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10 M

La marcha que 26 comunidades qom recorrió el centro porteño, pasó por Tribunales y llegó a la Casa Rosada para exigir respuestas y derechos. La crónica de Darío Aranda.

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La marcha que 26 comunidades qom recorrió el centro porteño, pasó por Tribunales y llegó a la Casa Rosada para exigir respuestas y derechos. La crónica de Darío Aranda.

10 M

Marcha Qom. Foto de archivo: BarricadaTV


Obelisco porteño. Avenida 9 de Julio cortada. Y un grito poco común en el corazón porteño: “Territorio robado, será recuperado”.
Plaza Lavalle. Frente al Palacio de Tribunales. Un mensaje al más alto poder: “Señores de la Corte Suprema, hagan cumplir las leyes nacionales y tratados internacionales que nos protegen”.
Congreso Nacional. Frente de rejas y un mástil muy alto. Y una acción, mezcla de quimera y propuesta a futuro. Izan una Wiphala (la bandera multicolor de los pueblos indígenas) en el mástil principal del Poder Legislativo.
Plaza de Mayo. Ingresan a paso lento un centenar de indígenas. Las vallas frenan el paso. Una pequeña delegación ingresa a la Casa Rosada. Dejan un petitorio en mesa de entradas. Afuera, en la Pirámide de Mayo, el cacique Alfredo Rojas comienza un discurso que durará diez minutos y será todo en idioma wichí. Un contingente de turistas europeos le sacan fotos y lo observan sorprendidos. El cacique dirá sólo cuatro palabras en castellano, en distintos momentos del discurso: Buenos Aires, Presidenta, Justicia y (al final de la alocución) muchas gracias.
Los pueblos indígenas de Formosa marcharon por Buenos Aires. Exigieron el cumplimiento de derechos, señalaron inacción en los tres poderes del Estado y, si no hay respuesta, avisaron: cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.

Acampe

Avenida de Mayo y 9 de Julio. Fue el lugar elegido por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en 2010 para visibilizar la represión que sufrieron (con asesinatos incluidos). Más de tres meses de acampe, huelgas de hambre y cortes de la 9 de Julio. Lograron una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo; funcionarios de Formosa, la comunidad qom y organizaciones garantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).
Se firmó un acuerdo. Y, cuando los qom estaban por levantar el acampe, la agrupación kirchnerista La Cámpora llegó con camiones, micros y policías. Intimidaciones mediante, obligó a los indígenas a levantar las carpas y volver a Formosa.
Cuatro años después, la comunidad qom cortó la ruta nacional 86 en Formosa y, sin respuesta, comenzó en paralelo un nuevo acampe en Buenos Aires. En el mismo lugar que en 2010 y con los mismos reclamos: que se consulte y dé participación a la comunidad en las acciones que se desarrollan en el territorio, basta de represión y judicialización, reconocimiento a las autoridades votadas por la comunidad (Provincia y Nación siguen negando el liderazgo de Félix Díaz) y asistencia médica, entre otros puntos.

Qopiwini

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, suele afirmar que todas las comunidades indígenas de la provincia tienen tierra suficiente y que no tienen necesidades. La situación de Potae Napocna Navogoh puso en la vidriera nacional la real situación formoseña.
Desde 2013, Félix Díaz redobló las recorridas por toda Formosa, hizo de puente entre comunidades que no se conocían, promovió encuentros regionales y, en enero pasado, se realizó una gran asamblea en el extremo oeste de la provincia (Ramón Lista). Se coronó el espacio de articulación en una nueva organización: “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie”.
48 comunidades forman parte de la organización.
Y muchos de ellos comenzaron a llegar la semana pasada el acampe en Buenos Aires. Ya no se trata sólo de un reclamo de La Primavera. Sino de los cuatro pueblos originarios de Formosa.
“Acá están las comunidades en lucha de Formosa, las que no nos dejamos comprar por el Gobierno”, anuncia Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom.

Acampe II

El sol porteño castiga. El asfalto de Avenida de Mayo y 9 de Julio aumenta el calor. La marcha está convocada a las 9, pero se demora. Los líderes indígenas están reunidos, leen el petitorio final. Cada uno lo firma. Hay 26 comunidades representadas. Avisan que muchas no pudieron viajar por falta de dinero para los pasajes y explican que los Nivaclé no tienen DNI, no pueden dejar la Provincia.
Una carpa blanca, de diez metros de largo por cinco de ancho, es el centro del acampe. Adentro hay mujeres indígenas, carpas más pequeñas (tipo iglú) y alimentos.
Una mesa con planillas convoca a adherir al reclamo indígena. Algunos transeúntes ocasionales frenan, leen, preguntan y firman. La mayoría pasa de largo, rápido, al ritmo porteño.
Un prolijo cartel escrito a mano explicita las necesidades: alimentos, agua, fruta, elementos de aseo personal, útiles escolares, zapatillas.
Otro cártel señala la presencia de los cuatro pueblos indígenas y el objetivo: “En este camino estamos juntos por el cumplimiento de nuestros derechos”. En un plástico blanco, otro mensaje, menos poético y más político: “Gobernador Insfrán, deje de perseguir a las comunidades qom”.

10 M

No es el 18F, con el pedido por el fiscal Nisman y los candidatos opositores. Tampoco es el 1M, con el inicio de sesiones del Congreso y las banderas del kirchnerismo. No están presentes los que asistieron a esas marchas y tampoco están los medios que publicitaron y cubrieron con generosos espacios ambas movilizaciones. No se ven móviles de Canal 13 ni de la Televisión Pública. Tampoco hay multitud opositora ni oficialista. El padecer indígena no conmueve a la “gente”, ni a los “ciudadanos” ni a los “nacional y popular”.
La plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio está rodeada de policías. Pero el clima es tranquilo.
Jorge Palomo tiene 32 años, es wichí y vocero de la comunidad de Laguna Yema, donde viven 700 familias. Explica que es triste estar en acampando en Buenos Aires, que hay mucho ruido, que extraña la tranquilidad del campo y más extraña a su familia. Tiene esperanza de que la Presidenta los reciba. Viven cerca del Río Bermejo, pero no tiene agua. Tampoco tiene electricidad ni caminos para llegar al pueblo ni título comunitario de las tierras. Hace tres años que envían cartas al Gobernador, pero no tuvieron respuesta. “No queremos estar acá, pero es injusto las necesidades que pasan nuestros hijos”, explica.
A las 11 comienza la marcha. Una bandera-pancarta de un metro de alto y cuatro metros de ancho encabeza la caminata. En letras rojas destaca: “Qopiwini”. La sostienen una decena de líderes indígenas. Entre ellos, Félix Díaz, Agustín Santillán (wichí de Ingeniero Juárez), Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) y Relmú Ñamku (mapuche de Neuquén).
La caminata promete ser larga. Se visitarán los tres poderes del Estado. Primera parada, la Corte Suprema (Plaza Lavalle). La marcha toma por 9 de Julio, ocupa toda una cuadra, difícil precisar. Seguramente poca convocatoria comparada con movilizaciones porteñas, pero la evaluación cambia con un parámetro de sentido común: hicieron más de 1200 kilómetros para reclamar sus derechos en Capital Federal.
Dos gritos se repetirán durante toda la marcha. “Insfrán/asesino” y “territorio robado, será recuperado”. Flamean las Wiphala, las Wenu Foye (bandera del Pueblo Mapuche, de colores azul, verde y rojo), una insignia roja de Potae Napocna, una color marrón del Pueblo Wichí, una celeste con letras negras de “comunidad wichí”, tres banderas argentinas y una pancarta extensa, blanca y de letras negras: “Devolución de nuestros territorios. Basta de persecución. Juicio y castigo a los responsables de represiones y asesinatos”.
Por Corrientes y 9 de Julio, bocinazos de algunos impacientes. Y, ya en el Obelisco, un grito que nunca se escuchó en el corazón porteño: “¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom!”.
Cruzan toda la 9 de Julio hacia Cerrito. Toman la diagonal-peatonal y salen a Lavalle. Los saco/corbata y las mujeres de trajecito de oficina miran con sorpresa y hasta con simpatía. Media docena de indígenas se dirige a Tribunales, para dejar el petitorio y pedido de audiencia.
Se ve alguna bandera del Partido Obrero, del MST, de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y de la ONG Conciencia Solidaria.
Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom, tomó el megáfono y no duda: “No venimos a pedir, venimos a exigir. Todos los jueces deben aplicar las leyes que protegen a los pueblos indígenas y los tratados internacionales”. Y recuerda la Ley Nacional 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Y apunta a la máxima autoridad del Poder Judicial: “Señores jueces de la Corte Suprema, ustedes son los máximos responsables de que se cumplan las leyes. Actúen de una vez”.
Aplausos cerrados. Y canto de lucha: “Territorio robado, será recuperado”.
El líder qom detalla la injusticia: “Nuestros hijos toman agua de charcos. Los niños indígenas mueren. Eso no es casualidad”.

Poder Legislativo

Una cuadra por Talcahuano y luego por Corrientes, ocupan media calzada. Caminata hasta Callao y giro a la izquierda hasta la puerta del Congreso Nacional. Son las 12:10 del mediodía. Otra comitiva ingresa al Anexo del Congreso y deja el documento con los reclamos.
Un hombre delgado, gorro de visera, camisa de jean, sostiene una caña, de la que flamea una bandera improvisada que dice “Pueblo Wichí”. Saluda con apretón de manos, mira el grabador y se presenta: “Castro José, Colonia El Silencio, departamento de Bermejo”. Hace diez días que está en el acampe, advierte que no le gusta pero afirma que lo hace por sus hijos (de 2 y 8 años). “Es injusto como vivimos. Ni agua tenemos. Estamos cansados de pedir. Nos tienen olvidados”, resume la situación. Vuelve a saludar con apretón de manos, y sigue la caminata.
Pedro Ruíz tiene 42 años y es la primera vez que pisa la Ciudad de Buenos Aires. Es de la comunidad Lote 42, donde viven 78 familias, a cinco kilómetros de la ciudad de Lomitas (centro geográfico de Formosa). Avisa que le gusta el campo, pero se subió a un micro hasta Retiro por un motivo principal: “Vine a ayudar a mis hermanos. Queremos que respeten nuestro derechos”. Habla suave, casi no se lo escucha, la timidez (o quizá la desconfianza) hace difícil la entrevista. Cuenta que tiene cinco hijos, que siembra zapallos, maní y mandioca. Ante la pregunta de qué le diría a la Presidenta, mira a los ojos del periodista y habla con voz fuerte: “Le pediría un aljibe para la comunidad. Con agua podemos vivir mejor”.
Alguien observa que el mástil está sin bandera y alerta a un pequeño grupo. Una Wiphala comienza a ser izada. Dos policías amagan evitarlo pero el jefe del operativo (trajeado) los frena. La bandera de los pueblos indígenas flamea en el Congreso Nacional. Una acción que recuerda una sostenida demanda de las comunidades originarias: que se reconozca el Estado pluricultural, una nación con muchas naciones. Una reivindicación que asusta al conservadurismo, enoja a nacionalistas, interpela a más de un progre y deja en offside a alguna izquierda añeja.
Agustín Santillán, wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), hace años que denuncia la violación de derechos. Pero tuvo la mala/buena suerte de detallar las injusticias en el programa de Jorge Lanata en Canal 13 (en 2014). Sobrevinieron, como nunca antes, amenazas e intentos de golpiza. No sonríe cuando lo recuerda, pero tampoco lo lamenta. “Sirvió para que otras provincias conozcan lo que pasa en Formosa”, evalúa. Y explica que está en la marcha por muchos motivos, pero precisa dos: “Que dejen de alambrar nuestras tierras y que los punteros dejen de querer manejarnos”.
Le acercan el megáfono a Félix Díaz: “¿Dónde están los legisladores cuando muere un niño indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y matan a los indígenas?”. Exige que se respeten los derechos indígenas, reclama respuestas urgentes, lamenta que los gobernantes saquen territorios a los pueblos originarios “para entregárselos a las multinacionales” y reparte críticas sin distinción de colores partidarios: “Hace tres semanas que estamos acampando, pasando necesidades, denunciando violación de derechos humanos. Y ningún candidato se acercó, ni opositor ni oficialista. No estamos en su agenda, pero vamos a seguir luchando”.

Poder Ejecutivo

El sol del mediodía ya castigaba duro. Se notan deserciones en el camino. Hay menos gente en la marcha. Los indígenas siguen firmes.
Caminata por Avenida de Mayo, paso por 9 de Julio, y más caminata en dirección a Casa de Gobierno.
Relmú Ñamku es mapuche de la comunidad Winkul Newen (cerca de Zapala, Neuquén). Está procesada (junto a su compañero, Martín Maliqueo) por resistir un desalojo. Su territorio es preciado por las petroleras. La causa fue elevada a juicio oral. Se defendieron con piedras, pero los acusan de “intento de homicidio”. Pueden ir presos. “Sufrimos como diez intentos de desalojos, palos y balazos, pero no hay ni un policía imputado. A nosotros sí nos llevan a juicio, esa es la Justicia winka (blanca)”, denuncia y explica que acompaña a los indígenas de Formosa porque “están marcando una camino” para todos los pueblos originarios de Argentina.
La marcha llega a destino, la histórica Plaza de Mayo. Las vallas frenan casi a la altura de la Pirámide. Se repite la mecánica: un pequeño grupo ingresa a casa de Gobierno a dejar el petitorio y solicitar audiencia. El resto espera afuera.
Se suceden discursos. Todos rondan los mismos tópicos. Que se cumplan los derechos que el Estado escribió con la mano y a diario borra con topadoras, policías, balas y cárcel. También educación, salud, agua. Derechos básicos incumplidos.
Los marchantes dejan un aviso. Si en 72 horas no hay respuesta, cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.
María Luján tiene 12 años. Cabello azabache, remera blanca que dice “Resistencia Qom” y una sonrisa amplia. Cuando ve el grabador intenta una evasiva, pero una mujer mayor le pide que hable. El periodista le pregunta por qué está en Buenos Aires. Se pone seria. Y resume todo en cinco palabras: “Vine a luchar. Queremos respeto”. Y se escabulle entre los indígenas. Otro qom se acerca y aclara: la pequeña María Luján es nieta de Félix Díaz.
Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) es un anciano, delgado, de pequeña estatura. Camisa celeste, pantalón de vestir gris y alpargatas. Imagen pocas veces vista: un cacique wichí da un discurso en Plaza de Mayo, habla con énfasis, gesticula con los brazos, todo en idioma originario. Frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral. Los dos poderes que más hicieron para someter a los pueblos originarios, pero no pudieron. El abuelo wichí es la mejor imagen de un grupo indómito, llamado “Lafwetes” (la raíz que crece en idioma ancestral), que no desea cargos en el Estado, no acepta promesas de candidatos, no mendiga derechos ni aplaude discursos de funcionarios.
Los pueblos originarios exigen que se respeten sus derechos. Y, ante la indiferencia de los tres poderes del Estado, prometen solo una cosa: luchar
Compartimos esta crónica con la agencia Comunicación Ambiental: www.comunicacionambiental.com.ar

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Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos

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Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.

Por Claudia Acuña

Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.

Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.

Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.

A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Hasta lograrlo.

Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.

Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.

Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.

Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.

Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.

Quizá.

Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.

Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.

La presentación

Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.

Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.

Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».

El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.

Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
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La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

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La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.

Por Francisco Pandolfi

Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.

La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”. 

Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».

Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.

En la conferencia de prensa convocada por la familia de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por las Fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, Fabián, su papá, habló sobre la salud de su hijo.

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:35:39.538Z

Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.

Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”. 

En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.

La causa, sin avances

Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.

Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”. 

La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.

Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.

Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.

Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es junto a Paula Litvachky, del CELS, la abogada que representa a la familia jurídicamente. En este video cuenta los avances de la causa judicial:

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:54:48.310Z

Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.

Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.

Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.

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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

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Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

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