originariamente intervino el Juzgado Departamental N° 7, quedando a cargo de Hooft a fines de septiembre de 1998, al cambiar la organización de la justicia penal en la provincia. En la primera etapa la investigación estuvo a cargo de la policía. Debido a que no había avances, Hooft solicitó instructores judiciales al procurador general de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Estos instructores comenzaron la investigación en marzo de 2001, virtualmente desde cero, aunque con un aporte que mostraba entrecruzamientos telefónicos que acreditaban la existencia de múltiples y permanentes comunicaciones de este tipo entre los sectores de la prostitución organizada de Mar del Plata y dependencias policiales, judiciales y municipales. Una noticia de la agencia Telam del 23 de noviembre de 2003 señala que según un informe del procurador de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, firmado por el doctor De La Cruz, que analiza las llamadas entrantes y salientes de teléfonos de oficinas del Comando en Jefe del Ejército a raíz de la investigación de secuestros, homicidios y delitos graves, se verificaron 18 cruces telefónicos vinculados con el caso de las mujeres en prostitución de Mar del Plata. De los allanamientos realizados en los prostíbulos surgieron datos que permitieron vincular las desapariciones de Ana M. Nores, Silvana Caraballo y Verónica Chávez. La causa cita el informe elaborado por el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, que detalla que al 9 de agosto de 2002 se registran al menos 28 víctimas entre mujeres presuntamente en situación de prostitución, entre desaparecidas y asesinadas.
Surge del expediente que durante 1997 y hasta los primeros meses del año 1998, “al menos ocho policías varones operaron coordinadamente en hechos delictivos referidos a la prostitución organizada, facilitando su promoción, la protección en calles y prostíbulos, así como su custodia y seguridad. Estos policías cumplían funciones dentro de la organización delictiva, se encargaban de cobrar compulsivamente a cada mujer una suma semanal, las custodiaban, registraban patentes de vehículos de clientes, etc. Semanalmente cobraban a los prostíbulos para permitir su funcionamiento”. A esas comisarías iban las compañeras de las desaparecidas a denunciar que no estaban y rogar que las encuentren con vida.
En nuestro padrón histórico los femicidios en Mar del Plata suman 68, de los cuales 31 representan femicidios territoriales.

El fiscal
El fallo cita extensamente lo que declararon las testigos. La madre de Verónica Chávez atestiguó que a Silvana Caraballo “le habían dado una paliza por hacer mal un trabajo… y que Caraballo gustaba del fiscal García Berro”. Agregó que el día antes de su desaparición, “Verónica Chávez comentó que estaba trabajando en el guardarropas de un boliche en cuya inauguración estuvo el fiscal…”. Otra testigo informa que “a Verónica Chávez la llamaba Marcelo (el fiscal García Berro) y la llevaba en un Corsa… y que luego de la desaparición no llamó nunca más”.
Concluye Fontela: “Basta leer estos párrafos, que son solo un extracto de una extensa y muy bien fundada sentencia, para que aparezca a la vista de cualquiera la responsabilidad de la policía y de funcionarios judiciales en la explotación de la prostitución, así como la sospecha fundada de su intervención en los crímenes que se investigan. Sin embargo, por los requisitos y características del establecimiento de la verdad jurídica, fue necesario que los dos policías aceptaran las pruebas que resultan del expediente, en el marco de un juicio abreviado en el que la fiscal y los defensores pactaron penas de cuatro años y cuatro años y dos meses respectivamente. Quedan en esta causa cuatro personas más en calidad de prófugos, entre policías y regentes de un prostíbulo y otros procesados”.
Este proceso generó que el fiscal Marcelo García Berro fuera apartado de su cargo. Los motivos los resume una nota publicada el 16 de agosto de 2002 en el diario La Nación: “El nombre de García Berro apareció en el expediente casi desde la primera hora. Como ‘Marcelo (oficina abogado) Chevrolet Corsa 5187 (Poder Judicial)’ fue anotado por Chávez en su agenda personal, a la que tuvo acceso La Nación. Por el sistema Excalibur se constató que llamaba al prostíbulo de La Perla con frecuencia y varios testigos lo vieron en ese auto cerca del domicilio de la mujer”.
Entre los fundamentos de la sentencia del juez Hooft se establece que “queda semiplenamente acreditado que, al menos durante 1997 y 1998 (el fiscal) Marcelo García Berro, haciendo pública ostentación de su condición de fiscal, trasladándose permanentemente en la zona roja con un vehículo oficial-judicial y utilizando, además, en forma asidua líneas telefónicas asignadas al Poder Judicial mantuvo frecuentes comunicaciones con distintos prostíbulos y/o personas vinculadas con la prostitución, cuyas actividades constitutivas de delitos de acción pública cubría o tapaba”.
Hoy el fiscal García Berro ejerce en los tribunales de San Martín. Es miembro del Consejo Fiscal en representación de la agrupación Unión Progresista de Fiscales.
García Berro es fiscal en las causas por crímenes de la dictadura en la Zona IV, Campo de Mayo, Contraofensiva y los Vuelos de la muerte. En tanto, el juez Hoof fue acusado por crímenes durante la dictadura, que derivaron en un juicio político que lo absolvió. En su defensa adujo que las acusaciones eran consecuencia de la investigacion del “loco de la ruta”.
San Martín
El femicidio de Melina Romero es uno de los más escandalosos casos de impunidad fiscal. Poder Judicial y policía se empecinaron en no buscar a Melina durante semanas, mientras diversos medios nacionales atacaban a la víctima. El cuerpo asesinado y corrompido fue encontrado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita el 23 de septiembre de 2014. Melody, amiga de Melina, relató que vio cómo un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) intervinieron en el hecho. Toto fue sobreseído ante un tribunal de menores, y Melody fue acusada por falso testimonio, soportó un juicio y fue sobreseída.
La fiscal María Fernanda Billone desistió de acusar a los otros tres implicados. El abogado de la mamá de Melina, Marcelo Biondi, sintetizó lo que este procedimiento fiscal representa: “Es la primera vez en mi carrera que veo que la fiscalía desista de un juicio por homicidio”. La fiscal Billone le dijo a Ana, la mamá de Melina, que lo hacía por indicación de sus superiores. El superior es el fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo. Sin acusación fiscal Biondi, como querellante particular, solo acusó a Chavito Fernández, que fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de “homicidio preterintencional” (sin intención de matar). La sentencia fue apelada, pero la mamá de Melina ya no tiene abogado que la represente.
Tres años después del crimen de Melina, en el mismo territorio de San Martín, desaparece Araceli Fulles. Su cuerpo fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio, vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando en abril de 2019 lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas.
Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, al oficial principal José Gabriel Herlein y al numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.
La familia está amenazada y con custodia policial permanente: “Estoy con mis hijos, mi nieto, mi nuera, mi esposo y la custodia”, dice Mónica a tres años del asesinato de su hija. El juicio oral tenía fecha para este año (26 de mayo) pero “hasta ahora todavía no me avisaron qué va a pasar”.
Todos los imputados llegan en libertad al juicio.
La impunidad
Fontela señala en su trabajo otros femicidios que tienen similares características: “El análisis de algunas investigaciones judiciales y periodísticas indicarían la conexidad entre instituciones del Estado y las bandas de tratantes y/o narcotraficantes que operan en todo el país. Si ejemplificamos con algunos casos, tres de las desapariciones en Mar del Plata (Nores, Caraballo y Chávez), el asesinato en Rosario de Sandra Cabrera, Natalia Melmann en Miramar, Leyla Nazar en Santiago del Estero, Marita Verón, Fernanda Aguirre (desaparecidas en Tucumán y Entre Ríos respectivamente) y el triple crimen de Cipolletti, encontramos estas similitudes. En la mayoría de los casos, hay policías y funcionarios de otros poderes del Estado involucrados, que forman parte de las redes de prostitución, fiestas privadas en las que obligaron a participar a las mujeres (Chávez, Nazar, Melmann), prostíbulos como los de Sierra de los Padres o La Perla (Mar del Plata)”.
Este año sumamos a esta lista los femicidios de Iara Rueda y Cesia Reinaga, en Jujuy. Desde que se produjeron esos crímenes durante todas las semanas se realizaron puebladas en la provincia de Jujuy reclamando justicia, a pesar de que en todo ese tiempo, el gobernador realizó un sinfín de anuncios para apaciguar los reclamos. Incluso la Legislatura provincial sancionó una de las principales demandas: la Ley de emergencia, a la que bautizó Ley Iara. No hizo, sin embargo, lo único que motiva el indignado reclamo social: separar e investigar a la policía.
El desafío
Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración. Implica, además, señalar con claridad y precisión que es necesario que un equipo especializado, experto e imparcial, sea el encargado de investigar estos crímenes desde el primer momento en que se producen y para evitar que las tramas territoriales impidan el desarrollo de una investigación en los términos que requiere el Estado de Derecho.
Y lo que es más importante, nos permiten reconocer en el rico tesoro de lucha que nos legaron Madres, Abuelas, Sobrevivientes e Hijes las herramientas creativas, políticas y comunicacionales que nos van a dar la fuerza que necesitamos para construir lo que queremos: una vida sin violencias.
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El contexto de la amenaza a Messi en Rosario: narco Estado, violencia, femicidios y extractivismo
Lionel Messi fue amenazado en Rosario a través de un atentado con mensaje mafioso al supermercado de la familia de su pareja, Antonela Rocuzzo. ¿Cómo funciona el mercado sicario? ¿Cuánto se pagan las amenazas y muertes por encargo? ¿Cuál es el marco territorial e institucional de la amenaza? El abandono del Estado y la proliferación de bandas. El rol policial y penitenciario. La ciudad en disputa. Publicamos aquí la investigación realizada por la revista MU en Rosario: El narco-Estado: plomo & humo, que fue tapa de nuestra edición de diciembre y refleja el contexto en el que se da esta situación que cobra relevancia por la celebridad de Messi, pero que sigue gestándose desde hace años sin respuestas. Las voces rosarinas para comprender en qué ámbito se fermentó la amenaza.
Rosario, el narco-Estado: plomo & humo.
Narcofemicidios, violencia y extractivismo
La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras revela cuánto se pagan las amenazas y muertes por encargo, entre otras confesiones sobre cómo trabaja la justicia cuando el Estado es cómplice del narco. Una ciudad sitiada por el terror, donde las mujeres y los niños pasaron de ser intocables a principales víctimas. La relación entre extractivismo, pobreza y un sistema penitenciario corrupto. Y las organizaciones feministas y ambientales que explican cómo funcionan las lógicas de una ciudad en disputa. Por Claudia Acuña.

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El camino de Lucía, el día que cumpliría 23 años: las revelaciones de una nueva audiencia

Hoy sucedió la quinta audiencia del juicio que investiga el femicidio de Lucía Pérez: quién la mató, quién encubrió, qué pasó. Declararon dos testigos sobre la presunta escena del crimen, la casa que Farías había alquilado 10 días antes del femicidio por gestión de Offidiani, los dos imputados en la causa. Lo que declaró valientemente una de las vecinas: los movimientos de ese día, la venta habitual de drogas en la casa, la presencia de la policía. Lo que llegaron a decir la dueña de la casa y su marido, antes de que el abogado de la defensa César Sivo pidiera suspender la audiencia por el ruido de afuera, donde la Campaña Nacional Somos Lucía y decenas de organizaciones agitaban por el cumpleaños de la joven que hoy tendría 23. El relato y las fotos del camino que Lucía hizo aquel 8 de octubre, de la casa a la salita de salud en el barrio La Serena donde Farías, Offidani y Maciel la llevaron muerta.
Por Claudia Acuña desde Mar del Plata
Grábense en la memoria y en el corazón este nombre: Celeste Soledad Tiseira. Lo necesita y lo necesitamos. Ella porque tiene miedo y el resto, para comprender la trama que derivó en la muerte de Lucía Pérez.
Hay momentos en los cuales la Historia la escriben las personas como Celeste y hoy fue uno. Con frases simples, con lágrimas atragantadas, por momentos sacudiendo los brazos; en otros, con las manos clavadas en el pecho; mirando siempre de frente a los jueces, tal como le indicaron al comenzar su declaración en esta, la quinta jornada del segundo juicio que intenta responder una pregunta que lleva más de tres mil días sin respuesta: qué pasó aquel fatídico 8 de octubre de 2016.
Hoy, cuando la audiencia coincide con la fecha de lo que debería que haber sido el cumpleaños 23 de Lucía, esta vecina del barrio Alfar de Mar del Plata comenzó su relato con una promesa que reforzó con dos palabras: “Juro y prometo”.
Zapatillas y remera negras, jeans anónimos, el pelo largo y oscuro sujetado en una colita, la mirada siguiendo el cursor del Google Maps que el fiscal proyectó para ubicar dónde quedaba la casa que habitaba entonces, dónde el jardín, dónde el poste caído por la tormenta que estaba reparando Cristian, su esposo, luego de cumplir con su trabajo en el puerto, dónde el tronco en el que se sentó ella para cuidar a los dos perros -un caniche y un bóxer- mientras su hija y su hijo cumplían con el desafío que les había hecho el padre al grito de “quién se quiere ganar unos pesos”: limpiar el auto. En eso estaba esa familia aquel sábado.
Diagonal Norte y Rasedo: esas son las coordenadas que la convirtieron en testigo.
Y esto fue lo que pasó frente a su casa y sus ojos:
“Viene una camioneta por Diagonal, estaciona frente al portoncito, se baja una persona morocha y entra por el portoncito, queda la otra persona en la camioneta y después de unos minutos, unos 15 calculo, sale esa persona morocha que había entrado en la casa y le dice a la otra que se había quedado en la camioneta que se baje y esa persona se bajó y entró” .
Recuerda que pensó: “¿Ese se viene a drogar? Podría ser mi abuelo”.
Recuerda que entró a la perra bóxer porque “es una rompe pelotas que no paraba de ladrar”; recuerda también que intercambió mensajes con su hermana, que fue al baño y que regresó al jardín para sentarse en el tronco, al lado de la perra chiquita, así que calcula que pasaron entre entre 25 minutos y media ahora hasta que vio aquello que hasta hoy le quiebra la voz: la figura de un hombre joven cargando sobre los hombros un cuerpo, las piernas en la espalda, la cabeza adelante, colgando, una cabellera de rastas apuntando hacia el piso y la remera plisada por la posición que dejaba ver un torso muy delgado . “Pensé que era un varón, porque siempre veía por ahí a un chico con rastas”, agrega.
Recuerda que el chico joven colocó el cuerpo en la caja de atrás de la camioneta y que quizá… porque había algo atrás o porque justo ahí estaba… ya saben… eso que es como… y levanta, lo cierto es que el cuerpo quedó como sentado y entonces la vio: era una chica. Pensó que tendría la edad de su hija.
Al lado se sentó el chico joven, adelante se ubicaron los otros dos hombres, la camioneta arrancó, tomó por Diagonal y dobló.
Así y con estas simples palabras Celeste ubicó en el tiempo y escena de la muerte de Lucía a los imputados: la persona morocha sería Maciel –hoy ya muerto-, el viejo, Offidani, y el chico joven, Farías.
Silencio.
La familia lo hizo entonces y Celeste lo repite ahora, como una pausa que transmite, después de lo que vio, cómo quedó así, atrapada, en ese lugar que hoy revela a los jueces con una pregunta tremenda: qué pueden hacer aquellas personas que no pueden hacer nada.
La ruta
El camino que llevó a Lucía hasta la salita del barrio La Serena resume toda la trágica Historia marplatense. La avenida que lleva desde su casa -un chalet levantado a mano por sus padres- hasta la costa culmina en el Faro y el sitio de memoria que recuerda que allí funcionó uno de los centros clandestinos de la dictadura. Al llegar al mar, donde ahora se suceden, una tras otras, playas exclusivas y privatizadas, hay que tomar una calle poblada por una arboleda imponente que alberga el sitio arqueológico que da nombre al barrio: el Alfar es el sitio donde se hallaron restos fósiles de más de cinco mil años, memoria de culturas originarias. Unas cuadras más y se dobla justo donde un mural recuerda a los muertos en el submarino Ara San Juan. Otras más y está la plaza donde conviven la salita, la iglesia, la comisaria y el polirrubro bautizado “De todo un poco”.


Celeste no sabía que hasta allí trasladaron los imputados el cuerpo de Lucía aquel sábado, así que lo que cuenta es que su marido le dijo “quedate tranquila”, que le contó a su hermana y su amiga Romina lo que había visto y que esos chats se los entregó a la secretaria del juzgado el día que prestó por primera vez declaración. Y que aquel día pidió protección porque tenía miedo. La respuesta que escuchó entonces fue la siguiente:
-Tiene razón en tener miedo.
La frase la dijo alguien que, cree, era entonces el abogado de los imputados.
Desde entonces se mudó, tuvo ataques de pánico, temió por sus hijos, se sintió desprotegida, durmió siempre mal y llegó como pudo hasta acá, hasta hoy, para decir lo siguiente:
“Y bueno… con esto me voy a poner en problemas, pero bueno… No es la primera vez que los vecinos del Alfar vemos que en una casa venden droga… ¿pero qué vimos también? Al patrullero. Y entrar policías… Entonces… ¿a dónde íbamos a denunciar?… Cuando tenés hijos pensás, ¿cómo me voy a meter? Y cargás con eso…
Luego dijo algo inesperado, inédito, valiente:
-Perdón.


La casa
La siguiente testigo fue Mariana Almada, la dueña de la “casucha” -tal como definió la propiedad- que alquiló a Farías, por pedido de Offidani, a quien dijo conocer desde chica, ya que sus familias eran amigas. Detalló que apenas hacía diez días que el nuevo inquilino se había instalado, que creía que hasta entonces había vivido en la casa de Offidani, sin saber la razón por la que había tenido que abandonarla. Almada vive en un chalet ubicado al frente, detrás del cual hay una construcción de ladrillos que da lugar a una habitación con dos plantas: arriba el dormitorio y escaleras abajo, espacio para una mesa, la cocina y el baño. Dijo haber tenido que echar a los anteriores inquilinos, que Celeste había mencionado cuando contó que le ofrecieron drogas a su hija. Por entonces convivía con una pareja que hoy es ex y que tras un cuarto intermedio comenzó a declarar, aunque sólo alcanzó a mencionar que conocía a Offidani desde antes de iniciar la relación con Almada: el defensor de ese imputado alegó que por su sordera no alcanzaba a escuchar esa declaración, debido al repique de tambores que desde abajo hacían sonar quienes conmemoraban el cumpleaños de Lucía. Convenientemente para la defensa, su exposición se postergó hasta mañana, jornada en la que también declararán otros dos testigos de la acusación. Luego, el tribunal, defensas y querella realizarán la inspección ocular que propuso la fiscalía. Desandarán así el camino que quizá realizó aquel día tremendo Lucía para quizá ver, así y finalmente, lo que vieron sus ojos.
#NiUnaMás
Lo que se empieza a ver en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

En el comienzo de la segunda semana del nuevo juicio, la enfermera que atendía en la sala donde llegó el cuerpo de Lucía aportó documentos que revelan extrañas maniobras sobre el certificado de defunción de la joven de 16 años. Lo que le dijo el subsecretario de Salud, Pablo de la Colina –quien apareció inesperadamente ese día en la sala-, sobre ese certificado. La actitud y lo que (no) dijo Farías aquel 8 de octubre; su relación con Offidani; cómo los encontraron cuando los detuvieron por el crimen: escuchando música y tomando alcohol, en un auto con drogas. Por qué se sabe que Lucía no era una adicta. Y el pedido del fiscal para que los jueces inspeccionen este miércoles a la escena del crimen. Cómo siguen las audiencias.
Por Claudia Acuña
(Desde Mar del Plata) La cuarta jornada del juicio que investiga la muerte de Lucía Pérez estuvo dominada por las preguntas del fiscal Leandro Arévalo, las declaraciones de cinco policías que intervinieron en los primeros trámites del expediente y la enfermera de la sala donde llegó el cuerpo de Lucía.
Esta mujer entregó tres fotocopias con documentación clave que hasta hoy no formó parte de los seis cuerpos que tiene esta causa:
- Una fotocopia es del libro de enfermería, único registro que existe del ingreso del cuerpo de Lucía a la sala de salud del barrio de La Serena;
- Una fotocopia es del certificado de entrega del cuerpo a la morgue;
- Y la fotocopia de la carta con la cual solicitó a la Secretaría de Salud municipal la anulación del acta de defunción que el médico Pablo de la Colina firmó en blanco.
La enfermera contó también que cuando le preguntó a ese médico, meses después, qué debía hacer con ese documento, él le respondió:
-Rompelo.
Ella, en cambio, decidió que debía seguir el procedimiento que le había indicado a todo el personal de esa sala un abogado enviado por la secretaria de Salud.
Recordemos que aquel 8 octubre de 2016 el doctor De la Colina era subsecretario de Salud municipal; ya veremos más abajo cómo narra la enfermera por qué estuvo presente ese día en esa salita.
A pedido del fiscal y con acuerdo de todas las partes, el tribunal dispuso que el miércoles habrá una inspección ocular a la casa que alquilaba Matías Gabriel Farías, uno de los imputados, escena de la muerte de Lucía.
En tanto defensas, querella y fiscalías acordaron que los alegatos serán el próximo miércoles 22 (querella y fiscalía) y cuatro días después, ambas defensas.
Mañana comunicarán esta propuesta al tribunal, que deberá confirmarlo.
La escena del crimen
Las audiencias se llevan a cabo en dos salas, ambas muy chicas. En el sexto piso se amontonan defensas, querella y fiscalía, en escritorios enfrentados y que rodean al tribunal. En el centro está el sillón por donde desfilan los testigos y detrás, seis sillas. De un lado, tres mujeres jóvenes que asisten al doctor César Sivo, defensor del imputado Pablo Offidani; del otro Marta y Guillermo, los padres de Lucía, que llevan en su pecho la foto de su hija. En el segundo piso y a través de una pantalla se trasmite la audiencia para el público, compuesto hoy, entre otros, por la prensa y representantes de los organismos que monitorean el juicio: el doctor Eduardo Carnicero, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; la doctora Natalia Roselot, por el ministerio de las Mujeres bonaerense, y Vanesa Calvo y Federico Komblit, por el ministerio de las Mujeres de Nación. Estos organismos estuvieron presentes en todas las jornadas, incluida la dedicada a los peritos forense, que fue cerrada a la prensa.

Detalle de aquella jornada: las peritos explicaron muy detalladamente cómo establecieron que Lucía no era consumidora habitual de cocaína. Explicaron que esa droga deja residuos en el pelo y que tomaron muestras del cabello de Lucía. Detallaron: se calcula que el pelo crece una centímetro por mes. El pelo de Lucía tenía unos veinte centímetros de largo. No tenía residuos de esa sustancia por lo cual, plantearon, se puede establecer que al menos hasta veinte meses antes de su muerte no había consumido cocaína.
El primero en declarar este lunes fue Pablo Luis Bocca, un joven oficial policial -calculemos que casi siete años atrás era aún más joven- que aquel 8 de octubre de 2016 prestaba servicio en la Comisaria N.º 13, lindera a la salita de salud a donde Farías y Offidani dejaron el cuerpo de Lucía. Lo que vio lo describió con pocas y contundentes palabras: mal vestida y con el pelo mojado. Fue también quien detuvo a los imputados veinte horas después; los describió también de la misma forma: estaban en la camioneta en la que trasladaron a Lucía, bebiendo alcohol y escuchando música. Es en ese procedimiento donde les incautan una mochila con la droga que fue la prueba por las que ambos imputados fueron condenados por el delito de “tenencia de drogas con intención de venta a menores”. También fue quien dijo que luego de esa detención “era voz populi que eran vendedores de drogas”.
Quien era por entonces su superior, el comisario Cristian Gari, aportó otros datos. Mencionó a Offidani como “el compadre” de Farías. Consultada luego por lavaca la defensora oficial de Farías, la doctora María Laura Solari, afirmó que Offidani es el padrino de uno de los hijos, el menor, nacido muy poco antes de aquel fatídico día. Consultada sobre si había citado a la madre de ese bebé como testigo, la respuesta de la defensora Solari fue: no.
Ya veremos cómo se cita este dato en la audiencia.
El comisario Gari también respondió a la defensora Solari, cuando le preguntó qué actitud había notado en Farías aquel día: ¿tuvo intención de colaborar o notó lo contrario? “Huir no quiso, pero se nota que lo que dijo aquel día fue la cuarta parte de lo que sabía”.
Un ejemplo que quizá explique por qué en esta jornada las defensas hicieron pocas preguntas.


La salita del barrio Serena
Enfermera ya jubilada, con jean, remera negra y actitud segura, María Elisa Sendra fue la única que dijo conocer a Farías con anterioridad al hecho investigado en este juicio: fue cuando llevó a parir a la salita a una mujer -que supuso su pareja-, hecho que calificó como muy poco habitual. También fue encargada de explicar cómo era el funcionamiento sí habitual de la sala de salud del barrio de La Serena: desde el año 2010, atendían los consultorios de lunes a viernes con actividades ya programadas, y los fines de semana había guardias, que se cubrían con dos turnos.
Contó que aquel 8 de octubre, a las 8 de la mañana, le habían informado que no habría médico desde las 14 hasta las 19 y así ordenó informarlo en un cartel que pegaron en la puerta de la salita. Supone que porque alguien sacó una foto de ese cartel –así se habría originado una reacción que calificó como “viral”- fue que la llamaron de la secretaría de Salud para informarle que el subsecretario se haría cargo de la guardia. Ella se retiró a las 14, sin verlo y poco después de las 18.30 volvió sin tampoco cruzárselo. La doctora Verónica Heredia le preguntó si era habitual que el funcionario cubriera una guardia en esa sala y la respuesta fue: no.
Luego, contó del certificado de defunción en blanco, que ella estuvo en su poder durante más de un mes sin que nadie se lo reclamara. Y también que recibió un pedido de la secretaria de Salud para que sacara las fotocopias, cuyo destino -le informaron- era remitirlos al juzgado donde se iniciaría el primer juicio: cosa que hasta hoy, cuando las sacó de la bolsita donde las había guardado durante 6 años y 5 meses, no había ocurrido.

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