#NiUnaMás
Justicia feminista, por María Galindo
A qué le llamamos hoy justicia: al aparato de policía, jueces, fiscales y forenses con testículos. Por qué es necesario cambiar la mirada sobre las víctimas. El “recuento de daños” que simboliza el Observatorio Lucía Pérez. El cambio del derecho a la tipificación de femicidio, por el derecho a no ser asesinadas. La forma de inventar la justicia juntas, concatenando dolores y saberes. Por qué este informe especial representa una ruptura conceptual en la forma de enfrentar las luchas contra las violencias patriarcales. La mirada de la activista y teórica boliviana sobre el padrón.
¿Qué es la justicia patriarcal?
El aparato de justicia: policía, jueces, fiscales y forenses. El Código Penal entero: cada uno de sus elementos tiene una estructura y origen patriarcal que sigue vigente. Por eso resulta imposible que ese aparato le de solución al feminicidio, acoso sexual, violencias machistas, irresponsabilidad paterna, violación sexual y los etcéteras, que han ido entrando lentamente en la casilla de delitos y saliendo de la casilla de formas de violencia legítimas de los hombres contra las mujeres y de los cuerpos dotados de poder patriarcal contra los cuerpos despojados de soberanía.
Se han producido leyes parche como formas de respuesta lenta a la masacre contra las mujeres y los cuerpos no soberanos, leyes que a su vez han demostrado no resolver el problema y que pueden revertirse en contra de las mismas víctimas una y otra vez.
La pregunta no es si la ley sirve o no. En principio se supone que es útil, aunque cotidianamente muestra su inutilidad pues si de conseguir justicia se trata, siempre las más pobres, las más criminalizables -como son las mujeres en prostitución, las trans o las lesbianas-, quedan en la cola del sistema sin posibilidad de acceso a la justicia.
Los casos van por orden de prioridad racista, clasista, homo y transfóbica. Lo mismo si se mide al victimador. Los más pobres de entre los hombres bajo una lupa clasista, racista y homo y transfóbica serán considerados posibles victimarios y mientras más arriba en la escala social esté el victimador menos posibilidad de juzgarle como victimario tiene la víctima. El entramado de la justicia patriarcal no solo es el texto de la ley, sino el drama de su aplicación en todos y cada uno de sus detalles.
El testigo es el que posee testículos
Justicia patriarcal es que la palabra de las mujeres no tenga valor de verdad, sino que sea de antemano una palabra sospechosa y despojada de credibilidad.
Justicia patriarcal es que en un juicio por violación, la violada tenga que probar su inocencia, que una mujer que aborta sea penalizada, pero el aborto masculino sea legítimo. Aunque el primero se dé en un caso de embarazo y el segundo se dé en un caso de paternidad irresponsable.
Que haya una clasificación “moral” pormenorizada de las mujeres asesinadas y que los feminicidios sean socialmente juzgados desde la culpabilización de las muertas.
Justicia patriarcal es que toda madre sea susceptible de ser vigilada judicialmente sobre el cumplimiento de una maternidad “buena”, pero que todo padre pueda presentarse ante un juez teniendo hijes de diferentes parejas que no puede mantener y que se fije la asistencia familiar, no sobre la base de las necesidades de subsistencia de las wawas, sino sobre la base de la irresponsabilidad y comodidades del padre irresponsable, que jamás se sentirá en la obligación jurídica, no solo de criar y educar a las wawas, sino ni siquiera de ponerse un condón.
Justicia patriarcal es que un forense minimice las lesiones de una víctima de violencia machista, pero que cuando una mujer se defiende de su victimador, ella sea considerada no víctima, sino victimadora y la legítima defensa sea juzgada como asesinato o agresión con rapidez y sed de castigo social para que esa víctima sirva de escarmiento histórico, para que las mujeres no se atrevan a defenderse de sus agresores.
Justicia patriarcal es que toda víctima necesite de un abogado para ser representada y que no sea el Estado mismo, a través de la fiscalía, quien la represente.
Justicia patriarcal es que la víctima tenga que convertirse en investigadora porque la policía ha convertido en rutina los femicidios y no tiene la voluntad ni la pericia para recabar las pruebas.
Justicia patriarcal es que el sistema en su conjunto les achaque al alcohol, la fiesta o el deseo de libertad sexual las causas de la violencia machista, pero no así a la educación, al concepto de familia, a los patrones de los medios de comunicación o al discurso misógino institucionalizado y generalizado.
La justicia patriarcal quiere aislar cada caso para evitar el aglutinamiento de las víctimas y la crítica al sistema que sostiene, produce y legitima esa violencia. Busca las causas que la produjeron en teorías criminalísticas que conviertan a la víctima en responsable de la violencia que sufre y al victimador en una suerte de “enfermo” mental excepcional.
Todo el sistema intenta intervenir sobre la víctima y no sobre el victimador. Ella sufre violencia machista no porque quiso emanciparse, sino porque es “carente de autoestima”, no porque se está rebelando, sino porque sale a bailar o se viste con escotes.
El victimador jamás es interpelado. Se lo encierra en una cárcel donde el tipo de reclusión será rifada por la policía sobre la base de la extorsión económica que contra el victimador pueda utilizar la policía.
No hay casas para maridos golpeadores donde ellos cocinen, cosan, tengan horarios de entrada y salida y hayan tenido que dejar las casas donde vivían, pero hay casas de refugio tipo cárcel/convento para mujeres víctimas de violencia machista.
La imagen que se muestra de nosotras es la de cuerpo maltratado, mutilado, golpeado, humillado, tirado en el piso y sangrante.
No estamos ante un reclamo por justicia, sino ante una disputa conceptual de lo que por justicia entendemos. Una disputa que pasa por el sentido y el significado que tiene cada moretón, una disputa que pasa por cada una de las palabras que vamos a inventar para formular lo que estamos viviendo las mujeres y los cuerpos despojados de soberanía en una sociedad patriarcal capitalista y colonial.
Cada uno de los pasos que hemos dado intenta ser recapturado en contra nuestra para que esta gigante lucha por justicia y para que este gigante dolor social se reviertan contra nosotras, una vez más. Por eso las palabras, las discusiones y las formas como vamos interpretando nuestro propio camino no los podemos dejar en manos del Estado, los partidos políticos, ni las oenegés. Nuestro mayor desafío político y filosófico es escuchar a las víctimas como protagonistas, y desde sus palabras y sus vivencias construir esperanza. Nuestro mayor desafío político y filosófico es responder a las violencias machistas desde nuestra autonomía política y no como clientas del Estado, los partidos, los organismos internacionales y las oenegés.
Tenemos que pasar de denunciar lo que no queremos a inventar lo que queremos.
Pasar de la denuncia a la invención
Sobre la base de formas de complicidad pequeñas e invisibles hemos llevado nuestras denuncias ante ese aparato helado e indiferente que es la Justicia Patriarcal. Tal es la cantidad de denuncias y trajines que hemos producido en sus corredores, que las mujeres mas anónimas de la sociedad hemos logrado demostrar que su aparato de justicia no sirve para nada.
Hemos logrado colapsar sus juzgados, acabar con sus horas de trabajo tratando de explicar cada moretón, cada insulto, cada violación. Han sido tantas las horas que hemos necesitado para eso que lo único que hemos logrado demostrar es que están sordos.
Este colapso del Estado ante las mujeres es importante porque deja claramente establecido que no hay policía suficiente para contener la violencia machista, sino que la policía misma es un brazo de producción de violencia patriarcal.
Este colapso del Estado ante la necesidad de justicia de las mujeres representa, ni más ni menos, que haber llegado a un límite entre lo viejo y lo nuevo, es haber llegado a un límite en el que la reforma de la ley no basta ni resulta suficiente. Es haber llegado a un límite en el que la retórica queda develada como retórica, donde queda demostrado que la propia categoría de género se ha convertido en un adminículo retórico de su misoginia estructural. Por muy loco que parezca es así.
Este límite nos obliga a pasar de la denuncia a la invención.
Mañana nuestro trabajo no es continuar con ese trajín amargo, sino pasar de denunciar a la justicia patriarcal a producir nosotras otras formas de justicia, porque sin justicia no podemos vivir.
Estamos conscientes de que la relación victimario/ víctima no se resuelve con la cárcel: somos responsables de construir otra respuesta de justicia.
Somos responsables de no fortalecer el sistema carcelario clasista, racista, patriarcal, policíaco y corrupto. La justicia que necesitamos la tenemos que construir por fuera de su Código Penal, de su policía y de su cárcel. Tenemos que ser capaces de respondernos: ¿Qué haríamos nosotras como juezas con un violador? ¿Qué haríamos con un femicida? ¿Qué contenidos tiene esa otra justicia que reclamamos? ¿Nos atrevemos a pasar de denunciar la misoginia del juez a plantear otro concepto de justicia? ¿Seremos capaces de no nutrir con nuestros sueños de justicia los aparatos de represión carcelario donde han sido recluidas nuestras abuelas de lucha?
¿Seremos capaces de repensar nuestro lugar de víctimas para trascenderlo y no para perpetuarlo, para que nuestras hijas hereden lugares de lucha y rebeldía y no lugares de resignación y humillación? En ese límite estamos.
Allí hemos llegado.
Recuento de los daños: Observatorio Lucía Pérez
Los Estados vienen haciendo recuento de víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar o de género, que es como les han venido llamando según diferentes olas teóricas. Son recuentos que están en manos de la policía y el Poder Judicial y que están hechos para reducir a las víctimas a cifras.
Están hechos para normalizar la violencia, para que esos recuentos se conviertan en un adminículo más de un mensaje de vigilancia y advertencia contra nuestras libertades. Esos recuentos, inclusive, están hechos para olvidar los nombres de los femicidas y que cada uno de los femicidios figure con nuestros nombres.
Están hechos también para borrar los motivos por los que fueron asesinadas y sustituirlos por el pálido dato de que son mujeres y punto. En muchos casos son, además, recuentos que excluyen a las mujeres trans de las listas de femicidios y que excluyen también a las mujeres en prostitución, porque los asesinatos de esos dos tipos de mujeres no son dignos ni de ser mencionados como número.
El observatorio autogestionado Lucía Pérez, en ese contexto, levanta un foro de justicia que, hasta donde conozco, no tiene precedentes ni comparación.
No se trata de un recuento autogestionado contra uno estatal para hacer lo mismo. No es una diferencia de detalle, ni de número, sino el uso político del número de víctimas para construir eso que tanta falta nos hace: la visión de conjunto. La visión de la cuestión estructural masiva; eso que tanta falta nos hace que es la concatenación de un caso con otro como fenómeno político.
Nos obliga a hacer lo que todo el sistema patriarcal se niega a hacer que es volcar la mirada y el registro en el victimador y, además, detallar los datos esenciales de cada uno de los femicidios.
Este padrón autogestionario nos obliga a convertir la cifra en un dato político, nos obliga a concatenar caso con caso y caso con lucha, volcándonos a que pasemos de la lucha individual por justicia a la lucha colectiva por justicia, que es la única que realmente tiene sentido.
Este padrón implica un enorme esfuerzo. Es como haber construido un empedrado sobre el cual marchar, es haber convertido los ríos de sangre en ríos de agua donde navegar en busca de justicia.
Nos obliga al encuentro entre víctimas y a la búsqueda de la invención de lo nuevo.
Este padrón nos regala la acumulación de lucha, para que cada marcha deje de ser un esfuerzo circunstancial. Nos da el grado gigante de conciencia contra las violencias que hoy está en manos de las mujeres de todas las edades y regiones, y convierte esta lucha en el hilo en torno del cual nos podemos unir. Relaciona femicidio con muerte por aborto clandestino y con violaciones, planteando así la matriz común que es otra de las cuestiones que el Estado y el Derecho Penal patriarcal separan como delitos que no tienen relación.
Este padrón autogestionado materializa la tesis más importante: la base de toda violencia patriarcal es el despojo de soberanía de nuestros cuerpos.
Por eso este padrón representa un modelo a imitar y una ruptura conceptual en la forma de enfrentar la luchas contra las violencias patriarcales.
Este padrón autogestionario materializa lo que la autonomía política representa porque no hay lugar para concesiones ni omisiones: es el punto de partida sobre el cual deliberar cómo será esa otra justicia que queremos, que ofrecemos y que necesitamos.
Por el derecho a no ser asesinadas
Nuestro desafío mayor es producir justicia: justicia feminista. Y quiero atreverme a plantear unas pocas pistas de lo que eso significaría.
La justicia feminista no saldrá de la reforma de la ley, sino de la producción paralela de justicia, tal cual lo hicimos con las dictaduras militares y los crímenes de lesa humanidad.
Esta otra justicia se puede gestar si somos capaces de construir tribunales populares de mujeres para atrevernos a juzgar los casos.
La justicia feminista no saldrá del juzgamiento con perspectiva de género que nos ofrece retóricamente el Estado, sino de situarnos en el intersticio entre legalidad e ilegalidad, es decir en el espacio de la alegalidad, para actuar rápidamente, para cuidarnos entre nosotras, para salvar nuestras vidas y actuar socialmente contra los violentos con la capacidad de convertir nuestro dolor en voz pública y autorizada para actuar.
La justicia feminista no saldrá de la construccion de una criminología, sino de la capacidad de desmontaje de la masculinidad violenta.
Lo que necesitamos demostrar no es el delito así como lo comprende el procedimiento penal, sino el ejercicio de violencia como ejercicio de una masculinidad en decadencia.
Necesitamos desactivar al violento de su ficticio poder de ejercer violencia. En los juicios de justicia feminista necesitamos demostrar que el poder de matar que usa el femicida termina aniquilándolo a él mismo.
Necesitamos destruir y desmontar el altar donde el femicida se endiosa para quitarnos la vida, porque sin altar su conversión en un ser débil y vulnerable será pensable, posible e imaginable.
No estamos asistiendo al recrudecimiento del patriarcado sino a su colapso.
La violencia que sufrimos es la respuesta a la libertad que ejercemos y no podemos perder eso de vista ni por un solo segundo.
Necesitamos producir una forma de justicia que no represente un trauma para las violadas, sino su plena sanación y la plena recuperación de su libertad.
Un escenario donde la violada no sienta vergüenza, sino que sea el violador el que deba avergonzarse.
Necesitamos producir una forma de justicia que reproduzca justicia y no que reproduzca odio y decadencia.
Esa forma de justicia la inventaremos juntas, la inaguraremos concatenando nuestros dolores, tal cual lo hace hoy este padrón autogestionado de violencia patriarcal.
#NiUnaMás
Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado
Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez
Femicidios y transfemicidios: 271
Tentativas de femicidios 243
Infancias huérfanas por femicidios 153
Femicidas suicidados 31
Marchas para exigir justicia 223
Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.
Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.
¿Por qué?
Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.
¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?
Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.
Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.
Veamos cómo.
En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:
Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.
En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.
Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.
El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.
En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.
Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.
Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.
Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.
Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.
Año 2025
Femicidios por mes
Enero 31
Febrero 27
Marzo 27
Julio 27
Octubre 25
Junio 19
Abril 18
Agosto 18
Noviembre 18
Septiembre 16
Mayo 14
Diciembre 31
Funcionarios denunciados por violencia de género
Poder Ejecutivo 22
Poder Judicial 16
Fuerzas de Seguridad 12
Poder Legislativo 7
Iglesia Católica 4
TOTAL 61
Violaciones
| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |
| CABA | 498 | 309 | 38% | |
| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |
| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |
| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |
| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |
| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |
Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación
Femicidios territoriales
2025-2022
Santa Fe 104
Buenos Aires 35
Córdoba 4
Otras 10 provincias 11
TOTAL 154
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Lucía Pérez: la trama de la injusticia
“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.
Por Claudia Acuña
Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.
El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:
- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.
- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.
En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”
Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.
El doctor Gallego replicó:
“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.
El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.
En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.
Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.
#NiUnaMás
Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor
Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
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