Raúl Zibechi analiza la derrota del proceso de paz en el referendo del domingo 2 de octubre. Las razones del No, las diferencias entre el campo y la ciudad, la sombra derechista de Uribe y el factor religioso y militar. Apuntes para pensar «un país dividido en dos mitades que no se reconocen, ni lo harán».

La dos Colombias que chocaron el domingo 2 de octubre encarnan dos mundos que se desconfían y se temen. Una realidad que antecede, con mucho, el posicionamiento ideológico que es posterior y viene a justificar distancias culturales sobre las que toman forma las diferencias políticas. Esos dos mundos pudieron más que las largas negociaciones entre gobierno y FARC en La Habana, sobrevolaron el macizo apoyo internacional a la firma de la paz, y desbarataron el más serio y firme intento por superar una guerra de 52 años.

No fue suficiente la promesa de la presidenta del FMI, Christine Lagarde, de abrir una línea de crédito especial para Colombia por 11.000 millones de dólares, ni su apoyo irrestricto al proceso de paz con su presencia en Cartagena: “Vemos el proceso de paz como un impulso al desarrollo, la atracción de inversión extranjera directa adicional, más confianza en el país, más seguridad y mayor certidumbre para aquellos que buscan invertir bien su dinero alrededor del mundo” (Semana, 26 de setiembre de 2016).

El Sí tenía todo a su favor, desde el gobierno y la oposición de izquierda moderada, agrupada en el Polo Democrático, hasta los gobiernos de la región y los organismos financieros internacionales. La relación de fuerzas era tan grande, que todos creyeron a las encuestas que pronosticaban hasta un 60 por ciento de votos favorables. Entre los que apostaron al No, destaca el Centro Democrático de Álvaro Uribe, ex presidente y ex aliado del actual presidente Juan Manuel Santos, que puede considerarse el principal vencedor del fracaso gubernamental.

Empero, no debería verse a Uribe como el hacedor de la derrota del Sí. Por el contrario, la habilidad del ex presidente consistió en captar la bronca y el rencor de la mitad de los colombianos con las FARC. Antipatía que su gobierno (2002-2010) contribuyó como pocos a potenciar, aliado con las fuerzas armadas y una parte sustancial del empresariado, en particular del ganadero, pero también los paramilitares y narcotraficantes.

Explicar la sorpresa

Una parte considerable de los análisis sobre el estrecho resultado del referendo enfatizaron en cuestiones puntuales vinculadas a los aciertos y errores de campaña. “Mientras la campaña del No siguió en forma unificada las directrices del uribismo, la del Sí resultó dispersa”, sostiene uno de los periódicos más prestigiosos (El Espectador, 4 de octubre de 2016). Alude a la multiplicidad de apoyos que recibió el Sí, desde el gobierno y grupos conservadores hasta el centro-izquierda y los verdes, pasando por los diversos movimientos sociales. El argumento señala que si todos los que apoyaban la paz hubieran hecho una campaña unificada, los resultados hubieran sido distintos.

Entre los argumentos menos sólidos, apareció el que atribuye al huracán Matthew en la costa Caribe, la abstención de más de cien mil votantes en la región más favorable a la paz. Las mismas premisas defienden quienes se quejan de la baja participación, ya que la abstención trepó al 63 por ciento. Debe recordarse que las elecciones en Colombia desde siempre se caracterizaron por la baja participación. En todo caso, deberían pensarse las razones por las cuales la clase política tiene tan esmirriada credibilidad.

La publicación La Silla Vacía (nombre que hace referencia a la ausencia de Manuel Marulanda en El Caguán, en las negociaciones de paz de los 90), una de las más sólidas en el análisis de la política colombiana, salió al paso con cinco razones que explicarían el fracaso del Sí. La primera consiste en haber subestimado el rechazo de la población a las FARC, que Uribe supo capitalizar al lanzar la consigna de que el Sí es tanto como decir “Ser Pillo Paga”, ya que es contrario a que los guerrilleros no reciban duras condenas. Durante la campaña desplegó anuncios simulando “Timochenko presidente”, quizá el más efectivo al hacer pensar que el dirigente de las FARC sería el próximo gobernante.

La segunda razón sería haber subestimado el rechazo a Santos en la población. En efecto, el gobierno tiene menos del 30 por ciento de aprobación, por lo que el presidente “se convirtió desde un inicio en un lastre para el plebiscito” (lasillavacia.com, 3 de octubre de 2016). Luego destaca que los partidarios del No tuvieron la habilidad de no oponerse a la paz, sino apostar por “un mejor acuerdo”. Incluso Ingrid Bentancourt, ex prisionera de la guerrilla, aseguró su apoyo al Sí “aunque en mi caso no habrá justicia” (Semana, 24 de setiembre de 2016).

La publicación achaca a las FARC y al gobierno actitudes de soberbia. Éste al mostrar la paz como algo irreversible y por una frase de Santos al ser consultado sobre si la pregunta a refrendar era la idónea: “El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que le dé la gana”. Un estilo caudillista y autoritario que muchos sintieron que pretendía llevarse al país por delante.

La guerrilla no se quedó atrás, y mostró “todo menos humildad”, en particular en el discurso de Timochenko en Cartagena donde “salió al escenario como una estrella de rock” y no se atrevió a pedir perdón de frente, mostrando “superioridad moral”. En efecto, los dirigentes de la guerrilla actuaron reafirmando sus posiciones y nunca entendieron que se trataba de conquistar la voluntad de esa otra mitad del país que sólo los conoce a través de la publicidad negativa de sus enemigos.

Por último, se alude al proverbial conservadurismo de los colombianos, católicos y homofóbicos. La ministra de Educación, Gina Parody, puso en circulación cartillas de educación sexual que provocaron debates que polarizaron al país, con multitudinarias marchas contra el gobierno. Uribe hizo llamados para rescatar la “familia tradicional”,  mientras el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que los acuerdos de La Habana pretendían cambiar instituciones sagradas como el matrimonio. El gobierno no pudo convencer a la iglesia católica, en una reunión con varios cientos de pastores cristianos, de que las denuncias no eran verdaderas, pero “no muchos le creyeron” (Semana, 2 de octubre de 2016).

Campo y ciudad

Lo cierto es que la sociedad colombiana vive, desde hace décadas, una profunda y creciente polarización que seguramente tenga su punto de partida en el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que marcó el inicio de una guerra civil entre liberales y conservadores que crea las condiciones para el nacimiento de las FARC en los años 60. Pero esa guerra no afectó a todos los colombianos por igual, sino en primer lugar a los pobladores rurales.

El Grupo de Memoria Histórica denuncia que el conflicto ha causado la muerte de 220.000 personas entre 1958 y 2012, de las cuales más del 80 por ciento son civiles que fueron las principales víctimas del conflicto. En paralelo, el Registro Único de Víctimas dice que hasta marzo de 2013 hubo 25 mil desaparecidos y casi seis millones de desplazados en un país de 48 millones de habitantes. Unos y otros provienen de las áreas rurales que votaron mayoritariamente por la paz, como Chocó, Cauca, Guaviare, Nariño, Caquetá, Vaupés, Meta y Putumayo, donde el Sí se impuso con cierta holgura. Por eso se dice que las víctimas de la guerra votaron afirmativo.

Por el contrario, en las grandes ciudades y zonas urbanas triunfó el No. Como señala la periodista Constanza Vieira, “Colombia exhibió su peculiar trastorno de doble personalidad, que hace que se hable de dos Colombias: la más desarrollada, predominante en los Andes, votó mayoritariamente No. El país de la periferia, con menor densidad de población, lo hizo por el Sí, junto con Bogotá, de unos ocho millones de habitantes” (IPS, 3 de octubre de 2016).

Lo interesante, y verdaderamente complejo, es que el país “moderno” le da la espalda a la paz y se alía con el ultraderechista Uribe. Salvo en Bogotá, que ha experimentado un proceso de democratización, con dos décadas de gobiernos municipales progresistas, lo que no inhibe que alguno de los alcaldes haya sido procesado por corrupción.

Las razones de este supuesto desfasaje entre modernidad y actitud política conservadora habría que buscarlas, básicamente, en dos cuestiones. La primera se relaciona con los escenarios de la guerra. Para los citadinos, el conflicto es algo que sucede lejos de su vida cotidiana, entre contendientes con los que no tienen el menor contacto. Esta población no sólo no sufre la guerra, sino que se entera por los medios siempre controlados por la alianza entre un Estado militarista y empresarios amigos de los militares.

Sin embargo, en las ciudades se respira prosperidad, por un lado, y pobreza en el otro extremo. Pero en un país como Colombia una y otra no se miran, menos aún interaccionan. Los seis de cada diez colombianos que no votan suelen reclutarse entre la mitad más pobre de la población, lo que explica el peso pequeño de una izquierda que, además, hace rato está desconectada de la realidad.

La segunda cuestión se relaciona con el peso creciente de las “iglesias de garaje”, que proliferaron a tal punto en los últimos 20 años que el gobierno pretendió controlarlas a través  de un registro que contabiliza 5.071 iglesias no católicas anotadas ante el Ministerio del Interior (Caracol, 17 de enero de 2014). Cada día se presentan tres iglesias nuevas, además de las que funcionan de forma “ilegal”.

En su inmensa mayoría son pequeños templos evangélicos o pentecostales a los que acuden decenas de personas. Probablemente tengan una incidencia similar a las iglesias pentecostales en Brasil, que cuentan con poderosos medios de comunicación, grandes templos y una numerosa bancada de diputados y senadores. Pero en Colombia el fenómeno no cuenta con estudios que permitan conocer la cantidad de fieles, ni sus características. Sabemos que los ingresos de esas iglesias informales eran, hace apenas tres años, de 10 mil millones de pesos, mientras el presupuesto estatal para educación era de apenas 1,2 mil millones (dinero.com, 24 de abril de 2013).

El factor militar

Fuera de dudas, el universo religioso juega un papel relevante en la consolidación del conservadurismo. Esas miles de iglesias se mostraron reacias al acuerdo de paz. Una de las escasas investigaciones académicas sobre estas iglesias, realizada por el periodista Ricardo Sarmiento, divide las iglesias en tres categorías: las iglesias locales o “iglesias de garaje”, casi siempre pentecostales con una sede única y que sólo influencian a personas de las cercanías en donde están instalada, que se estima en unas 50 personas en promedio; las que tienen varias sedes en Bogotá y en diferentes regiones del país; y las “megaiglesias” que pertenecen a congregaciones internacionales.

Este universo en expansión geométrica tiene una poderosa influencia en el comportamiento de los sectores populares. Las pequeñas “iglesias de garaje” están en barrios periféricos, funcionan en casas de familia y a diferencia de las grandes congregaciones, “este protestantismo informal crece sin necesidad del apoyo económico foráneo”, como sostiene el trabajo del sociólogo William Beltrán. Agrega que este tipo de organización religiosa puede considerase como “una forma de resistencia social” de los más pobres, que participan en  movimientos religiosos porque “propician espacios de organización comunitaria para los pobres, desplazados y marginados que encuentran en el seno de la comunidad la posibilidad de reestructurar el sentido de su existencia y su identidad”.

Los pobres encontraron un refugio entre los pentecostales, que avivan el fuego conservador de sus culturas ancestrales. El otro refugio son las fuerzas armadas, donde los más jóvenes –y a menudo rebeldes- quieren desembarcar para darle un sentido a sus vidas y un ingreso seguro. Ambos hechos, constatables en cualquier recorrido por las ciudades colombianas, muestran la brutal distancia existencial y política de la izquierda con lo que debería ser, y alguna vez fue, su base social.

Queda un elemento que colocó sobre la mesa el periodista Héctor Abad Faciolince, partidario del Sí. En Colombia hay unos dos mil militares presos, por condenas que tienen que ver con el conflicto armado, por violaciones a los derechos humanos, entre otros delitos.

Finaliza su artículo, escrito bastante antes del referendo, con un párrafo lúcido y complejo: “Si el presidente Santos de verdad quiere hacer la paz con todo el país, debe ofrecerles a los militares, y a Uribe, y a los intereses y miedos que él representa, un trato que los cobije. Me temo que aquí seguirá la guerra si algunos militares y civiles reciben más penas y vergüenzas que la guerrilla. Si Santos define un trato especial para militares y civiles implicados en el conflicto (y sólo él tiene el poder de hacerlo), creo que hasta el Centro Democrático votaría por el Sí en el plebiscito. Aquí hay cierta derecha que no descansará hasta no ver presa o muerta a la cúpula guerrillera; y cierta izquierda que no estará contenta hasta no ver preso a Uribe y a sus amigos. A esa izquierda y a esa derecha hay que desarmarlas con un perdón especial” (El Espectador, 30 de julio de 2016).