Nota
Caso Antillanca: justicia en la provincia de la impunidad
Por primera vez en Chubut tres policías fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, uno resultó absuelto y un quinto responsable del encubrimiento del crimen de Julián Antillanca (19 años), a casi 5 años del hecho, en un juicio que se debió hacer dos veces.
Por primera vez en Chubut tres policías fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, uno resultó absuelto y un quinto responsable del encubrimiento del crimen de Julián Antillanca (19 años), a casi 5 años del hecho, en un juicio que se debió hacer dos veces. Cuántas veces dijeron “no me acuerdo” los policías, las amenazas que no tardaron en llegar, la marcha que celebra el fallo histórico y la justicia social sellada con una defensa contundente.
El fallo
La sala era chica y explotó en dos cuando el veredicto del tribunal integrado por los jueces Adrián Barrios, Darío Arguiano y Marcelo Nieto de Biase rebotó por cada rincón de la Cámara del Crimen de Trelew. La familia de Julián Antillanca se abrazaba mientras los policías y sus familiares rompían en gritos y amenazas: “Te va a pasar lo mismo que a Julián”, los oyeron gritar fuera de sí a las testigos que declararon durante las 13 audiencias, mientras un canto se instalaba: “Yo sabía que a Antillanca lo mató la policía”. La tensión fue en aumento, el Tribunal intercedió y la querella y el Ministerio Público Fiscal tuvieron que salir por la puerta de atrás de la sala.
En el segundo juicio que se realiza en Trelew por el crimen de Antillanca, los jueces condenaron por “homicidio agravado” a los policías Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba, y absolvió por esa misma tipificación a Pablo Morales, indicado por la querella por ser quien conducía el móvil 234 donde Julián fue brutalmente golpeado. El Tribunal también condenó por encubrimiento al ex sargento Carlos Sandoval.
En Trelew ya se hablaba de un fallo histórico. “Iba por un no”, reconoce a lavaca Sandra Tolosa, mamá de Julián, una de los pilares que sostuvo la causa. “Pero cuando se empezó a leer el veredicto, me puse contenta y alegre porque mi hijo va a descansar en paz. Todos sabíamos que la policía había matado a Julián. Y lo de mi hijo no es la primera ni la última vez que pasó: han ocurrido muchos hechos de violencia policial aquí. Quemaron chicos en comisarías, encontraron a otros ahorcados. Sigue pasando”, remarca.
Ayelén Antillanca, hermana de Julián, tomó el veredicto como un alivio. “Es algo que ya sabían todos. Lo sabían ellos, lo sabía la sociedad y nada más faltaba esto”, señala. “Una justicia real para Julián no va a haber nunca porque Julián no va a volver”.
La condena social
Ayelén Antillanca y Sandra Tolosa afirman que la condena social tuvo una importancia central en la construcción de justicia que las llevó hasta este veredicto. “Nos ayudó un montón”, dijo Sandra. En ese sentido subrayan la importancia del acompañamiento de la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut, de la cual hoy forman parte.
Mariela Flores Torres, una de los miembros de la Comisión, dice que el fallo que condena a los tres policías marca una bisagra: “Es un fallo que marca un nuevo tiempo. El tiempo en que se logra el acceso a la justicia, y la provincia de la impunidad va quedando en el pasado”.
Esa es la otra sentencia que logra el caso Antillanca: la sentencia social. La percepción de un “nuevo tiempo” que propone la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, que empieza a cosechar años y años de difusión en el silencio, de calle frente al encierro, de solidaridad frente a la soledad, de justicia contra la impunidad de este y otras decenas de casos de jóvenes víctimas de la violencia policial.
Las buenas noticias comenzaron el viernes 4 de julio, cuando el propio gobernador de Chubut, Martín Buzzi, anunció en conferencia de prensa la exoneración de los dos policías imputados por torturas y vejaciones a Maximiliano Almonacid (16 años), ocurridas el 18 de enero de 2012. Y continuaron hoy con las tres sentencias a perpetua por el asesinato de Julián Antillanca.
En este marco, a horas de estas condenas, Mariela dice que están “contentos, emocionados, a punto de salir para la marcha”. Entre el juicio de Julián Antillanca y una marcha para celebrar las condenas y recordar las cosas que aún faltan, ocurre esta charla que rescata el trabajo de la Comisión Contra la Impunidad de Chubut.
La provincia de Chubut, su fuerza policial, ha venido en estos años demostrando un verdadero sistema de represión a jóvenes pobres, que incluye desde el hostigamiento cotidiano a las desapariciones forzadas (Iván Torres, César Monsalve), pasando por todas las escalas (apremios en comisarías, gatillo fácil, amenazas), todas consagradas con impunidad judicial. Este tipo de casos, que ocurren en distintos puntos del país, para la Comisión Contra la Impunidad tienen en Chubut una particularidad: “Ocurren de un modo más velado. No es el gatillo fácil. Son golpizas, supuestos ahorcamientos en celdas, supuestos incendios, desapariciones… Matan pibes y lo tratan de hacer pasar como un accidente o una pelea entre pandillas”, cuenta Mariela. Eso, para ella y sus compañeros, “a partir de este fallo ha quedado en el pasado”.
Lo que describe Mariela es en efecto lo que pasó con Julián Antillanca: la policía y los medios comerciales quisieron hacer pasar su muerte como un accidente. Coma alcohólico, golpe producto de una caída fueron los primeros motivos que el comisario le alegó a César Antillanca, padre de Julián, que al ver el cuerpo comprobó la mentira: Julián estaba todo golpeado. “Los familiares son de quienes nosotros hemos aprendido, porque ellos los que en principio quieren dar a luz estos hechos, y son los que producen las primeras pruebas. Son de ellos de quienes nosotros aprendemos y no al revés, y a su vez invitamos a que sean ellos los que contagian a otros familiares. Es de hecho lo que ocurre”.
La Comisión Contra la Impunidad está compuesta por familiares de víctimas y militantes sociales. No tiene sede. “No tenemos un espacio físico declarado, sino que funciona en los distintos espacios de los barrios. Nuestro funcionamiento es nómade. La idea es que no puedan encontrarnos tan fácil”, sugiere Mariela.
Con esa dinámica actúan de diferentes formas:
- “La principal: cuando ocurre un hecho, es el acompañamiento a fiscalías, a hacer la denuncia, a motorizar hábeas corpus, solicitar expedientes, pruebas”.
- “Luego hay un sector de los psicólogos que tratan en terapia la situación de los familiares”. A esto Mariela la suma la “terapia colectiva”, no menos efectiva y útil a todos los miembros de la Comisión.
- “Hacemos tareas callejeras de intervención: murales, graffitis, acciones, caravanas, marchas”. Cualquiera que visite Trelew se puede topar con un mural que pide justicia.
- “También intervenciones en situaciones de detención: rondamos comisarías en los momentos en que, creemos, puede haber operativos. Porque la policía no está formada para prevenir, sino para reprimir. En un recital de cumbia, seguro que hay palos”.
La Comisión es un verdadero organismo de derechos humanos, de ésos que surgen en el territorio como expresión urgente y desesperada, que va tejiendo lazos y agrupa no sólo militantes sino a familiares de víctimas y víctimas directas. “Todo esto no es que lo empezamos a hacer con un programa sino que lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, sobre casos de impunidad muy grandes que requerían que nosotros nos organizáramos sobre el contexto. Hoy por hoy ya hemos adquirido algunas herramientas, un poco a partir de la experiencia, otro poco a partir de lo que nos han contado compañeros, y sin duda el apoyo permanente de referentes como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Todos aportan su grano de arena que siempre nos viene muy bien. Nosotros acá tratamos de llevarlo a la práctica”.
“Si no hay condena, hay escrache”, gritaba la Mesa de Escrache de la agrupación HIJOS. Las Madres de Plaza de Mayo, dando vueltas a la pirámide, reclamaban saber dónde estaban sus hijos. La Comisión Contra la Impunidad aboga por la justicia social y también la judicial. “Hace poco hemos sumado miembros que son abogados. El 10 de julio va a iniciar el juicio de la familia Torres de Trelew, quienes fueron golpeados por efectivos policiales, y la abogada querellante es de la Comisión”, cuenta Mariela. Para instancias como ésa, la Comisión cree que va a servir la jurisprudencia lograda por el caso Antillanca. “A partir de la condena al Estado argentino por el caso Iván torres en instancia internacional, más esta condena en sede local ya creemos que tenemos herramientas las organizaciones sociales y políticas, y las familias, para impulsar a los abogados, a los querellantes, a los fiscales, a los defensores a que tomen esta jurisprudencia como ejemplar”.
Esa condena, dice Mariela, se construye: “Nosotros creemos que esto no va a devenir solo por la bandera de invocación de un fiscal o de un abogado querellante. Va a venir producto de la organización de los familiares víctimas de violencia policial, como en este caso fueron los Antillanca quienes desde el principio llevaron adelante la investigación, ofreciendo pruebas, fiscalizando el trabajo de la fiscal, logrando la intervención de una abogada como Verónica Heredia .El efecto contagio se va a producir a partir de la propia organización de los familiares y víctimas”.
¿Cómo sigue el trabajo de la Comisión? “Como siempre”, dirá Mariela, que sale corriendo a la marcha organizada para celebrar la condena a los policías. “Si bien lo vivimos con alegría y hacemos esta marcha popular, no queremos dejar de decir que en el caso Almonacid continúa prófugo uno de los imputados que es el efectivo Carlos Pato. En el medio de estas dos situaciones judiciales todavía vivimos el telón de fondo de un prófugo. Nosotros queremos que se pongan a disposición todos los medios para que la justicia de Chubut lo juzgue”.
La clave del juicio
La doctora Verónica Heredia – que tomó esta causa entre a partir del juicio fallido- había subrayado en su alegato que el crimen de Julián Antillanca no fue parte de una “noche de excesivo abuso” policial, sino que dejó en claro el carácter sistémico de esa violencia. “Estos hechos cometidos lo han sido en el marco de una violencia sistemática por parte de policías de la Provincia de Chubut contra jóvenes de escasos recursos y la impunidad garantizada por el Poder Judicial”, resumió. En esa violencia se enmarca la desaparición forzada de Iván Torres en 2003 y la aparición del cuerpo sin vida de César Monsalve (13 años) en 2013, luego de haber estado siete semanas desaparecido.
En el medio, centenares de víctimas engrosaron el prontuario de la policía chubutense. La propia muerte de Antillanca ofrece una síntesis siniestra: una escalada de violencia policial de la seccional Cuarta de Trelew que arrancó a las 4 de la mañana del 6 de septiembre con la golpiza a los hermanos Sergio y Denis Aballay, y concluyó con el asesinato de Julián unas horas después.
El primer juicio por el asesinato absolvió a todos los acusados. La familia y la abogada consiguieron algo único: el Superior Tribunal de la Provincia revocó ese fallo en julio de 2013 y obligó a la realización de un nuevo proceso. La Corte Suprema confirmó la decisión.
El veredicto dio lugar a la mecánica del hecho que la familia y la querella lograron probar en el proceso: a Julián lo golpearon salvajemente, lo subieron a un patrullero y lo tiraron en plena calle. Los jueces calificaron como “trascendente” y de “máxima credibilidad” el testimonio de las testigos Jorgelina Domínguez y Daiana Monsalvez, que narraron cómo tres policías golpeaban a Antillanca mientras una mujer oficial (Laura Córdoba) los cubría, y cómo el oficial Solís sacó al muchacho del patrullero y lo tiró a la calle.
También calificaron de “vital importancia” la prueba de sangre hallada en el móvil 234, que el director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHGD) de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Corach, especificó que era del “linaje Antillanca”.
En ese sentido, los jueces valoraron la “relevancia” de las conclusiones del perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) de Chubut, Herminio Gonzáles, que afirmó que Julián Antillanca murió producto de una brutal golpiza en el rostro, la cabeza, el tórax y las extremidades. El perito descartó la ficción que la policía había construido sobre que la muerte de Antillanca se había producido por “coma alcohólico” o “problemas cardíacos”, convalidada hasta por el doctor Diego Rodríguez Jacob, autor de la primera autopsia.
“A los jueces les quedó lo que decían las chicas y la prueba científica que se aportó, y no lo que dijeron los 26 policías que declararon como testigos. Fue patético lo que dijeron porque, además, admitieron falsificar los libros de registro”, recuerda Heredia.
“No me acuerdo”, fue la respuesta recurrente de los oficiales. Ninguno sabía a qué hora ingresó a trabajar, ni qué hizo, ni quién era su superior, ni quién controlaba sus tareas, ni quién eran sus compañeros ese día. Por ejemplo, el oficial Gustavo Briceño respondió 38 veces “no me acuerdo”. Su colega Hugo Orlando Crespo lo hizo en 24 oportunidades. Néstor Ángel Vargas, quien se presentó como “nacido y criado en Trelew”, no pudo responder ni una vez sobre las distancias que separan las calles donde se crió.
De todos modos, los jueces sostuvieron en la absolución de Pablo Morales que no pudieron acreditar “con el grado de certeza necesario” que él estuvo en el patrullero 204 (modelo Chevrolet Classic) cuando Antillanca fue asesinado. “El único que manejaba el móvil ese día fue él”, discrepó Verónica Heredia, que también subrayó que los jueces no tuvieron en cuenta “absolutamente nada” del contexto de violencia sistemática en el que se producen los crímenes como el de Antillanca. Habrá que esperar hasta la lectura de los votos para saber qué valoró cada juez en particular.
Lo que falta
Las penas quedarán firmes una vez que el Tribunal fije sentencia. Esto será a partir de una audiencia prevista para el 30 julio, que motivó una confusión: por moderación, no se quería hablar de “prisión perpetua” ya que los jueces se expidieron sólo sobre la culpabilidad de los acusados. Verónica Heredia aclara el panorama.
La clasificación penal bajo la que el Tribunal condenó a Solís, Abraham y Córdoba es «homicidio agravado», en los términos en los que lo especifica el Código Penal en el artículo 80, inciso 9. Esto es: «Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario». La doctora Heredia especificó a lavaca: «La única pena posible es perpetua». Y aclaró: «Si no hubiera estado Sandoval (el policía condenado por «encubrimiento»), hoy hubiera terminado el juicio».
¿Por qué? El Código Procesal Penal de Chubut, en su artículo 304, describe el sistema de «cesura» bajo el que se rigen los procesos en la provincia. La «cesura» es la división del juicio en dos etapas. La primera es para fijar el hecho, la autoria y la responsabilidad penal. La segunda es la que determina el monto y fija la sentencia que, en el caso de Antillanca, será el 30 de julio. Esta segunda etapa, subrayó Heredia, es para aquellas penas que se puedan cuantificar. «No cuando la pena es única, como en el caso de los tres policías», clarificó Heredia. En el caso de Sandoval, la clasificación penal por «encubrimiento» oscila en una pena de entre 3 y 5 años y medio de prisión.
Eso es lo que se definirá del 30 de julio.
Nota
Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

Nota
Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.
La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.
Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.
Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.
Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.
Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.
Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.
La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?
Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.
Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.
¿Les iban informando qué harían con ustedes?
Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.
¿Por qué Italia primero?
Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.
¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?
Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.
¿Cómo es un ataque con drones?
Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.
En altamar también siguieron las intimidaciones
Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.
¿En algún momento temiste por tu vida?
Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.
Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?
Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.
¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?
Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.
¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?
Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.
¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?
En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.
Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?
No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.
El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…
Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.
¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?
Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.
Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.
¿Qué edad tiene tu hija?
9 años.

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