#NiUnaMás
Vencer al miedo: la trama que nos hizo ver el caso Araceli
La impunidad que quedó al descubierto con el hallazgo del cuerpo de Araceli Fulles expone qué hay detrás de estos femicidios. El barrio exige ahora “que la policía deje de amparar a los delincuentes” en un territorio donde el huevo de la serpiente del narcomachismo pudo romperse por la acción de una familia y sus vecinas. ▶ CLAUDIA ACUÑA Y ANABELLA ARRASCAETA
Llueve.
En estos bordes del conurbano eso significa que a la tristeza de las persianas bajas de los negocios quebrados, las siluetas fantasmales de las fábricas bombardeadas por sucesivas décadas de recesión y los baches que surcan las avenidas transitadas por autos destartalados, se suma una humedad helada, penetrante.
Si todo lo que acá duele fuera una serie, estarías viendo los escenarios de la primera temporada de The Killing.
En estos tiempos tremendos, las series tiene la virtud de ordenar en secuencias la violencia. Por eso lo primero que te muestra The Killing es lo que importa: el miedo que le hacen sentir a una mujer transitando los bordes de la ciudad, sola.
Ese miedo es el protagonista de esta historia.
La heroína principal es Araceli Fulles, esa joven de 22 años que todos conocimos por su final, transmitido por todos los medios en directo. Culminaba así la gran lección que nos dejó Araceli: cómo funciona la máquina de la violencia.
Analizarla hoy es una tarea, un aprendizaje y una deuda.
La que tenemos con ella, con su familia y con todas las mujeres.
La injusticia
Llueve.
La ropa y los pies de todas las mujeres están empapados y las lágrimas se mezclan con las gotas densas de la tormenta. Son rostros desfigurados por el dolor, con ojeras de insomnios y miradas desconfiadas.
Están alertas y cansadas y despeinadas.
Siete mujeres están sentadas al lado de una estatua que reproduce en bronce a San Martín, al que por algún motivo -a simple vista inexplicable- le han cruzado cintas de peligro y colocado delante un cartel que anuncia “Informes”. Es lo primero que se ve cuando se ingresa a los tribunales de San Martín, en cuyo hall las cintas de peligro se multiplican, creando una atmósfera como las de esas escenas del crimen que abundan en las series tipo The Killing.
A unos metros de donde están sentadas las siete mujeres, con el San Martín de bronce que grita peligro a sus espaldas, están paradas otras mujeres que acaban de escuchar la sentencia a perpetua para el femicida de Micaela González. No festejan, pero se las ve aliviadas. La abogada Gabriela Konder resume el caso: le rompió la cabeza con un ladrillo en la puerta de su casa, delante de su hijita de dos años y de su hermano de 11. “Fue un caso relativamente fácil de resolver, por suerte, porque se trató de un femicidio parental en la vía pública, no tuvimos que depender de la investigación policial ni judicial para esclarecerlo”.
Pregunto a la abogada qué fue lo que más le impactó del juicio: “Escuchar a los testigos, que describían a la pareja como ´normal´, pero después detallaban que él la agarraba de los pelos o que la denigraba delante de la familia. Esa naturalización de la violencia me impactó”. Se queda unos segundos en silencio y agrega: “Y también cómo se construye el no ver, no escuchar, no meterse. Aquel día, al comenzar a discutir la pareja, los vecinos se dieron vuelta. Literalmente le dieron la espalda. Pero cuando les preguntás por qué, no dicen que es para no meterse, sino porque no quieren ser parte de lo que viene después. ¿Entendés? No confían en la justicia. Y cuando no hay justicia, no hay testigos. Es una cadena”.
En la puerta y bajo la lluvia hay más mujeres con niños en brazos, mojándose. Son integrantes del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el movimiento que acompañó la denuncia del femicidio de Micaela González en el barrio y en tribunales. Están ahí, bajo ese cielo inclemente, que consideran un castigo menor al lado del peligro de impunidad que podían consagrar los jueces si no acompañaban hoy a la familia de una mujer asesinada.
Mientras, el grupo de siete mujeres sigue sentado.
La que me habla ahora es otra mujer, quejándose porque le entregaron un botón antipánico como única protección para evitar las palizas de su pareja. Protesta porque ella trabaja limpiando casas en Capital y el botón deja de funcionar apenas cruza la General Paz. Le acaban de explicar que así funciona: es decir, no tiene el alcance que ella necesita.
¿Y?
Me repite: “Y nada. Así funciona”.
Llueve.
Cuando todas estas mujeres llegaron a estos tribunales eran las 7 de la mañana y había frío, pero no lluvia, así que ahora -que ya es mediodía y la tormenta golpea-, no hay paraguas ni impermeables, sino calzas y buzos de algodón empapados.
Si la historia de este miedo fuera el argumento de una serie, quizá arrancaría con lo sucede después: las siete mujeres empapadas se ponen de pie, frente MU, el único medio que respondió a la convocatoria de su conferencia de prensa. Ante ese solo grabador, la prima de Araceli lee un comunicado solemne. Intentan así desmentir la cantidad desconcertante de falsas noticias que estuvieron circulando esa semana.
Es una conferencia de prensa que le habla a una prensa ausente.
Una vez terminada la lectura del comunicado, la joven prima de Araceli anuncia:
-Ahora pueden hacer preguntas.
¿Qué hipótesis evalúan cuando ya se cumplen 27 días de la desaparición de Araceli?
Nosotras no hacemos hipótesis. Eso es algo que solo hace gente que está sentada en un escritorio y tiene tiempo para perder. Nosotras, desde el primer día, hacemos lo mismo: organizarnos para buscarla.
Así comenzó el peor día del Caso Araceli.
La tierra que traga
Araceli desapareció en San Martín en la madrugada del 1° de abril y durante 27 días su destino fue ocultado por todos: la policía, la justicia y la prensa. Es la trilogía de la impunidad, pero también la santísima tríada que consagra qué, dónde y cuándo vemos lo que vemos.
En la casa de la mamá de Araceli hay una enorme pantalla de televisión que ahora mismo muestra la cara de Jorge Rial con un zócalo que informa sobre el último escándalo mediático. “Le levanté la mano después de que ella me pateó la cara”, dice el zócalo.
La tele está sin sonido, las paredes sin revoque y en la cocina, que también es comedor, hay media docena de hombres que esperan las novedades que traen las mujeres de Tribunales. “Nada”, resume la mamá de Araceli.
Luego uno de sus tres hermanos pone la pava para el mate.
Otro de los hombres se me acerca con una carpeta donde está guardada la denuncia que hicieron en la comisaría por la desaparición de Araceli, aquel día que le mandó el mensaje a su mamá (“andá poniendo la pava que ya voy para allá)” y nunca llegó. Estaba a una cuadra y media, me aclara.
Le pregunto quién es y me responde: “De la Brigada. Estoy viviendo con ellos, compartiendo las 24 horas. Mi trabajo es de contención”, detalla.
Sospecho qué contiene.
En esa cocina comedor está el único y verdadero centro de operaciones de la búsqueda de Araceli.
Ahora mismo están alterados por un llamado que recibieron alertando sobre un posible dato. El hermano mayor de Araceli es el encargado de hacer con ese dato lo que la familia hizo desde el primer día: llevar las pistas recibidas al juzgado y al Comando de Patrullas Comunitarias (CPC), que depende de la municipalidad de San Martín.
Ubiquémonos en ese territorio.
San Martín es el municipio del conurbano en el que viven casi 500 mil personas, 100 mil en asentamientos pobres: hay más de 30, todos sometidos en las últimas décadas al maltrato social y económico, hasta convertirlos en escenarios de las más diversas transas delictivas. Desde el primer día que asumió el gobierno de Mauricio Macri se retiraron de todos esos barrios las fuerzas nacionales –básicamente, Gendarmería- dejando la llamada “seguridad” a cargo de las fuerzas municipales y provinciales, en esta proporción:
- La fuerza policial municipal, llamada Protección Ciudadana, que tiene 200 integrantes, 80 patrulleros y 875 cámaras de seguridad, que se monitorean desde el CPC.
- La Bonaerense, que depende del gobierno provincial, tiene 800 integrantes, y 40 patrulleros, de los cuales funcionan 33.
Durante 27 días ninguna de estas fuerzas y herramientas aportó nada sobre el paradero de Araceli.
Tuvieron que correr, sí, detrás de cada pista que llegaba al 911 o el celular que difundió la familia para encontrarla. Y en este peor día volvieron a correr, empujados por esa llamada que había aportado algo diferente: el dato que la familia estaba esperando.
La red de impunidad
“Estamos rodeados de amarillo”, sintetiza un funcionario municipal para describir la situación política del municipio de San Martín. Para explicar lo que esto significa pone un ejemplo: “La única obra del gobierno nacional anunciada para esta zona es el Metrobus y nos saltea. Viene de la Capital, pero se retoma recién en Tres de Febrero, que es de ellos”. Ellos son el gobierno de Cambiemos, que sortea la obra pública según un reparto colorido: deja en blanco a los municipios opositores.
¿El color político afectó el destino de la búsqueda de Araceli?
¿Es esta interna política el motivo por el cual el gobierno nacional no activó la difusión en los medios de la foto de Araceli ni envió los equipos suficientes y necesarios para encontrarla?
La respuesta del funcionario es otro dato: “El intendente (Gabriel Katopodis) se dio cuenta de que los rastrillajes se hacían sin perros y se tuvo que encargar de conseguirlos. Averiguó que los Bomberos Voluntarios de Punta Alta tenían perros entrenados; los contactó y nos prestaron dos”.
Uno fue el que marcó la casa donde encontraron el cuerpo destrozado de Araceli.
El dato que llegó aquel peor día fue concreto: dónde habían visto a Araceli por última vez.
En una plaza.
Y con qué personas: los hombres que ahora están detenidos.
Ahora ya conocemos varios nombres y quedó expuesta la red que mató e hizo desaparecer a Araceli –diez hombres, tres son policías de la seccional en la que la familia presentó la denuncia de desaparición y de la cual dependía la búsqueda- pero aquel día ese dato confirmó lo que la familia sospechaba desde el primer día: en su desaparición estaban involucrados conocidos del barrio que contaban con un sistema de impunidad territorial, protegidos por la Policía Bonaerense.
Habían logrado, al fin, superar el principal obstáculo.
La no fiscal
La oficina de la fiscal Graciela López Pereyra tiene en su puerta pegado un cartel que proclama: “No estás sola: podemos ayudarte”. Promociona así al Sistema Integral Contra la Violencia de Género. La fiscal no atiende a la prensa. Atiende, sí, a esa policía que le fue marcando el ritmo de la investigación judicial. Así, ninguna de las hipótesis que argumentó la fiscal para definir los esfuerzos de la investigación tuvo asidero. La primera fue la droga, que la llevó a no hacer nada durante los primeros diez días. La segunda, llegó con la conmoción por el femicidio de Micaela García: la de la trata. La tercera fue investigar a la familia. Se activó justo después de que los hermanos de Araceli declararan públicamente: “La policía no quiere encontrarla. Ya saben quién la tiene”.
Todas estas hipótesis de investigación fueron plantadas en la causa por la policía y tuvieron su correspondiente difusión en la prensa.
Los medios presentaron a Araceli primero como una consumidora de drogas duras, a pesar de que nadie que haya visto cómo afecta a los cuerpos la adicción al paco pudiera asociarlo a la imagen de Araceli.
Luego, agitaron el fantasma de la trata, que recorre las tinieblas de la explotación sexual en un país en el que el comercio de cuerpos es cada vez más intenso, abusivo y alentado por factores sociales tan diversos como la destrucción de la autoestima, la falta de horizontes vitales y productivos de las mujeres. El mercado de la explotación sexual hoy no necesita secuestrar esas vidas que ya están presas de sus destinos sociales. Necesita, sí, mantenerlas atadas, con violencia y abusos, a esos miserables destinos. Y para lograrlo cuenta con cómplices privilegiados.
Eso que llaman “trata” es la policía, la justicia y los medios que se alimentan de prostituir mujeres. Es la misma máquina abusadora que hizo funcionar la no-búsqueda de Araceli.
Es la misma máquina abusadora que hizo funcionar la no-búsqueda de Araceli.
Lobo suelto
Cada uno de los días sin Araceli, la familia y sus amigas hicieron funcionar otra máquina, la única capaz de conjurar la impunidad de ese poder. Con los pies y las manos, volantearon cada cuadra del barrio, miraron a los ojos a cada vecino y recorrieron cada casa, desde las mejores hasta las más precarias.
Aquel peor día estaban repartiendo esos volantes cuando llegó la noticia de que habían encontrado el dato que buscaban. En el grupo hay mujeres jóvenes que ya son madres de varios hijos. Su preocupación principal es una siniestra: tienen miedo de que se los roben. Es una preocupación que repite cada una, como si fuera una verdad y no una pesadilla. Lo dicen con convicción y cuentan hasta cómo se organizan para evitar lo peor: hacen cadenas para que siempre haya un adulto acompañando a los hijos a la entrada o salida de la escuela y no los dejan jugar nunca en la calle.
¿De dónde sale ese miedo?
Busco y encuentro.
Hace diez años, en San Martín desapareció Milagros, una nena de 5 años. Nunca apareció. El único sospechoso detenido, quedó libre. La fiscal fue Graciela López Pereyra, la misma del caso Araceli.
En los bordes del conurbano los fantasmas que dan miedo son alertas que hay que tomar siempre en serio. Son memoria de impunidad que advierten: peligro, lobo suelto.
Quizás ahora que el femicida de Araceli logró ser atrapado -por una mujer paraguaya y embarazada, de quien se rio Gendarmería cuando los alertó de la presencia del asesino en el barrio- al fin dejen de acecharnos los fantasmas que reproducen cuentos sobre chicas que estuvieron a punto de ser secuestradas.
Quizás.
Pedagogía de la crueldad
Aquel peor día pasó lo que todos ya sabemos. El cuerpo destrozado de Araceli fue encontrado por un perro que siguió el rastro de su perfume desde la plaza hasta la casa donde estaba enterrada. Su madre me había dicho: “A mi hija no se la tragó la tierra”, pero de la manera más perversa habían querido que eso sucediera.
Sin embargo, tenía razón.
A Araceli no se la había tragado la tierra.
A Araceli se la habían tragado la policía cómplice de sus femicidas, las internas políticas y las operaciones de prensa. El hallazgo de su cuerpo destrozado dejó al descubierto todo eso y mucho más.
¿Qué más?
Si esta historia del miedo fuera una serie, la última escena quizá mostraría el zapping por diferentes pantallas de televisión que exhiben en directo el show del terror.
Es la síntesis perfecta de aquello que la antropóloga Rita Segato describe como “la pedagogía de la crueldad”. Un shock de noticias que, una y otra vez, resaltan lo que ya no es noticia, sino prédica: las mujeres estamos en riesgo.
Es cierto: lo estamos.
Es cierto: las hijas tienen miedo de andar solas por las calles, las madres tienen miedo de que sus hijas anden solas por la calle y las que no son madres, también.
¿Es esa la lección que quieren transmitirnos con el Caso Araceli?
Llueve.
La prima de Araceli estudió Ciencias Políticas. La conocí la mañana de aquel peor día en Tribunales y la vi luego organizar la volanteada al día siguiente, hasta que llegó el momento en que tuvo que irse a la escuela de adultos nocturna donde da clases, allá por el final de la ruta 8, me dijo, antes de subirse la capucha de la campera, cruzarse la cartera al pecho y caminar bajo la tormenta esas largas y desoladas cuadras que la llevaban hasta la parada del colectivo. Antes, me pide:
“Poné que Araceli era muy carismática, que te hacía reír, que era muy compañera. Una dulce, muy. Poné que Araceli estaba buscando qué seguir, qué estudiar, qué le gustaba. Poné que era una piba de 22 años común, muy familiera”.
Pongo.
Pongo también la última frase que me dice al despedirse:
“La sociedad sabe lo mal que trabaja la justicia o cómo los medios manipulan la información. Sabe también que los que tienen un rol social no asumen la responsabilidad que tienen. Sabe además que la desventaja siempre la soportamos las de abajo. Estos casos suceden ya todos los días, pero todos los días tenemos soportar que el sistema empiece de cero. Pero nosotras no empezamos de cero. Cada vez estamos más despiertas, cada vez sabemos más qué hacer”.
Cada vez sabemos más qué hacer, pongo y repito.
Pongo, además, esa última imagen que miro alejarse mientras el cielo truena:
Una mujer joven caminando sola por la calle, con miedo.
Llueve.
Hágase la luz
Tres días después de hacer aparecer el cadáver de Araceli, la familia, las amigas, las vecinas, organizan una marcha para exigir justicia. Ya saben a qué se enfrentan. “Esto recién comienza”, dirá el tío para sintetizar lo que ya saben. “Te tiene que pasar algo así para que te des cuenta, pero está todo a la vista. Ahora no pueden taparlo”. Se refiere a la red que protegió hasta ahora a quienes están involucrados en el femicidio de Araceli. Una trama que va desde el narcotráfico territorial, atraviesa a la Bonaerense y llega a la justicia. Señala, indignado, que Darío Badaracco, el femicida de Araceli, tenía una denuncia por abuso y maltrato de los hijitos de su pareja, que fue archivada.
¿Por quién?
Por la fiscal Graciela López Pereyra, la misma que dejó enredar la búsqueda de Araceli.
“Estamos furiosos y le deseamos a esta gente lo peor, pero sabemos que no es el momento para que pensemos claramente cuál es la mejor manera de terminar con esto”.
Las mujeres del barrio, sin embargo, ya aprendieron cómo comenzar a construir el largo camino que tienen por delante. Trazaron el recorrido de esta marcha para que el punto culminante fuera la plaza donde fue vista por última vez Araceli con vida.
Llevaron hasta allí velas y las encendieron. Convirtieron así en santuario ese negro territorio dominado por los transas del barrio.
Es un mensaje.
La luz de las velas enfrentando la oscuridad con que el poder protege a los delincuentes.
Hay más de quinientas personas acompañándolas y muchas vecinas que salen a la puerta de su casa para aplaudirlas a su paso.
Lograron así, con los pies y las velas, que en esta noche estrellada en la que ya no llueve las mujeres tengan menos miedo.
#NiUnaMás
Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio
“El primer juicio fue una tortura” dijo Guillermo, el padre de Lucía Pérez, para graficar lo que vivió la familia en 2018 por parte de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que absolvieron a dos narcotraficantes por el abuso sexual y muerte de la menor, que tenía 16 años. Fue parte de lo ocurrido en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde ocurrió un hecho histórico: el enjuiciamiento a los jueces por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Por Anabella Arrascaeta / Fotos Juan Valeiro/lavaca.org.
El proceso fue impulsado en 2018 por diputados y diputadas nacionales tras analizar los argumentos del fallo firmado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale (este último logró eludir el jury al pedir la jubilación anticipada).
Antes de entrar a la audiencia, Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, junto al mural instalado en la pared del Senado, donde se desarrolla el jury, en el que se ven las imágenes de cientos de víctimas de femicidios. Foto Juan Valeiro para lavaca
Ese mismo fallo fue anulado en 2020 por la Sala IV de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires que ordenó además celebrar un nuevo juicio. En esa nueva causa (2023) se encontró culpables por el femicidio a los dos acusados: Matías Farías fue condenado a cadena perpetua y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”, hasta entonces solo condenados a 8 años por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. En ese nuevo juicio los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez.
En el jury que comenzó este lunes 11 de noviembre, la Comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por senadores Gustavo Soos, Gabriela Demaría y Ariel Martínez Bordaisco y las diputadas Maité Milagros Alvado y Susana Haydee González
A sus espaldas, en el salón “Nunca Más”, una pared entera muestra junto a la inscripción “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”, fotos históricas del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar. En la calle, decenas de mujeres habían instalado un gran mural con cientos de fotos de víctimas de femicidios, y escuchaban la audiencia a través de la transmisión oficial de la Corte Suprema bonaerense y tejían atrapasueños, tal como lo hacía Lucía.
Guillermo Pérez durante su declaración: contó lo que sentía al ver de qué modo se referían a su hija. Foto Juan Valeiro para lavaca
Perspectiva de género y discriminación
El primero en hablar fue el fiscal Marcelo Lapargo, representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia. Lapargo avaló la acusación argumentando que los jueces Viñas y Gómez Urso violaron no solo la perspectiva de género sino toda una jurisprudencia en materia de discriminación, derechos humanos y protección de la niñez.
Dijo: “Se han desobedecido leyes, y buena conducta para un juez es cumplir con la ley”.
En aquel primer juicio de 2018 los magistrados hoy enjuiciados realizaron una interpretación tendenciosa de las supuestas costumbres de Lucía –se reitera: una menor, 16 años– victimizándola nuevamente.
El fiscal Lapargo detalló: “Nada autoriza a meterse con la vida de una persona para resolver si es merecedor o no de la tutela que los jueces le deben garantizar. Hubo inclusive parcialidad. Al pensar en historias de vida, en estilos de desarrollo personal, se las analiza en perjuicio del imputado. Recordemos: el imputado, un vendedor de droga en la puerta del colegio. Lucía: una niña de 16 años. Y punto. Nada de su vida merece análisis, charlas sobre su genitalidad, todo sobra: ella tenía la tutela que establece ‘no se puede violar a otro’. Basta. No había forma de no tener en cuenta este punto”.
Más tarde agregó: “Se juzgó en materia de estereotipo y eso se utilizó para fundamentar la quita de derechos”. Para el fiscal, este proceso no interfiere en la independencia judicial. “No hay modo de que el juzgamiento por buena conducta afecte a la independencia de poderes”.
Imagen durante la audiencia en el Salón Nunca Más, del Senado bonaerense. Foto Juan Valeiro para lavaca
Dijo Lapargo que la escucha de la familia por parte del Tribunal es parte “del proceso de reparación, y no es poco”. Durante las declaraciones Marta Montero, mamá de Lucía, profundizó sobre el mismo punto que había defendido el fiscal: “No se puede hablar de una víctima de esta manera. Es una criatura con 3 adultos que vendían droga; es una adolescente. Alguno de ustedes que haya tenido hijos adolescentes, me podrá entender. Que personas adultas, preparadas, jueces hablen desde ese lugar… lo que hicieron fue revictimizar a la víctima y culparla del delito que habían cometido otras personas: culparon a una niña de 16 años”.
Anatomía y victimización
Una de las principales tensiones del inicio del debate de hoy fue la composición de la lista de oradores, que por parte de la defensa de los jueces incluía a médicos peritos del primer juicio. “No se me ocurre el aporte de la anatomía de la niña que puede orientar sobre la responsabilidad de los jueces”, dijo el fiscal Lapargo. “Lo que nosotros venimos a juzgar hoy es cuál fue el desempeño de quienes tuvieron tamaña responsabilidad y consagraron esta segunda victimización” aclaró el abogado de la familia Pérez.
Breve deliberación de integrantes del jury. Detrás, las imágenes del Salón dedicado a la memoria, verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura. Foto: Juan Valeiro para lavaca
Finalmente la defensa de los jueces desistió de los peritos pero solicitó que se pasara el video de la declaración del ateneo médico en el primer juicio.
El Tribunal se tomó un cuarto intermedio para decidir esto, y finalmente acordaron que solo ellos y ellas verían el video para no volver a exponer a la víctima.
En total son 15 los testigos previstos, nueve en esta primera jornada.
¿Qué espera una familia?
“El primer juicio fue una tortura” describió Guillermo Pérez a mencionar cómo Lucía estaba siendo juzgada por su supuesta forma de vida. “Ver cómo se referían a mi hija, y el Tribunal no ponía orden… Vuelvo a repetir: cuando nuestro abogado preguntaba algo, decían: agotado el punto”. Guillermo describió la actitud del tribunal frente a la familia: “Eran rígidos solo con nosotros. A un perito nuestro lo trataron muy mal, diferente”, y contó hasta qué punto la sentencia de la impunidad los afectó: “Éramos una familia muy unida. Había tanta esperanza en el juicio… Y ver después una familia destruida. Marta, que hizo la secundaria de grande y estudió de grande enfermería, ver que después no podía rendir un examen para la licenciatura, me dolió muchísimo. Matías, mi hijo, que estudiaba Derecho, también tuvo que abandonar, por ahí tenía de profesores a estos mismos jueces que tenemos en el jury. Yo después, al tiempito que pasó lo de la sentencia, hacía 28 años que trabajaba en el lugar, me echaron. Me echaron por la causa, porque yo necesitaba tiempo para la causa. Después de 28 años me echaron. Sin trabajo, con la familia destruida, hasta el día de hoy: es muy duro. Y sin Lucía”.
La declaración culminó con una pregunta muy sencilla del abogado de la familia, Martín Olari: “¿Qué esperás vos Guillermo de este proceso?”
La respuesta también fue sencilla: “Justicia”.
“No vamos contra la justicia”
Marta Montero durante su declaración. Foto: Juan Valeiro para lavaca
Llegó el turno de escuchar a Marta Montero, mamá de la joven:
- “Nosotros llegamos acá a las 5.10 de la mañana, en un micro de línea. Cerré los ojos por dos horas y se me apareció Lucía, la vi a Lucía con su hermano. Y yo sé que Lucía ya no está”.
- “Hay cosas que no vuelven atrás, hay daños que se le hacen a una familia que son irreparables. Ese daño irreparable es también el que hicieron esos jueces. Tal vez muchos de ustedes son padres y madres y me podrían entender lo que me pasa por las entrañas cada vez que me levanto”.
- “Cuando hablamos de esas llagas que nos quedan en el cuerpo y en el alma, también hablamos de que en el juicio, esta mujer que ven acá, en un momento en el que estaban hablando de la autopsia de mi hija, se me caían las lágrimas. Y el doctor Viñas me dijo qué me pasaba, si necesitaba un vaso de agua o quería salir. Le dije que no, que le agradecía; que quería escuchar lo que dijeran de mi hija. Y me dijeron que me callara, que no era mi momento. Cuando a una persona que está escuchando esa pericia de su hija, lo único que merece es respeto. Respeto y piedad. Lo único que pedimos es respeto. Trátenos bien. Solamente yo, en ese momento, sabía lo que pasaba por mi cuerpo y por mi alma al ver eso. Entonces, no se puede decir “que se calle la boca o sino que se vaya afuera”. Yo tengo derechos como persona, como madre. Por lo menos se tenga piedad con las lágrimas de esa madre”
- “Todas las audiencias fueron del mismo tenor: había que hacer eso con la madre. No importaba. Tampoco importaba si los imputados puteaban a la familia, nunca se paraba la audiencia, la audiencia seguía. Yo creo que es una cuestión de sentido común, hablamos de sentido común: no se puede estar insultando a una familia. Alguien tiene que parar eso. Y estos jueces no lo hicieron. Entonces, todos los agravios que nosotros como familia sufrimos –los tres: mi hijo, mi esposo y yo– solamente en nuestra alma queda; nosotros solos sabemos lo que sufrimos y pusimos en cada una de esas 15 audiencias. Todos los días levantándome a la mañana para ir a escuchar todo eso y con esa falta de respeto”.
- “Nosotros no vamos contra la justicia ni vamos contra los jueces. Nosotros de hecho escuchamos a jueces, nos explican derecho… Pero acá a nosotros nos pasó esto. En esta causa, pasó todo esto. Y mucho más”.
La descripción de la actitud de los jueces, según Marta: “Mal, déspota, a uno de los testigos lo trataban de tonto. De hecho, hay una testigo, una oficial de policía, que quiso dar su testimonio, ella tenía una prueba fundamental, y fueron a un cuarto intermedio y deciden que no se presente esa prueba. Era una foto que se había sacado en el momento en que la llevan (a Lucía). Ellos deciden que esa foto no se sume. Esa foto era una prueba fundamental, y no se quiso sumar a la causa en ese momento. En cambio seis años después se sumó. Y ahí los enjuiciaron”.
Finalmente le habló al nuevo tribunal: “Ustedes son parte de las leyes que tenemos. Son parte de este proceso de justicia. Desde mi humildad, que sea lo que tenga que ser: que se haga justicia, por mi hija y por tantas hijas”.
“Se nos pasa la vida pidiendo justicia”
En la calle: los ojos de Lucía y un celular con la transmisión del jury. Foto: lavaca
Después declaró Matias Pérez, hermano de Lucía: “Hasta que no terminó todo no me di cuenta lo que pasaba. Hasta que no pasó, no me de cuenta que las cosas no éramos como pensábamos, no eran a nuestro favor: eran a favor de la otra parte”.
Así comenzó su declaración en el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio de su hermana. Su declaración fue breve, precisa y muy clara.
Sobre aquel juicio de 2018: “Básicamente se le echaba la culpa a Lucía, como si ella hubiese buscado lo que le pasó”.
Sobre la sentencia: “De los acusados se decía básicamente que eran unos buenos tipos”.
Sobre el impacto en la familia, dijo Matías: “No volvimos a ser nunca más los que éramos antes. Seguimos juntos, todos con un mismo objetivo, pero siempre esperándola. Con esto que no se termina más, que no tiene un fin. Solemos juntarnos los domingos a comer y el tema de todos los domingos hace ocho años es el mismo: es Lucía, y el juicio. Y lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Daniel, papá de Cecilia Basaldúa con los ojos de Lucía. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Cómo sigue
Luego de que declarara el ex abogado de la familia Pérez Montero se hizo un cuarto intermedio. Durante la tarde se presentaron seis testigos más:
- Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años. Sobre el accionar de los jueces dijo: “Los jueces hablan con sus sentencias. Ahí hablaron. Saleron a condenar a Lucía”.
- María Elena Naddeo, Secretaria General de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ex legisladora, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs, explicó que en el caso de Lucía se produce una intersección de la discriminación por ser mujer y por ser adolescentes, “es lo que vemos que no se tuvo en cuenta”. Agregó: “La sentencia fue absolutamente parcial, cargada de un espíritu contrario a los derechos de la infancia, con la tendencia a negar el abuso sexual en la infancia, como una tendencia conservadora a negar los delitos sexuales más aberrantes contra la infancia”.
- Laureana Malacalza, en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, explicó que en el juicio fue convocada para dar cuenta de la importancia de la perspectiva de género en la justicia y que cuando expuso los jueces le preguntaron “si eran conceptos que ella había inventado”. Sobre la sentencia dijo: “Lo que dice una sentencia es un mensaje reparador para la familia y para la sociedad, o puede ser un mensaje legitimador de la violencia, en este caso fue legitimador de la violencia”
- Natalia Gauna, que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias, quien relató también la misma situación contada por Malacalza y los comentarios que los jueces hacían durante la audiencia de pericias del cuerpo de Lucía. Explicó incluso cómo sonreían mientras se describían las vejaciones a las que Lucía Pérez había sido sometida.
- Además expusieron dos trabajadores judiciales: Fernando Fernandez y Alejandro Agote. En ambos casos brindaron un panorama sobre el accionar de los jueces ante trabajadoras y trabajadores, episodios de maltrato incluidos, y antecedentes sobre otras sentencias en las que tampoco aplicaron perspectiva de género alguna: “Ya teníamos un antecedente respecto a la conducta de este tribunal”.
Mañana en la segunda jornada habrá dos testigos. Luego, todas las partes harán sus alegatos. La sentencia se conocerá dentro de los cinco días hábiles posteriores.
En la calle se seguía la audiencia, entre abrazos y atrapasueños.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
#NiUnaMás
Comienza el jury a los jueces del caso Lucía Pérez
El lunes 11 de noviembre comienza el juicio por mal desempeño a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los magistrados que intentaron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. Serán dos días de testigos y alegatos. El fallo se conocería durante el mes de noviembre. Cómo se logró este jury, la acusación y cómo es lo que se viene.
Las claves de este jury:
- Las audiencias previstas son el lunes 11 y martes 12, desde las 10 de la mañana en el Senado bonaerense.
- Los jueces llegan acusados de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” tras el fallo que en su momento absolvió a Matías Farías y Pablo Offidani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez, 16 años, y los condenó solamente por la venta de drogas en la puerta de la escuela marplatense a la que iba Lucía.
- En la primera audiencia declararán testigos de la querella, el martes durante la tarde los que corresponden a la defensa de los jueces acusados, la mayoría peritos. Luego, se realizarán los alegatos. Cinco días hábiles después se conocerá el veredicto.
- El jury podrá verse por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
¿Quienes integran el jurado de enjuiciamiento?
La comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por integrantes del Poder Legislativo. Sus nombres:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Cómo se llegó
El 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. En ese encuentro estuvieron presentes los diputados y diputadas de distintos partidos políticos –entre ellos Victoria Donda, Leonardo Grosso, Silvia Lospennato, Gabriela Cerruti, Romina del Plá y Facundo Moyano– quienes impulsaron el juicio político.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”.
Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios como jueces. El pedido de juicio no alcanzó a Aldo Carnevale, ya que fue beneficiado por la jubilación anticipada concedida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
Un año después, en 2022, la familia de Lucía Pérez entregó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mil firmas de puño y letra y más de 34 mil virtuales, más cartas de organizaciones que acompañaron el pedido urgente de este jury. Ese momento llegó unos días antes de que se cumpla un nuevo aniversario de ese primer juicio que casi deja impune el femicidio.
Las imágenes de los jueces acusados por un fallo vergonzoso. Carnevale eludió el jury por jubilación anticipada otorgada por María Eugenia Vidal. Gómez Urso y Viñas serán juzgados a partir del lunes próximo.
La anulación de ese fallo
Para cuando la Bicameral resolvió acusar a los jueces, el fallo que habían dictado ya había sido anulado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires quien además resolvió la realización de un nuevo juicio que finalmente se llevó a cabo en el verano del 2023 y concluyó con la condena por el femicidio de Farías y Offidani.
Algunos de los argumentos con los que se anuló el fallo, el cual consideraron que fue fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, fueron:
- “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.
- “Considero que esa nueva victimización secundaria que sufrió Lucía (aún después de muerta) atentó contra su intimidad y su dignidad, y la de su entorno; y se debe considerar como un claro signo de estigmatización”.
- “Para los Magistrados, Lucía evidentemente no coincidía con el estereotipo de la mujer víctima de violencia de género y violación, que no hubiera podido consentir. De lo expuesto, se desprende que el decisorio puesto en crisis demuestra el androcentrismo del derecho: descartaron el eventual abuso sexual respecto de Lucía, porque ella era una chica con una personalidad fuerte, con carácter, determinada y por ende, no vulnerable”.
- “Los estándares internacionales advierten sobre la necesidad de estar atentos a argumentaciones que justifiquen la violencia de género, porque la conciban como una cuestión ‘privada’ en importancia o porque contengan estereotipos sexistas”.
- “El razonamiento de los Jueces de grado se ha visto contaminado con los preconceptos que se han formado en forma previa al análisis de la prueba y de la situación fáctica que reconstruyeran en el debate”.
En su argumentación se resaltó, una vez más, lo fundamental y lo que es necesario recordar: el Estado argentino asumió el compromiso de prevenir y erradicar la violencia machista.
#NiUnaMás
Cecilia Basaldúa cumpliría 41 años: marcha al mural el sábado, y el estado de la causa por un femicidio que sigue impune
Este sábado 9 de noviembre a las 17 se realizará una marcha en el barrio porteño de Núñez (Crisólogo Larralde y Grecia) hacia el mural que recuerda a Cecilia, que hoy cumpliría 41 años.
El 25 de abril de 2020 el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, Córdoba. Hacía veinte días que estaba desaparecida, a 800 kilómetros de su casa. Ese recorrido es el que ha tenido que hacer su familia decenas de veces en estos cuatro años y medio, y lo seguirá haciendo mientras no haya verdad y justicia frente a ese crimen. El papelón de un juicio con un falso acusado, y la voz de la familia. Por Anabella Arrascaeta.
“Estamos, como siempre, en la lucha”, dice Daniel Basaldúa, papá de Cecilia. En el día del cumpleaños de su hija va a pasar la tarde junto a Susana Reyes, mamá de Cecilia y su compañera, en el mural que hicieron con la foto de su hija (que muetra la foto de portada). “Vamos a charlar un poco, van a ir algunos amigos. Estar ahí es recordarla, es estar de alguna manera con ella”.
El próximo sábado 9 de noviembre, a las 17 horas, van a marchar desde Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, en Núñez, hasta ese mural ubicado en las calles Larralde y Grecia.
“Es importante marchar por el barrio porque era su lugar”, explica Daniel, y cuenta: “Lo hacemos todos los años y siempre vienen sus amigos. Era su barrio, era donde ella andaba, aún con todos los viajes que hizo, con todos los lugares por los que anduvo, Cecilia siempre tenía a su barrio presente. Por ejemplo acá cerca, en Platense, enseñaba patín. Ahí también tenía un equipo de hockey. Sus amigos de toda la vida son del barrio, como los míos y los de Susana, que acompañan a la familia. Es una forma de que puedan participar. El tema es no bajonearse y seguir haciendo todo lo necesario para que se conozca la verdad y se haga justicia en serio”.
Historia del crimen
En 2020, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de covid-19, Cecilia estaba en Argentina después de cuatro años de viajar con su mochila y sus artesanías por toda América Latina. Los primeros días de abril se instaló en Capilla del Monte, Córdoba. Le había contado a su familia que estaba parando en el jardín de la casa de Mario Gabriel Mainardi, un vecino de la zona. El 4 de abril fue la última vez que habló con ellos. Su cuerpo apareció el 25 de ese mes, cerca de un basural de Capilla, luego de 20 días de intensa búsqueda y rastrillajes por toda la zona. Tenía signos de abuso sexual y de estrangulamiento.
Por el femicidio de Cecilia fue detenido e imputado Lucas Bustos, un joven de 24 años. La fiscal fue Paula Kelm llegó a juicio sin pruebas en su contra, y en julio del 2022 el tribunal lo absolvió reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen. Se trataba de lo que en la jerga se define como “perejil”: un inocente cuya acusación encubre a los verdaderos culpables. Después de que la familia tuviese que atravesar todo ese juicio, el femicidio de Cecilia continúa impune.
En aquel momento se ordenó también una nueva instrucción para dar con los responsables del crimen. La causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Finalmente recayó en Raymundo Barrera, de Cruz del Eje, fiscal que entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.
Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre del año pasado el Fiscal General anunció la designación del fiscal Nelson Lingua.
Dice Daniel: “La causa está orientada nuevamente. Están haciendo cosas que no se hicieron antes. Lo que nunca hizo Paula Kelm lo hizo este fiscal, Nelson Lingua. Está trabajando. Nosotros estamos luchando para saber qué pasó, pero además hacemos estas cosas como marchar tanto en Córdoba y en nuestro barrio, para que a Cecilia no se la olvide, y esto es lo más importante”.
El mural hacia donde marchará el domingo la familia exige en letras negras “verdad y justicia”.
Al lado del rostro de Cecilia se lee: “Vivas nos queremos”.
Y hay una pregunta que a cuatro años de su femicidio la familia no va a dejar de formular, y que todavía está pendiente de respuesta: “¿Qué pasó en Capilla del Monte?”.
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