El Estado rechazó la conformación de un grupo de expertos internacionales coordinados por el Alto Comisionado de la ONU para investigar de forma independiente la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El argumento oficial: no necesitan ningún asesoramiento por los avances en la investigación. ¿Cuáles son los avances? Los  informes presentados la justicia y regados a los medios por el Ministerio de Seguridad, sin valor probatorio por tratarse de actuaciones administrativas. El objetivo: focalizar en un grupo de gendarmes que habrían cometido “excesos” para negar que se haya cometido el delito de una desaparición forzada. Desde el CELS advierten: “Confirma que el Gobierno tenía información para avanzar en dirección a una desaparición y la ocultó. Es gravísimo: el Ministerio tiene que dar una explicación urgente”. Así es la trama de este nuevo capítulo sobre cómo el Estado encubre un crimen de Estado.

El secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, entregó el domingo al titular del Juzgado Federal de Esquel, Guido Otranto, un informe con las “actuaciones administrativas” que realizó la cartera encabezada por la ministra Patricia Bullrich. Son las declaraciones de gendarmes que describen las acciones del 1 de agosto  en el operativo que desapareció a Santiago Maldonado. Este lunes el Ministerio sumó nuevos informes. El martes, más.  Así construyó la nueva hipótesis oficial, que menciona los nombres de un grupo de ocho gendarmes  (de los 127 que participaron) que podrían haber cometido “excesos” en la bajada del río en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Filtrada generosamente a los medios de la cadena oficial,  la nueva hipótesis que el Gobierno comenzó a desplegar fue resumida por el coordinador de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesia Illa, en el programa Diario del Futuro: “Lo más probable que haya pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado, sin saber que lo estaba hiriendo gravemente”.
La trama de los informes
El Ministerio había realizado entrevistas a 40 gendarmes del Escuadrón de El Bolsón entre el 10 y 16 de agosto. El cuestionario versó sobre los siguientes puntos:

• A qué escuadrón pertenecía el gendarme interrogado.
• El motivo por el que fue convocado.
• Qué tipo de equipamiento tenían.
• Quién era el jefe del operativo.
• Si estuvieron presentes funcionarios judiciales.
• Si había otras fuerzas policiales.
• Si hubo detenciones.
• Qué ocurrió ese día.

Muchas de las preguntas fueron respondidas sí o no. La única respuesta desarrollada fue qué había ocurrido: dos líneas o dos párrafos, según el gendarme.
A un grupo de gendarmes se les realizó una segunda entrevista. El proceso estuvo coordinado por el encargado del área Violencia Institucional del Ministerio, Daniel Barberis. Su conclusión: no pudo dar por acreditado ningún tipo de violencia institucional en el operativo. Esas entrevistas son las que le entregan al juez Otranto el domingo.
La nueva hipótesis
Los nuevos informes involucraron de forma directa a siete efectivos, con la lupa puesta sobre la responsabilidad del subalférez Emmanuel Echazú, aunque fuentes de la investigación advirtieron a lavaca sobre la presencia de un alto mando cerca del río. Durante las últimas horas se sumó el nombre de un octavo gendarme, cuyo testimonio –según el diario  La Nación– fue tomado por la propia Gendarmería y, luego, por el Ministerio de Seguridad.  Esa información fue entregada al juez Otranto por el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané. Según La Nación, el gendarme Neri Armando Robledo dijo haber arrojado una piedra “en defensa personal” a uno de los manifestantes que cruzaban a nado el río para resguardarse de la represión y que vio cómo esa piedra impactó en su “espalda”.  Fuentes informaron a lavaca que lo efectivamente incorporado a la causa es el testimonio de dos cocineros de Gendarmería (que obviamente no estuvieron en la Pu Lof) que “escucharon” a un gendarme decir que había arrojado “un piedrazo” durante el operativo.
El objetivo
La primera conclusión de esta nueva hipótesis del gobierno es clara. Desde la querella del CELS la sintetizaron así a lavaca: “Confirma que el Gobierno tenía información para avanzar en dirección a una desaparición y la ocultó. También confirma que continúa especulando con la información y ese proceso es gravísimo: el Ministerio tiene que dar una explicación urgente”.
El objetivo de esta estrategia oficial busca alejar la figura de desaparición forzada y, principalmente, el rol del Estado en la configuración de ese delito. La teoría de los “gendarmes sueltos” busca, además, desvincular la participación del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, en la coordinación de un operativo, que contó con 127 efectivos de tres escuadrones distintos más la Agrupación XIV de Chubut, según lo confirmó un documento oficial de la fuerza nacional difundido por lavaca.
En este escenario, el Juzgado Federal de Esquel comunicó hoy que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA descartó la compatibilidad entre el ADN de Maldonado y los perfiles genéticos de 23 muestras en los vehículos de Gendarmería. También informó que se obtuvieron 14 muestras de material genético “no viable de ser cotejado” y que aún queda pendiente el análisis de una muestra encontrada en un camión Unimog del Escuadrón 37 José de San Martín.
La familia y los organismos querellantes desconfiaron del resultado de estas pericias desde que se tomaron las muestras: el juez Otranto tardó nueve días en rastrillar los Escuadrones 35 (El Bolsón) y 36 (Esquel). Sin embargo, para la ministra Bullrich estos resultados son suficientes, ya que “despeja muy fuertemente lo que ha sido tan acusado el Gobierno de una desaparición forzosa” según dijo a La Nación. Y concluyó: «Espero que los mismos que pidieron mi renuncia reconozcan el trabajo que estamos haciendo».
La estrategia oficial quedó así montada de cara a una reunión clave.
Eludir a la ONU
La familia Maldonado –a través de su abogada Verónica Heredia- había exigido en un petitorio entregado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el reconocimiento oficial de la desaparición forzada y la intervención de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La propuesta concreta: conformar un grupo de expertos internacionales que supervisen y colaboren con la investigación de forma independiente. El Gobierno convocó al Alto Comisionado, Amerigo Incalcaterra, a una reunión el 31 de agosto, pero el petitorio no se firmó porque hubo “problemas formales con Cancillería”. La respuesta recién llegó este sábado: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, convocó a Incalcaterra para el martes a una reunión en Casa Rosada. El Alto Comisionado ya había manifestado que estaba dispuesto a comenzar a trabajar de forma inmediata.
En la reunión participaron Peña, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón. Así el Gobierno rechazó la propuesta de la conformación de un grupo de expertos porque –dijeron- no necesitaban ningún asesoramiento “por los avances de la investigación”.
De esta manera, el Estado imposibilitó la participación de la ONU en la investigación  de una desaparición forzada, justificándose con la investigación que el propio Estado realizó sin intervención de la justicia. La conclusión es preocupante y, lo que es más importante, sigue dejando sin respuesta la única pregunta que está obligado a responder: ¿dónde está Santiago Maldonado?