#NiUnaMás
La máquina femicida
Cuatro casos que revelan cómo actúan la justicia y el Estado antes y después de un acto de violencia contra la mujer. Criterios, trámites y programas que no funcionan.
1 Bajo riesgo
Dieciocho días y 74 puñaladas antes de morir, Claudia Schaefer denunció a su esposo Fernando Farré en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era la primera vez que Schaefer -44 años, trabajadora en Bodegas Salentein, tres hijos con Farré, departamento en Palermo, casa alquilada en el country Martindale de Pilar- hacía una denuncia. El 3 de agosto acudió acompañada de su abogado de divorcio, José Cárdenas, y dejó constancia de la violencia sufrida con un relato estremecedor: “Fue en mi casa, terminábamos de cenar, yo jugaba con los chicos en la Play. Fernando había estado buscando durante el día motivos de discusión. Se puso a hablar con los chicos, les dijo: ‘ustedes saben que su mamá quiere separarse, esta casa la compramos con mi trabajo y dinero de mi familia, y ahora su mamá se quiere separar y romper la familia’. (…) Agarré mi teléfono y le dije que iba a grabar la conversación para que todos escuchen su forma de expresarse conmigo y con los chicos. Cuando vio el teléfono se me vino encima para sacármelo, me agarró del pelo y me tiró sobre un sillón. Me puso una rodilla en la cara para que me quedara quieta. No me podía mover. Gritaba pidiendo ayuda, los chicos estaban ahí”.
Tres especialistas del equipo interdisciplinario de la OVD escucharon a Claudia y redactaron el legajo 6503/2015, que incluía un informe de situación de riesgo:
Verónica Aumann, psicóloga.
Lidia Vega, trabajadora social.
Elvira Delbono, abogada.
El informe de riesgo concluía: “Teniendo en cuenta el relato de la Sra. Schaefer se evalúa que esta situación se encuadraría dentro de la problemática de una conflictiva de pareja, con episodios de agresiones verbales, agravadas en la actualidad por la pérdida laboral del Sr. Farré. Al momento de la presente entrevista y considerando lo impredecible de las conductas humanas futuras, se valora dicha situación como de BAJO RIESGO”.
En mayúsculas y negritas.
Analía Monferrer, secretaria letrada de la Corte Suprema a cargo de la OVD, dice a MU que no pueden hablar de casos concretos por el “deber de confidencialidad”, pero indica que hay varios niveles de riesgo: bajo, medio, alto, altísimo. Explica que hay diversos indicadores para distinguirlos: agresor con armas, episodios de violencia sistemáticos o esporádicos, niños presentes, denuncias anteriores, etc. “Riesgo bajo no significa que no se necesiten medidas de protección. De hecho, en casos de riesgo alto, ha pasado que los jueces tampoco han dictado medidas. Si bien la actuación judicial en muchos casos ha sido oportuna porque se dictaron medidas de protección, no han sido suficientes. Antes de la Oficina la crítica era que el Poder Judicial no respondía, ahora es que no es suficiente”.
Sin poder hablar sobre casos concretos, la pregunta intenta no ser abstracta: ¿qué piensa frente a una situación con tirón de pelos, empujones y rodillas en la cara, frente a los hijos? Monferrer: “Para eso hay diferentes indicadores. Por ejemplo: vos podés ver la foto de una mujer totalmente lesionada, con la cara deformada, y decir que fue terrible lo que le hicieron. Pero si esas lesiones se curan en menos de un mes, son lesiones leves. Por eso hay que hacer un análisis de todo el caso y sus antecedentes, no solo el hecho puntual relatado. Esta situación que describís puede ser, en un contexto determinado, riesgo bajo. En otro, puede ser riesgo alto. Otra situación: el agresor la golpeó muy grave, pero no en la cara. Eso puede determinar un nivel de riesgo que dice que el agresor todavía tiene algún límite que hace que esta persona no exceda el nivel de violencia para que otros no se den cuenta de las agresiones. Ahora, una vez que los golpes pasan al rostro, ya son visibles para cualquiera. Eso puede aumentar el riesgo porque quiere decir que no hay ya ni un estímulo externo que pueda frenarlo”.
¿Cuál fue el límite Farré? 52 años, egresado de la UCA, máster en Estados Unidos, cargos destacados en Coca Cola, L´Oréal y AVON, fotografías con Paris Hilton, Kate Moss y David Bowie, había sido despedido de la multinacional de belleza Coty.
La denuncia presentada ante la OVD siguió su curso en el Juzgado Civil N°106, que decidió su exclusión del hogar y una orden de restricción de 300 metros, ambas con vigencia hasta la audiencia fijada para el 14 de agosto. A Schaefer le otorgó el botón antipánico. En la audiencia, Schaefer y Farré acordaron la “no convivencia” y un régimen para sus hijos. El Juzgado fijó el 19 de agosto como fecha para que Farré retirara sus pertenencias. Para Schaefer, la cita fue el 21 de agosto a las 11 en el country Martindale de Pilar.
Schaefer llegó junto al abogado Carlos Quirno a las 11.10. Farré ya estaba en el country junto a su abogada Andrea Frencia, y su madre Nenina Castro. “Cuando saludé a la señora, me di vuelta y la vi a Claudia avanzar con la valija hacia adentro de la casa. Fue la última vez que la vi viva”. Los abogados se retiraron para hablar sobre el trámite de divorcio. “Habremos hablado no más de 30 segundos y ahí empezamos a oír gritos muy difíciles de identificar. Nos pareció que venían de otra casa”. Eran los gritos de Schaefer. Quirno dijo que rompió la ventana de la habitación para ver qué estaba ocurriendo. Ambos vieron la cara de Farré desencajada mientras la apuñalaba una y otra vez. “Nos miró y siguió”, declaró Quirno. Frencia se sacó los zapatos y salió corriendo del susto. Quirno llamó al 911 a las 11.24.
14 minutos.
Es el tiempo que transcurrió entre que llegó y la mataron. Schaefer, que dieciocho días y 74 puñaladas antes se había ido de una oficina de la Corte Suprema con un diagnóstico de “bajo riesgo”, murió dentro de un vestidor.
2 El costo de las pericias
El vestidor de Melina Romero era la habitación en su casa en Martín Coronado, localidad del municipio bonaerense de Tres de Febrero. Allí se cambió la noche del 23 de agosto de 2014 cuando su mamá la vio por última vez con vida. Salió a festejar su cumpleaños número 17 al boliche Chankanab, en el partido bonaerense de San Martín, y nunca regresó. Su cuerpo apareció el 23 de septiembre en los basurales de José León Suárez. Fue brutalmente asesinada. La buscaba la policía, la encontraron dos mujeres cartoneras, integrantes de un movimiento social.
A más de un año del femicidio no hay ningún detenido en la causa. Hay tres mayores imputados: el pai César Sánchez (46), Joel Fernández (19), alias Chavito, y Elías Fernández (21). También un adolescente de 16 años cuya identidad está reservada. Todos están en libertad. Ana María, madre de Melina, tiene un patrullero custodiando su casa las 24 horas del día: los acusados viven en el barrio. La mayoría fueron señalados por una joven de 17 años, amiga de Melina y principal testigo en la causa: contó cómo los varones violaron y asesinaron a la adolescente.
El expediente lo tramita la fiscal María Fernanda Billone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín. El abogado Marcelo Biondi puntualiza: “La pericia toxicológica nos demoró la causa un año por falta de reactivos”. Los reactivos son las sustancias con las que se procesa las muestras recogidas y se las analiza en los laboratorios (La Plata, en este caso). Ana María: “Si mi hija hubiera sido la hija de un juez o un fiscal, los reactivos aparecen al otro día”. Las pericias se hicieron finalmente en el Cuerpo Médico Forense de la Nación, luego de un trámite engorroso. “No es lo mismo hacer una pericia al mes de la aparición del cuerpo que hacerla al año”, advierte Biondi. La causa incorporó la autopsia y las declaraciones de los forenses recién en agosto pasado. Observaron un “infarto agudo de miocardio” como causal de muerte, sin poder brindar más detalles. Biondi: “La conclusión es que fue una muerte violenta”.
La demora del hallazgo del cuerpo dificultó las pericias. “No querían que el cuerpo de mi hija hablara -dice Ana María-. Cuando la vi estaba desfigurada. No tenía cara. Murió por traumatismo de cráneo, pero cuando la tiraron estaba viva”. Ana María concluye: “Ya no puedo creer más en la justicia”.
3 Prohibición de acercamiento
María Belén Morán intentó creer en la justicia cuando el 29 de julio salió de la casa de su mamá en la localidad bonaerense de Manzanares en dirección al Juzgado de Familia N°1 de Pilar para denunciar que su ex pareja, Alberto Moreno, no cumplía con la “prohibición de acercamiento” que el juzgado había ordenado por 30 días. La medida había sido dictada ocho días antes y prohibía a Moreno arrimarse a más de 500 metros. Ocho días después María Belén Morán era asesinada con 12 puñaladas en plena calle, en pleno día. En su cartera llevaba la “prohibición de acercamiento”.
El Juzgado que dictó la orden está a cargo de la jueza Raquel Conte, que ante la consulta de MU aclara: “En esa causa salió que yo había intervenido, pero no fue así. Era la feria y yo estaba de vacaciones. Intervino la doctora Sendra (Silvia Celina Sendra, del Juzgado de Familia N°2 de San Isidro)”. La orden, sin embargo, llevaba su nombre: “Salió mal el oficio. Mi secretaria no lo advirtió”.
María Belén Morán -23 años, un hijo de 4 en común con Moreno- pasó los dos días siguientes a la denuncia que empujó al dictado de la “prohibición de acercamiento” en un refugio para víctimas de violencia machista en Pilar. Ella tuvo que refugiarse. Cuando salió se fue a vivir a la casa de su madre. Un día antes del femicidio llamó a la policía porque Alberto Moreno la había amenazado en tres ocasiones. El Juzgado no previó un detalle: luego de ordenar la medida perimetral a 500 metros, Moreno se mudó a 150 metros de la casa de la mamá de Morán.
La jueza Conte responde: “Cuando la señora pidió la medida estaba viviendo en un hogar de tránsito. No nos llegó esa denuncia. Quedó en la comisaría. No teníamos conocimiento. Uno no tiene la bola de cristal. La mamá decía por televisión: ´¿Cómo no se le puso custodia policial?´. Es imposible que se le ponga custodia policial: por más que la ordenemos, la policía no la puede brindar por incapacidad de personal. Ella ni había pedido botones de pánico porque estaba realmente protegida: estaba en un hogar de tránsito. La que se la llevó fue la madre, pero es más fácil acusar a un juez que leer la causa”.
César Gérez, padrastro de Morán, dijo sobre la denuncia: “Vino el patrullero y cuando lo vieron a él lo palmearon en la espalda. Le dijeron que se quedara tranquilo”. Qué dice la jueza: “La comisaría tendría que haber dado aviso al juzgado, como cualquier caso de violencia familiar”. Moreno no se quedó tranquilo. Los amenazó. Les dijo que compraran “tres cajones”: uno para Morán, otro para su madre, otro para su hijo. La policía no actuó. “Se pudo haber evitado”, advirtió su madre, quien criticó a la Comisaría de la Mujer de Pilar porque no le tomaron la denuncia contra Moreno por las amenazas. Se la negaron porque no tenía “un parentesco” con él.
El 29 de julio a las 9:15 Morán salió de su casa hacia el juzgado para denunciar que su ex pareja violaba la orden judicial. No llegó. Moreno la abordó en la intersección de las calles Río Orinoco y Rodolfo de la Colina. Una amiga presenció todo. Gritó. Le dijo que iba a llamar a policía. Declaró: “De lejos llegué a ver cuando la agarraba de los pelos y le golpeaba la cabeza contra el piso. En ese momento corrí y le grité ´hijo de puta´”. Su amiga ya estaba agonizando: una de las lesiones fue una puñalada en la nuca de 5 centímetros de profundidad. Llamó a una ambulancia y tapó a su amiga con una tela blanca.
Qué dice la jueza Conte: “Nosotros no sabíamos que la mamá la había retirado del hogar de tránsito. Nadie nos había dicho nada: ni la policía ni la mamá ni nadie. No hay constancia en la causa. Adivinos no somos. Además hay una imposibilidad de llamar constantemente a la gente para ver dónde viven. Es ilógico pedir eso. Si no, tendría que tener un call center para que los empleados del juzgado llamen por teléfono a la gente para saber dónde están”.
4 Violencia de género
Con la llegada del Operativo Centinela al sur del conurbano bonaerense no hacen falta call centers: la propia gendarmería usa las instalaciones de un polideportivo de barrio para montar su destacamento y brindar seguridad. Allí los jóvenes van al baño, allí los gendarmes tiran los colchones para dormir y allí uno de esos gendarmes violó a una niña de 15 años amenazándola con su arma reglamentaria, mientras otros dos le hacían de campana.
La abogada Verónica Heredia intentó seguir cada uno de los pasos institucionales indicados para poder garantizar el acceso a la justicia a la niña violada. El 13 de abril acudió ante el programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue a la dirección que figuraba en la web oficial: San Martín 323, 4to piso. Cuando llegó un policía del edificio le avisó que se habían trasladado a otra dirección: Av. Costanera España 2591, 4° piso sector D. Sólo la dejaba un colectivo especial que pasa cada media hora por Paseo Colón.
Llegó.
Al final del 4° piso había una mesa con dos mujeres. Se presentó, les dijo que era la abogada de una niña violada por gendarmes y que traía una nota para la doctora Eva Giberti, coordinadora del Programa. Le respondieron que no estaba, le recibieron la nota y le dijeron que la llamarían.
La llamaron días después: le avisaron que desde el Programa no podían “hacer nada” porque era sólo para “casos de emergencia” y sólo actuaban dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Le dijeron que tampoco tenían equipo de abogados, pero que les pasara los datos de los gendarmes para ver “qué podían hacer”. Pasó los datos del expediente y el Ministerio de Seguridad (de quien dependen los gendarmes) solicitó copias. “Ni del Ministerio de Justicia ni del Ministerio de Seguridad se comunicaron con la familia o con los abogados”, aclara Heredia, que envió un correo solicitando que presentaran en el expediente un informe para que la niña declare en Cámara Gesell. Le respondieron que “no”, pero la derivaron con una abogada para que la asesorara.
Entonces, el 22 de septiembre, fue al lugar donde funciona el área de Violencia Sexual del Programa. La abogada que la atendió le dijo que para poder actuar debía recibir una orden “desde arriba: Presidencia o Alak”.
La doctora Heredia decidió intentar por otra vía. Llamó a la línea 144, promocionada para la “contención, información, asesoramiento para la prevención de la violencia de género”. Eran las 13:14. Luego de dos minutos de música clásica la atendió una mujer: “Atención, contención e información sobre la violencia de género”, anunció.
–Soy abogada de una nena de 15 años que fue violada en un barrio al sur del Conurbano.
-¿Violación? Violación no. Acá es violencia de género. Acá estamos para asesorar y orientar sobre violencia de género.
-¿Entonces qué es violencia de género?
-Bueno, a ver, ¿me decís en el sur del Conurbano? Entonces tenés que ir al Servicio de la Niñez del municipio.
-Ya fui y no me dieron ninguna solución.
-¡Qué raro! Bueno, entonces te doy la dirección de la sección Mujer: Irigoyen 3863.
-¿Hipólito Irigoyen?
-No sabría decirte, pero te doy el teléfono: 4229-2519. Ahí tienen área de equipo interdisciplinario de violencia de género: psicólogas, abogados, trabajadores sociales.
La doctora Heredia llamó a ese número a las 13:27. Atendió una mujer:
-Hola, Género.
-Soy abogada de una nena de 15 años que fue violada y quería ver qué asistencia podrían darle.
-¿15 años?
-Sí.
-Esto es para la Mujer, te paso al área de Niñez: 4247-2564.
La abogada marcó el número.
13:28: ocupado.
13:29: ocupado.
13:30: ocupado.
La abogada cortó.
#NiUnaMás
Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
#NiUnaMás
La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
Es urgente: enfrente está la muerte.
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