#NiUnaMás
Crimen organizado
La guerra contra las mujeres, de México a Argentina. Un encuentro histórico entre la mexicana Julia Monárrez Fragoso y Marta Montero puso en común cómo actúa el sistema de crímenes contra las mujeres en Latinoamérica. En México calculan 11 femicidios diarios. El rol del narcotráfico, la complicidad del Estado, las promesas incumplidas, los cuerpos, las resistencias y la necesidad de tener datos propios. Las coincidencias entre Mar del Plata y Ciudad de Juárez. Y todos los derechos y las condenas logradas, frente a la falta de medidas efectivas: “Logramos de todo, y no tenemos nada”. Por el Observatorio Lucía Pérez.

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Tener datos
Julia Monárrez Fragoso: Como ustedes hacen desde el Observatorio, hice una base de datos sobre los crímenes de mujeres en Ciudad de Juárez. Era necesario porque queríamos saber era cuáles eran las zonas de alto riesgo. Además, los datos permiten ver una fotografía, saber la edad, de dónde venía la niña, la mujer, cuál es el ministerio público que está encargado del caso, etcétera. Porque ustedes saben que México tiene un problema de justicia: hay ministerios que tienen hasta 2.000 expedientes. Entonces la base de datos permite tener un seguimiento rápido y que no le vuelvan a preguntar a la persona el nombre de su hija, qué le pasó, cada vez que va: los datos ya están ahí.
Guerra contra mujeres
Julia: Lo primero que encontramos fue que hay una densidad alta en relación con la desaparición de las niñas y mujeres desde 1995 a 2021. Al principio estaba concentrado en esto que es el norponiente de la ciudad, que es de la zona más precarizada, y el centro histórico. En el 2004 calculamos que no se tomaban medidas de prevención, justicia, y una serie de elementos que tienen que ver con estas atrocidades, iban a ir descendiendo al sur. Hipotéticamente esto tardaría 20 años, solamente que a partir del 2008 tuvimos, y todavía está aquí, la mal llamada guerra contra las drogas. El número de mujeres y niñas desaparecidas aumentó exponencialmente, y el número de mujeres asesinadas también.
La voluntad de no hacer
Julia: Después analizamos las densidades: número de mujeres desaparecidas por kilómetro cuadrado. Aquí, en la zona central son casi 4 mujeres que desaparecen por kilómetro cuadrado. Ciudad de Juárez es una ciudad multi céntrica, una ciudad que se desbordó con la llegada de una industrialización transfronteriza y la dejó completamente desarticulada. Ciudad Juárez tiene casi 2 millones de habitantes, y hay personas que deben hacer 3 horas para llegar a la fiscalía. Y otro tanto para volver. Esa es una problemática muy grave y una desatención por parte del gobierno. No es falta de voluntad política, sino que la voluntad política es no hacer.
Los soldaditos
Marta Montero: Acá en Mar del Plata está pasando muchísimo, no solo con mujeres, sino con varones. Los varones son los soldaditos que ellos adiestran, cuando los quieren hacer desaparecer, o cambiar, o no quieren seguir haciendo lo que están haciendo, les pegan dos tiros en la rodilla. Yo trabajo en un hospital público: aparecen en la guardia del hospital los soldaditos con tiros en la rodilla. Esos soldaditos no denuncian a nadie. Nadie les hizo eso. Está prohibido denunciar. Se van con todo lo que eso significa: el que sobrevive, sobrevive, y el que no, se irá al cementerio. Esa es la realidad que vivimos en Mar del Plata.

Ajuste de cuentas
Julia: cuando Marta explica que los niños que llegan no dicen quién les disparó, no lo dicen porque quieren seguir vivos. Lo que hemos visto en Ciudad Juárez es la posibilidad de recuperar con mayor facilidad el nombre de la niña o de la mujer asesinada, o su domicilio. ¿Por qué? Porque las periodistas tienen un posicionamiento ético ante la muerte de los demás. Se iban a sus casas a preguntar por qué había sido asesinada esa mujer, para dar una información más completa. Pero hoy no se puede. Y no se puede porque ponen en peligro a esa familia. Si se supone que fueron asesinadas por miembros del crimen organizado, los miembros de esas mismas bandas le van a decir a los familiares que no deben decir nada porque van a ir por los otros miembros de esa familia. Entonces ahí queda. Y figura como la narco-ejecución, como la imagen de que se están matando entre ellos.
El reclutamiento
Marta: El tema de la droga en Mar del Plata es temerario. Estamos hablando de menores. Una piba capta a mi hija para llevarla a estos tres tipos que vendían drogas. Después van adiestrando a estas chicas a través de la escuela, el medio donde se pueden comunicar y estar juntas. Pasa en todas partes: esta gente te las capta y las termina llevando a esta destrucción. Porque hablamos de una destrucción total, de una familia, y de ese núcleo de vida que tenía Lucia: se destruye todo. Y como Lucía, tantas Lucias.
El lenguaje
Julia: Yo siempre he dicho que el género no necesariamente actúa en contra nuestra porque las mamás que perdieron a sus hijas en México, ya sea por desaparición o feminicidio, pudieron salir a la calle, y expresaron el dolor y la demanda de justicia. Aquí le llaman levantar. Tenemos como un lenguaje militar: va un comando armado, que está compuesto de brazos de los cárteles de las drogas que vienen todos encapuchados, traen armas de alto calibre y pueden entrar a cualquier casa y llevarse a un chico o chica. Eso es levantar a una persona. La pueden encontrar después, o nunca. O pueden estar en fosas clandestinas, que nosotros tenemos un montón en México
El loco de la ruta
Marta: Las voy a llevar unos años atrás, hace 30 años acá había un tipo que se llamaba el loco de la ruta, pero no era ningún loco de la ruta: eran la propia policía, los propios fiscales, los jueces, hijos de. Y a las mujeres que se prostituían, las mulas como le dicen ellos, cuando no querían hacer lo que ellos ordenaban, las terminaban matando y tirando al costado de la ruta. Nunca se supo nada de todo eso. Con esa impunidad y de esa manera se maneja esa gente. Y se siguen manejando. Acá la prostitución, la venta de droga en Mar del Plata, es siniestra.
Poseer matando
Julia: Tiene que ver eso que dice Marta con la violación y con los cuerpos abandonados en lugares inhóspitos. Pero después, cuando una va investigando, resulta que había niñas y mujeres muy jóvenes asesinadas inmediatamente y otras que no. Esto ya había sido muy estudiado: la situación en la que se juntan dos deseos para estos hombres que matan: el deseo de la lujuria y el deseo de la sangre. El deseo de poseer completamente a alguien. Y la única manera de poseerlo y que nadie más tenga derecho a ese cuerpo es matándolo.
El sistema
Julia: Sin embargo vimos, por el tiempo que pasa hasta que se encuentra el cuerpo, lo que decían los forenses: que había chicas que permanecían cautivas por mucho tiempo. Ahí se arma otro elemento: unas asesinadas inmediatamente, otras asesinadas después de mucho tiempo. Y lo que pasó en el caso de Campo Algodonero (sentencia histórica en contra del Estado mexicano por la desaparición de tres mujeres) permitió demostrar que habían sido desaparecidas en distintas épocas: todas llevaban diferente tiempo desaparecidas. Esto era una marca, una organización y una sistematización del asesinato de estas mujeres.
Desaparecidas
Julia: Pero también hay otras cuestiones, que han hecho incluso que viniera a México el Equipo Argentino de Antropología Forense. Hay 56 chicas que todavía no han sido identificadas. ¿Y qué quiere decir que no sean identificadas? Si las madres de Ciudad de Juárez y las madres de Chihuahua dieron su ADN para hacer su cotejo genético, quiere decir que probablemente esas mujeres venían de Centro América o de la Región Andina a Ciudad de Juárez: nadie las va a reclamar. Pese a que se le dijo al gobierno que tenía que cruzar noticias o realizar un llamamiento a los 32 estados que componen la República Mexicana diciendo que si alguien no encontraba a su hija, a su esposa, podría acceder a hacerse un ADN para cotejar, después de tantos años, todavía no se hace eso. Y no se ha hecho eso en un país en el que nosotros ahorita tenemos más de 90.000 personas desaparecidas en un lapso de 15 años.
El Estado es responsable
Julia: Entonces el feminicidio de mujeres que tiene que ver con este uso y abuso de su sexualidad: es extraer del cuerpo todo lo que el asesino quiere. Y es tan complejo que tiene varias hipótesis de quiénes pueden ser los asesinos. Y yo estoy completamente segura de que los gobiernos saben quiénes son los asesinos. Porque tiene que haber esa red de complicidad. Porque un gobierno como el nuestro, que ha sido avergonzado internacionalmente, y que tiene la sentencia del Campo Algodonero, y que es el que más recomendaciones recibe de parte de organizaciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, no puede o no tiene claridad, y no reconoce que estamos ante una atrocidad de graves consecuencias para las mujeres. Nos hacen una diferenciación entre las mujeres que son asesinadas por hombres a los que conocían, y lo llaman feminicidio, y luego separan a las mujeres que son asesinadas por el crimen organizado y le llaman narco-defunciones. Yo llamo a ambos feminicidios. ¿Por qué? Porque finalmente, la guerra que tenemos aquí, y el crimen organizado, la guerra viene desde EE. UU y es una guerra puritana y racista y clasista y sexista. Quienes están muriendo aquí son las mujeres mexicanas, quienes están muriendo aquí son los hombres mexicanos.
Dólares por muertes
Julia: Es una complejidad que tiene que ver no solamente con lo que pasa en el interior de nuestras sociedades, sino también con lo que pasa internacionalmente. Qué es lo que significa esta trata de mujeres y de niñas que deja millones de dólares para otras naciones, para el crimen organizado, y para nosotras deja la miseria y la muerte.
Creo que una lo puede analizar desde estas cuestiones de los patriarcados complementarios que se dan en que los gobiernos de otras naciones permiten en sus países el uso lúdico de las sustancias de los narcóticos; y para nuestros países estas sustancias se convierten en cuestiones de muerte para quienes se involucran.
Desnacionalizadas
Julia: Pero hemos visto que hay un gran número de mujeres que vienen de Colombia, de Venezuela a trabajar en los bares, en estos “dance” donde bailan, lugares donde circula mucho la droga y donde están estos hombres que son parte de estas organizaciones. ¿Cuál es la libertad que tienen estas mujeres frente a estos hombres? ¿Cuánta es la libertad que tienen frente a esa desnacionalización? Entonces, claro, es muy fácil llegar y decir que a dos mujeres venezolanas o colombianas las mataron porque tenían un asunto de drogas o que no habían pagado. O que se sentaron con otro hombre, que era del otro bando, y son asesinadas porque es como si fuesen propiedad de estos hombres que tiene poderes extra, más allá de Estado. A mí me parece muy difícil cuando preguntan lo siguiente: ¿cómo podemos terminar con esto? Yo creo que nosotras, cuando escribimos los artículos o hacemos publicaciones y sitios web como el que tienen ustedes, denunciamos la injusticia. Sin embargo, es el Estado quien debe contar lo que representan esas ganancias que se obtienen de las mujeres explotadas de nuestros países.
Crimen organizado
Julia: Hay cosas que en nuestra América Latina están cundiendo cada vez más y tienen que ver con esos otros elementos que están ahí, con el incremento de muertes artificiales que no tienen nada que ver con las muertes naturales ni con el deterioro biológico. Algo que tiene que ver con estructuras injustas como el capitalismo, como la desigual distribución de la riqueza, como el desplazamiento de poblaciones de un lugar a otro, sus asentamientos irregulares en zonas fronterizas como la nuestra. Y como consecuencia, personas inmersas en estas cuestiones de crimen organizado. O sea: no es que las mujeres estén inmersas en el crimen, sino que el crimen organizado y estas economías de sombras están aquí presentes en las economías de nuestras sociedades latinoamericanas. Y toda esta estructura se ciñe sobre mujeres racializadas o de clases sociales marginales y de identidades sexuales diferentes.
La palabra femicidio
Julia: En Ciudad de Juárez cambió mucho el haber utilizado la palabra feminicidio. Y yo creo que la respuesta tiene varios elementos. Sobre todo, el estar en la calle. La primera generación que sale, familiares de víctimas, no salen solas: salen con organizaciones, salen con activistas feministas que yo he llamado “sujetos alternativos de la justicia”. Cuando el Estado no responde, entonces salen las feministas y las derecho-humanistas y exponen la problemática de su localidad hacia toda la Nación. Y se suma el hecho también de que estemos junto al país más poderoso y vengan las feministas de la Universidad de Texas, de la Universidad de Nuevo México, y empiecen a hacer boicot. Y con esta liberalización de la economía, los sindicatos desaparecen: las mujeres obreras no salieron a reclamar por sus compañeras obreras. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque si salían perdían el empleo. Entonces salimos o salieron quienes tenemos resuelta de una forma u otra nuestra vida económica y podemos manifestarnos y estar junto con las familias de las víctimas.
Lo que falta
Julia: Pero además las primeras protestas eran diarias, no había tanto Internet ni todo esto que existe. Entonces plantear todos los días una denuncia y hacer oir las voces para articular demandas, se convirtió en un tema diario, cotidiano. Si no hubiese sido por un movimiento feminista internacional, esto no se hubiese podido llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, con todo lo que logramos, no tenemos nada: seguimos teniendo jovencitas sacrificadas y casos como Arroyo del Navajo (cementerio clandestino de mujeres) con más de 43 jóvenes de quienes se han entregado 23 fragmentos de cuerpos, no los cuerpos enteros. Estamos hablando de una nueva modalidad que es el espectáculo de la violencia, el espectáculo para la sociedad y para las mujeres. Si llevamos el registro de las mujeres asesinadas y desaparecidas ahora también queremos denunciar y hacer esa arqueología de las promesas no cumplidas.
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Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

#NiUnaMás
216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023






Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.
Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.
Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.
En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.
Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.
Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.
Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.
Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?
Sobre el Observatorio Lucía Pérez:
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.
Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.
Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso.
Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.
Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org
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