Nota
Colombia dijo No: un Estado débil, dos países fuertes
Raúl Zibechi analiza la derrota del proceso de paz en el referendo del domingo 2 de octubre. Las razones del No, las diferencias entre el campo y la ciudad, la sombra derechista de Uribe y el factor religioso y militar. Apuntes para pensar «un país dividido en dos mitades que no se reconocen, ni lo harán».
La dos Colombias que chocaron el domingo 2 de octubre encarnan dos mundos que se desconfían y se temen. Una realidad que antecede, con mucho, el posicionamiento ideológico que es posterior y viene a justificar distancias culturales sobre las que toman forma las diferencias políticas. Esos dos mundos pudieron más que las largas negociaciones entre gobierno y FARC en La Habana, sobrevolaron el macizo apoyo internacional a la firma de la paz, y desbarataron el más serio y firme intento por superar una guerra de 52 años.
No fue suficiente la promesa de la presidenta del FMI, Christine Lagarde, de abrir una línea de crédito especial para Colombia por 11.000 millones de dólares, ni su apoyo irrestricto al proceso de paz con su presencia en Cartagena: “Vemos el proceso de paz como un impulso al desarrollo, la atracción de inversión extranjera directa adicional, más confianza en el país, más seguridad y mayor certidumbre para aquellos que buscan invertir bien su dinero alrededor del mundo” (Semana, 26 de setiembre de 2016).
El Sí tenía todo a su favor, desde el gobierno y la oposición de izquierda moderada, agrupada en el Polo Democrático, hasta los gobiernos de la región y los organismos financieros internacionales. La relación de fuerzas era tan grande, que todos creyeron a las encuestas que pronosticaban hasta un 60 por ciento de votos favorables. Entre los que apostaron al No, destaca el Centro Democrático de Álvaro Uribe, ex presidente y ex aliado del actual presidente Juan Manuel Santos, que puede considerarse el principal vencedor del fracaso gubernamental.
Empero, no debería verse a Uribe como el hacedor de la derrota del Sí. Por el contrario, la habilidad del ex presidente consistió en captar la bronca y el rencor de la mitad de los colombianos con las FARC. Antipatía que su gobierno (2002-2010) contribuyó como pocos a potenciar, aliado con las fuerzas armadas y una parte sustancial del empresariado, en particular del ganadero, pero también los paramilitares y narcotraficantes.
Explicar la sorpresa
Una parte considerable de los análisis sobre el estrecho resultado del referendo enfatizaron en cuestiones puntuales vinculadas a los aciertos y errores de campaña. “Mientras la campaña del No siguió en forma unificada las directrices del uribismo, la del Sí resultó dispersa”, sostiene uno de los periódicos más prestigiosos (El Espectador, 4 de octubre de 2016). Alude a la multiplicidad de apoyos que recibió el Sí, desde el gobierno y grupos conservadores hasta el centro-izquierda y los verdes, pasando por los diversos movimientos sociales. El argumento señala que si todos los que apoyaban la paz hubieran hecho una campaña unificada, los resultados hubieran sido distintos.
Entre los argumentos menos sólidos, apareció el que atribuye al huracán Matthew en la costa Caribe, la abstención de más de cien mil votantes en la región más favorable a la paz. Las mismas premisas defienden quienes se quejan de la baja participación, ya que la abstención trepó al 63 por ciento. Debe recordarse que las elecciones en Colombia desde siempre se caracterizaron por la baja participación. En todo caso, deberían pensarse las razones por las cuales la clase política tiene tan esmirriada credibilidad.
La publicación La Silla Vacía (nombre que hace referencia a la ausencia de Manuel Marulanda en El Caguán, en las negociaciones de paz de los 90), una de las más sólidas en el análisis de la política colombiana, salió al paso con cinco razones que explicarían el fracaso del Sí. La primera consiste en haber subestimado el rechazo de la población a las FARC, que Uribe supo capitalizar al lanzar la consigna de que el Sí es tanto como decir “Ser Pillo Paga”, ya que es contrario a que los guerrilleros no reciban duras condenas. Durante la campaña desplegó anuncios simulando “Timochenko presidente”, quizá el más efectivo al hacer pensar que el dirigente de las FARC sería el próximo gobernante.
La segunda razón sería haber subestimado el rechazo a Santos en la población. En efecto, el gobierno tiene menos del 30 por ciento de aprobación, por lo que el presidente “se convirtió desde un inicio en un lastre para el plebiscito” (lasillavacia.com, 3 de octubre de 2016). Luego destaca que los partidarios del No tuvieron la habilidad de no oponerse a la paz, sino apostar por “un mejor acuerdo”. Incluso Ingrid Bentancourt, ex prisionera de la guerrilla, aseguró su apoyo al Sí “aunque en mi caso no habrá justicia” (Semana, 24 de setiembre de 2016).
La publicación achaca a las FARC y al gobierno actitudes de soberbia. Éste al mostrar la paz como algo irreversible y por una frase de Santos al ser consultado sobre si la pregunta a refrendar era la idónea: “El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que le dé la gana”. Un estilo caudillista y autoritario que muchos sintieron que pretendía llevarse al país por delante.
La guerrilla no se quedó atrás, y mostró “todo menos humildad”, en particular en el discurso de Timochenko en Cartagena donde “salió al escenario como una estrella de rock” y no se atrevió a pedir perdón de frente, mostrando “superioridad moral”. En efecto, los dirigentes de la guerrilla actuaron reafirmando sus posiciones y nunca entendieron que se trataba de conquistar la voluntad de esa otra mitad del país que sólo los conoce a través de la publicidad negativa de sus enemigos.
Por último, se alude al proverbial conservadurismo de los colombianos, católicos y homofóbicos. La ministra de Educación, Gina Parody, puso en circulación cartillas de educación sexual que provocaron debates que polarizaron al país, con multitudinarias marchas contra el gobierno. Uribe hizo llamados para rescatar la “familia tradicional”, mientras el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que los acuerdos de La Habana pretendían cambiar instituciones sagradas como el matrimonio. El gobierno no pudo convencer a la iglesia católica, en una reunión con varios cientos de pastores cristianos, de que las denuncias no eran verdaderas, pero “no muchos le creyeron” (Semana, 2 de octubre de 2016).
Campo y ciudad
Lo cierto es que la sociedad colombiana vive, desde hace décadas, una profunda y creciente polarización que seguramente tenga su punto de partida en el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que marcó el inicio de una guerra civil entre liberales y conservadores que crea las condiciones para el nacimiento de las FARC en los años 60. Pero esa guerra no afectó a todos los colombianos por igual, sino en primer lugar a los pobladores rurales.
El Grupo de Memoria Histórica denuncia que el conflicto ha causado la muerte de 220.000 personas entre 1958 y 2012, de las cuales más del 80 por ciento son civiles que fueron las principales víctimas del conflicto. En paralelo, el Registro Único de Víctimas dice que hasta marzo de 2013 hubo 25 mil desaparecidos y casi seis millones de desplazados en un país de 48 millones de habitantes. Unos y otros provienen de las áreas rurales que votaron mayoritariamente por la paz, como Chocó, Cauca, Guaviare, Nariño, Caquetá, Vaupés, Meta y Putumayo, donde el Sí se impuso con cierta holgura. Por eso se dice que las víctimas de la guerra votaron afirmativo.
Por el contrario, en las grandes ciudades y zonas urbanas triunfó el No. Como señala la periodista Constanza Vieira, “Colombia exhibió su peculiar trastorno de doble personalidad, que hace que se hable de dos Colombias: la más desarrollada, predominante en los Andes, votó mayoritariamente No. El país de la periferia, con menor densidad de población, lo hizo por el Sí, junto con Bogotá, de unos ocho millones de habitantes” (IPS, 3 de octubre de 2016).
Lo interesante, y verdaderamente complejo, es que el país “moderno” le da la espalda a la paz y se alía con el ultraderechista Uribe. Salvo en Bogotá, que ha experimentado un proceso de democratización, con dos décadas de gobiernos municipales progresistas, lo que no inhibe que alguno de los alcaldes haya sido procesado por corrupción.
Las razones de este supuesto desfasaje entre modernidad y actitud política conservadora habría que buscarlas, básicamente, en dos cuestiones. La primera se relaciona con los escenarios de la guerra. Para los citadinos, el conflicto es algo que sucede lejos de su vida cotidiana, entre contendientes con los que no tienen el menor contacto. Esta población no sólo no sufre la guerra, sino que se entera por los medios siempre controlados por la alianza entre un Estado militarista y empresarios amigos de los militares.
Sin embargo, en las ciudades se respira prosperidad, por un lado, y pobreza en el otro extremo. Pero en un país como Colombia una y otra no se miran, menos aún interaccionan. Los seis de cada diez colombianos que no votan suelen reclutarse entre la mitad más pobre de la población, lo que explica el peso pequeño de una izquierda que, además, hace rato está desconectada de la realidad.
La segunda cuestión se relaciona con el peso creciente de las “iglesias de garaje”, que proliferaron a tal punto en los últimos 20 años que el gobierno pretendió controlarlas a través de un registro que contabiliza 5.071 iglesias no católicas anotadas ante el Ministerio del Interior (Caracol, 17 de enero de 2014). Cada día se presentan tres iglesias nuevas, además de las que funcionan de forma “ilegal”.
En su inmensa mayoría son pequeños templos evangélicos o pentecostales a los que acuden decenas de personas. Probablemente tengan una incidencia similar a las iglesias pentecostales en Brasil, que cuentan con poderosos medios de comunicación, grandes templos y una numerosa bancada de diputados y senadores. Pero en Colombia el fenómeno no cuenta con estudios que permitan conocer la cantidad de fieles, ni sus características. Sabemos que los ingresos de esas iglesias informales eran, hace apenas tres años, de 10 mil millones de pesos, mientras el presupuesto estatal para educación era de apenas 1,2 mil millones (dinero.com, 24 de abril de 2013).
El factor militar
Fuera de dudas, el universo religioso juega un papel relevante en la consolidación del conservadurismo. Esas miles de iglesias se mostraron reacias al acuerdo de paz. Una de las escasas investigaciones académicas sobre estas iglesias, realizada por el periodista Ricardo Sarmiento, divide las iglesias en tres categorías: las iglesias locales o “iglesias de garaje”, casi siempre pentecostales con una sede única y que sólo influencian a personas de las cercanías en donde están instalada, que se estima en unas 50 personas en promedio; las que tienen varias sedes en Bogotá y en diferentes regiones del país; y las “megaiglesias” que pertenecen a congregaciones internacionales.
Este universo en expansión geométrica tiene una poderosa influencia en el comportamiento de los sectores populares. Las pequeñas “iglesias de garaje” están en barrios periféricos, funcionan en casas de familia y a diferencia de las grandes congregaciones, “este protestantismo informal crece sin necesidad del apoyo económico foráneo”, como sostiene el trabajo del sociólogo William Beltrán. Agrega que este tipo de organización religiosa puede considerase como “una forma de resistencia social” de los más pobres, que participan en movimientos religiosos porque “propician espacios de organización comunitaria para los pobres, desplazados y marginados que encuentran en el seno de la comunidad la posibilidad de reestructurar el sentido de su existencia y su identidad”.
Los pobres encontraron un refugio entre los pentecostales, que avivan el fuego conservador de sus culturas ancestrales. El otro refugio son las fuerzas armadas, donde los más jóvenes –y a menudo rebeldes- quieren desembarcar para darle un sentido a sus vidas y un ingreso seguro. Ambos hechos, constatables en cualquier recorrido por las ciudades colombianas, muestran la brutal distancia existencial y política de la izquierda con lo que debería ser, y alguna vez fue, su base social.
Queda un elemento que colocó sobre la mesa el periodista Héctor Abad Faciolince, partidario del Sí. En Colombia hay unos dos mil militares presos, por condenas que tienen que ver con el conflicto armado, por violaciones a los derechos humanos, entre otros delitos.
Finaliza su artículo, escrito bastante antes del referendo, con un párrafo lúcido y complejo: “Si el presidente Santos de verdad quiere hacer la paz con todo el país, debe ofrecerles a los militares, y a Uribe, y a los intereses y miedos que él representa, un trato que los cobije. Me temo que aquí seguirá la guerra si algunos militares y civiles reciben más penas y vergüenzas que la guerrilla. Si Santos define un trato especial para militares y civiles implicados en el conflicto (y sólo él tiene el poder de hacerlo), creo que hasta el Centro Democrático votaría por el Sí en el plebiscito. Aquí hay cierta derecha que no descansará hasta no ver presa o muerta a la cúpula guerrillera; y cierta izquierda que no estará contenta hasta no ver preso a Uribe y a sus amigos. A esa izquierda y a esa derecha hay que desarmarlas con un perdón especial” (El Espectador, 30 de julio de 2016).
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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.
La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.
Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.
Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.
Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.
Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.
Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.
La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?
Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.
Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.
¿Les iban informando qué harían con ustedes?
Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.
¿Por qué Italia primero?
Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.
¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?
Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.
¿Cómo es un ataque con drones?
Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.
En altamar también siguieron las intimidaciones
Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.
¿En algún momento temiste por tu vida?
Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.
Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?
Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.
¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?
Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.
¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?
Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.
¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?
En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.
Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?
No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.
El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…
Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.
¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?
Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.
Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.
¿Qué edad tiene tu hija?
9 años.
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