Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

• La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
• Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
• La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
• Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
• Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

“Cuando se sume el dictamen de policía científica a la causa, va a terminar de quedar en evidencia el mal trabajo que hizo la fiscalía y que sólo les interesa cerrar el caso rápido”, expresó el abogado de la familia de Iara Nardelli, Maximiliano Orsini, en diálogo con lavaca. La investigación sobre la muerte de la joven de 16 años mostró avances significativos que derriban la principal hipótesis de la fiscal a cargo de la causa, Romina Díaz, según la cual Iara se suicidó y una jauría atacó su cuerpo sin vida: solo se encontaron huesos del cuerpo.

Ahora se agregó a la causa una pericia caligráfica y la inminente publicación del estudio de la policía científica que analizó la ropa de Iara, al que se refiere el abogado Orsini quien además solicitó activar el protocolo por femicidio. Por su parte, Mariela Quintinilla, mamá de Iara, contó que en 55 días de investigación (Iara desapareció el 30 de junio) la fiscal  sólo se comunicó con ella el 10 de julio para avisarle cuando hallaron parte de los restos de Iara: “Ni siquiera me llamaron a declarar”.

Por Franca Boccazzi

Cuando el 20 de julio el Poder Judicial confirmó que la mandíbula diseccionada, parte de una cabeza y una tibia que habían encontrado 10 días atrás en un descampado marplatense eran de Iara, empezó la averiguación de causales de su muerte. Pero desde el Juzgado de Familia Nº2 a cargo de la causa, siempre se sostuvo la hipótesis de que la adolescente se había suicidado y tanto Mariela Quintinilla, mamá de Iara, como el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, coinciden en que no hubo voluntad de investigar si se trató de un crimen. “Aun cuando la situación era muy dudosa y no coincidía con un suicidio, la Fiscalía no dio lugar a mi pedido de que se active el protocolo por femicidio”, explica el abogado.

Pero ahora el caso está por dar un giro trascendente. Se acaba de sumar a la causa el informe de la pericia caligráfica que analizó unas cartas escritas por Iara y la conclusión es contundente. En palabras del abogado: “No se encontraron signos que hagan pensar en un suicidio, sino que se trata de una adolescente con problemas propios de la edad”. 

Además, Orsini aseguró a lavaca que de manera extra oficial se sabe que la policía científica ya analizó las prendas de Iara encontradas en el descampado, y está por sumarse a la causa su informe donde se confirma que “las roturas de la ropa no fueron causadas por un animal, sino por una acción humana”. Esto, a su vez, cuestiona la otra hipótesis que la fiscal sostiene sin fundamentos claros: sólo aparecieron restos óseos, sin restos blandos, porque el cuerpo fue atacado por perros en jauría. 

Iara Nardelli: El barrio habla, la justicia no escucha

Ante la pasividad del juzgado para llegar a la verdad de lo que pasó con Iara, Mariela no se quedó de brazos cruzados. Junto a Marta Montero, mamá de Lucía Pérez que la viene acompañando y ayudando con su reclamo hace casi dos meses, recorrió el barrio donde desapareció su hija y se encontró con más información: hay vecinos y vecinas que conocían a Iara y afirman que era una joven alegre y con proyectos, y no ven posible que se haya suicidado. “No se lo creen ni ahí”. 

La mamá de Iara también confirmó a lavaca que, en esas recorridas, pudo conseguir información valiosa para la causa pero quiere esperar a declarar para luego compartirla públicamente. “Estamos a 55 días y lo que me molesta es que no me dan novedades, todavía estamos esperando la filmación de las cámaras de la zona y ni siquiera me llamaron a declarar”. 

El estigma que entorpece la investigación

Iara era de Miramar pero desde el 2021 vivía en la institución Aldeas Infantiles que se encarga de hospedar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad marplantense. La jueza María Silvina Lezcano fue quien dio la orden luego de que Iara pasara por un cuadro de depresión.

Al momento de su desaparición era una joven activa, que iba a la escuela, hacía un curso de peluquería, tenía amigas e incluso estaba de novia. Pero la Fiscalía actuó con tal prejuicio que no tuvo en cuenta cómo estaba Iara actualmente sino cómo era su salud mental hacía dos años: ni siquiera esperó los resultados de las pericias para determinar las causas de muerte y enseguida se adelantó a confirmar un suicidio. 

Pero si es un suicidio, caben muchos interrogantes.

• ¿No es extraño que solo se encontraran restos óseos en vez de un cuerpo cuando sólo habían pasado 10 días desde que Iara había desaparecido?
• ¿Cómo se explica el suicidio cuando se encontró un cráneo, las prendas a 150 metros y la bombacha a 200 metros?
• ¿Por qué y cómo desapareció el celular?.

Orsini hizo todas estas preguntas una y otra vez para intentar abrir la mirada judicial para que se siga la línea de investigación que plantea que a Iara la mataron en otro lugar y plantaron la escena en el descampado.

En cambio, la explicación de la fiscal Romina Díaz fue tan simple como decir que solo había huesos debido al ataque de una jauría de perros que también habían roto y esparcido la ropa. “Todo el tiempo se aferraron a la idea del suicidio para cerrar el caso rápido, no dieron lugar a mi pedido de activación de protocolo de femicidio y ahora con los resultados de las pericias se va a demostrar que se equivocaron, pero en el medio ya se perdió un montón de tiempo”, explicó el abogado. 

Mariela y Orsini ahora están a la espera de que se publique el informe de la Policía Científica para que se haga oficial y se sume a la causa. Tienen esperanzas de que, con esta evidencia, a la Fiscalía no le quede otro remedio que evaluar seriamente que Iara no se quitó la vida sino que la mató otra persona y de ahí en más la investigación cobre la urgencia e importancia que debería haber tenido desde el 20 de julio, cuando se confirmó el hallazgo de restos de Iaria en ese descampado cercano a Aldeas Infantiles.