Después de ocho jornadas en las que el grupo de Familias Víctimas de Femicidios reclama una audiencia con el Presidente, hoy el Estado lo recibió a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Las familias de Lucía Pérez, Luna Ortíz, Cecilia Basaldúa y Agustina Fredes mantuvieron una reunión y le entregaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta un nuevo pedido de ser recibidas por el Presidente junto a un petitorio con tres exigencias al Estado: un cambio en la reglamentación de la Ley Brisa; que el Estado garantice una investigación judicial imparcial y con perspectiva de género; y el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. Apenas horas antes y como cada segundo miércoles del mes, contaron en Plaza de Mayo sobre cada uno de los casos que sustentan este pedido urgente: «Estos femicidios son muy parecidos: está involucrada la policía, lo narco, hay complicidad judicial, y no hay justicia. Las familias quedamos solas». Las expectativas de que tras la reunión algo cambie y las propuestas concretas para que eso suceda.

Pasado el  mediodía, siete sillas negras son ubicadas por delante de la bandera argentina que flamea en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Cada una es ocupada por Marisa Rodriguez y Facundo Ortiz , madre y padre de Luna Ortiz; Susana Reyes y Daniel Basaldúa, madre y padre de Cecilia Basaldúa; Marta Montero y Guillermo Pérez, madre y padre de Lucía Pérez; Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann; y Blanca Fredes, madre de Agustina Fredes. Representan así a a las familias que integran el colectivo Familiares Sobrevivientes de Femicidios; la de hoy es la octava vez que se dan cita en la plaza – desde diciembre de 2019-  para entregar un pedido de audiencia dirigida al presidente Alberto Fernández. En esta oportunidad, a diferencia de los encuentros anteriores, fueron recibidxs por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. No obstante, le presentaron a la ministra la carta para ser recibidxs también por el Presidente.

El micrófono va pasando de mano en mano. La primera en hablar es Marisa: “Soy la mamá de Luna Ortíz. Luna fue asesinada en Tigre el 3 de junio de 2017. A cuatro años, estamos acá exigiendo justicia. Hay un solo detenido, queremos que no lo liberen porque en La Plata cambiaron la carátula de ´abandono de persona´ a ´homicidio imprudente´ y en junio, Isaías Villarreal, el femicida de Luna, quedaría en libertad. Estamos acá para pedir que los jueces reviertan el proceso y reconozcan que fue femicidio”. Facundo agrega: “Necesitamos que los  jueces cambien esa postura machista y patriarcal. Si no pueden hacer su trabajo, que dejen el lugar, hay que revocar a los jueces que no cumplen con su trabajo. Esto se repite sistemáticamente y los femicidas quedan en libertad”.

Sigue Daniel: “Estamos luchando para que se sepa la verdad, luchamos contra quien debería ayudarnos, que es la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que quiere meter preso a alguien y no tiene pruebas. Hay policías de Capilla del Monte involucrados y ella agarró a un pibe humilde, nosotros no lo conocemos, sabemos que Cecilia no tuvo contacto con él,  lo quiere meter preso y dejar impunes a los verdaderos culpables, que son el dueño de la casa donde ella estaba, Mario Mainardi, Viviana Juarez, los policías, cuando hay policías, tratan de tapar todo. Que sepan que yo no voy a parar hasta que se sepa la verdad, mientras viva”. “Quiero mostrar la indignación que tenemos- prosiguió Susana Reyes- por la demora y porque se esconden tantas cosas. Es vergonzoso. Los casos de los padres que estamos acá presentes son muy parecidos, no se investiga a la policía, no toman nuestros reclamos. Queremos que se haga justicia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, contó: “Casi a cuatro años y medio de la muerte de Lucía, todavía no tenemos justicia. Le pedimos al presidente que nos reciba, estos narcofemicidios son muy parecidos. Lo que nos pasa es la muerte de nuestras hijas y de nuestras vidas con ellas. El mensaje que le queremos dejar a este estado responsable es que se tiene que hacer cargo y tiene que gobernar no para una parte, sino para todos. Hemos perdido a nuestras hijas y no las recuperaremos más. Queremos que el señor presidente nos vea las caras, cómo somos, somos personas igual que usted. Espero que nos reciba prontamente”.  Sumó Guillermo: “La causa de Lucía está en la Suprema Corte de Provincia. Queremos avanzar con un nuevo tribunal, con un nuevo juicio. El jury es por la mala sentencia que dieron con Lucía, contra los jueces Viñas y Urso de Mar del Plata. Estamos a siete, ocho días de que presenten su defensa y pedir la destitución de los jueces y también una fecha de jury, para que sea rápido. Se tiene que apartar a estos jueces para que no sigan haciendo daño a la sociedad”.

Fue el turno de Gustavo Melmann: “Mi hija fue asesinada brutalmente por la policía bonaerense en 2001. Llevamos a juicio a tres policías, que fueron condenados, ahora están pidiendo la libertad condicional, hay restos de ADN de dos personas más. Hay que generar un cambio de la conducta de la justicia, tiene que existir un ente que esté desvinculado de la policía para investigar cada una de las causas, para arribar a una sentencia. Una vez más, pido justicia por mi hija”.

“Soy la mamá de Agustina Fredes, de Mar del Plata –expuso Blanca- y el caso de mi hija fue el 25 de abril de 2017. Ella fallece por los daños causados por su violador, estando un bebé en gestación. Ahora en septiembre se hará un juicio solamente por la violación pero su muerte la dejaron de lado. Espero que se pueda abrir la causa de muerte porque también le corresponde al femicida Matías Acevedo”.

Una vez finalizada la exposición de cada familiar, gritan Justicia y aplauden. Se suman las personas que pasaban por la plaza y se quedaron a escucharlxs, conmovidxs por los relatos. Luego, leen los nombres y edades de las victimas de femicidios y travesticidios en lo que va del año. Son 112. Gritan Ni una más. “Estas son las mujeres que nos han matado en estos cinco meses. Son nuestras muertas. Van a estar siempre en nuestros corazones”, cerró Marta Montero, en referencia a los datos que surgen del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público que actualiza de manera diaria la cifra de los femicidios. La lectura de los nombres y edades de las mujeres y personas trans asesinadas se repite como ritual ante cada nuevo encuentro de estos familiares.

A las 15, los familiares se dirigieron al edificio de Balcarce al 100 para reunirse con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Le presentaron una carta dirigida al presidente y un documento que reproducimos a continuación:

La carta:

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

El documento:

En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrario.

Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.

Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.

Así, la puerta de acceso a los derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.

Así, no podemos seguir ni un día más.

Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos.

Al concretarse el Estado argentino estará dando  un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos.

Nuestras tres exigencias son las siguientes:

1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:

El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.

En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80,  según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni una día más.

Reglamentación actual:

A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.
b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.

Reglamentación necesaria:

Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutencion. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.

2) Exigimos que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.

En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaria para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.

Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territorirales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zpnas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.

a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.

b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policias y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito juridiccional controlado por las redes que produjeron el delito.

b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadias a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.

c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.

d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.

f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.

g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.

h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación contínua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.

h) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:

1)  Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral

2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos

3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.

4) Que en cada localidad donde se produce un femicidio el Ministerio de Educación establezca que debe hacerse en el ámbito educativo una jornada de reflexión sobre estas violencias, en especial en aquellos colegios donde concurrían las víctimas, sus hermanxs y amigues.

5) Que las cámaras de seguridad dependientes de los Estados municipales estén a disposición de las familias, se guarden y resguarden apenas se produzca un femicidio en ese territorio.

3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.

La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.

Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.

En las actuales circuntancias y tal cómo ha organizado el Estado el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible afrontar este camino sin ayuda. Todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro  y presente.

Exigimos:

1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.

2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivados de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas. Es decir, deben hacerse pasar por locas. Todo dicho.

“Nos dijo que nos van a estar acompañando en las distintas causas”, contó Facundo Ortiz, transcurridas las dos horas en las que estuvieron reunidxs con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. “Nos van a dar pasajes que son importantes para quienes tenemos que viajar por la causa. Pedimos que dejen de lado a la policía, que se forme una comisión investigadora”, aportó Daniel. “Nos dijo que están impulsando las denuncias a los jueces que hacen mal su trabajo, que está consensuado con el presidente. Es algo positivo para cambiar la justicia. Planteamos también la formación en perspectiva de género para los jueces, si a los abogados no los forman con alguna materia, esto no va a cambiar”, dijo Facundo. Propusieron otras reuniones con el resto de las familias que hoy no pudieron concurrir a la reunión e insistieron con ser recibidxs por el presidente. El pedido es concreto: justicia para las que ya no están. Basta de femicidios y travesticidios. Ni una más.