Nota
Condena internacional: Argentina culpable de violar derechos indígenas
En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por vulnerar los derechos al territorio, al ambiente sano y a la alimentación de comunidades originarias. La sentencia estuvo focalizada en Salta, particularmente en 132 comunidades de la Asociación Lhaka Honhat, donde en asambleas estudian los impactos de la medida. El fallo de la CIDH es vinculante, por lo cual Estado debe cumplir con lo definido por el tribunal. La tala ilegal, la ganadería y la instalación de alambrados como argumentos de las violaciones. Y la importancia jurídica, para que los derechos indígenas no sean letra muerta nunca más.
Por Darío Aranda
De Carlos Menem a Cristina Fernández de Kichner, de Fernando de la Rúa a Mauricio Macri, de Eduardo Duhalde a Néstor Kichner. Durante sus gobiernos el Estado argentino violó derechos básicos de pueblos indígenas de Salta. El resultado se desprende de la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acaba de condenar a la Argentina por vulnerar los derechos al territorio, al ambiente sano y a la alimentación de las comunidades Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y. La sentencia se focalizó en Salta, donde avanzó con violencia el agronegocio y donde se batieron récords de desmontes y mueren niños por desnutrición y enfermedades evitables.
Condena internacional
“Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua”, destacó el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica.
En un fallo histórico, Argentina fue condenada por violar los derechos de las 132 comunidades de la Asociación Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra”), en una lucha de más tres décadas para que se respeten sus derechos básicos. Francisco Pérez, uno de los referente históricos de Lhaka Honhat, habló con la comunicadora indígena Fabiola Benítez: “Estamos muy contentos porque es un larga lucha, de mucho tiempo. Es una alegría saber que ahora el territorio es recuperado, y saber que los jueces dan la razón a nuestro pedido”.
En Santa Victoria Este -extremo norte de Salta, departamento de Rivadavia,-lugar de las comunidades de la Lhaka Honhat- aún no habían podido analizar el fallo en detalle, lo cual será parte de un proceso de asambleas e intercambios. “El mensaje para otros pueblos indígenas es que luchen para recuperar sus tierras”, afirmó Francisco Pérez a la FM comunitaria e indígena La Paka.
La Corte ordenó medidas de reparación específicas para que se cumplan el acceso al agua, a la alimentación y la recuperación de la cultura indígena.
El fallo de la Corte IDH es vinculante. El Estado debe cumplir con lo definido por el tribunal.
La cuestión de fondo, como en toda lucha indígena, es el territorio. La Corte Interamericana determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria indígena a no brindar seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladores “criollos”, no indígenas, en el territorio. Como medida de reparación, ordenó que la entrega del título para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14. El Estado argentino debe “delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo sin subdivisiones”. Debe hacer efectivo el traslado de la población criolla fuera del territorio, remover de las tierras indígenas los alambrados y el ganado perteneciente a pobladores criollos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocinó a las comunidades, remarcó en un comunicado que “la Corte le exigió al Estado que adopte medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica el derecho humano de propiedad comunitaria indígena”.
Pre-existencia
La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) está integrada por 132 comunidades, más de diez mil personas, que habitan desde tiempos inmemoriales el departamento de Rivadavia, al noreste provincial. Lhaka Honhat lleva adelante un reclamo desde hace más de 30 años por el derecho a las tierras y territorio.
La Constitución Argentina reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas (artículo 75, inciso 17). Y también establece que las comunidades tendrán tierras “aptas y suficientes”. El mismo Estado incumple esos derechos.
La Corte remarca esa preexistencia, “al menos desde 1629”, y cuestiona que el Estado haya permitido la ocupación no indígena de esas tierras e incluso construido un puente internacional sin consulta a las comunidades.
Desmontes y muertes
“Capital nacional del desmonte”, fue el mote que se ganó Salta en la última década. La causa, tan obvia como impune, el modelo agropecuario que avanzó sobre zonas extrapampeanas; cultivo de soja transgénica, maíz o avance de la ganadería (corrida de otras regiones por la agricultura industrial).
Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años (entre 2002 y 2006), el sector privado arrasó 415.000 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007 superó todas las expectativas: autorizó talar 435.000 hectáreas. La misma Secretaría reconoció que la deforestación se produjo para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal.
Según datos de “Monitoreo de Desmontes” (un espacio colaborativo de la organización Redaf, la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA), en las últimas dos décadas se desmontaron en Salta 1,2 millones de hectáreas, superficie equivalente a 59 veces la Ciudad de Buenos Aires. La Corte señaló que la tala ilegal, la ganadería y la instalación de alambrados “afectaron el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y su acceso al agua (…) Lo cual alteró la forma de vida indígena”.
Como sabiamente explican los propios pueblos indígenas, el monte nativo es su supermercado y su farmacia. La consecuencia básica del despojo territorial es la falta de alimentos y los problemas de salud. “Murió otra aborigen por desnutrición en Chaco y ya suman quince fallecimientos”, tituló el diario Clarín el 30 de septiembre de 2007. “Más muertes por desnutrición en Salta: nueve niños murieron en diez días”, señaló La Nación el 12 de mayo de 2011. “Murió Néstor Femenía, el niño qom de 7 años que padecía desnutrición”, fue la noticia del 7 de enero de 2015. El 9 de febrero del mismo año, en Salta, el diario El Tribuno tituló: “Alarma en Tartagal, hay nueve niños en estado crítico de desnutrición”.
2020: se repiten las muertes de niños wichí en Salta, por desnutrición, falta de agua y ausencia de condiciones básicas. Tuvieron sus minutos en la TV y diarios porteños, e incluso el gobierno conformó un “Consejo contra el hambre”, tan diverso como contradictorio: desde empresarios sojeros hasta mediáticos, desde políticos hasta periodistas. Solo faltaron los pueblos indígenas, principales afectados.
La primera reunión del “Consejo contra el hambre”, anunciada con bombos, platillos y mucha prensa, se realizó en el exclusivo barrio de Puerto Madero.
El coronavirus tapó todo. Los wichí no volvieron a los medios porteños ni a los discursos políticos.
La Mesa de Derechos Humanos de Salta emitió la semana pasada un comunicado que describe la seguidilla de muertes, denuncia el “cuadro de genocidio” y apunta a los responsables: «Los sucesivos gobernantes que, en complicidad con terratenientes, empresarios y el aparato judicial y represivo conformaron un aceitado mecanismo para el despojo y usurpación de las tierras comunitarias».
Culpables
La sentencia es contudente y condena al “Estado”. Sin entrar en debates teóricos de politólogos, juristas y filósofos, la mayor responsabilidad de la violación sistemática de derechos recae sobre el Poder Ejecutivo, “el gobierno”, en este caso en particular de Argentina y Salta durante los últimos treinta años. Ningún Presidente de Argentina cumplió, en lo referido a pueblos indígenas, lo que establece las leyes locales, la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos.
Los gobernadores de Salta, desde que comenzó la causa judicial de Lhaka Honhat, fueron Roberto Romero, Hernán Cornejo, Roberto Ulloa, Juan Carlos Romero (1995 a 2007), Juan Manuel Urtubey (2007 a 2019). Ninguno cumplió ni hizo cumplir los derechos básicos de las comunidades indígenas.
El fallo también cuestionó al Poder Judicial argentino por “no seguir un plazo razonable en la tramitación de la causa judicial” referida a las tierras indígenas.
En clave jurídica
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó que el reclamo por las tierras data de al menos 1984, y el litio ante el Estado de 1998. Señaló que, en 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes. “El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado en 2019 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, desatacó el CELS.
La ONG Naturaleza de Derechos, que impulsa una causa ante la Comisión Interamericana por las muertes de niños por desnutrición, destacó que la sentencia es muy importante porque “el modelo agroindustrial ha profundizado la ya grave situación que se denunció al inicio de la petición en el año 1998”. También resaltó que “la resolución de la Corte refuerza las peticiones de medidas cautelares urgentes que se han realizado el corriente año en razón de la grave situación sanitaria y alimentaria que atraviesan las comunidades indígenas que no están alcanzadas por la sentencia”.
La Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), celebró: “Por primera vez una sentencia de la Corte IDH condena internacionalmente, de manera contundente e inapelable, las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas por parte de la República Argentina”.
Silvina Ramírez, parte de AADI y especializada en derecho indígena, explicó que si bien el fallo menciona al “Estado argentino”, apunta al estado nacional y provincial, en particular a los poderes ejecutivos y legislativos. “Es un fallo de referencia para Argentina y toda la región, sienta precedente y es muy relevante, tanto para aquellas comunidades indígenas a quienes está dirigido como para todos los pueblos indígenas que viven en Argentina y también en América Latina. Este fallo, vale la pena remarcar, es vinculante, de cumplimiento obligatorio tanto para el Estado nacional como para la provincia de Salta”, destacó Ramírez.
Y resaltó la importancia de los derechos abordados por el tribunal: propiedad comunitaria indígena, identidad cultural, derecho de participación, medio ambiente sano, derecho al agua y a una alimentación adecuada, entre otros.
Mara Puntano es una histórica abogada de luchas sociales y comunidades originarias de Salta. Analizó de forma detalla el fallo y apuntó: “Celebramos esta sentencia y lucharemos junto a las comunidades indígenas para que el Estado argentino y el gobierno de Salta cumplan esta condena y para que los derechos de los pueblos indígenas no vuelvan a ser letra muerta”.

Protesta social
Marcha de jubilados: medias, bochinches y ningún dólar en las orejas

Un miércoles tranquilo en la ronda de jubilados en Congreso, que despierta dudas ante la necesidad de hacer “un poco más de bochinche”. Como homenaje al Día del Jubilado (domingo pasado) hubo un puesto de hamburguesas y choripanes de la UTEP. “El hambre es desesperante” dijo una de las mujeres que servía a esa cola ampliada con gente de la calle en busca de qué comer. Historia de cómo sobrevivir a una jubilación hiper mínima (porque encima se arrastra una deuda). Los alfajores, las medias, y la salud encontrada en el gesto de movilizarse.
Por Lucas Pedulla Fotos Juan Valeiro/lavaca.org
A sus 76 años, Luis Relinque tiene que vender medias para llegar a fin de mes.
–Si no trabajo, no como.
Y para comer tiene que trabajar, aunque hace once años que está jubilado. El único día que no sale a vender por la zona de Once es el miércoles, cuando camina las diez cuadras que separan su casa –Remedios de Escalada, sur del conurbano bonaerense– de la parada del 37 que lo deja en el Congreso de la Nación.

El dato, que solo en esta Argentina pareciera naturalizarse, lo explica fácil:
–Soy jubilado de la mínima. Cobro $400.000 limpios, justos. El mismo día de cobro pago la luz, el gas, el agua y con todo lo que tengo me quedan limpios, justos, $210.000. Si no trabajara, son $7.000 por día hasta el mes siguiente. ¿Cómo hacés?
La pregunta flota mientras alrededor se dispone la movilización de cada miércoles. La Rama de Trabajadoras y Trabajadores de Espacios Públicos de la UTEP (gremio de la economía popular), llamada “Lxs Parrillerxs”, puso un puesto para regalar choripán y hamburguesas por el Día del Jubilado, que fue el domingo. Se sumó mucha gente de la calle: “El hambre es desesperante”, dice una señora mientras corta el pan. Sobre la vereda se acomodan trabajadoras y trabajadores de la ANSES, que denuncian una “sangría por goteo” en el organismo encargado de las jubilaciones y pensiones: el Gobierno abrió un plan de retiros voluntarios, el segundo del año. Un trabajador dice a lavaca: “En el anterior se fueron más de 1.000 personas. Muchos agarran porque están muy endeudados. La idea es que quede un ANSES chico, si es que queda”.

Por su parte, Luis tendría que estar cobrando un poco más: en septiembre la mínima llegó a $498.633,20, contando el bono de $70.000, congelado hace 30 meses: según el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA), si fuera por movilidad Luis y cinco millones de jubilados y jubiladas más tendrían que percibir un bono de $223.148. Pero Luis cobra solo $400.000 limpios porque está endeudado: hace ocho años sacó un crédito.
–Se me cayó un árbol del fondo de casa en la cabeza. Tuve derrame cerebral. También me hizo pelota la rodilla: hoy tengo una prótesis. Mirá vos, es la misma rodilla que la policía me reprimió en una marcha el año pasado: la tengo peor. Me queda este año de crédito, así que espero para fin de año terminar de pagarlo y poder cobrar un poquito más.

Por eso todos los días –salvo los miércoles– sale a vender tres pares de medias a $1.000: camina mirando a todos lados para que los “parásitos con uniforme” no le decomisen la mercadería, como viene ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Jorge Macri. Antes Luis vendía alfajores y podía hacerle algún regalo a su nieta de 13 años, o darse un gustito como ir al teatro. Pero los alfajores subieron tanto que ya no es negocio. Cuenta que la idea de las medias le llegó mirando la televisión.
–Veía a tanto operador político en la tele que pensé: si las medias me salen lo mismo que un chupetín, quizá la salida a esta crisis sea chupar medias, en serio te digo.
Luis habla y piensa con mucho humor, pero siempre aclara que lo dice en serio. Cuenta que fue la primera persona que puso un boliche gay en provincia de Buenos Aires – “Chelovecos, en 1974”–, que también tuvo una tanguería y que por muchos años se dedicó a cocinar en su casa para geriátricos o centros de jubilados. Como siempre trabajó por su cuenta, pudo jubilarse con una parte de aportes y otra de moratoria.

–Hoy el Gobierno la cortó, pero la moratoria ayudó mucho. Conozco gente que nunca aportó y ahora te dice: “Cristina chorra”. Bueno, entonces devolvé la jubilación o donala a un comedor.
A diferencia de lo que dijo el presidente Javier Milei tras su discurso en Naciones Unidas en Nueva York, a Luis –como argentino– no le salen dólares por las orejas. Es una de las tantas razones por las que no se pierde ningún miércoles.
–Hace unos años me quedé viudo. Me pasaron todas, pero yo le aconsejo a la gente mayor que venga a la marcha. No sólo como protesta, sino porque es bueno para uno. Es una cuestión de salud. A mí me ayudó mucho porque me olvidé de mí: me acuerdo más de la madre de Milei que de mí. En serio, te digo. Algunos jubilados me dicen: “No, mejor me voy a hacer un estudio al médico”, pero es como un coche en el mecánico: algo siempre te van a encontrar. No digo que esté mal, ojo, pero hay gente que está todo el día en la casa mirándola por televisión y pensando en sí mismo. Con hacer un cartel o pensar alguna cosita, ya la cabeza se me despeja.

La semana pasada, Luis trajo el “Desodorante Javo”, con una característica premium: “Te deja seco las 24 horas”. ¿Qué significa ese humor en la lucha de cada miércoles?
Luis es crítico:
–Yo vengo porque la jubilación me alcanza nomás para diez días. Me gustaría que hagamos un poco más de bochinche. Acá nos encerraron. Venimos y damos una ronda: no tenemos nada para festejar pero damos la vuelta olímpica como si fuéramos campeones. Luego, a casa. Hay que ir al Obelisco, a Corrientes. Acá no nos ve nadie. No estoy en contra, porque nos encontramos, pero haría un poco más de calle. Lo único que falta es que nos pongan mesas y nos hagan jugar a las damas: para eso voy a la plaza de mi barrio. En Lanús me preguntan: “¿Luis, no marchan más?”.
La marcha –la ronda a la que Luis pide más bochinche– está por empezar.
¿Qué espera?
–Mirá, el día que no pueda caminar más ni vivir a medias, me amenazo al Presidente así me vienen a buscar: ya averigué que no me sacan la jubilación, me llevan en cana, y al menos tengo una lamparita para leer algún libro y amigos que me traerán algún sanguchito de miga. Lo mismo que haría en casa lo hago allá. En serio, te digo.
¿Hay opción B?
–Que cambie el Gobierno. Eso daría un poquito de esperanza. La primera medida tendría que ser darnos un aumento. De mínima. Esta lucha que hacemos va a pasar a la historia como algo que era necesario hacer. El que no labura ni lucha, no come.
Hincha de Independiente y fanático de Manal, Luis se despide y se mete a la marcha.
Revista Mu
MU 216: Qué, cómo y cuándo cambió todo


Ley de Tierras y después: Cambio de tema
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Viaje a la vida en el Paraná II: En modo Costa Pobre
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Atanor condenada por contaminación: La odisea
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Carne de cañón: las víctimas travestis-trans de la dictadura
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El libro La nueva oligarquía: Tecnopoder
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Crónicas del Más Acá: Rambo al sur
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Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
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