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Otoño Uriarte: cuando el tiempo que pasa es la verdad que huye

Publicada

hace 11 meses

03/02/2025

Por Dolores Reyes y Camila Vautier. Este miércoles 5 a las 13.30 se conocerá la sentencia sobre el crimen de Otoño Uriarte en Cipolleti, Río Negro. “Una vez más, una chica hermosa y bienamada descartada entre ramas y restos de basura” escriben Dolores y Camila sobre el caso de la menor asesinada en 2006: tenía 16 años.

Dolores Reyes es una de las más relevantes escritoras argentinas del momento y una mujer capaz de entender como pocas estos tiempos tormentosos. Fue además perseguida por el oficialismo y sus trolls por su tremendo y maravilloso libro Cometierra. Camila Vautier se define como periodista feminista, socorrista y sureña.

Ambas han trabajado juntas este artículo para lavaca. Los detalles de lo que pasó. La movilización y los testimonios. Los niveles de impunidad que suman en muchos casos más años que los que tenía la víctima. La expectativa sobre el tribunal (María Florencia Caruso Martin, Amorina Liliana Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel) y la posibilidad de lograr un bien siempre esquivo: justicia.

Otoño Uriarte: cuando el tiempo que pasa es la verdad que huye

Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda.

Pasaron 18 navidades sin Otoño Uriarte

18 cumpleaños sin Otoño

18 años se cerraron sin Otoño e infinitos están por comenzar

18 años de impunidad es mucho tiempo, demasiado, y una constante que abruma: En nuestro país la impunidad es más larga que la vida de nuestras chicas muertas: 17 años Melina Romero, 9 años Nair Mustafá, 16 Lucía Pérez. La injusticia eterna para todas ellas se ha convertido en nuestra gran vergüenza nacional.

En la sala 6 de la Oficina Judicial de Cipolletti, el calor es agobiante. Son las 9:40 de la mañana del 26 de diciembre de 2024 y la audiencia lleva cuarenta minutos de demora por la ausencia de uno de los acusados. En esa sala se están por escuchar los alegatos finales del proceso judicial que debía sacar a la luz la verdad sobre el femicidio de Otoño Uriarte, desaparecida la noche del 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro, hallada sin vida seis meses más tarde en el desarenador de un canal de riego. Una vez más, una chica hermosa y bienamada descartada entre ramas y restos de basura.

Roberto Uriarte, el padre de Otoño, frente al Tribunal que este miércoles dictará sentencia sobre el crimen de la menor asesinada. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda

La tensión en el aire se siente al respirar. De un lado, espera sentado Roberto Uriarte, el papá de Otoño. Con su remera negra y el pelo largo y canoso, parece haberse vuelto un experto de la espera. Ya hace tiempo que no cree en la justicia, en ese poder judicial al que denuncia como parte del “entramado de complicidad y encubrimiento que hubo en estos 18 años”. Pero ahora en sus ojos hay un dejo de tristeza todavía más profundo: la verdad, esa esperanza última que es tanto su derecho como el de su hija, amenaza también diluirse.

Aun así, se aferrará a ella hasta el final y se lo verá siempre presente, exclamando ante quien preste un micrófono o un oído, que todos están esperando la verdad para Otoño, porque justicia sería que ella continuase entre los suyos invenciblemente viva.

Las audiencias son tan largas, densas y dolorosas que en cada una de ellas el tiempo parece detenerse. En la sala declararon los testigos –varios de ellos bajo amenazas–, los vecinos que la vieron por última vez, las amigas que estuvieron con ella el último día, su familia, los expertos, los peritos, el médico forense.

Algunos de los acusados. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda

Algunos, pocos, policías. Como el comisario ahora retirado Ives Vallejos, jefe de la comisaría local en ese entonces, quien, pese a la relevancia del caso, dijo casi no recordar prácticamente nada de él. Vallejos no pudo explicar cómo supo la vestimenta que llevaba Otoño el día de su desaparición para describirla al detalle en el radiograma emitido minutos después de que el padre realizara la exposición policial. El papá de Otoño no se lo había dicho porque ese día se había ido a trabajar temprano, sin siquiera ver a su hija.

O el actual ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, quien declaró luego de que Roberto Uriarte fuera a pedirle personalmente, durante el acto por el día de la Policía, que se presentara a declarar de manera presencial y no por escrito, como iba a hacerlo, amparado en una acordada del Superior Tribunal de Justicia. Jara encabezó la comisión policial investigadora del caso y sostuvo que “la evidencia siempre apuntó a los acusados como responsables del crimen”.

También desfilaron por el juicio los cuatro imputados que se dijeron inocentes o se echaron culpas entre ellos e incluso hacia la cúpula policial, sombríos, llegando tarde o quedándose dormidos en pleno juicio. La abogada de la familia Uriarte, que hizo lo imposible por juntar testigos y pruebas, presentando los elementos que posibilitaron este juicio por Otoño un día antes de que el caso prescribiera para siempre, y los abogados defensores, algunos ya con historial de representar acusados por violencia de género, con sus trajes y su indiferencia como escudo.

Afuera, en las puertas del juzgado, el amor y el deseo de que este feminicidio brutal se esclarezca de una vez juntaba a las amigas de Otoño, a sus hermanas, a su familia, a sus profesoras de la escuela. Se pasaban el mate en ronda mientras empapelaban las paredes con la cara de Otoño, con los ojos de Otoño, con las ilustraciones de Otoño que llevan casi dos décadas pidiendo verdad. También se pasaban consejos para soportar. La injusticia multiplica el daño y para todas ellas el juicio fue revivir todo eso que desde hace 18 años habían tratado de guardar muy adentro, hecho una bolita detrás del corazón, para de alguna manera poder seguir con sus vidas. Pero abajo de las montañas de bronca y de la tristeza que se vuelve insoportable, Otoño hecha carne en sus cuerpos sigue ahí. Algunas tomaban té de valeriana, tilo. Otras llegaron hasta el clonazepam. Soportar es difícil y Otoño vuelve hasta hecha pesadillas.

La abogada de la familia Gabriela Prokopiw. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda

En la sala a Roberto lo sigue Gabriela Prokopiw, abogada querellante, y en el otro extremo, la fiscal Teresa Giuffrida. Enfrente, con los rostros entre las manos, los cuatro acusados de secuestrar, ultrajar y torturar a Otoño hasta su muerte, parecen hacer envejecido por portar una maldad infinita, que niega no ya la vida a sus víctimas, sino el simple derecho a la verdad.

La audiencia de alegatos finales es la última oportunidad de la acusación para demostrar la responsabilidad penal de los cuatro: Néstor Ricardo Cau, su hermano José Iram Jaffri, Maximiliano Lagos y Germán Ángel Antilaf, como coautores de la “privación ilegítima de la libertad agravada por la duración, participación de más de tres personas, por ser la víctima menor y por el resultado muerte”, de Otoño Uriarte. No feminicidio porque en 2006 esa figura no existía en el Código Penal argentino –se incorporó recién en el 2012– y, además, porque la escasez de pruebas contundentes impediría una condena bajo esa calificación legal. Sólo hay indicios, dirá la fiscal.

Y la justicia, una vez más, se nos escapa.

En ocho horas el juicio por Otoño llegará a su fin, Un proceso que parece no juzgar solo a sus asesinos, sino desdoblarse sobre sí mismo para demostrar cómo funciona en nuestro país la justicia para las mujeres.

O cómo no funciona…

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Otoño tenía 16 años cuando fue desaparecida mientras volvía a su casa en la zona de chacras de Fernández Oro, un pequeño pueblo del Alto Valle de Río Negro que en ese entonces no tenía más de 6.000 habitantes y en el que sus vecinos decían conocerse “todos con todos”.

Tras su desaparición, gran parte de la comunidad se movilizó para encontrarla. Marcharon todos los días durante seis meses, empapelaron el pueblo y las ciudades cercanas con un cartel que decía “se busca” y la cara de una Otoño sonriente, desbordante de posibilidades de futuro, absolutamente viva. Rastrillaron cada chacra, cada pastizal y cada descampado. Dieron vuelta cielo y tierra en busca de cualquier indicio que les dijera que esa pesadilla no podía ser cierta, que Otoño tenía que volver.

En la parroquia del padre Pancho se organizaba la logística y se reunían a rezar. El polideportivo del pueblo era el punto de encuentro tras la jornada de búsqueda para escuchar el parte policial. “Sin novedad”, era la respuesta. “Sin novedad”, como se repite un mantra indiferente que adora a algún dios que hace tiempo nos ha abandonado.

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La fiscal Teresa Giuffrida viste un blazer color crema y una pollera tubo, es la primera en hablar. “El paso del tiempo conspira para que tengamos detalles certeros de todo lo que ocurrió en este hecho entre el 23 de octubre de 2006, que es cuando desaparece Otoño, hasta el 24 de abril de 2007 que es cuando se encuentran sus restos”. Así comienza su alegato y continúa: “Pero más allá de que no podamos tener todo por acreditado, detalles certeros de lo que ha ocurrido, hemos podido acreditar circunstancias que permiten establecer la responsabilidad penal de cada uno de los imputados que ha llegado a este juicio”.

Algo importante, dice: “El día 23 de octubre de 2006, cuando Otoño sale de su casa para ir a la escuela, no pasaba por su cabeza que no iba a regresar”.

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Ese lunes Otoño se sentó donde lo hacía siempre: sobre la ventana, tercera fila de su aula, la primera que se ve al entrar. Había salido de su casa temprano, había dejado a su hermano menor en la parada del colectivo, se había encontrado con su amiga Leire –quien la esperaba para ir juntas a la escuela–, había dejado la bicicleta en lo de su compañera Ercilia para seguir caminando rumbo al CEM 14, donde cursaba el tercer año de secundaria.

Después se quedó contraturno a la clase informática, fue a educación física, asistió a la clase de voley y a eso de las nueve de la noche pasadas, se encontró con Federico Saavedra en la Plaza María Elena Walsh. Caminaron juntos por la avenida Cipolletti, llegaron hasta la rotonda y siguieron por la ciclovía paralela al ferrocarril.

“Cruza la vereda. La veo cruzar de una vereda a la otra y seguir caminando como a una cortada a la calle Libertad. No veo si ella sigue o dobla. En la pista había chicos jugando a la pelota, se viene la pelota a los pies de mi marido. Me doy vuelta riéndome. Camino para atrás, levanto la cabeza y veo a una persona. Iba cruzando el puente. Es lo último que veo: ella caminando con su colita alta” declaró Silvina Troncoso, una de las últimas personas en verla desde la pista de atletismo.

Esa noche, Federico Saavedra volvió a su casa, pero Otoño nunca regresó.

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Desde un principio, se pensó que la desaparición podía estar ligada a la trata de personas para la explotación sexual. El 9 de abril de 2007 esa conjetura cobró fuerzas cuando el diario Río Negro publicó unas escuchas telefónicas, halladas en el marco de la investigación por el paradero de Otoño, que dejaban al descubierto la connivencia entre efectivos policiales de la Comisaría 8° de Choele Choel y proxenetas.

Recién en ese momento la jueza a cargo del caso, María del Carmen García García, tomó la decisión de cambiar la carátula de la causa de “averiguación de paradero” a “privación ilegítima de la libertad”, una medida que era reclamada desde siempre por la familia.

En ese momento comenzaron a llegar llamadas anónimas que indicaban haber visto a Otoño en prostíbulos de distintos puntos del país. Dijeron que estaba en la Triple Frontera, en Posadas, Concordia, Córdoba, Tucumán, Córdoba. El 24 de abril de 2007, día que el cuerpo de Otoño fue hallado sin vida dentro del canal de El Treinta, en Cipolletti, Roberto Uriarte se encontraba en Santa Cruz siguiendo una de estas pistas. Hay quienes dudan de que ese llamado, que resultó contener información falsa, haya sido una casualidad.

El subjefe de la Policía de Río Negro en ese entonces era Víctor Ángel “Tito” Cufré, quien fue el primero en declarar ante los medios estar “convencido de que Otoño se fue de su casa por su propia voluntad”. Cuatro años después, el gobernador Saiz lo ascendió a secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia. Actualmente, Cufré se encuentra con prisión domiciliaria por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, de 29 y 16 años respectivamente, ocurridas durante la represión policial del 17 de junio de 2010 en Bariloche, tras el asesinato, también en manos de la Policía, de Diego Bonefoi.

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En este juicio, no se juzgó ningún tipo de complicidad, mal desempeño o responsabilidades de policías y funcionarios judiciales sino que se focalizó únicamente en los cuatro imputados. Para ampliar responsabilidades habría que esperar a un segundo juicio y el cansancio de los 18 años se hace sentir.

Mientras tanto, los restos de Otoño, finalmente en manos de quienes la amaban, volverán a las montañas, las playas y los lugares que ella conoció y supo querer, libres de las sombra putrefacta de sus asesinos y libres también de la impunidad exasperante de una justicia lenta e inficaz: [1] de más de veinte feminicidios en Cipolletti solo el de Agustina Fernández obtuvo una condena ejemplar.

“No hay prueba directa pero sí hay indicios”, dijo la fiscal. “Y el valor que se le tiene que dar, pido que sea el que dice el Superior Tribunal de Justicia: los indicios, de manera concatenada y ordenados entre sí en base a los principios de la lógica, la experiencia y el sentido común permiten afirmar responsabilidad penal. No debe haber un análisis de los indicios por separado, el análisis es global”.

¿Cuáles son esos indicios? “Primero, el acoso, los imputados la estaban acosando”, aseguró la querellante Gabriela Prokopiw. Luego, la desaparición de la bicicleta de la casa de Ercilia y posterior aparición en casa de los hermanos Cau-Jafri, las pericias odorológicas que indicaron la presencia de olor de Cau, Jaffri y Lagos en el nylon hallado en cercanías a la usina donde fue encontrado el cuerpo, la presencia de perfil genético de Jaffri en la bombacha de Otoño. La declaración de Héctor Candia, ex amigo y compadre de Maximiliano Lagos, quien contó que este en una cena le confesó “que su tío el Cacha Pelada y su tía la Turca le habían pagado para ir a buscar a Otoño a un lugar especificado y que él la había llevado a la casa de unos hermanos, que ahí la habían tenido a la chica forzada unos días hasta que el Cacha Pelada le dijo que tenía que deshacerse de ella porque se le había complicado todo”. El nombre real del “Cacha Pelada” es Luis Miguel Ayala, uno de los narcotraficantes más conocidos de Allen, asesinado en 2011.

Roberto Uriarte durante el juicio. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda

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A las seis de la tarde de un día extenso hasta la crueldad, en las puertas de la Oficina Judicial de Cipolletti, se descuelgan las banderas en donde la imagen de Otoño se reproduce como un mantra. Familiares y amistades se abrazan, se consuelan, se dan fuerzas para el día siguiente. En las paredes quedará el rastro de estos días de espera y lucha. Ahora, la suerte está en manos de los jueces María Florencia Caruso Martin, Amorina Liliana Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel.

El 5 de febrero a las 13:30 darán su veredicto y en él, quizás resida la última oportunidad de que la justicia salve para sí misma algunas migajas de credibilidad.

Para los imputados esperamos la cárcel que los aleje de las calles y de las otras pibas.

Para Otoño, memoria viva en los corazones y las paredes de Fernández Oro, su verdad.

Arte contra la impunidad femicida

Una marcha que hace Historia

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Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Publicada

hace 2 días

02/01/2026

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

PROVINCIA	2024	2023	% de aumento
CABA	498	309	38%
SAN LUIS	61	52	18%
CÓRDOBA	261	229	12%
CORRIENTES	111	101	10%
CHUBUT	214	201	6%
BUENOS AIRES	2.307	2.242	3%

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

Publicada

hace 2 semanas

18/12/2025

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 1 mes

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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