#NiUnaMás
El juicio al revés
La madre de la víctima y la del acusado, contra la impunidad. Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, fue absuelto el 1º de julio. La decisión fue celebrada por la familia de la víctima que consideraba a Bustos inocente, o “perejil”. Tras el veredicto la madre de Cecilia dio un fuerte abrazo a la madre del acusado. MU las reunió en esta nota. Lo que las une: la lucha contra la impunidad, la complicidad policial y de la fiscalía, que deberá ser investigada. Y lo que resta para saber el trasfondo del crimen y que exista verdadera justicia. Por Bernardina Rosini.

Las dos tienen casi la misma altura, son pequeñas, menudas. Tienen, también, el mismo nombre: Susana. Una de ellas cuenta que su nombre se refiere a la alegría. Busco, es verdad: alegría y flor de loto, flor que sobrevive en entornos difíciles, en el agua pantanosa.
Agua turbia. Justamente el codo de río donde encontraron el cuerpo de Cecilia Basaldúa no es un lugar donde se vaya a pasear, a darse un baño. Cecilia estuvo desaparecida 20 días en Córdoba, donde había decidido asentarse después de un largo recorrido por Latinoamérica, para escribir un libro sobre esa experiencia viajera. En medio de la pandemia, el 25 de abril de 2020 su cuerpo sin vida apareció con signos de abuso sexual y estrangulamiento.
Sus padres, Daniel y Susana habían viajado a Capilla del Monte el día anterior para participar de las actividades de búsqueda y presenciar los operativos. La fiscal a cargo de la investigación del crimen era Paula Kelm. La familia denuncia que se encargó desde el primer momento de manipular la causa: los testimonios, las pruebas, las líneas de investigación. La última persona que la vio con vida, Mario Mainardi, dueño de la casa donde Cecilia se estaba alojando, no fue investigado como sospechoso. Sin embargo, pudo averiguar la familia Basaldúa, él regaló y vendió pertenencias de Cecilia en los días siguientes; en su casa dieron positivo once puntos de luminol -sustancia que revela la presencia de rastros de sangre-; borró los mensajes de su celular; pintó la casa; y se mudó repentinamente a Rosario.
Susana, mamá de Cecilia, pidió desde el primer momento que se lo investigara, y a través de él, que se haga justicia, y también verdad. Por eso está sentada junto a otra Susana, la mamá de Lucas Bustos, el joven que fue detenido por la fiscal, aun cuando la única prueba en su contra era el testimonio de oficiales de la policía que dijeron que lo habían escuchado confesar el crimen. La fiscal no esperó resultados de pruebas de ADN ni obtener algún otro indicio que demostrara siquiera algún encuentro entre Lucas y Cecilia. Cerró la investigación y la elevó a juicio. La familia de Cecilia no acompañó la acusación, entonces esta historia empieza con lo insólito: un juicio en el que la querella y la defensa estaban de acuerdo. Y del otro lado, la impunidad.
Susana Villarreal nació en Córdoba capital hace 67 años y cuando pisaba los 30 se trasladó a unos 100 kilómetros, a las afueras de Capilla del Monte. Vive camino a Los Mogotes, una zona rural a la vera del río Calabalumba. Allí, con su marido crio a sus nueve hijos. Cuenta todo esto mientras la jornada final del juicio que tiene como único imputado de homicidio a su hijo menor se toma un receso. Está acompañada de sus hijas, al igual que en las jornadas anteriores; discreta, siempre silenciosa, de mirada gentil.
El juicio llevó exactamente dos meses: se inició el pasado 3 de mayo. Desde ese entonces venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra su hijo Lucas Bustos; y las irregularidades de la investigación que encabezó, en general, la fiscal Paula Kelm.
Dice que no cree en la justicia, mucho menos en esta fiscal: la misma Kelm que cerró la investigación con Lucas como único sospechoso, ya metió preso a su hijo mayor por un supuesto robo de celular que, asegura la madre, no se cometió. “Sigue preso, sí. Yo sé que no fue él. Tenía trabajo estable, tenía un sueldo. No va a entrar a una casa para robar un celular. No somos gente violenta, para nada. Conozco a mis hijos: sé que Lucas es incapaz de matar a alguien”, dice a MU.
Lucas tiene 24 años, es peón de albañil y ayudaba a su hermano en la construcción de su casa al momento en que la policía fue a buscarlo. No habló en todo el juicio: solo cumplió con la formalidad de dar sus datos biográficos al Tribunal en la sesión de apertura y responder aquellas preguntas que los jueces hicieron “con el fin de conocerlo”: consultaron sobre sus consumos de alcohol y sustancias. La siguiente pregunta fue si era beneficiario de algún plan social. Y eso fue todo.


La libertad perdida
Susana Reyes tiene 65 años, nació en Salta. A los 19 años se mudó a Buenos Aires. Habla de una infancia maravillosa, dice que la fuerza que tiene se debe a que creció feliz en su tierra norteña. Tuvo cuatro hijos; Cecilia Basaldúa, la mayor.
Trabaja en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando los niños eran pequeños, era cajera en un supermercado. Por entonces imaginaba la infancia de sus hijos en la ciudad: quería que tuvieran actividades. Probó con clases de baile, pero a Cecilia no le interesaba bailar. Una tarde de verano la vio en el patio repetir los movimientos de una película de arte marcial y acto seguido la anotó, a sus 8 años, en clases de Taekwondo. A los 15 Cecilia ya ostentaba el cinturón negro de la disciplina. Después vino el hockey sobre césped y hielo. En esta última modalidad llegó a integrar la Selección Argentina. “Era ágil como el viento”, describe su madre. Con la Selección viajó a México a competir y decidió quedarse para iniciar un viaje por Latinoamérica. Así, la deportista devino mochilera.
Susana siempre alentó a que Cecilia explorara sus facetas, “que vaya hacia donde quisiera ir”. Cecilia se lo agradecía cada tanto, a la distancia, a través de mensajes de Facebook. Podía compartir con su mamá lo que se iba encontrando, el mundo que la sorprendía. Cinco años recorriendo pueblos, ciudades, montes, islas y ríos… Quería tomarse un tiempo y escribir un libro sobre esa experiencia. Con ese objetivo se fue a Capilla del Monte en marzo de 2020, donde la agarró la pandemia.
“El último mensaje que le envié a Cecilia fue una oración de la Virgen de Guadalupe, la virgen mestiza de origen mexicano, al iniciar su viaje me envió un rosario de la virgencita”, dice su mamá.
Ese mensaje no tuvo respuesta.

En Capilla
La desaparición y muerte de Cecilia ocurrió en un momento particularmente desfavorable: recién declarada la pandemia y decretado el aislamiento obligatorio. Inmovilidad y recursos dispuestos a un único efecto. Desprotección, dificultad para comunicarse, para trasladarse. Miedo y confusión. El accionar de la fiscal Paula Kelm y del cuerpo policial local se evidenciaba antojadizo e impune. La fiscal no sintió necesidad de recorrer el terreno del caso que investigaba; la policía judicial no intervino y la policía local se ocupó del procedimiento. A su manera.
“La investigación la dirigía yo”, alardeó el comisario Diego Bracamonte a la hora de dar testimonio. Unos días después el juicio entró en una pausa por la presentación de las abogadas de la familia Basaldúa de una prueba considerada “trascendental”: a pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte que había encontrado en una casa deshabitada que es de su propiedad una habitación con manchas de sangre en la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia y, comandada por Bracamonte, la policía se acercó y tomó muestras. Pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras nunca se hicieron.
Susana, la mamá de Lucas, recuerda esa mañana temprana en la que tres patrulleros llegaron a su casa. Los policías preguntaban si habían visto a alguien sospechoso por aquella zona. Allá, tan distantes del pueblo, los Bustos no habían visto nada raro. A la tarde la policía regresó para, supuestamente, tomar una declaración formal y dejarla asentada en la comisaría. Se llevaron a dos de los hermanos: Santiago y Lucas.
“Mi hijo menor es mi tesoro, lo dejaron detenido y yo no podía verlo. Su hermano me contó temblando que escuchaba desde otra habitación de la comisaría los golpes que le daban. Pretendían que reconozca algo que no había hecho”, relata.
Lucas estuvo dos años preso.
Mientras tanto, el director provincial de Defensa Civil, Diego Concha –funcionario de larga trayectoria local– renunció y quedó detenido inmediatamente por una denuncia de abuso sexual a una joven bombera que posteriormente se quitó la vida. Se sumó a la denuncia de una ex pareja que señaló que le había gatillado un arma en la cabeza en medio de una discusión. Recientemente se solicitó se coteje el ADN de Concha por el caso de un femicidio ocurrido en 2015.
Otro de los policías involucrados en la investigación, el oficial Ariel Zárate, testificó de manera virtual en el juicio por encontrarse detenido en otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.
Mientras esta nota se escribe, el comisario inspector Diego Bracamonte fue desplazado de sus funciones y se pide su procesamiento por encubrimiento. Días atrás falleció un hombre de 36 años en el vestíbulo de la comisaría de La Falda: se publicaron videos de agentes policiales dándole una golpiza a ese hombre que padecía un brote psicótico.
En Capilla del Monte se repite: no son casos aislados. Se trata de una red de impunidad que funciona regionalmente, en sintonía con la fiscalía.

La fuerza y la presencia
Hay distintas formas de concebir la fuerza. Amador Fernández Savater escribió un libro llamado La fuerza de los débiles motivado por la pregunta sobre aquellos movimientos que no teniendo el poder, la superioridad numérica, los recursos, la estructura, sin embargo logran incidir, generar un cambio e incluso vencer a los poderosos.
¿Cómo ellas pudieron lograr atravesar el sistema policial y judicial corrupto de Punilla, sortear un proceso trucho y liberar a Lucas tras dos años preso injustamente? Amador señala que la fuerza de los débiles radica en el plus de fuerza que otorga, como base, la activación de lo propio. Cuando uno pelea por sí mismo, para sí mismo y por los suyos. Por otro lado, la potencia de la sensibilidad, de la solidaridad, de la empatía: el otro me importa. Esto sostenido por los vínculos, que acogen, sostienen y apoyan.
Y los padres de Cecilia lo han tenido claro: localmente conformaron “La Mesa de Trabajo por Verdad y Justicia por Cecilia Basaldúa”, además son parte del grupo “Familiares Sobrevivientes de Femicidios” con quienes se reúnen mensualmente en Plaza de Mayo para compartir experiencias, información, sentires, la visibilización de los casos y las demandas al Estado.
Los días que duró el juicio, en las afueras de los tribunales de Cruz del Eje hubo acampe feminista, olla popular, batucada, performances y radio abierta.
Susana Villarreal, horas antes del veredicto dijo que dejaba la suerte de su hijo en manos de Dios, que para ellos la justicia no está, pero sí puede estar la protección del cielo. Mientras lo decía las puertas de Tribunales temblaban: son bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.
Al concluir los alegatos finales, la madre de Cecilia quiso decir unas palabras. La sangre india de la que se jacta hizo lo suyo. Señalando al fiscal Sergio Cuello planteó: “Esto fue un mamarracho. Sostuvo el pedido de perpetua para un joven inocente, sin tener pruebas. Nunca las tuvieron. Faltó a su palabra, prometió que iríamos hacia la verdad. Voy a pedir un juicio político para vos”.
Hay, también, distintas formas de concebir la muerte. Esta fue una. Susana Reyes cuenta que practicar yoga le ayuda mucho: años atrás la había sacado de una depresión por la pérdida de su padre. Que por la pandemia, las clases se hacen en la plaza. Que se acuesta, respira, mira moverse el verde allá arriba. Cierra los ojos, inmóvil como una montaña. Siente, de pronto, la presencia de Cecilia.
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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