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Organizadas. Familias víctimas de femicidios

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A un año de la primera de varias cartas enviadas sin éxito al presidente Alberto Fernández, madres y padres de niñas y mujeres asesinadas reflexionan sobre la necesidad de estar juntos y tejer redes para pedirle al Estado que escuche. Y que reaccione. Cada experiencia refleja lo que significa la falta de políticas públicas efectivas: impunidad judicial, indiferencia, incomunicación. Lo que opinan las familias sobre la actual gestión. El encuentro por Zoom. La pelea cotidiana, sin recursos, para sostener la vida y el pedido de justicia. Y el Nunca Más como bandera. Por Anabella Arrascaeta.

Organizadas. Familias víctimas de femicidios

El 11 de diciembre de 2019 el presidente Alberto Fernández recibió en la mesa de entrada en Casa Rosada lo que probablemente fue el primer petitorio enviado a esta gestión. Estaba firmado por cinco familias que se unieron para tejer la voz colectiva del grupo Familias Sobrevivientes de Femicidios y contenía cinco puntos fundacionales del colectivo: 

Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia. 

Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yogur hasta la psicóloga. 

Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado. 

Capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales: debe ser dada por los familiares, que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial. 

Reconocimiento de las familias como víctimas por parte del Estado, y su consecuente tratamiento.

El petitorio fue firmado frente a la misma Casa Rosada, en Plaza de Mayo, y entregado colectivamente luego de una ronda de más de dos horas en la que esas familias compartieron sus historias y pensaron estrategias para la búsqueda de justicia. 

Habían llegado desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, uniendo sus voces para ser escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, la vida de las familias.

Estaban presentes Rosana y Alfredo, mamá y papá de Carla Soggiu; Rubén y Ana María, papá y mamá de Melina Romero; Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; Mónica, mamá de Araceli Fulles; y Blanca, mamá de Agustina Fredes. 

Todas y todos llevaban en su pecho las fotos de sus hijas. Entre la ronda de Familias y la Casa Rosada había una bandera negra de letras blancas que decía: “Estado femicida nunca más”.

No están solas

“Desde la primera carta que dejamos en Casa Rosada nosotros hicimos de todo pero las respuestas fueron muy pobres, muy miserables y muy egoístas”, dice Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada a los 16 años en Mar del Plata. “Encontrarnos con otras familias sobrevivientes fue lo mejor que pasó este año. Saco de positivo el amor que pudimos ensamblar, el apoyo que encontramos entre nosotros, y el seguir con la puerta abierta de la lucha”, sostiene mientras en sus francos como enfermera limpia frutillas para hacer mermeladas que vende para costear viajes, fotocopias y trámites en la causa de su hija que aún espera justicia. 

Marta razona: “Estar juntos nos fortalece, a todos nos pasa lo mismo. Si no estuviéramos atrás de la causa, las cosas no funcionarían: es un desgaste físico, psicológico y económico. Si no estamos con la cabeza y cuerpo bien, y con plata para poder ir y venir, no pasa nada, el Estado no te da nada. Al estar las familias juntas decimos ‘si Alfredo lo puede hacer, yo también. Si Mónica puede, yo también’. Nos vamos retroalimentando entre nosotros mismos. Las cosas tan duras como las que pasa el otro son iguales a las que paso yo. Poder hablar nos ayuda, y lo podemos hacer porque somos todos iguales, pasamos por lo mismo. El entramado principal está en poder decir que no estamos solas, estamos juntos por un cambio de paradigma para todas, no para cada uno. Nuestro lema es: ‘no importa lo que tengamos que pasar para llegar a que nuestras hijas tengan justicia’, pero no debería ser tan difícil, debería ser de otra manera, pero la realidad es que somos nosotros llevando adelante la causa de nuestras hijas”. 

Madres descartables

La segunda ronda fue el 12 de febrero del 2020. Desde Mar del Plata llegaron a Plaza de Mayo cincuenta y cuatro personas acompañando a las familias que desde esa ciudad traían su voz. A quienes ya habían estado en el primer encuentro se sumaron Gustavo, papá de Natalia Melmann; Ana, mamá de Analía Aros; y Jesica, hermana de Nancy Segura. 

El círculo se fue haciendo cada vez más grande. 

“¿Qué venimos a hacer a esta plaza? Venimos a sembrar conciencia”, dijo ese mediodía Marta. Blanca, mamá de Agustina Fredes, asesinada también en la ciudad costera a los 19 años, agregó: “Nosotras pasamos a ser madres descartables. Nos matan a nuestras hijas y tenemos que venir de tan lejos a estar acá sentadas llamando la atención e informando de lo que pasa a la gente. Y no es fácil venir acá. Es muy triste”.

La ronda tuvo un punto culminante en  la lectura en voz alta de la segunda carta y petitorio que Mónica, mamá de Araceli Fulles, llevó hasta la mesa de entrada de Casa Rosada. Tres reclamos:  

Que se implemente un programa para contener a las familias víctimas de violencia machista, que incluya a todos los miembros afectados. Este programa debe proporcionar asistencia psicológica adecuada y, de ser necesario, recursos económicos hasta que ese núcleo familiar esté nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral. 

Que se implemente la asistencia jurídica gratuita y, en caso de ser necesario, se proporcionen los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial, tal como se corresponde con el pleno ejercicio del acceso a la justicia. 

Que se implemente un protocolo de actuación territorial, especialmente en el ámbito de la educación, para aplicar inmediatamente en casos de poblaciones afectadas por femicidios.

Estado sordo

“Cuando empezamos a juntarnos no conocía a nadie pero sí había escuchado los casos”, dice Alfredo, papá de Carla Soggiu, asesinada a los 28 años. Alfredo y Rosana se hicieron cargo de sus nietos menores de edad sin recibir hasta hoy –a dos años del femicidio– la reparación económica establecida en la Ley Brisa. “Mis nietos no cobran nada. Y nadie nos informa nada porque la ANSES está cerrada. Mi señora intenta hacer trámites por teléfono y es imposible. Por la tele dicen que es un trámite sencillo pero no lo es. A nosotros en estos dos años no nos llamaron nunca”. 

Para Alfredo lo primero que debería hacer el Estado es muy simple: escuchar. “Tienen que empezar por el principio: escuchando, siempre eso es lo primero. Tenía esperanza de que el Ministerio de las Mujeres pudiera ser de ayuda sobre todo para quienes están vivas. Nosotros tenemos a nuestras hijas muertas, pero hay muchas chicas que están, que sobrevivieron. A mi criterio no hubo avances, fueron cositas muy chiquitas. Creí que iban a avanzar en tratar de prevenir para que bajen las tasas de femicidios, en algo más preventivo y no en darle unos pesos, que además son insuficientes, a alguien que hace la denuncia. Habría que atacar más en otro lado. También veo que generalizan en vez de interiorizarse: todos los casos son diferentes, entonces hay que poner gente que escuche a las personas. Una mujer que hizo la denuncia necesita que la estén cuidando de una manera más personalizada. Si solo se hacen cosas generales no van a servir porque nunca van a contener a todas las personas. Tal vez a algunas sí, pero no a todas. Por eso pienso que tienen que escuchar a los familiares, para escuchar y comprender que esto tiene un montón de aristas. La sábana es corta. Más que una sábana es un repasador, y quieren tapar todo con eso: es imposible”.  

Hagan algo 

La última ronda presencial en Plaza de Mayo, antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio fue el 11 de marzo de 2020, bajo una tormenta implacable. 

Las familias enumeraron todo lo que tienen que hacer para obtener justicia: investigar, preguntar, buscar, acompañar, y un sinfín de tareas más que van desde pagar el ataúd de sus hijas hasta el yogur que todas las mañanas toman sus nietos y nietas, a quienes ahora cuidan. Bajo la lluvia, en la ronda, Rosana lo sintetizó de este modo: “La justicia no ve que los nenes comen y van a la escuela todos los días”. 

La carta del tercer encuentro entregada en la Casa Rosada y, dirigida también al Presidente fue concreta y dolorosa: “Nosotras, Familias Sobrevivientes de Femicidios reiteramos por tercera vez el pedido urgente de que el Estado que usted preside implemente las políticas públicas necesarias para contener, prevenir y erradicar las violencias que están destrozando las vidas de mujeres y travestis. En las dos anteriores cartas enumeramos una serie de medidas simples, concretas y necesarias. En esta oportunidad no queremos seguir sumando una lista de exigencias, sino sintetizar en una sola lo que se impone ante la grave situación reinante: hagan algo”. 

¿Quién siente?

“Es importante estar juntas porque estamos en el mismo dolor que es como decir que hablamos el mismo idioma”, dice Mónica. Su hija, Araceli Fulles, fue asesinada el 1º de abril de 2017, en San Martín, cuando tenía 22 años. “La encontré a los 27 días violada, quebrada. La habían puesto en un freezer. Estuvieron 27 días sin saber dónde meter el cuerpo, hasta que la enterraron en un pozo con cal. No se veía esa carita que ven acá en la foto. Fui a reconocer el cuerpo. Solo estaban los dientitos y los ojitos. Cuesta. Yo también, antes, estuve muchas veces afuera. No me paré a preguntar por qué estaba reunida la gente, a veces en la plaza o con carteles, porque yo era muy ignorante en ese momento. Ignoraba lo que estaba pasando. Hoy me tocó a mí”, dijo ante el micrófono en una reunión en Plaza de Mayo donde también contó que el más chico de sus dos hijos después del femicidio de su hermana intentó suicidarse dos veces. 

“Nos perjudicó la pandemia pero creo que todos tendríamos que acompañarnos, tomar conciencia de que tenemos que unirnos. Que se sigan sumando familias, es importante estar todas juntas”, reflexiona ahora, a un año del primer encuentro. “No siento que desde el Estado hayan hecho algo, y esto no se va a terminar. La cantidad de femicidios que hay es cada vez mayor, pero no hacen nada para pararlos. No sienten el dolor que sentimos nosotros”. 

Ministerio zoom

Una vez iniciada la cuarentena las cartas continuaron enviándose de manera online y el grupo siguió conectado con la frecuencia posible para cada familia: en algunos casos cargar crédito para tener whastapp no es una opción. 

“Hoy como todos meses nos dirigimos a usted señor presidente Alberto Fernández; necesitamos que nos escuche y nos reciba para plantear el problema que padecemos las familias que somos sobrevivientes de femicidio”, escribieron el 10 de abril del 2020. 

La respuesta tardó meses en llegar: el 29 de septiembre de 2020 las Familias recibieron una carta que decía: “Por medio de la presente se le informa que, por el momento, el Primer Magistrado no podrá recibirlos debido a la intensa actividad del gobierno que actualmente desarrolla”. Ese mismo día se conocieron tres femicidios. 

El pedido fue derivado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Funcionarias de esa cartera se reunieron de manera virtual con Alfredo (papá de Soggiu) y Marta (mamá de Lucía). El resto de las familias no tenían computadora para conectarse, o teléfono que permitiese hacerlo, ni otros recursos. “Hablamos de una diferencia social importante. Me atendés virtualmente pero yo no puedo ni entrar porque no tengo crédito en el teléfono”, dijo ese día Marta.  

En un comunicado difundido por las Familias luego de la reunión explicaron: “Así escuchamos a varias funcionarias de segundo y tercer nivel ministerial, quienes nos detallaron los programas de ayuda asistencial que habían implementado, como por ejemplo la ayuda de 40 mil pesos que se puede pedir antes de los 60 días de sucedido el fallecimiento. Así agradecimos mucho el tiempo que nos dedicaban, les explicamos que los crímenes de nuestras hijas están impunes desde hace varios años y reiteramos nuestro interés: ser recibidas por el Presidente ya que consideramos que los femicidios deben ser prioridad en la agenda de gobierno”.

Luego de la reunión Alfredo describió  la situación con la siguiente imagen: “Pusieron un granito de arena. Es un inicio. Pero falta la playa entera”.  

Nunca más

“La lucha por nuestras hijas no termina, sigue. Somos la voz, el cuerpo, el pensamiento de nuestras hijas. Por eso toda la lucha que se haga con otras familias para mí es importante. Tenemos que estar golpeando puertas y abriendo cabezas”, dice Ana María, mamá de Melina Romero, a quien seguir conectada durante el aislamiento, desde su casa en San Martín, le resultó imposible. “Quedé aislada”, explica.

Por eso Ana María cree importante que pronto puedan retomar las reuniones en Plaza de Mayo: “Ojalá que nos abra las puertas el Presidente. Sería muy importante  porque dijimos ‘Estado ausente nunca más’, pero hay una ausencia tremenda por parte del Estado. Hubo muchas chicas muertas antes y después de Melina. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué hay? El Estado debería escuchar a las familias. Para que nos atiendan tiene que haber tiempo. La Casa de Gobierno es bastante grande para que nos pueda ceder un espacio y nos dé explicaciones a todas. Sería una forma de demostrar que está cumpliendo su función como Presidente, para que el Estado no esté ausente nunca más”. 

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La ley que falta: acoso sexual en contextos laborales y académicos

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La colectiva Periodistas Argentinas presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene como objetivo modificar la Ley de violencia contra las mujeres, incorporando una nueva modalidad de violencia: el acoso sexual en contextos laborales y académicos. Publicamos el proyecto completo, que se originó en la situación de acoso ejercida por Pedro Brieger que generó el informe de Periodistas Argentinas presentado en la Cámara en julio de este año (foto).

El proyecto de ley de modificación a la ley 26.485, que incorpora la modalidad de violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral y académico, surgió del acompañamiento que la colectiva dio a periodistas afectadas por el acoso sexual ejercido por Pedro Brieger, y a muchas otras que también han atravesado situaciones de la misma índole y al vacio legal que notaron al hacer ese acompañamiento. Responde entonces a la urgencia de legislar sobre un problema que afecta de manera sistemática a las mujeres en los espacios laborales y de estudio. 

“En vez de hacer una denuncia hicimos un proyecto de ley, en vez de ocuparnos en reparar un grupo nos ocupamos de mejorar el camino de todas”, dice en un video difundido por Periodistas Argentinas la periodista y conductora Agustina Kampfer. El proyecto además de la incorporación de la modalidad de violencia propone medidas concretas para que empleadores y autoridades académicas actúen de manera eficaz ante denuncias de acoso, creando mecanismos accesibles y confidenciales de resolución.

El camino legislativo

El proyecto lleva la firma de representantes de distintos bloques evidenciando un apoyo interpartidario. Entre quienes firmaron están: 

  • Mónica Macha, Paula Penacca, Gabriela Estévez, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Carolina Yutrovic, Hilda Aguirre, Leila Chaher y Ana Carolina Gaillard de Unión por la Patria.
  • Silvana Giudici, Silvia Lospennato, Nancy Ballejos, Sofia Brambilla, Belén Avico y María Angel Sotolano del PRO.
  • Carla Carrizo de la UCR.
  • Vanina Biasi del Frente de Izquierda.
  • Esteban Paulón de Encuentro Federal. 
  • Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

La iniciativa ya fue ingresada en la Cámara de Diputados y tendrá tratamiento en las siguientes comisiones: Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria) que impulsó el proyecto junto a Periodistas Argentinas. La comisión será cabecera del proyecto, todas las integrantes que la integran acompañan la iniciativa. Además se tratará en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado Martin Tetaz (UCR). 

La propuesta

El proyecto busca incorporar el inciso j al artículo 6° de la Ley 26.485, tipificando la violencia y el acoso sexual como conductas no consentidas que atentan contra la dignidad de las mujeres, generando entornos intimidatorios, hostiles y humillantes. De esta manera, se busca ofrecer una protección integral a trabajadoras y estudiantes que hoy enfrentan este tipo de agresiones sin un marco legislativo específico. 

La iniciativa está inspirada en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la obligación de los Estados de prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el mundo laboral. En los fundamentos el proyecto explica: “Argentina ha ratificado el Convenio, expresando su compromiso con la promoción de entornos laborales libres de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso sexual. Esto implica que nuestro país se compromete a implementar las disposiciones del Convenio en su legislación, incluyendo la adopción de medidas efectivas para prevenir, abordar y eliminar estas barbaridades, creando también mecanismos adecuados para la denuncia y la resolución de casos relacionados con acoso sexual”. 

Es que la propuesta también busca erradicar la impunidad que, hasta el momento, ha permitido que los acosadores sigan violentando sin consecuencias. 

La máquina abusadora

En el proyecto presentado Periodistas Argentinas da cuenta del mecanismos que identificaron en la máquina abusadora instalada tanto en ámbitos laborales como académicos. Detallan: 

  • “Se activa por sorpresa, busca producir asco y humillación, enmudece y coloca a las afectadas en una situación de degradación y culpa: “¿qué hice yo para provocar esto?”
  • “El mecanismo incluye que luego, cuando los episodios son comentados a otras personas -responsables de poner límites o en posición de ayudar a construirlos- el daño real no es dimensionado, se naturaliza la conducta acosadora y no se hace pública, por más que el salir de lo secreto permitiría a otras mujeres prevenirse, a la vez que haría que los acosadores se limiten”. 
  • “Al sexualizar por asalto, en las relaciones laborales y académicas se produce un despojo de la dignidad de los vínculos, deprimiendo el rendimiento académico o profesional de las víctimas”
  • “La reiteración deja en claro el estímulo que provoca la impunidad. ¿Qué construye esa impunidad? El silencio y la inacción cómplice, pero, sobre todo, la combinación de esos factores con el prestigio que construyen las oportunidades que, sin sanciones acordes, se les siguen dando a los acosadores”. 

“Las afectadas cargan entonces con la responsabilidad de “denunciar” ante una institución ajena al ámbito donde se produce el daño: “la Justicia”. El desafío, entonces, es cómo hacer justicia para estos casos”, dice el proyecto. Es por eso que Periodistas Argentinas impulsa esta ley para legislar específicamente este tipo de conductas abusivas. 

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Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

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El año ya tuvo 274 días. En ese tiempo se produjeron en Argentina 231 femicidios y travesticidios, 74 desapariciones de mujeres, y 150 menores quedaron huérfanxs. Tales son los datos que surgen del primer padrón autogestivo que existe sobre la violencia patriarcal en el país, elaborado por el Observatorio Lucía Pérez (observatorioluciaperez.org). Se trata una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por la Cooperativa Lavaca. Uno de sus efectos es dimensionar un problema que, salvo en contados casos, permanece oculto tanto en la información estatal como en la que se produce mediáticamente: el contexto y magnitud de los crímenes cotidianos que no aparecen en los discursos oficiales ni en los periodísticos.

En lo que va del año, los datos representan un femicidio cada 28 horas. Pero las víctimas de esta violencia en realidad son 250, ya que se debe sumar a las 19 infancias asesinadas como efecto de estas situaciones.

Y hubo además 185 tentativas de femicidio. En cada caso hay un nombre y una historia que reflejan una violencia que no cede con el correr de los años, con la responsabilidad muchas veces del Estado por la falta de investigación de los casos, por inacción y/o complicidad policial y muchas veces judicial frente a las denuncias y alertas, y por la ausencia de medidas concretas que eviten la continuidad de los crímenes.  Aquí los datos hasta fin de septiembre de 2024.   

Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 231 femicidios y travesticidios en todo el país. 

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca, que desde 2020 elabora de modo autogestivo una serie de padrones que permiten abordar la dimensión de la violencia femicida en todo el país. En lo que va del año se registraron femicidios en todas las provincias, sin excepción, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. 

Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

En el caso particular de septiembre, se registraron 28 femicidios y 1 travesticidio (el de Ana Paula Costas, de 43 años, en San Salvador de Jujuy).

Solo en los últimos 7 días del mes fueron 9 los crímenes en ocho provincias distintas del país. Septiembre se convirtió así en uno de los meses más sangrientos de este año, luego del período de verano en el que recurrentemente, año a año, se ve un aumento de la violencia contra las mujeres: enero registró 33 femicidios y febrero 35. 

Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

Los números no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal y muestran también sus heridas.

Un dato que casi nunca se valora en toda su dimensión: como consecuencia de estos asesinatos, los huérfanos por femicidios a lo largo del año son 150. En algunos casos además, les hijxs presenciaron los crímenes, en otros fueron quienes denunciaron que su mamá no aparecía. Recientemente, por ejemplo, fue lo que le sucedió a la hija mayor de Vilma Acosta en José C. Paz, que fue a la comisaría para denunciar que hacía dos días no sabía nada de su mamá. La policía la encontró sin vida, enterrada en el patio de la casa su pareja Fabián Real. Vilma tenía además otros tres hijxs menores de edad que se han sumado a la impactante nómina de huérfanxs. 

Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

Otro saldo estremecedor para este 2024 es que ya hubo 19 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia femicida, es decir menores de edad que terminaron siendo víctimas también de la violencia.

Y se produjeron, además, 185 tentativas de femicidios.

Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 250 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país en lo que va del año. En el último mes fueron 23 las movilizaciones. 

Este trabajo de investigación que se comparte libremente en la web comenzó a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información producida por el Observatorio Lucía Pérez es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org

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Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas

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La facultad de Derecho de la UBA fue la sede de presentación de un informe inédito en el rubro llamado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura” que contextualiza los ataques a periodistas mujeres vía redes sociales y reclama al Estado y a las empresas de medios medidas urgentes para parar la espiral de violencia. El 80% de las periodistas censadas se ve inhibida de manifestarse en redes y el mismo porcentaje temió o teme por su integridad física. Cómo funciona el trolling, y su objetivo: silenciar. El carácter sistemático, y los casos paradigmáticos. Lo más grave: que sea agitado (si no financiado) desde el Estado.

Por Anabella Arrascaeta. Fotos de Cleo Bouza.

La colectiva Periodistas Argentinas presentó hoy en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA el documento “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, un informe que contextualiza los ataques que soportan actualmente las profesionales, resume casos paradigmáticos y formula pedidos concretos al Estado y a las empresas de medios.

El informe enciende una alerta: “El ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas”, explicitan. Durante la presentación las periodistas Nancy Pazos, Noelia Barral Grigera, Romina Manguel y María O’Donnell dieron cuenta de cómo funciona la industria de los ataques “impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas –aunque con especial intensidad en la red X– para coordinar intimidaciones y descalificaciones con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas. “Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, sintetiza la investigación presentada por Periodistas Argentinas. 

Entre quienes acompañaron la presentación se encontraban la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados; la especialista en derecho Marisa Herrera; Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); y Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). 

“Se tienen que abrir los ojos: esto es un problema, y tiene consecuencias”, dijo a lavaca la periodista Nancy Pazos, y siguió: “Se puede generar estadísticas, legislación, y hasta protección, no solo del Estado sino de las empresas periodísticas. Hay que abrir los ojos para que las empresas periodísticas se den cuenta que están atentando no contra la libertad de prensa de una periodista sino del conjunto”. 

La periodista Noelia Barral Grigera explicó a lavaca que “la diferencia que encontramos en el último tiempo en el comportamiento de este tipo de cuentas es que ya no son usuarios anónimos aislados, sino que efectivamente son comunidades organizadas, rentadas, que se coordinan para atacar y hostigar a comunicadoras críticas, a personas que tienen influencia en las redes, y que opinan críticamente”. 

El informe, además del diagnóstico, recomendaciones y pedidos concretos para salir de esta grave situación, da cuenta de 16 casos paradigmáticos, entre ellos los de Nancy Pazos, Romina Manguel y María O Donnell, que pusieron su voz en la presentación. 

La periodista Cynthia García, en diálogo con lavaca, hace foco en que “lo que se establece es una trama sistemática” y considera que esa trama “es estatal, entonces el acoso es grave, porque es una violencia en redes sociales en un momento donde tenemos un gobierno que cree que la democracia se legitima en las redes sociales, y un Presidente que retuitea y ejerce esa violencia”. Y agrega: “El informe establece que el objetivo es el silenciamiento, que no es personal, que tiene un sesgo de género, y sobre todo que es sobre periodistas que se expresan política, socialmente en la esfera pública”.  

De lo que hablamos entonces es de un ataque a la libertad de expresión entendida como un pilar de la democracia. 

Trolling para silenciar

El informe da cuenta de que el término troll cambió en los últimos años. “En la actualidad, su uso está industrializado y tiene como finalidad aquello que el periodista mexicano Alberto Escorcia denomina ‘tecnocensura’: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF)”, explican y agregan que en los últimos años “la industria del ciberacoso ha tenido, además, un incentivo: las nuevas tecnologías son manipuladas para que los mensajes de odio adquieran mayor magnitud”. 

En ese contexto plantean que “la relación de las campañas de trolling y el periodismo es estratégica porque representa el campo difusor de los temas de actualidad: es blanco de los ataques para forzar la agenda de la conversación social”. La red social que identifican como más agresiva es X -ex twitter- y encuentran como explicación que es la red donde se disputa el control de la conversación política. 

A esto se suma que “en términos generales, la cultura digital tiende a invisibilizar a las mujeres o desplazarlas hacia la periferia. Esto quiere decir que todas aquellas acciones orientadas a reivindicar una posición de mayor centralidad en la sociedad (como las que realiza históricamente el feminismo) han tenido una violenta contestación en Internet”. 

Las mujeres con voz pública se vuelven así especial foco de ataque. El informe de Periodistas Argentinas retoma un material realizado por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información que luego de estudiar ataques a periodistas señala: 

  1. La visibilidad las expone a la violencia en línea por el solo hecho de ser mujeres con voz pública. 
  2. Hay sesgos de género en los ataques que reciben. 
  3. La violencia sistemática en línea tiene por objeto silenciarlas.

Dice Periodistas Argentinas: “Trolls para dirigir ataques contra algún actor específico, bots para viralizar rápidamente un hashtag, difusión de datos personales o creación de fake news son algunas de las estrategias visibles que se usan en las redes sociales para dañar la reputación de una persona, atemorizarla y desplazarla del debate”. Y señalan las particularidades que encuentran en los casos que analizaron de violencia dirigida hacia mujeres con voz pública: 

  • Son ataques sistemáticos. No se trata de hechos aislados. 
  • Hay ataques reactivos –a un posteo, una cobertura, una nota– y hay otros que se perciben como azarosos, “porque sí”, que pueden llegar en cualquier momento y que las entrevistadas relacionan con el ensañamiento y la intención de correrlas del debate público. 
  • A menudo, se sospecha, y en ocasiones, se comprueba que existe una coordinación.

Esta violencia tiene consecuencias, todas las periodistas entrevistadas para el informe elaborado manifestaron impactos en su participación en la conversación pública. Los datos: 

  • El 80% limitó su participación en las redes: ha omitido opinar o manifestarse sobre determinados temas.
  • El 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeña.
  • Un tercio cambió de puesto laboral. 
  • Una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de sus contratos. Y la mitad tiene miedo de perderlo. 
  • Un 80% temió o teme por su integridad física.

Otros datos que retoma el informe de Periodistas Argentinas: 

  • El informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, publicado por Reporteros Sin Fronteras muestra que, entre las principales víctimas de los ataques digitales, se encuentran las periodistas. 
  • Una investigación realizada en el Reino Unido por el think tank Demos, tras estudiar miles de tuits, reveló que las reporteras reciben en promedio tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones. “Mentirosa” y “prostituta” son algunos de los insultos más comunes, también la amenaza de violación. 
  • La amenaza de agresión sexual, también fue detectado como algo recurrente por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. 
  • Reporteros Sin Fronteras también informa que el trauma sufrido conduce al silencio y reduce el pluralismo de la información.
  • En todos estos informes se identifica un mismo mecanismo: a partir de un mensaje posteado o retuiteado por una persona “real” –generalmente, funcionarios de gobierno o personalidades que forman parte de la red de comunicación y propaganda oficialista– se desata el ataque.

Casos paradigmáticos

Sobre la situación en nuestro país Periodistas Argentinas detalla que “en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”. 

La colectiva relevó y da detalles de 16 casos de periodistas que han sufrido ciberacoso, y encontró características en común:

  • Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía. 
  • Generalmente, los ataques no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales. 
  • En la mayoría de los casos que citamos en este informe, el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad.
  • En muchos de los casos, el ataque ha afectado también la relación periodística de estas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales.
  • La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder. 
  • Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones.
  • No creen que sea personal, aunque sí disciplinador.
  • Coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión.

Los casos paradigmáticos que detallan son los de Luciana Peker, periodista y escritora feminista;  Ivy Cángaro, periodista de investigación; Paula Moreno Román, presidenta de Fopea; Marina Abiuso, exeditora de género de TN; Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas; María O´Donnell, conductora de radio y televisión; Romina Manguel,  conductora de radio y televisión; Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación; Silvia Mercado, periodista del diario El Cronista; Sofía Diamante, periodista del diario La Nación y columnista del canal LN+; Jesica Bossi, periodista de TN; Ángela Lerena, periodista especializada en deportes; Cecilia Boufflet, periodista de TN y Radio Mitre; Julia Mengolini, periodista y fundadora de FutuRöck; Mónica Gutiérrez, periodista, conductora de radio y televisión; y Delfina Celichini, periodista del diario La Nación. 

Los pedidos

Como conclusión del informe desde Periodistas Argentinas solicitan:

-Al Estado:

  • Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
  • Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
  • Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
  • Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.

-A las empresas de medios:

  • Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan. Los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección. No deben tomarlo como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir.
  • Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.

-A su vez dan recomendaciones de cómo responder a un ataque: 

  • El primer paso es guardar pruebas: hacer capturas o fotos de pantalla con las muestras del acoso.
  • Reporteros Sin Fronteras aconseja denunciar los contenidos en las plataformas y bloquear las cuentas que participan del ataque; hacerlo todas las veces que se requiera.
  • La guía Acoso y violencia digital. Herramientas de acción para periodistas –una iniciativa de UNICEF, UNFPA, PNUD y ONU Mujeres–, advierte que al denunciar ante la red social ”el cierre de la cuenta puede interpretarse como la pérdida de evidencia”, por eso “el primer paso es ubicar las pruebas y preservarlas (por ejemplo, hacer capturas de pantalla de los mensajes recibidos)”. Recomienda también diseñar un plan de acción, que incluya el resguardo de la seguridad, realizar la denuncia judicial y poner en conocimiento a organismos de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión.
  • Informar del ataque a jefes, compañeras/os de trabajo y organizaciones periodísticas y  sindicales. 
  • Recurrir a la solidaridad periodística. Colegas que han sido víctimas de acoso en redes pueden emprender una contraofensiva manifestando su apoyo a través de sus redes. 
  • Dice la guía Acoso y violencia digital: “Muchas veces se considera que responder a un ataque es transformarlo en una noticia, un hecho que se agranda al darle entidad. Las soluciones no son universales, pero frente a las estrategias de desinformación es importante considerar el alcance de no tomar acciones para aclarar los hechos que generan el hostigamiento y la violencia. El periodismo tiene un compromiso con la verdad y corresponde también frenar y rectificar las fake news (noticias falsas). Dar cuenta del hostigamiento desde el propio medio es una forma de respaldar a las periodistas agredidas”.
  • Por lo general, los ataques son violentos, pero de duración limitada. Desconectarse algunas horas si se considera necesario. 
Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas
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