En abril se iniciará un juicio oral y público a trabajadores y delegados del Hospital Garrahan, por un conflicto de 2005. Y antes, el 18 de marzo, Neuquén será sede de una causa del 2002 en la cual Julio Fuentes, el trabajador estatal imputado, ya fue sobreseído. La judicialización geriátrica de la protesta, o cómo usar el pasado para perseguir hoy.

Durante la segunda mitad del 2012 se reactivaron en distintos juzgados del país causas que judicializan por lo menos a una veintena de integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a cuatro integrantes de la junta interna del Hospital Garrahan. En todos los casos se trata de causas armadas alrededor de antiguas protestas y que ya habían tenido sentencia en otra oportunidad, pero ahora fueron reflotadas. “La judicialización de la protesta gremial es la herramienta extorsiva del poder político en el contexto de agudización de la puja distributiva entre los trabajadores y el Estado” dijo a lavaca Julio Fuentes, que acumula 54 procesamientos en su contra, 6 juicios orales, 53 absoluciones, “y me faltaba esta, en la que en realidad me habían absuelto en 2007”.
Fuentes es secretario general nacional de ATE, la sede de su trabajo y su actividad gremial siempre fue Neuquén. “Esto tiene que ver con la provincia de donde yo vengo. En Neuquén, teniendo el 1% de la población del país, estuvieron el 25% de los procesados sociales. Eso demuestra lo feroz que fue el proceso con Jorge Sobisch a la cabeza. En tiempos de Felipe Sapag había sido el asesinato de Teresa Rodríguez, Con Sobisch, Carlos Fuentealba… tuvimos que lamentar cosas desgraciadas, con una justicia totalmente servil, que no tiene ningún tipo de independencia”.
La ofensiva judicial fue denunciada durante una conferencia de prensa en la sede de ATE Nacional. Fuentes fue acompañado por Gustavo Lerer, de la Junta Interna del Garrahan (su juicio oral y público con tres de sus compañeros comenzará el 8 de abril), el abogado Juan Carlos Capurro (que oscilará entre el juicio a Fuentes y el del Garrahan) y los diputados Víctor De Gennaro y Claudio Lozano.

La causa
La causa reflotada contra Fuentes data del 2002. En plena crisis, la obra social de los trabajadores estaba asfixiada y tras una manifestación sindical, el ex administrador del Instituto de Seguridad Social de la provincia, Gerargo Hettinger, denunció haber sido agredido por Fuentes, Horacio Fernández, Ricardo Pérez, César Sagredo y Miguel Peralta. Bastó su testimonio para que se activara una causa por “lesiones leves y graves con daño agravado” que pareció llegar a su fin en 2007, cuando la Cámara Primera absolvió a los acusados por determinar que no hubo delito.
La ley de Grondona
Hettinger apeló esa medida y en 2009 logró que el Tribunal Supremo de Justicia provincial anulara el último fallo y convocara a un nuevo juicio.
El abogado de ATE-CTA y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Capurro explica el proceso en términos futbolísticos: “Es como si hubiésemos ganado un partido de fútbol 5 a 0 y Grondona y la AFA digan que se va a jugar el partido de vuelta, todas las veces necesarias para que ellos ganen. Pero con el reglamento de fútbol no nos pueden ganar”.
Capurro catalogó entonces al juicio como una “farsa”, esta vez en términos jurídicos. Otras palabras que se le agregaron para enmarcarlo: absurdo, amedrentamiento, ofensiva, criminalización.
Nuevo juicio viejo
Desde 2009 que se reactivó la causa caída y dormida, se sucedieron una serie de irregularidades alarmantes:
-El fiscal interviniente resultó ser Pablo Vignaroli, quien, denuncian los trabajadores, “tiene una hostilidad manifiesta contra Julio Fuentes y el resto de los perseguidos. Ello se debe a que años antes la dirigencia de ATE lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por graves irregularidades en el ejercicio de su función.  De acuerdo al artículo 47 del Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén, este Fiscal no puede intervenir en la causa”.
-Además, denunció Capurro en conferencia, se ha venido demorando la entrega de una copia del expediente para poder ejercer la defensa: “El expediente tiene más de 10 mil fojas, por lo que, dado el tiempo faltante, se hace imposible ejercer debidamente el derecho de defensa”.
Según Julio Fuentes la coincidencia en las causas reactivadas no es casual: “Fue simultáneo: en 6 meses reflotaron causas que hace años están paradas. Ante un avance de los reclamos de la clase trabajadora que cada vez con más fuerza comienza a organizarse a lo largo y ancho del país, golpear a la Asociación de Trabajadores del Estado tiene la intención de amedrentar, de bajar el nivel de conflicto. ATE no es la única, pero sin duda es una organización de carácter nacional con mucha representación en todo el país, que ayuda y es movilizadora en otros lugares”.
La responsabilidad, según su criterio: “Sin duda de los gobernadores provinciales y de la presidencia de la Nación. No puede venir la orden de otro lugar. Hay causas en juzgados federales y causas en juzgados provinciales. Además, si uno piensa que en los últimos discursos de la Presidenta se ha dedicado a fustigar las representaciones sindicales, esa es una forma indirectamente de dar carta libre a los fiscales y a los jueces que tienen todas estas causas dormidas pero vigentes para cuando ellos quieran”.
Fuentes acuerda con la interpretación de Claudio Lozano sobre un estancamiento económico que recrudece el conflicto social: “Sin duda. Y en el sector público particularmente, que es donde menos recuperación ha habido. Por ahí la gente no lo sabe o no lo crea, pero a los empleados públicos de las provincias y de las municipalidades no nos rige ni siquiera el salario mínimo vital y móvil. Es decir que un intendente no está obligado legalmente en la Argentina a cumplir el salario mínimo vital y móvil. Una verdulería que está en frente de la Municipalidad está obligada… Entonces ocurre lo que nos ocurre hoy: miles de compañeros percibiendo salarios muy bajos”.
Para entender el alcance social de la puja distributiva: “El empleo público en la argentina hoy son 3 millones de asalariados; 3 millones más su grupo familiar estamos hablando de 12 millones de argentinos, entonces no es menor el tema del empleo público en la argentina y ahí lo que hay hoy son bajos salarios”.
Otro de los temas que atravesó la charla fue el estado público que alcanzó el llamado Proyecto X, un plan de la supuestamente prohibida inteligencia interna (espionaje) de Gendarmería en movimientos y organizaciones sociales. Según los medios, ATE es la organización de la que más datos se recolectaron a partir del espionaje. Dice Fuentes: “Es muy fácil de infiltrarse en nuestra organización, porque es muy grande y muy pública. Todo lo hacemos así: de forma abierta. Los lugares de debate nuestros son los hospitales, los pasillos de las escuelas, los ministerios, los comedores de las fábricas estatales… No tenemos ningún lugar secreto. Nos infiltran y esa es la información que utilizan después para los procesos”.