Las historias de Magalí, en San Luis, y la de Victoria en Entre Ríos: dos casos testigo muestran el cruce entre violencia institucional y violencia machista, ejercida por policías. Por qué y cómo las familias plantean que se trata de femicidios, mientras el Estado, a través de la justicia, cuida más a los efectivos que a las víctimas. Los pedidos desesperados de las familias, mientras las causas se desarman. Y los datos que dibujan el patrón femicida hacia adentro de las fuerzas. Por Lucrecia Raimondi y Malena Gauna.

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Florencia Magalí Morales había salido en bicicleta la mañana del 5 de abril de 2020 –plena pandemia- a comprar comida para sus dos hijes. La policía de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, la detuvo por romper el aislamiento obligatorio. Voluntariamente se presentó a las 9.30 en la Comisaría 25ª. Diez horas después apareció muerta en una celda. 

La policía puntana presentó el caso como suicidio, pero los peritajes de parte confirmaron en septiembre de este año que fue estrangulada. Los últimos informes cuestionaron la primera autopsia que había certificado la versión policial: las pruebas criminalísticas demostraron que al cuerpo le faltaban músculos del cuello claves para determinar la causa de muerte y que el cordón del buzo con que encontraron atada a Magalí era un elemento extraño porque no coincidía con la ropa que llevaba ese día. También tenía hematomas en brazos y piernas que fueron omitidos por el forense: al momento de la detención, a Magalí la revisó una médica que certificó el buen estado de salud de la joven; se mostró cordial y respetuosa, sin necesidad de medicación, y su cuerpo no tenía lesiones. 

Tanto la familia con sus abogados como la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que se incorporó como parte en abril de este año, sostienen que a Magalí la golpearon después de detenerla, cuando la ingresaron al calabozo.  

El juez Jorge Pinto, del Juzgado de Instrucción Penal del Departamento de Junín, al frente de la investigación, definió el 2 de diciembre procesar a cuatro policías implicados: el comisario Reynaldo Heraldo Clavero y el jefe de guardia, Marcos Ontiveros, que quedaron detenidos en una alcaldía con prisión preventiva por el delito de “aplicación de vejaciones y severidades a un detenido, ambos en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”. Por su parte, las policías María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres fueron procesadas sin prisión por “incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario”.  

La defensa de los policías cuestionó la decisión de prisión preventiva y el juez Pinto le dio lugar al requerimiento. La querella apeló y cinco días después de haberse dictado las acusaciones, la Cámara del Crimen de Concarán confirmó la excarcelación de Clavero y Ontiveros. 

“Que estén libres es una tomada de pelo”, dice Celeste, hermana de Magalí, a MU. “Lo que nosotros venimos haciendo hace 20 meses pidiendo justicia por mi hermana, que ni estando viva la respetaron por los golpes que recibió, demostrando que la mataron, que no se suicidó, el juez Pinto lo resuelve en menos de una semana”. 

A un año y ocho meses del crimen de Florencia Magalí Morales la causa sigue sin ningún detenido, pese a que el procesamiento con prisión de los policías fue fundamentado por más de 40 declaraciones e informes de 15 peritos oficiales del Poder Judicial de San Luis, más dos peritos de parte que demostraron la causa de muerte de asfixia por estrangulamiento. La hipótesis del suicidio no se sostiene, pero ninguna acusación a los policías fue por homicidio. “El juez Pinto se maneja con total impunidad –denuncia Celeste- cuando él sabe que a mi hermana la mataron y el fiscal que quiso archivar la causa, que sostienen después de las autopsias que fueron delitos menores. Es terrible, todo tan insensible”, dice y se quiebra al relatar el momento en que le tuvo que contar a sus sobrinos que los asesinos de su madre quedarían libres.

La familia Morales denunció desde el primer momento que se trató de un femicidio institucional, pese a que la causa se investiga en el marco de un incumplimiento policial sin tener en cuenta la perspectiva de género ni la violación de los derechos humanos. Asegura Celeste: “A Magalí le hicieron todo lo que le hicieron por su condición de mujer, la degradaron, la humillaron: por eso sostenemos que fue un femicidio. Todo lo que debía hacerse se hizo mal, se ocultaron pruebas, se quiso archivar el caso. Se ensañaron con mi hermana golpeándola, matándola, diciendo mil quinientas mentiras. Y ahora se ensañaron con nosotros, la familia”.  

El abogado de la familia, Santiago Calderón, cuenta por qué plantean la figura del femicidio institucional: “El femicidio institucional tiene que ver con el rol del efectivo policial y el odio en particular para con la mujer. Una cámara de seguridad registró cuando Magalí ingresa a la comisaría y hay un cruce de palabras con el comisario. Y tiene que ver justamente con eso: que una mujer no pueda discutir  las órdenes de un efectivo policial. Y después, me ha llegado que particularmente la comisaría de Santa Rosa es muy distinta a la de la ciudad: es de otra época, y tienen una perspectiva muy diferente, que también han sufrido muchos grupos feministas en distintas manifestaciones, que son más agresivos con las mujeres. En el caso de Magalí es muy evidente y surge de las propias declaraciones de los efectivos policiales que en el momento quedaron detenidos dos masculinos por incumplimiento del artículo 205 y Magalí, que fue la única mujer en pandemia que quedó detenida por no respetar el aislamiento. Y desde el principio el trato fue totalmente diferente. En el caso de los varones, los trasladaron por mayor seguridad a otra alcaldía que está cerca con mejores instalaciones. La excusa por la cual no se trasladó a Magalí es porque no funcionaba supuestamente un baño femenino de aquella institución, lo que llamó la atención porque a Magalí no la dejaban ir al baño. A partir de quedarse sola en la comisaría, surgen situaciones de violencia y vejaciones por parte de la policía solamente para con ella. Su vecina quiso llevarle ropa pero no la dejaron verla, quedó incomunicada y la mochila de Magalí desapareció. Entonces surge evidente el femicidio y la cuestión de género, porque hubo un trato muy diferente para con los masculinos que los propios testigos declararon que les llama la atención el trato que tuvieron con ella”.

Magalí y Celeste Morales eran hermanas muy unidas. Se llevaban un año y medio de diferencia; las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación de amistad, compinche. Las visitas a Las Heras eran frecuentes: las fiestas y el Día de la Madre no fallaban. Lo peor de la vida de Celeste fue tener que reconocer el cuerpo muerto de Magalí. “Mi hermana era todo risas, esas personas que cuando te bajoneabas te levantaba y que no le costaba demostrar que te quería, decirte que te amaba. Era re cariñosa, re alegre”, recuerda y enseguida reclama: “Queremos justicia, lo único que pedimos, y no tuvimos respuesta ni contacto del gobierno de San Luis, ni del Ministerio de Seguridad, ni del Presidente al que le presenté el caso. Duele mucho el destrato y maltrato de la justicia y del gobierno. Estamos hablando de una persona muerta y una familia que todavía no puede ponerse a hacer el duelo total y completo, porque seguimos en lucha”. 

Abuso de la fuerza

Victoria Nuñez fue reducida violentamente por cinco policías mientras sufría un ataque de pánico. Minutos después de la intervención policial murió camino al hospital San Martín de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 

La mañana del 21 de julio Marcela, la madre de Victoria Nuñez, tenía tres llamadas perdidas de su hija en su celular. Le devolvió el llamado y Victoria le respondió desesperada: “Mami venite ya para acá, hay alguien adentro”. Al escucharla con un tono extraño, Marcela tomó un remís hacia la casa de su hija. En el lugar, notó que Vicky tenía una crisis nerviosa, pensaba que había alguien más que quería hacerle daño cuando los únicos que estaban eran ella y Jorge.

Los familiares no podían calmarla, entonces intentaron pedir una ambulancia, pero les dijeron que primero debían llamar al 911. 

Tres patrulleros se dirigieron a la casa ubicada en Newbery y Garrigó. Entraron de forma invasiva provocando que la joven se asustara y quisiera escapar, pero estaba rodeada de siete policías que estaban en el comedor y cuatro más en el patio. Desorientada por la situación Vicky empezó a gritar: “¿Qué me quieren hacer? ¡que se vayan!”. 

Victoria tenía un cuchillo de cocina en la cintura. La única policía mujer que estaba en el lugar de los hechos le dijo a la madre que la iba a denunciar porque estaba poniendo en riesgo al personal y que eran una molestia. 

Más tarde, cinco agentes empezaron a forcejear con Victoria. Se abalanzaron sobre su delgado cuerpo, la tiraron al suelo para esposarla, le cortaron las manos y lastimaron su rostro. Presionaron tanto su cuello que se quedó sin aire y se desmayó. 

Marcela notó que no respiraba, quiso acercarse pero la policía lo impidió, le dijeron que estaba dormida. En un momento la soltaron. Vicky estaba fría y mojada. La pareja logró hacerle reanimación boca a boca mientras esperaban la llegada de la ambulancia pero, a pesar de las maniobras de RCP que realizó el personal de salud, no sobrevivió. 

La causa, caratulada como averiguación de muerte, continúa en una instancia de análisis llevada a cabo por la Fiscalía de Investigación y Litigación de Paraná, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra. La fiscalía comunicó que actualmente están a la espera del resultado de un informe anatomopatológico. Desde el comienzo el fiscal Pereyra sostuvo que no había indicios de que hubiera existido un accionar ilícito por parte de los agentes sino que la principal hipótesis apunta a una muerte clínica.

Sin embargo, la madre de Victoria denuncia que la policía actuó con abuso de poder y sin el paradigma de salud mental que debería haberse aplicado. Sostiene que no murió de un infarto, sino que la violencia que ejercieron fue causante de la muerte de su hija. “Existen dos líneas de investigación: para la fiscalía no hay conexión entre la muerte de Vicky y la intervención policial; para la querella la muerte es ocasionada por la intervención policial”, explicó Emma Clementi, abogada querellante que representa a la familia. 

La investigación que plantea la abogada querellante es a partir de la probabilidad de un transfemicidio en contexto de violencia institucional aplicando protocolos sobre muertes por motivos de género y con perspectiva de salud mental. 

Clementi solicitó que se aparte a los y la agente que intervinieron mientras se estudie el caso pero no fue concedido. No hay policías identificados ni acusados. La causa está demorada a la espera de más pruebas que ayuden a esclarecer el crimen de odio. 

Casi seis meses después de los acontecimientos nunca llamaron a Marcela desde la Fiscalía. Recuerda a Vicky como una persona dinámica, divertida, que le gustaba hacer sorpresas, reunir a la familia y sobre todo,  tenían un vínculo muy fuerte entre ellas. “Éramos muy unidas. Nos sentábamos en el patio y hablábamos horas y horas hasta las cuatro de la mañana. Le gustaba peinarme, le encantaba mi pelo. Siempre tenía regalos para mí, en cada encuentro me traía un bon o bon, un caramelo. La justicia debe hacer algo: no merecía ese maltrato”.  

La portación de un arma, un atajo a la muerte

Los femicidios y la violencia machista dentro de las distintas fuerzas de seguridad, en especial las policías, no solo son una constante sino que se acompañan de encubrimientos, falta de sanciones e impunidad judicial.

El Observatorio Lucía Pérez registró 32 femicidios cometidos en 2021 por miembros de las fuerzas de seguridad. A esta violencia se suma el entramado policial-judicial del que se desprende esa violencia institucional. 

Esta situación se repite desde hace años: en su registro, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informa que entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías; 19 eran funcionarias de seguridad. El CELS analiza específicamente un motivo posible: “Existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión”. 

Por su parte, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en su último informe disponible sobre “Armas de fuego y violencias de género en Argentina” registró que de los femicidios cometidos con armas de fuego entre 2013 y 2018, que uno de cada 4 femicidios es cometido por un miembro de una fuerza de seguridad. Además, el Inecip registró que en el 50% de los casos no se conoce la ocupación del femicida, lo cual apoya el análisis anterior: en muchos casos no queda registro de que los femicidas son integrantes de las fuerzas de seguridad.

Los Ministerios de Seguridad y de Defensa dispusieron que se limite el acceso a armas de fuego para uniformados que tuvieran denuncias por violencia de género y violencia familiar. Pero esto no siempre se cumple. Una encuesta federal anónima a 250 uniformadas, en actividad o retiradas, realizada en 2019 por la Red Nacional de Mujeres Policías con perspectiva de género, logró recabar datos concretos sobre los agresores que se conocieron mediante una nota del diario Tiempo Argentino: el 96% de los uniformados denunciados no recibieron ningún tipo de sanción luego de comprobarse el delito; en el 67% de los episodios consignados, los agresores fueron jefes; el 10% eran compañeros; un 3%, las parejas de las mujeres policías; y un 18%, compañeros y también parejas. Además, más del 90% de las mujeres manifestó no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de la institución y que buscaron ayuda en su entorno, con profesionales u organizaciones sociales. 

Otro dato es que denunciar tuvo consecuencias: el 21% de las víctimas debió buscar un nuevo destino después de haber denunciado a acosadores dentro de la fuerza. El 17% fue trasladada a otros sectores dentro de la misma repartición. El 15% no encontró ninguna solución a su situación y siguieron siendo violentadas. Un 8% manifestó que, luego de denunciar, les iniciaron un sumario administrativo. Y más del 5% de las mujeres que formularon denuncias fueron dadas de baja.

El Informe anual 2020 de casos de femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró que al menos 7 feminicidas pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 eran de la Policía provincial y se encontraban en actividad, 1 al Ejército, y del restante no hay datos sobre la fuerza a la que pertenecía. “De estos 7 miembros de distintas fuerzas de seguridad, 6 utilizaron armas de fuego para cometer el femicidio directo, siendo al menos 4 de ellas sus armas reglamentarias y 2 sin datos sobre su autorización”, detalló la CSJN y asentó que luego de cometer el femicidio, al menos 3 de los 7 agentes de seguridad se suicidaron.

El medio Chequeado presentó en febrero de este año un pedido de acceso a la información pública que permitió conocer las características de las denuncias por violencia en el interior de las fuerzas de seguridad, datos recabados por las propias fuerzas nacionales: 

La Policía Federal recibió más de 300 denuncias por año entre 2018 y 2020.

Gendarmería superó las 400 al año entre 2018 y 2019, que cayeron a más de la mitad en 2020. 

Prefectura registró poco más de 100 casos de violencia de género por año y además se iniciaron aproximadamente unos 550 sumarios entre 2017 y 2021.

En el Ejército se denunciaron menos de 300 casos de violencia de género por año entre 2016 y 2020. En esta fuerza las actuaciones disciplinarias en denuncias por violencia intrafamiliar no superan el 27% de los casos, mientras que en casos de violencia laboral representan más del 60%. 

En la Fuerza Aérea hubo más de 260 consultas por violencia de género entre 2014 y 2019 – principalmente por “malestar laboral” – pero las presentaciones efectivas fueron menos de 100. En la Armada fueron 216 consultas y 37 presentaciones, entre 2018 y 2020: es la fuerza que menos denuncias registró.

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