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La máquina femicida

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Cuatro casos que revelan cómo actúan la justicia y el Estado antes y después de un acto de violencia contra la mujer. Criterios, trámites y programas que no funcionan.

La máquina femicida

1 Bajo riesgo

Dieciocho días y 74 puñaladas antes de morir, Claudia Schaefer denunció a su esposo Fernando Farré en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era la primera vez que Schaefer -44 años, trabajadora en Bodegas Salentein, tres hijos con Farré, departamento en Palermo, casa alquilada en el country Martindale de Pilar- hacía una denuncia. El 3 de agosto acudió acompañada de su abogado de divorcio, José Cárdenas, y dejó constancia de la violencia sufrida con un relato estremecedor: “Fue en mi casa, terminábamos de cenar, yo jugaba con los chicos en la Play. Fernando había estado buscando durante el día motivos de discusión. Se puso a hablar con los chicos, les dijo: ‘ustedes saben que su mamá quiere separarse, esta casa la compramos con mi trabajo y dinero de mi familia, y ahora su mamá se quiere separar y romper la familia’. (…) Agarré mi teléfono y le dije que iba a grabar la conversación para que todos escuchen su forma de expresarse conmigo y con los chicos. Cuando vio el teléfono se me vino encima para sacármelo, me agarró del pelo y me tiró sobre un sillón. Me puso una rodilla en la cara para que me quedara quieta. No me podía mover. Gritaba pidiendo ayuda, los chicos estaban ahí”.

Tres especialistas del equipo interdisciplinario de la OVD escucharon a Claudia y redactaron el legajo 6503/2015, que incluía un informe de situación de riesgo:

Verónica Aumann, psicóloga.

Lidia Vega, trabajadora social.

Elvira Delbono, abogada.

El informe de riesgo concluía: “Teniendo en cuenta el relato de la Sra. Schaefer se evalúa que esta situación se encuadraría dentro de la problemática de una conflictiva de pareja, con episodios de agresiones verbales, agravadas en la actualidad por la pérdida laboral del Sr. Farré. Al momento de la presente entrevista y considerando lo impredecible de las conductas humanas futuras, se valora dicha situación como de BAJO RIESGO”.

En mayúsculas y negritas.

Analía Monferrer, secretaria letrada de la Corte Suprema a cargo de la OVD, dice a MU que no pueden hablar de casos concretos por el “deber de confidencialidad”, pero indica que hay varios niveles de riesgo: bajo, medio, alto, altísimo. Explica que hay diversos indicadores para distinguirlos: agresor con armas, episodios de violencia sistemáticos o esporádicos, niños presentes, denuncias anteriores, etc. “Riesgo bajo no significa que no se necesiten medidas de protección. De hecho, en casos de riesgo alto, ha pasado que los jueces tampoco han dictado medidas. Si bien la actuación judicial en muchos casos ha sido oportuna porque se dictaron medidas de protección, no han sido suficientes. Antes de la Oficina la crítica era que el Poder Judicial no respondía, ahora es que no es suficiente”.

Sin poder hablar sobre casos concretos, la pregunta intenta no ser abstracta: ¿qué piensa frente a una situación con tirón de pelos, empujones y rodillas en la cara, frente a los hijos? Monferrer: “Para eso hay diferentes indicadores. Por ejemplo: vos podés ver la foto de una mujer totalmente lesionada, con la cara deformada, y decir que fue terrible lo que le hicieron. Pero si esas lesiones se curan en menos de un mes, son lesiones leves. Por eso hay que hacer un análisis de todo el caso y sus antecedentes, no solo el hecho puntual relatado. Esta situación que describís puede ser, en un contexto determinado, riesgo bajo. En otro, puede ser riesgo alto. Otra situación: el agresor la golpeó muy grave, pero no en la cara. Eso puede determinar un nivel de riesgo que dice que el agresor todavía tiene algún límite que hace que esta persona no exceda el nivel de violencia para que otros no se den cuenta de las agresiones. Ahora, una vez que los golpes pasan al rostro, ya son visibles para cualquiera. Eso puede aumentar el riesgo porque quiere decir que no hay ya ni un estímulo externo que pueda frenarlo”.

¿Cuál fue el límite Farré? 52 años, egresado de la UCA, máster en Estados Unidos, cargos destacados en Coca Cola, L´Oréal y AVON, fotografías con Paris Hilton, Kate Moss y David Bowie, había sido despedido de la multinacional de belleza Coty.

La denuncia presentada ante la OVD siguió su curso en el Juzgado Civil N°106, que decidió su exclusión del hogar y una orden de restricción de 300 metros, ambas con vigencia hasta la audiencia fijada para el 14 de agosto. A Schaefer le otorgó el botón antipánico. En la audiencia, Schaefer y Farré acordaron la “no convivencia” y un régimen para sus hijos. El Juzgado fijó el 19 de agosto como fecha para que Farré retirara sus pertenencias. Para Schaefer, la cita fue el 21 de agosto a las 11 en el country Martindale de Pilar.

Schaefer llegó junto al abogado Carlos Quirno a las 11.10. Farré ya estaba en el country junto a su abogada Andrea Frencia, y su madre Nenina Castro. “Cuando saludé a la señora, me di vuelta y la vi a Claudia avanzar con la valija hacia adentro de la casa. Fue la última vez que la vi viva”. Los abogados se retiraron para hablar sobre el trámite de divorcio. “Habremos hablado no más de 30 segundos y ahí empezamos a oír gritos muy difíciles de identificar. Nos pareció que venían de otra casa”. Eran los gritos de Schaefer. Quirno dijo que rompió la ventana de la habitación para ver qué estaba ocurriendo. Ambos vieron la cara de Farré desencajada mientras la apuñalaba una y otra vez. “Nos miró y siguió”, declaró Quirno. Frencia se sacó los zapatos y salió corriendo del susto. Quirno llamó al 911 a las 11.24.

14 minutos.

Es el tiempo que transcurrió entre que llegó y la mataron. Schaefer, que dieciocho días y 74 puñaladas antes se había ido de una oficina de la Corte Suprema con un diagnóstico de “bajo riesgo”, murió dentro de un vestidor.

2 El costo de las pericias

El vestidor de Melina Romero era la habitación en su casa en Martín Coronado, localidad del municipio bonaerense de Tres de Febrero. Allí se cambió la noche del 23 de agosto de 2014 cuando su mamá la vio por última vez con vida. Salió a festejar su cumpleaños número 17 al boliche Chankanab, en el partido bonaerense de San Martín, y nunca regresó. Su cuerpo apareció el 23 de septiembre en los basurales de José León Suárez. Fue brutalmente asesinada. La buscaba la policía, la encontraron dos mujeres cartoneras, integrantes de un movimiento social.

A más de un año del femicidio no hay ningún detenido en la causa. Hay tres mayores imputados: el pai César Sánchez (46), Joel Fernández (19), alias Chavito, y Elías Fernández (21). También un adolescente de 16 años cuya identidad está reservada. Todos están en libertad. Ana María, madre de Melina, tiene un patrullero custodiando su casa las 24 horas del día: los acusados viven en el barrio. La mayoría fueron señalados por una joven de 17 años, amiga de Melina y principal testigo en la causa: contó cómo los varones violaron y asesinaron a la adolescente.

El expediente lo tramita la fiscal María Fernanda Billone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín.  El abogado Marcelo Biondi puntualiza: “La pericia toxicológica nos demoró la causa un año por falta de reactivos”. Los reactivos son las sustancias con las que se procesa las muestras recogidas y se las analiza en los laboratorios (La Plata, en este caso). Ana María: “Si mi hija hubiera sido la hija de un juez o un fiscal, los reactivos aparecen al otro día”. Las pericias se hicieron finalmente en el Cuerpo Médico Forense de la Nación, luego de un trámite engorroso. “No es lo mismo hacer una pericia al mes de la aparición del cuerpo que hacerla al año”, advierte Biondi. La causa incorporó la autopsia y las declaraciones de los forenses recién en agosto pasado. Observaron un “infarto agudo de miocardio” como causal de muerte, sin poder brindar más detalles. Biondi: “La conclusión es que fue una muerte violenta”.

La demora del hallazgo del cuerpo dificultó las pericias. “No querían que el cuerpo de mi hija hablara -dice Ana María-. Cuando la vi estaba desfigurada. No tenía cara. Murió por traumatismo de cráneo, pero cuando la tiraron estaba viva”. Ana María concluye: “Ya no puedo creer más en la justicia”.

3 Prohibición de acercamiento

María Belén Morán intentó creer en la justicia cuando el 29 de julio salió de la casa de su mamá en la localidad bonaerense de Manzanares en dirección al Juzgado de Familia N°1 de Pilar para denunciar que su ex pareja, Alberto Moreno, no cumplía con la “prohibición de acercamiento” que el juzgado había ordenado por 30 días. La medida había sido dictada ocho días antes y prohibía a Moreno arrimarse a más de 500 metros. Ocho días después María Belén Morán era asesinada con 12 puñaladas en plena calle, en pleno día. En su cartera llevaba la “prohibición de acercamiento”.

El Juzgado que dictó la orden está a cargo de la jueza Raquel Conte, que ante la consulta de MU aclara: “En esa causa salió que yo había intervenido, pero no fue así. Era la feria y yo estaba de vacaciones. Intervino la doctora Sendra (Silvia Celina Sendra, del Juzgado de Familia N°2 de San Isidro)”. La orden, sin embargo, llevaba su nombre: “Salió mal el oficio. Mi secretaria no lo advirtió”.

María Belén Morán -23 años, un hijo de 4 en común con Moreno- pasó los dos días siguientes a la denuncia que empujó al dictado de la “prohibición de acercamiento” en un refugio para víctimas de violencia machista en Pilar. Ella tuvo que refugiarse. Cuando salió se fue a vivir a la casa de su madre. Un día antes del femicidio llamó a la policía porque Alberto Moreno la había amenazado en tres ocasiones. El Juzgado no previó un detalle: luego de ordenar la medida perimetral a 500 metros, Moreno se mudó a 150 metros de la casa de la mamá de Morán.

La jueza Conte responde: “Cuando la señora pidió la medida estaba viviendo en un hogar de tránsito. No nos llegó esa denuncia. Quedó en la comisaría. No teníamos conocimiento. Uno no tiene la bola de cristal. La mamá decía por televisión: ´¿Cómo no se le puso custodia policial?´. Es imposible que se le ponga custodia policial: por más que la ordenemos, la policía no la puede brindar por incapacidad de personal. Ella ni había pedido botones de pánico porque estaba realmente protegida: estaba en un hogar de tránsito. La que se la llevó fue la madre, pero es más fácil acusar a un juez que leer la causa”.

César Gérez, padrastro de Morán, dijo sobre la denuncia: “Vino el patrullero y cuando lo vieron a él lo palmearon en la espalda. Le dijeron que se quedara tranquilo”. Qué dice la jueza: “La comisaría tendría que haber dado aviso al juzgado, como cualquier caso de violencia familiar”. Moreno no se quedó tranquilo. Los amenazó. Les dijo que compraran “tres cajones”: uno para Morán, otro para su madre, otro para su hijo. La policía no actuó. “Se pudo haber evitado”, advirtió su madre, quien criticó a la Comisaría de la Mujer de Pilar porque no le tomaron la denuncia contra Moreno por las amenazas. Se la negaron porque no tenía “un parentesco” con él.

El 29 de julio a las 9:15 Morán salió de su casa hacia el juzgado para denunciar que su ex pareja violaba la orden judicial. No llegó. Moreno la abordó en la intersección de las calles Río Orinoco y Rodolfo de la Colina. Una amiga presenció todo. Gritó. Le dijo que iba a llamar a policía. Declaró: “De lejos llegué a ver cuando la agarraba de los pelos y le golpeaba la cabeza contra el piso. En ese momento corrí y le grité ´hijo de puta´”. Su amiga ya estaba agonizando: una de las lesiones fue una puñalada en la nuca de 5 centímetros de profundidad. Llamó a una ambulancia y tapó a su amiga con una tela blanca.

Qué dice la jueza Conte: “Nosotros no sabíamos que la mamá la había retirado del hogar de tránsito. Nadie nos había dicho nada: ni la policía ni la mamá ni nadie. No hay constancia en la causa. Adivinos no somos. Además hay una imposibilidad de llamar constantemente a la gente para ver dónde viven. Es ilógico pedir eso. Si no, tendría que tener un call center para que los empleados del juzgado llamen por teléfono a la gente para saber dónde están”.

4 Violencia de género

Con la llegada del Operativo Centinela al sur del conurbano bonaerense no hacen falta call centers: la propia gendarmería usa las instalaciones de un polideportivo de barrio para montar su destacamento y brindar seguridad. Allí los jóvenes van al baño, allí los gendarmes tiran los colchones para dormir y allí uno de esos gendarmes violó a una niña de 15 años amenazándola con su arma reglamentaria, mientras otros dos le hacían de campana.

La abogada Verónica Heredia intentó seguir cada uno de los pasos institucionales indicados para poder garantizar el acceso a la justicia a la niña violada. El 13 de abril acudió ante el programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue a la dirección que figuraba en la web oficial: San Martín 323, 4to piso. Cuando llegó un policía del edificio le avisó que se habían trasladado a otra dirección: Av. Costanera España 2591, 4° piso sector D. Sólo la dejaba un colectivo especial que pasa cada media hora por Paseo Colón.

Llegó.

Al final del 4° piso había una mesa con dos mujeres. Se presentó, les dijo que era la abogada de una niña violada por gendarmes y que traía una nota para la doctora Eva Giberti, coordinadora del Programa. Le respondieron que no estaba, le recibieron la nota y le dijeron que la llamarían.

La llamaron días después: le avisaron que desde el Programa no podían “hacer nada” porque era sólo para “casos de emergencia” y sólo actuaban dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Le dijeron que tampoco tenían equipo de abogados, pero que les pasara los datos de los gendarmes para ver “qué podían hacer”. Pasó los datos del expediente y el Ministerio de Seguridad (de quien dependen los gendarmes) solicitó copias. “Ni del Ministerio de Justicia ni del Ministerio de Seguridad se comunicaron con la familia o con los abogados”, aclara Heredia, que envió un correo solicitando que presentaran en el expediente un informe para que la niña declare en Cámara Gesell. Le respondieron que “no”, pero la derivaron con una abogada para que la asesorara.

Entonces, el 22 de septiembre, fue al lugar donde funciona el área de Violencia Sexual del Programa. La abogada que la atendió le dijo que para poder actuar debía recibir una orden “desde arriba: Presidencia o Alak”.

La doctora Heredia decidió intentar por otra vía. Llamó a la línea 144, promocionada para la “contención, información, asesoramiento para la prevención de la violencia de género”. Eran las 13:14. Luego de dos minutos de música clásica la atendió una mujer: “Atención, contención e información sobre la violencia de género”, anunció.

Soy abogada de una nena de 15 años que fue violada en un barrio al sur del Conurbano.

-¿Violación? Violación no. Acá es violencia de género. Acá estamos para asesorar y orientar sobre violencia de género.

-¿Entonces qué es violencia de género?

-Bueno, a ver, ¿me decís en el sur del Conurbano? Entonces tenés que ir al Servicio de la Niñez del municipio.

-Ya fui y no me dieron ninguna solución.

-¡Qué raro! Bueno, entonces te doy la dirección de la sección Mujer: Irigoyen 3863.

-¿Hipólito Irigoyen?

-No sabría decirte, pero te doy el teléfono: 4229-2519. Ahí tienen área de equipo interdisciplinario de violencia de género: psicólogas, abogados, trabajadores sociales.

La doctora Heredia llamó a ese número a las 13:27. Atendió una mujer:

-Hola, Género.

-Soy abogada de una nena de 15 años que fue violada y quería ver qué asistencia podrían darle.

-¿15 años?

-Sí.

-Esto es para la Mujer, te paso al área de Niñez: 4247-2564.

La abogada marcó el número.

13:28: ocupado.

13:29: ocupado.

13:30: ocupado.

La abogada cortó.

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Femicidios, cifras y vidas lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

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Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos. 


Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición. 

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza. 

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar. 

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

  • Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
  • Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta. 
  • Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando. 
  • Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa. 
  • Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”. 
  • Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
  • Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven. 
  • Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno. 

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”. 

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes. 

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia. 

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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

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Por Evangelina Bucari

Fotos: Carlos Luna @un_chino.of

Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.

La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La bandera en la marcha.

Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.

En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La presencia mapuche en el acto por Azul.

Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.

“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.

La violencia avanza

El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia. 

Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.

Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.

“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.

Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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