#NiUnaMás
Otoño Uriarte: cuando el tiempo que pasa es la verdad que huye

Por Dolores Reyes y Camila Vautier. Este miércoles 5 a las 13.30 se conocerá la sentencia sobre el crimen de Otoño Uriarte en Cipolleti, Río Negro. “Una vez más, una chica hermosa y bienamada descartada entre ramas y restos de basura” escriben Dolores y Camila sobre el caso de la menor asesinada en 2006: tenía 16 años.
Dolores Reyes es una de las más relevantes escritoras argentinas del momento y una mujer capaz de entender como pocas estos tiempos tormentosos. Fue además perseguida por el oficialismo y sus trolls por su tremendo y maravilloso libro Cometierra. Camila Vautier se define como periodista feminista, socorrista y sureña.
Ambas han trabajado juntas este artículo para lavaca. Los detalles de lo que pasó. La movilización y los testimonios. Los niveles de impunidad que suman en muchos casos más años que los que tenía la víctima. La expectativa sobre el tribunal (María Florencia Caruso Martin, Amorina Liliana Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel) y la posibilidad de lograr un bien siempre esquivo: justicia.

Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda.
Pasaron 18 navidades sin Otoño Uriarte
18 cumpleaños sin Otoño
18 años se cerraron sin Otoño e infinitos están por comenzar
18 años de impunidad es mucho tiempo, demasiado, y una constante que abruma: En nuestro país la impunidad es más larga que la vida de nuestras chicas muertas: 17 años Melina Romero, 9 años Nair Mustafá, 16 Lucía Pérez. La injusticia eterna para todas ellas se ha convertido en nuestra gran vergüenza nacional.
En la sala 6 de la Oficina Judicial de Cipolletti, el calor es agobiante. Son las 9:40 de la mañana del 26 de diciembre de 2024 y la audiencia lleva cuarenta minutos de demora por la ausencia de uno de los acusados. En esa sala se están por escuchar los alegatos finales del proceso judicial que debía sacar a la luz la verdad sobre el femicidio de Otoño Uriarte, desaparecida la noche del 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro, hallada sin vida seis meses más tarde en el desarenador de un canal de riego. Una vez más, una chica hermosa y bienamada descartada entre ramas y restos de basura.

Roberto Uriarte, el padre de Otoño, frente al Tribunal que este miércoles dictará sentencia sobre el crimen de la menor asesinada. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda
La tensión en el aire se siente al respirar. De un lado, espera sentado Roberto Uriarte, el papá de Otoño. Con su remera negra y el pelo largo y canoso, parece haberse vuelto un experto de la espera. Ya hace tiempo que no cree en la justicia, en ese poder judicial al que denuncia como parte del “entramado de complicidad y encubrimiento que hubo en estos 18 años”. Pero ahora en sus ojos hay un dejo de tristeza todavía más profundo: la verdad, esa esperanza última que es tanto su derecho como el de su hija, amenaza también diluirse.
Aun así, se aferrará a ella hasta el final y se lo verá siempre presente, exclamando ante quien preste un micrófono o un oído, que todos están esperando la verdad para Otoño, porque justicia sería que ella continuase entre los suyos invenciblemente viva.
Las audiencias son tan largas, densas y dolorosas que en cada una de ellas el tiempo parece detenerse. En la sala declararon los testigos –varios de ellos bajo amenazas–, los vecinos que la vieron por última vez, las amigas que estuvieron con ella el último día, su familia, los expertos, los peritos, el médico forense.

Algunos de los acusados. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda
Algunos, pocos, policías. Como el comisario ahora retirado Ives Vallejos, jefe de la comisaría local en ese entonces, quien, pese a la relevancia del caso, dijo casi no recordar prácticamente nada de él. Vallejos no pudo explicar cómo supo la vestimenta que llevaba Otoño el día de su desaparición para describirla al detalle en el radiograma emitido minutos después de que el padre realizara la exposición policial. El papá de Otoño no se lo había dicho porque ese día se había ido a trabajar temprano, sin siquiera ver a su hija.
O el actual ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, quien declaró luego de que Roberto Uriarte fuera a pedirle personalmente, durante el acto por el día de la Policía, que se presentara a declarar de manera presencial y no por escrito, como iba a hacerlo, amparado en una acordada del Superior Tribunal de Justicia. Jara encabezó la comisión policial investigadora del caso y sostuvo que “la evidencia siempre apuntó a los acusados como responsables del crimen”.

También desfilaron por el juicio los cuatro imputados que se dijeron inocentes o se echaron culpas entre ellos e incluso hacia la cúpula policial, sombríos, llegando tarde o quedándose dormidos en pleno juicio. La abogada de la familia Uriarte, que hizo lo imposible por juntar testigos y pruebas, presentando los elementos que posibilitaron este juicio por Otoño un día antes de que el caso prescribiera para siempre, y los abogados defensores, algunos ya con historial de representar acusados por violencia de género, con sus trajes y su indiferencia como escudo.
Afuera, en las puertas del juzgado, el amor y el deseo de que este feminicidio brutal se esclarezca de una vez juntaba a las amigas de Otoño, a sus hermanas, a su familia, a sus profesoras de la escuela. Se pasaban el mate en ronda mientras empapelaban las paredes con la cara de Otoño, con los ojos de Otoño, con las ilustraciones de Otoño que llevan casi dos décadas pidiendo verdad. También se pasaban consejos para soportar. La injusticia multiplica el daño y para todas ellas el juicio fue revivir todo eso que desde hace 18 años habían tratado de guardar muy adentro, hecho una bolita detrás del corazón, para de alguna manera poder seguir con sus vidas. Pero abajo de las montañas de bronca y de la tristeza que se vuelve insoportable, Otoño hecha carne en sus cuerpos sigue ahí. Algunas tomaban té de valeriana, tilo. Otras llegaron hasta el clonazepam. Soportar es difícil y Otoño vuelve hasta hecha pesadillas.

La abogada de la familia Gabriela Prokopiw. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda
En la sala a Roberto lo sigue Gabriela Prokopiw, abogada querellante, y en el otro extremo, la fiscal Teresa Giuffrida. Enfrente, con los rostros entre las manos, los cuatro acusados de secuestrar, ultrajar y torturar a Otoño hasta su muerte, parecen hacer envejecido por portar una maldad infinita, que niega no ya la vida a sus víctimas, sino el simple derecho a la verdad.
La audiencia de alegatos finales es la última oportunidad de la acusación para demostrar la responsabilidad penal de los cuatro: Néstor Ricardo Cau, su hermano José Iram Jaffri, Maximiliano Lagos y Germán Ángel Antilaf, como coautores de la “privación ilegítima de la libertad agravada por la duración, participación de más de tres personas, por ser la víctima menor y por el resultado muerte”, de Otoño Uriarte. No feminicidio porque en 2006 esa figura no existía en el Código Penal argentino –se incorporó recién en el 2012– y, además, porque la escasez de pruebas contundentes impediría una condena bajo esa calificación legal. Sólo hay indicios, dirá la fiscal.
Y la justicia, una vez más, se nos escapa.
En ocho horas el juicio por Otoño llegará a su fin, Un proceso que parece no juzgar solo a sus asesinos, sino desdoblarse sobre sí mismo para demostrar cómo funciona en nuestro país la justicia para las mujeres.
O cómo no funciona…
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Otoño tenía 16 años cuando fue desaparecida mientras volvía a su casa en la zona de chacras de Fernández Oro, un pequeño pueblo del Alto Valle de Río Negro que en ese entonces no tenía más de 6.000 habitantes y en el que sus vecinos decían conocerse “todos con todos”.
Tras su desaparición, gran parte de la comunidad se movilizó para encontrarla. Marcharon todos los días durante seis meses, empapelaron el pueblo y las ciudades cercanas con un cartel que decía “se busca” y la cara de una Otoño sonriente, desbordante de posibilidades de futuro, absolutamente viva. Rastrillaron cada chacra, cada pastizal y cada descampado. Dieron vuelta cielo y tierra en busca de cualquier indicio que les dijera que esa pesadilla no podía ser cierta, que Otoño tenía que volver.
En la parroquia del padre Pancho se organizaba la logística y se reunían a rezar. El polideportivo del pueblo era el punto de encuentro tras la jornada de búsqueda para escuchar el parte policial. “Sin novedad”, era la respuesta. “Sin novedad”, como se repite un mantra indiferente que adora a algún dios que hace tiempo nos ha abandonado.
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La fiscal Teresa Giuffrida viste un blazer color crema y una pollera tubo, es la primera en hablar. “El paso del tiempo conspira para que tengamos detalles certeros de todo lo que ocurrió en este hecho entre el 23 de octubre de 2006, que es cuando desaparece Otoño, hasta el 24 de abril de 2007 que es cuando se encuentran sus restos”. Así comienza su alegato y continúa: “Pero más allá de que no podamos tener todo por acreditado, detalles certeros de lo que ha ocurrido, hemos podido acreditar circunstancias que permiten establecer la responsabilidad penal de cada uno de los imputados que ha llegado a este juicio”.
Algo importante, dice: “El día 23 de octubre de 2006, cuando Otoño sale de su casa para ir a la escuela, no pasaba por su cabeza que no iba a regresar”.

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Ese lunes Otoño se sentó donde lo hacía siempre: sobre la ventana, tercera fila de su aula, la primera que se ve al entrar. Había salido de su casa temprano, había dejado a su hermano menor en la parada del colectivo, se había encontrado con su amiga Leire –quien la esperaba para ir juntas a la escuela–, había dejado la bicicleta en lo de su compañera Ercilia para seguir caminando rumbo al CEM 14, donde cursaba el tercer año de secundaria.
Después se quedó contraturno a la clase informática, fue a educación física, asistió a la clase de voley y a eso de las nueve de la noche pasadas, se encontró con Federico Saavedra en la Plaza María Elena Walsh. Caminaron juntos por la avenida Cipolletti, llegaron hasta la rotonda y siguieron por la ciclovía paralela al ferrocarril.
“Cruza la vereda. La veo cruzar de una vereda a la otra y seguir caminando como a una cortada a la calle Libertad. No veo si ella sigue o dobla. En la pista había chicos jugando a la pelota, se viene la pelota a los pies de mi marido. Me doy vuelta riéndome. Camino para atrás, levanto la cabeza y veo a una persona. Iba cruzando el puente. Es lo último que veo: ella caminando con su colita alta” declaró Silvina Troncoso, una de las últimas personas en verla desde la pista de atletismo.
Esa noche, Federico Saavedra volvió a su casa, pero Otoño nunca regresó.
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Desde un principio, se pensó que la desaparición podía estar ligada a la trata de personas para la explotación sexual. El 9 de abril de 2007 esa conjetura cobró fuerzas cuando el diario Río Negro publicó unas escuchas telefónicas, halladas en el marco de la investigación por el paradero de Otoño, que dejaban al descubierto la connivencia entre efectivos policiales de la Comisaría 8° de Choele Choel y proxenetas.
Recién en ese momento la jueza a cargo del caso, María del Carmen García García, tomó la decisión de cambiar la carátula de la causa de “averiguación de paradero” a “privación ilegítima de la libertad”, una medida que era reclamada desde siempre por la familia.

En ese momento comenzaron a llegar llamadas anónimas que indicaban haber visto a Otoño en prostíbulos de distintos puntos del país. Dijeron que estaba en la Triple Frontera, en Posadas, Concordia, Córdoba, Tucumán, Córdoba. El 24 de abril de 2007, día que el cuerpo de Otoño fue hallado sin vida dentro del canal de El Treinta, en Cipolletti, Roberto Uriarte se encontraba en Santa Cruz siguiendo una de estas pistas. Hay quienes dudan de que ese llamado, que resultó contener información falsa, haya sido una casualidad.
El subjefe de la Policía de Río Negro en ese entonces era Víctor Ángel “Tito” Cufré, quien fue el primero en declarar ante los medios estar “convencido de que Otoño se fue de su casa por su propia voluntad”. Cuatro años después, el gobernador Saiz lo ascendió a secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia. Actualmente, Cufré se encuentra con prisión domiciliaria por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, de 29 y 16 años respectivamente, ocurridas durante la represión policial del 17 de junio de 2010 en Bariloche, tras el asesinato, también en manos de la Policía, de Diego Bonefoi.
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En este juicio, no se juzgó ningún tipo de complicidad, mal desempeño o responsabilidades de policías y funcionarios judiciales sino que se focalizó únicamente en los cuatro imputados. Para ampliar responsabilidades habría que esperar a un segundo juicio y el cansancio de los 18 años se hace sentir.
Mientras tanto, los restos de Otoño, finalmente en manos de quienes la amaban, volverán a las montañas, las playas y los lugares que ella conoció y supo querer, libres de las sombra putrefacta de sus asesinos y libres también de la impunidad exasperante de una justicia lenta e inficaz: [1] de más de veinte feminicidios en Cipolletti solo el de Agustina Fernández obtuvo una condena ejemplar.

“No hay prueba directa pero sí hay indicios”, dijo la fiscal. “Y el valor que se le tiene que dar, pido que sea el que dice el Superior Tribunal de Justicia: los indicios, de manera concatenada y ordenados entre sí en base a los principios de la lógica, la experiencia y el sentido común permiten afirmar responsabilidad penal. No debe haber un análisis de los indicios por separado, el análisis es global”.
¿Cuáles son esos indicios? “Primero, el acoso, los imputados la estaban acosando”, aseguró la querellante Gabriela Prokopiw. Luego, la desaparición de la bicicleta de la casa de Ercilia y posterior aparición en casa de los hermanos Cau-Jafri, las pericias odorológicas que indicaron la presencia de olor de Cau, Jaffri y Lagos en el nylon hallado en cercanías a la usina donde fue encontrado el cuerpo, la presencia de perfil genético de Jaffri en la bombacha de Otoño. La declaración de Héctor Candia, ex amigo y compadre de Maximiliano Lagos, quien contó que este en una cena le confesó “que su tío el Cacha Pelada y su tía la Turca le habían pagado para ir a buscar a Otoño a un lugar especificado y que él la había llevado a la casa de unos hermanos, que ahí la habían tenido a la chica forzada unos días hasta que el Cacha Pelada le dijo que tenía que deshacerse de ella porque se le había complicado todo”. El nombre real del “Cacha Pelada” es Luis Miguel Ayala, uno de los narcotraficantes más conocidos de Allen, asesinado en 2011.

Roberto Uriarte durante el juicio. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda
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A las seis de la tarde de un día extenso hasta la crueldad, en las puertas de la Oficina Judicial de Cipolletti, se descuelgan las banderas en donde la imagen de Otoño se reproduce como un mantra. Familiares y amistades se abrazan, se consuelan, se dan fuerzas para el día siguiente. En las paredes quedará el rastro de estos días de espera y lucha. Ahora, la suerte está en manos de los jueces María Florencia Caruso Martin, Amorina Liliana Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel.
El 5 de febrero a las 13:30 darán su veredicto y en él, quizás resida la última oportunidad de que la justicia salve para sí misma algunas migajas de credibilidad.
Para los imputados esperamos la cárcel que los aleje de las calles y de las otras pibas.
Para Otoño, memoria viva en los corazones y las paredes de Fernández Oro, su verdad.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
Es urgente: enfrente está la muerte.
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia