Nota
Caso Antillanca: justicia en la provincia de la impunidad
Por primera vez en Chubut tres policías fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, uno resultó absuelto y un quinto responsable del encubrimiento del crimen de Julián Antillanca (19 años), a casi 5 años del hecho, en un juicio que se debió hacer dos veces.
Por primera vez en Chubut tres policías fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, uno resultó absuelto y un quinto responsable del encubrimiento del crimen de Julián Antillanca (19 años), a casi 5 años del hecho, en un juicio que se debió hacer dos veces. Cuántas veces dijeron “no me acuerdo” los policías, las amenazas que no tardaron en llegar, la marcha que celebra el fallo histórico y la justicia social sellada con una defensa contundente.
El fallo
La sala era chica y explotó en dos cuando el veredicto del tribunal integrado por los jueces Adrián Barrios, Darío Arguiano y Marcelo Nieto de Biase rebotó por cada rincón de la Cámara del Crimen de Trelew. La familia de Julián Antillanca se abrazaba mientras los policías y sus familiares rompían en gritos y amenazas: “Te va a pasar lo mismo que a Julián”, los oyeron gritar fuera de sí a las testigos que declararon durante las 13 audiencias, mientras un canto se instalaba: “Yo sabía que a Antillanca lo mató la policía”. La tensión fue en aumento, el Tribunal intercedió y la querella y el Ministerio Público Fiscal tuvieron que salir por la puerta de atrás de la sala.
En el segundo juicio que se realiza en Trelew por el crimen de Antillanca, los jueces condenaron por “homicidio agravado” a los policías Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba, y absolvió por esa misma tipificación a Pablo Morales, indicado por la querella por ser quien conducía el móvil 234 donde Julián fue brutalmente golpeado. El Tribunal también condenó por encubrimiento al ex sargento Carlos Sandoval.
En Trelew ya se hablaba de un fallo histórico. “Iba por un no”, reconoce a lavaca Sandra Tolosa, mamá de Julián, una de los pilares que sostuvo la causa. “Pero cuando se empezó a leer el veredicto, me puse contenta y alegre porque mi hijo va a descansar en paz. Todos sabíamos que la policía había matado a Julián. Y lo de mi hijo no es la primera ni la última vez que pasó: han ocurrido muchos hechos de violencia policial aquí. Quemaron chicos en comisarías, encontraron a otros ahorcados. Sigue pasando”, remarca.
Ayelén Antillanca, hermana de Julián, tomó el veredicto como un alivio. “Es algo que ya sabían todos. Lo sabían ellos, lo sabía la sociedad y nada más faltaba esto”, señala. “Una justicia real para Julián no va a haber nunca porque Julián no va a volver”.
La condena social
Ayelén Antillanca y Sandra Tolosa afirman que la condena social tuvo una importancia central en la construcción de justicia que las llevó hasta este veredicto. “Nos ayudó un montón”, dijo Sandra. En ese sentido subrayan la importancia del acompañamiento de la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut, de la cual hoy forman parte.
Mariela Flores Torres, una de los miembros de la Comisión, dice que el fallo que condena a los tres policías marca una bisagra: “Es un fallo que marca un nuevo tiempo. El tiempo en que se logra el acceso a la justicia, y la provincia de la impunidad va quedando en el pasado”.
Esa es la otra sentencia que logra el caso Antillanca: la sentencia social. La percepción de un “nuevo tiempo” que propone la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, que empieza a cosechar años y años de difusión en el silencio, de calle frente al encierro, de solidaridad frente a la soledad, de justicia contra la impunidad de este y otras decenas de casos de jóvenes víctimas de la violencia policial.
Las buenas noticias comenzaron el viernes 4 de julio, cuando el propio gobernador de Chubut, Martín Buzzi, anunció en conferencia de prensa la exoneración de los dos policías imputados por torturas y vejaciones a Maximiliano Almonacid (16 años), ocurridas el 18 de enero de 2012. Y continuaron hoy con las tres sentencias a perpetua por el asesinato de Julián Antillanca.
En este marco, a horas de estas condenas, Mariela dice que están “contentos, emocionados, a punto de salir para la marcha”. Entre el juicio de Julián Antillanca y una marcha para celebrar las condenas y recordar las cosas que aún faltan, ocurre esta charla que rescata el trabajo de la Comisión Contra la Impunidad de Chubut.
La provincia de Chubut, su fuerza policial, ha venido en estos años demostrando un verdadero sistema de represión a jóvenes pobres, que incluye desde el hostigamiento cotidiano a las desapariciones forzadas (Iván Torres, César Monsalve), pasando por todas las escalas (apremios en comisarías, gatillo fácil, amenazas), todas consagradas con impunidad judicial. Este tipo de casos, que ocurren en distintos puntos del país, para la Comisión Contra la Impunidad tienen en Chubut una particularidad: “Ocurren de un modo más velado. No es el gatillo fácil. Son golpizas, supuestos ahorcamientos en celdas, supuestos incendios, desapariciones… Matan pibes y lo tratan de hacer pasar como un accidente o una pelea entre pandillas”, cuenta Mariela. Eso, para ella y sus compañeros, “a partir de este fallo ha quedado en el pasado”.
Lo que describe Mariela es en efecto lo que pasó con Julián Antillanca: la policía y los medios comerciales quisieron hacer pasar su muerte como un accidente. Coma alcohólico, golpe producto de una caída fueron los primeros motivos que el comisario le alegó a César Antillanca, padre de Julián, que al ver el cuerpo comprobó la mentira: Julián estaba todo golpeado. “Los familiares son de quienes nosotros hemos aprendido, porque ellos los que en principio quieren dar a luz estos hechos, y son los que producen las primeras pruebas. Son de ellos de quienes nosotros aprendemos y no al revés, y a su vez invitamos a que sean ellos los que contagian a otros familiares. Es de hecho lo que ocurre”.
La Comisión Contra la Impunidad está compuesta por familiares de víctimas y militantes sociales. No tiene sede. “No tenemos un espacio físico declarado, sino que funciona en los distintos espacios de los barrios. Nuestro funcionamiento es nómade. La idea es que no puedan encontrarnos tan fácil”, sugiere Mariela.
Con esa dinámica actúan de diferentes formas:
- “La principal: cuando ocurre un hecho, es el acompañamiento a fiscalías, a hacer la denuncia, a motorizar hábeas corpus, solicitar expedientes, pruebas”.
- “Luego hay un sector de los psicólogos que tratan en terapia la situación de los familiares”. A esto Mariela la suma la “terapia colectiva”, no menos efectiva y útil a todos los miembros de la Comisión.
- “Hacemos tareas callejeras de intervención: murales, graffitis, acciones, caravanas, marchas”. Cualquiera que visite Trelew se puede topar con un mural que pide justicia.
- “También intervenciones en situaciones de detención: rondamos comisarías en los momentos en que, creemos, puede haber operativos. Porque la policía no está formada para prevenir, sino para reprimir. En un recital de cumbia, seguro que hay palos”.
La Comisión es un verdadero organismo de derechos humanos, de ésos que surgen en el territorio como expresión urgente y desesperada, que va tejiendo lazos y agrupa no sólo militantes sino a familiares de víctimas y víctimas directas. “Todo esto no es que lo empezamos a hacer con un programa sino que lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, sobre casos de impunidad muy grandes que requerían que nosotros nos organizáramos sobre el contexto. Hoy por hoy ya hemos adquirido algunas herramientas, un poco a partir de la experiencia, otro poco a partir de lo que nos han contado compañeros, y sin duda el apoyo permanente de referentes como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Todos aportan su grano de arena que siempre nos viene muy bien. Nosotros acá tratamos de llevarlo a la práctica”.
“Si no hay condena, hay escrache”, gritaba la Mesa de Escrache de la agrupación HIJOS. Las Madres de Plaza de Mayo, dando vueltas a la pirámide, reclamaban saber dónde estaban sus hijos. La Comisión Contra la Impunidad aboga por la justicia social y también la judicial. “Hace poco hemos sumado miembros que son abogados. El 10 de julio va a iniciar el juicio de la familia Torres de Trelew, quienes fueron golpeados por efectivos policiales, y la abogada querellante es de la Comisión”, cuenta Mariela. Para instancias como ésa, la Comisión cree que va a servir la jurisprudencia lograda por el caso Antillanca. “A partir de la condena al Estado argentino por el caso Iván torres en instancia internacional, más esta condena en sede local ya creemos que tenemos herramientas las organizaciones sociales y políticas, y las familias, para impulsar a los abogados, a los querellantes, a los fiscales, a los defensores a que tomen esta jurisprudencia como ejemplar”.
Esa condena, dice Mariela, se construye: “Nosotros creemos que esto no va a devenir solo por la bandera de invocación de un fiscal o de un abogado querellante. Va a venir producto de la organización de los familiares víctimas de violencia policial, como en este caso fueron los Antillanca quienes desde el principio llevaron adelante la investigación, ofreciendo pruebas, fiscalizando el trabajo de la fiscal, logrando la intervención de una abogada como Verónica Heredia .El efecto contagio se va a producir a partir de la propia organización de los familiares y víctimas”.
¿Cómo sigue el trabajo de la Comisión? “Como siempre”, dirá Mariela, que sale corriendo a la marcha organizada para celebrar la condena a los policías. “Si bien lo vivimos con alegría y hacemos esta marcha popular, no queremos dejar de decir que en el caso Almonacid continúa prófugo uno de los imputados que es el efectivo Carlos Pato. En el medio de estas dos situaciones judiciales todavía vivimos el telón de fondo de un prófugo. Nosotros queremos que se pongan a disposición todos los medios para que la justicia de Chubut lo juzgue”.
La clave del juicio
La doctora Verónica Heredia – que tomó esta causa entre a partir del juicio fallido- había subrayado en su alegato que el crimen de Julián Antillanca no fue parte de una “noche de excesivo abuso” policial, sino que dejó en claro el carácter sistémico de esa violencia. “Estos hechos cometidos lo han sido en el marco de una violencia sistemática por parte de policías de la Provincia de Chubut contra jóvenes de escasos recursos y la impunidad garantizada por el Poder Judicial”, resumió. En esa violencia se enmarca la desaparición forzada de Iván Torres en 2003 y la aparición del cuerpo sin vida de César Monsalve (13 años) en 2013, luego de haber estado siete semanas desaparecido.
En el medio, centenares de víctimas engrosaron el prontuario de la policía chubutense. La propia muerte de Antillanca ofrece una síntesis siniestra: una escalada de violencia policial de la seccional Cuarta de Trelew que arrancó a las 4 de la mañana del 6 de septiembre con la golpiza a los hermanos Sergio y Denis Aballay, y concluyó con el asesinato de Julián unas horas después.
El primer juicio por el asesinato absolvió a todos los acusados. La familia y la abogada consiguieron algo único: el Superior Tribunal de la Provincia revocó ese fallo en julio de 2013 y obligó a la realización de un nuevo proceso. La Corte Suprema confirmó la decisión.
El veredicto dio lugar a la mecánica del hecho que la familia y la querella lograron probar en el proceso: a Julián lo golpearon salvajemente, lo subieron a un patrullero y lo tiraron en plena calle. Los jueces calificaron como “trascendente” y de “máxima credibilidad” el testimonio de las testigos Jorgelina Domínguez y Daiana Monsalvez, que narraron cómo tres policías golpeaban a Antillanca mientras una mujer oficial (Laura Córdoba) los cubría, y cómo el oficial Solís sacó al muchacho del patrullero y lo tiró a la calle.
También calificaron de “vital importancia” la prueba de sangre hallada en el móvil 234, que el director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHGD) de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Corach, especificó que era del “linaje Antillanca”.
En ese sentido, los jueces valoraron la “relevancia” de las conclusiones del perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) de Chubut, Herminio Gonzáles, que afirmó que Julián Antillanca murió producto de una brutal golpiza en el rostro, la cabeza, el tórax y las extremidades. El perito descartó la ficción que la policía había construido sobre que la muerte de Antillanca se había producido por “coma alcohólico” o “problemas cardíacos”, convalidada hasta por el doctor Diego Rodríguez Jacob, autor de la primera autopsia.
“A los jueces les quedó lo que decían las chicas y la prueba científica que se aportó, y no lo que dijeron los 26 policías que declararon como testigos. Fue patético lo que dijeron porque, además, admitieron falsificar los libros de registro”, recuerda Heredia.
“No me acuerdo”, fue la respuesta recurrente de los oficiales. Ninguno sabía a qué hora ingresó a trabajar, ni qué hizo, ni quién era su superior, ni quién controlaba sus tareas, ni quién eran sus compañeros ese día. Por ejemplo, el oficial Gustavo Briceño respondió 38 veces “no me acuerdo”. Su colega Hugo Orlando Crespo lo hizo en 24 oportunidades. Néstor Ángel Vargas, quien se presentó como “nacido y criado en Trelew”, no pudo responder ni una vez sobre las distancias que separan las calles donde se crió.
De todos modos, los jueces sostuvieron en la absolución de Pablo Morales que no pudieron acreditar “con el grado de certeza necesario” que él estuvo en el patrullero 204 (modelo Chevrolet Classic) cuando Antillanca fue asesinado. “El único que manejaba el móvil ese día fue él”, discrepó Verónica Heredia, que también subrayó que los jueces no tuvieron en cuenta “absolutamente nada” del contexto de violencia sistemática en el que se producen los crímenes como el de Antillanca. Habrá que esperar hasta la lectura de los votos para saber qué valoró cada juez en particular.
Lo que falta
Las penas quedarán firmes una vez que el Tribunal fije sentencia. Esto será a partir de una audiencia prevista para el 30 julio, que motivó una confusión: por moderación, no se quería hablar de “prisión perpetua” ya que los jueces se expidieron sólo sobre la culpabilidad de los acusados. Verónica Heredia aclara el panorama.
La clasificación penal bajo la que el Tribunal condenó a Solís, Abraham y Córdoba es «homicidio agravado», en los términos en los que lo especifica el Código Penal en el artículo 80, inciso 9. Esto es: «Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario». La doctora Heredia especificó a lavaca: «La única pena posible es perpetua». Y aclaró: «Si no hubiera estado Sandoval (el policía condenado por «encubrimiento»), hoy hubiera terminado el juicio».
¿Por qué? El Código Procesal Penal de Chubut, en su artículo 304, describe el sistema de «cesura» bajo el que se rigen los procesos en la provincia. La «cesura» es la división del juicio en dos etapas. La primera es para fijar el hecho, la autoria y la responsabilidad penal. La segunda es la que determina el monto y fija la sentencia que, en el caso de Antillanca, será el 30 de julio. Esta segunda etapa, subrayó Heredia, es para aquellas penas que se puedan cuantificar. «No cuando la pena es única, como en el caso de los tres policías», clarificó Heredia. En el caso de Sandoval, la clasificación penal por «encubrimiento» oscila en una pena de entre 3 y 5 años y medio de prisión.
Eso es lo que se definirá del 30 de julio.
Nota
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario
Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.
Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Hay muchos jóvenes.
Muchos docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.
Hay una Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que llega y gente que se va.
Gente que estuvo todo el tiempo.
Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.
Está el movimiento disca, también siempre presente.
Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.
Hay carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.
Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.
Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.
“Milei cumplí la ley”
Es la cuarta.
Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.
Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.
Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.
El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.
Algunos datos de contexto:
- Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
- El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
- La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
- Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
- Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.
Docentes Uber
Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.
Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.
Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.
Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.
Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.
Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.
Plata para la deuda
Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.
Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.
En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.
En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.
El contagio
Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.
La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.
Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:
- “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
- “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.
Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.
Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:
“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.
Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.
Y sonríe.
Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.
Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.
Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.
¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.
Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.
Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán
- junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
- Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
- De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
- De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:
“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.
La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:
“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.
La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.
Que la cosa sigue.
En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.
Sigue cada miércoles en el Congreso.
Y todas las veces que hagan falta.
Porque hay muchos jóvenes.
Docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.
Hubo otra Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.
Hay más carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
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