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Corcovado quiere consagrar el Día contra la Represión

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Se cumple un año de la inédita represión provocada en Corcovado, Chubut, por el GEOP (Grupo Especial de Operaciones) que con el argumento de buscar a un prófugo allanó casas, derribó puertas, golpeó y detuvo ilegalmente a decenas de personas, sembrando una situación de terror que la justicia empezó a investigar como delitos de lesa humanidad, aunque luego moderó la causa caratulándola como «abusos de autoridad» entre otros, pese a que los apremios ilegales y privaciones ilegítimas de la libertad están vastamente documentados. Además, quedó el saldo de un desaparecido, Luciano González. Mientras se juzga al jefe del GEOP, los vecinos quieren declarar al 12 de marzo, cuando desapareció González, «Día contra la represión institucional y policial».
Hace apenas un año, en marzo de 2009, sobre la cordillera chubutense, en el pueblo de Corcovado funcionaba un virtual «estado de sitio» a cargo del GEOP, grupo de elite de la policía provincial. Los vecinos relatan que luego de las 9 de la noche estaba prohibida cualquier caminata si uno no presentaba documentación; también, que escuchaban constantemente ráfagas de disparos. Los uniformados ejercían diariamente violaciones insólitas: hurgaban en las casas, destrozaban inmueble, golpeaban y apuntaban con el fúsil a señoras y chicos; rompían guitarras, heladeras y televisores al tiempo que iniciaban a la gente en artes marciales pateando cabezas y espaldas. Encapuchados, recorrían el pueblo en estado de euforia y gran excitación. Desde el 8 de marzo hasta el 27 de ese mismo mes, el GEOP se consagró amo y señor de las calles y las casas de Corcovado. En vistas de lo relatado no resulta extraño que se esté tratando de instalar, a pedido de los vecinos, el 12 de Marzo como «Día contra la represión institucional y policial» ya que en esa fecha, además, desapareció un poblador de la zona, Luciano González.

Marta Bustos, madre de Cristián

Marta Bustos, madre de Cristián


¿Pero, por qué llegó este grupo a Corcovado? ¿Por qué Corcovado, un pueblo de 2.000 habitantes, necesitaba de una fuerza experta en la represión?
La historia es la siguiente: Cristian Bustos había sido condenado por la justicia por asesinar a su bebé, aunque seguía declarándose inocente. Se escapó de la cárcel de Corcovado. El 8 de marzo de 2009 apareció en casa de sus padres. La policía se presentó para esposarlo. Cristian y sus tres hermanos esperaban con angustia que llegara su abogado. Por miedo u otras razones desconocidas, Bustos intentó escapar, protegido por sus hermanos. La policía comenzó a balear, alguno de los Bustos respondió. Resultado: un uniformado muerto y otro herido, uno de los hermanos parapléjico de un balazo, uno muerto y el restante preso. El buscado Cristian, fue el que escapó. Con la excusa de encontrarlo, el GEOP llevó esa misma noche el terror al pueblo: los hechos posteriores son conocidos.

Descargar la nota «El paraíso del terror»,
Mu diciembre 2009

El fiscal de Esquel Martín Zacchino

El fiscal de Esquel Martín Zacchino


El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, formalizó la investigación de esos delitos. En un comienzo, calificó los hechos – apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, abusos a los ciudadanos, culatazos, vejaciones, amenazas- como de «lesa humanidad». Pero la jueza Carina Estefanía alivianó la causa. La carátula es ahora de «Abuso de autoridad en concurso ideal con vejaciones agravadas por haber sido cometidas mediante violencia física y amenazas» y contiene cinco casos particulares, todos ocurridos entre el 12 y 27 de marzo de 2009. Fuera de estos cambios de delicadeza penal, los hechos existieron y los vecinos los denunciaron y describieron ante la justicia. Incluso hay pendientes otros casos porque aún no se han recolectado las pruebas suficientes como para probarlos.
En concierto con un típico procedimiento judicial que inculpa a quien por cadena de mando es responsable de los hechos, el jefe operativo del GEOP, Miguel Gómez, Oscar Marinao (comisario de Esquel) y Oscar Muñoz (de Corcovado) son los únicos imputados en la causa.
El comisario Marinao está relacionado con otro caso: desde marzo del año pasado, también a causa del GEOP, Luciano González está desaparecido. El 12 de marzo caminaba por el Cerro Centinela donde hubo -supuestamente y en condiciones no muy claras- una pelea. La policía de Esquel llegó y pidió refuerzos a Corcovado. No había efectivos policiales para el caso, por lo que enviaron un auxilio especial: el GEOP, que carga ahora también con el silencio de un desaparecido. El hermano de Luciano, Arturo, sigue luchando a pesar de que «la justicia no hace nada». Hasta el día de hoy no tiene noticias de él.
Mientras tanto, en la página oficial del GEOP se anuncia la destrucción de armas (30, de un lote de 3000) en el contexto de un programa llamado «Chubut, por una sociedad en Paz». A modo de broma, prometen también capacitar a sus efectivos y canjear «juguetes bélicos».
El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, denunció que en Corcovado, Chubut, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) cometió delitos de lesa humanidad en marzo de este año, mientras buscaba a un prófugo. lavaca estuvo en ese pueblo cordillerano de 2.000 habitantes donde ocurrieron al menos una desaparición, apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, culatazos, patadas, vejaciones, amenazas, abusos contra los pobladores, incluyendo niños, y un virtual estado de sitio, que conformaron 15 días donde el terror se instaló merced al grupo de tareas de encapuchados que, de paso, no encontró a quien buscaba.
Hasta el momento el peso de las investigaciones y denuncias al respecto parecía recaer en el Defensor Oficial Omar López, que llevaba adelante 16 querellas por esos delitos pero la conferencia de prensa de Martín Zacchino cambió la química de la cuestión, al asumir la propia Fiscalía la profundidad de lo ocurrido, ignorado hasta ahora por buena parte de la prensa y la clase política. «Los delitos cometidos son de lesa humanidad» dijo el fiscal y agregó: «Se trata de delitos que provienen desde el Estado, que se dirigen sistemáticamente contra una población civil o parte de ella, y en Corcovado se dan esas notas típicas. Y son delitos imprescriptibles, el transcurso del tiempo no hace mella en la investigación». El Defensor Oficial ya había adelantado a lavaca que la responsabilidad debía recaer sobre el jefe del GEOP, Miguel Gómez, y los comisarios de Esquel (Oscar Marinao) y Corcovado (Oscar Muñoz). El fiscal ahora agregó: «No descartamos que deba ser investigada la conducta u omisión de la plana mayor de la policía de la provincia del Chubut», entidad conducida por el comisario Juan Ale que también estuvo en Corcovado mientras estos delitos se llevaban a cabo y no hizo más que justificar desde entonces las atrocidades cometidas por el GEOP.
Breve historia
El caso comenzó el 8 de marzo, cuando Cristian «Mai» Bustos, 27 años apareció en casa de sus padres. Cristian había sido acusado dos años antes por la muerte de su bebé de 9 meses, Benjamín. El juicio no alcanzó a dejar clara la responsabilidad de Cristian, que siempre se declaró inocente. La sentencia no estaba firme, y Bustos escapó en 2007 de la comisaría de Corcovado, primer hecho bochornoso para la fuerza.
Este 8 de marzo reapareció sosteniendo que quería entregarse. Llevaba un rifle y un revólver viejo. La policía acudió al mediodía a la casa de la familia. Omar Bustos es albañil, su señora Marta es ama de casa, y juntos han tenido diez hijos. «La policía rodeó la casa y yo salí a explicarles que mi hijo se iba a entregar apenas llegara el abogado Eduardo Marsal, por seguridad» explicó Omar a lavaca hace pocos días, en la casa donde se desencadenó esta parte de la tragedia.
Pero la policía siguió presionando, acercándose a las ventanas, Cristian Bustos se asustó, lloraba y gritaba «me quieren matar» y finalmente, mientras su padre hablaba con la policía, se produjo la siguiente escena. Cristian, rodeado por sus hermanos Wilson (19 años), Daniel (22) y Marcos (16) salió de la casa. Marcos llevaba el revólver. Cristian el rifle. Los otros mostraban cuchillos. «Salieron gritando que no dispararan» relata Marta, la madre de todos ellos. El grupo así apiñado cruzó el patio de entrada, salió a la calle, la policía expectante, los jóvenes se fueron acercando a una de las esquinas, y salieron corriendo. La policía se lanzó a perseguirlos. Empezaron a escucharse balazos. Los testimonios mencionados por el doctor Omar López a lavaca indican que disparó primero la policía.
En un lapso de poco más de medio minuto el escenario fue el siguiente: el policía Leandro Roberts muerto, otro policía herido, Wilson Bustos muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó pero mientras estaba arrodillado con las manos en alto le dispararon a una de sus piernas. Marcos Bustos recibió un balazo en el tórax, alcanzó a correr poco más y cayó. Herido y ensangrentado, lo subieron a un acamioneta y le patearon la espalda y la cabeza. «Me dijo que en ee momento dejó de sentir las piernas» revela Marta, su madre. Quedó parapléjico. Nunca volverá a caminar.
Y Cristian, el prófugo, logró escapar de un modo inconcebible, siendo que no tenía donde esconderse y que la policía tenía autos, camionetas y vehículos. Continúa prófugo desde aquel día. La Fiscalía acusó por la muerte del policía a Daniel Bustos, también albañil, que no llevaba armas de fuego, y por el que hubo que solicitar un hábeas corpus tras el armado policial en Esquel de un «intento de fuga» por el que casi lo fusilan, y del que se salvó porque desde la calle se escucharon sus gritos.
Llega el GEOP
Ese mismo 8 de marzo el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) apareció en Corcovado e inició un raid de allanamientos que tuvieron estas características:

  • En el 90 por ciento de los casos no presentaban orden de allanamiento.
  • Rompían a patadas y culatazos las puertas de las casas.
  • Una vez adentro amenazaban a los vecinos con armas largas, enfocando sobre sus cuerpos el punto rojo del rayo láser de las miras de sus armas.
  • En otros casos directamente empujaban y golpeaban a los moradores. A una señora de casi 75 años, la agarraron del cuello y la tiraron contra la pared. A dos adolescentes que estaban tocando la guitarra les pegaron culatazos, se pararon sobre sus cuerpos para pisarlos y les pisotearon la guitarra eléctrica.
  • En una de las casas redujeron a la familia y a los niños, y también golpearon al gasista que estaba haciendo un arreglo. Le secuestraron el celular. A todos los maniataban a la espalda con precintos plásticos, como si fuesen valijas o paquetes.
  • Dispusieron, como reconoce la Fiscalía, un estado de sitio virtual donde no se podía andar después de las 9 de la noche sin documentación, y donde además cada noche se escuchaban ráfagas de balazos disparados por el GEOP como forma de amedrentamiento.
  • La violencia incluyó la situación de una señora pateada en el piso, con el fusil apuntándole a la cabeza, mientras los encapuchados se metían en el cuarto de su hija de 8 años. La mujer gritaba que se la trajeran. Tardaron un tiempo que ella no puede calcular. «Se la acercaron casi desnuda, apenas con una bombacha» reveló el defensor Omar López a lavaca, «lo cual en sí mismo constituye una terrible vejación para una niña». Se está esperando la realización de una Cámara Gesell, que acaso permita que la chiquita cuente lo ocurrido en ese lapso, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.
  • Coparon las calles, siempre encapuchados y exhibiendo armas, hicieron evacuarl el colegio, sembraron miedo a cada paso.
  • El defensor López agregó a lavaca: «Los testimonios relatan además que era gente en estado de gran excitación, euforia, con los ojos inyectados, que transmitía un enorme descontrol». A estas cosas se les llama «grupos de élite».
  • En todos los casos rompieron puertas, muebles, equipos de música, vidrios de automóviles, heladeras, tiraban la comida de los habitanes de las casas (tal vez buscaban rifles en los paquetes de yerba y/o polenta).
  • Toda esa desesperación se esfumó de un día para el otro. El 26 de marzo, tras 15 días de terror en el pueblo, y pese a que nunca encontraron a Bustos, los integrantes del GEOP dejaron de merodear por Corcovado.

Los detalles de esta investigación se publicarán en la edición de diciembre de Mu, el periódico de lavaca.
Un desaparecido
Poco antes, el 12 de marzo, se habían producido muy cerca, en Cerro Centinela, dos detenciones, la de Luciano González y otro vecino de apellido Jaramillo. Este último denunció que ambos fueron tremendamente golpeados por la policía. Estaban desobedeciendo el «estado de sitio» del GEOP y tomaban cerveza de noche. Jaramillo fue llevado a Trevelin donde lo soltaron. De Luciano González nunca se supo más. Desde marzo es otro de los desaparecidos argentinos.
En términos generales el caso fue ignorado por la prensa, los políticos, por la llamada «agenda» de actualidad, y de esa omisión puede inferirse lo que lavaca pudo comprobar que en la propia Esquel (a 100 kilómetros de Corcovado) donde más de uno supone que «no fue para tanto».
En sentido contrario funcionaron la persistencia del defensor oficial Omar López, las denuncias de páginas de Internet como Puerta E, trabajos de divulgación como los realizados por el abogado Gustavo Macayo, y las denuncias realizadas por la mapuche Moira Millán, que se encadenó en mayo al ministerio de Justicia, entonces encabezado por Aníbal Fernández, que la recibió, recibió a la familia Bustos y prometió investigar.
En efecto, el ministerio envió una comisión del Programa Antiimpunidad a Corcovado, encabezada por Leandro Jarsún, que habló con los pobladores y realizó un informe protocolizado ahora por el ministerio, que quizás haya ayudado a que la propia justicia empezase a mencionar las cosas por su nombre. En aquel momento los Bustos pudieron conocer y recibir el apoyo de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pero desde mayo todo parecía en el ostracismo.
El doctor López además tuvo que aclarar en las audiencias por todo este caso, que la idea del GEOP de que debía solucionar una situación de supuesto peligro (por la fuga de Bustos) tuvo el efecto absolutamente inverso: «El miedo, el terror, el peligro, fue el propio GEOP, que repitió todo lo que creíamos superado durante el proceso militar, y violó sistemáticamente la ley».
La semana pasada Marta Pinchulef, la madre de los Bustos, dijo a lavaca: «Acá hubo terrorismo de Estado». Esta mujer sencilla entendió lo que se le escapó a tantos. Contra lo que trataban de instalar el gobernador Mario Das Neves y la cúpula de la policía chubutense, quedan confirmados ahora los testimonios (que en muchos casos no quisieron aportar nombres, por miedo). El Estado sigue siendo capaz de violar los derechos humanos, lo hace, y en estos casos, como ocurrió también con otras actuaciones del GEOP en los últimos meses sobre todo en Trelew (desalojos violentos, detenciones arbitrarias, golpizas, destrucción y quema de viviendas) se observa que se trata de una metodología estructurada para instalar el control social y el miedo. Es una antigua corroboración: estas violencias son sistemáticas. No hubo errores, ni hubo excesos.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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