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¿Cuáles son las clases sociales según la policía?

El asesinato de Julián Antillanca, un chico de 19 años, ocurrido en Trelew, Chubut, está siendo juzgado por segunda vez para intentar evitar la impunidad y lograr una meta incierta: justicia. Hay diez acusados, nueve de ellos policías. Negros, chetos y jueces en las declaraciones que esta semana llevarán a los alegatos.

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El asesinato de Julián Antillanca, un chico de 19 años, ocurrido en Trelew, Chubut, está siendo juzgado por segunda vez para intentar evitar la impunidad y lograr una meta incierta: justicia. Hay diez acusados, nueve de ellos policías. Negros, chetos y jueces en las declaraciones que esta semana llevarán a los alegatos.

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El padre de Julián


Julián Antillanca tenía 19 años cuando salió a bailar a un boliche en Trelew. Nunca regresó. Era el 5 de septiembre de 2010. Su cuerpo apareció tirado a la mañana siguiente en plena calle, brutalmente golpeado. La sala de audiencias de la Cámara del Crimen de Trelew es el escenario donde se está realizando el segundo juicio oral por el crimen de Antillanca, que sentó en el banquillo a diez acusados. Nueves son policías. El viernes 3/7 se producirán los alegatos y el 6/7 será el veredicto. La denuncia de la familia, encarnada por César Antillanca (padre del joven), estuvo dirigida desde el primer minuto de la causa a responsabilizar a la fuerza chubutense, que posee un hándicap que asusta: la desaparición forzada de Iván Torres (25 años) en 2003 y la aparición del cuerpo sin vida de César Monsalve (13 años) en 2013, luego de haber estado siete semanas desaparecido, son dos de los casos más resonantes de la provincia, junto al de Antillanca, que se enmarcan en una violación sistemática de los derechos humanos por parte de la policía que ha provocado centenares de víctimas en los último años. Por el caso de Iván Torres, el actual Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por desaparición forzada de persona.

Acusados

El crimen de Antillanca se produjo luego de una escalada de violencia policial de la Seccional Cuarta de Trelew que arrancó a las 4 de la mañana del 6 de septiembre con la golpiza a los hermanos Sergio y Denis Aballay y concluyó con el asesinato de Julián unas horas después. Este es el segundo juicio que se realiza en Trelew por el asesinato de Antillanca. El primero concluyó en marzo de 2012 con la absolución de los nueve policías imputados. La fiscalía, la defensa privada y la defensa pública apelaron, y la causa llegó hasta el Superior Tribunal de la Provincia que, en julio de 2013, revocó el fallo absolutorio y obligó a la realización de un nuevo proceso. La Corte Suprema confirmó la decisión.
Llegaron diez acusados: cuatro policías por homicidio agravado (Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Pablo Morales), cuatro por encubrimiento (Carlos Sandoval, Analía Di Gregorio, Mario Bascuñán y Valeria Zabala), uno por privación ilegítima de la libertad (Diego Rey) y una civil por intentar desviar la investigación (Gabriela Bidera).
Este martes 23 de junio comenzaron a desfilar los testigos de la defensa. Seguirán hasta el jueves. El viernes 3 serán los alegatos. De las audiencias surgieron varios elementos que prueban la acusación de la querella, encabezada por César Antillanca y la abogada Verónica Heredia, que sostienen que Julián fue golpeado salvajemente por los policías, subido a un patrullero y abandonado en la calle.

  • El perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) de Chubut, Herminio Gonzáles, afirmó que Julián Antillanca murió producto de los golpes. “Fue un puntapié”, describió sobre el impacto que el joven tenía en el tórax. No era el único: Antillanca presentaba signos de una brutal golpiza en el rostro, la cabeza y las extremidades. De un plumazo, el perito descartó la ficción que la policía había construido sobre que la muerte de Antillanca se había producido por “coma alcohólico” o “problemas cardíacos”.
  • Además, el director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHGD) de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Corach, afirmó mediante videoconferencia que la sangre encontrada en el móvil 234 es del “linaje Antillanca”.
  • Daiana Monsalvez, que conoció a Julián la noche de su asesinato, confirmó que vio cómo tres policías pateaban al joven mientras una mujer oficial espantaba a quienes se acercaran.
  • Jorgelina Domínguez, otra de las testigos, denunció que Solís -junto con otro oficial- sacó al joven del móvil y lo tiró a la calle. Domínguez, esa noche, estaba con su amiga Gabriela Bidera, que llegó a juicio por intentar desviar la investigación. Bidera, hija de un comisario, fue beneficiada por probation (suspensión de juicio a prueba, por lo que deberá hacer tareas comunitarias).
  • Frente a la contundencia de los testimonios, ninguno de los más de 20 policías que declararon aportaron algo. “No me acuerdo”, fue la respuesta recurrente. Ninguno sabía a qué hora ingresó, ni qué hizo, ni con quién estaba. Tampoco sabían las llamadas fuerzas del orden cuántas cuadras hay desde la comisaría hasta las calles donde tiraron el cuerpo de Antillanca. “Nacido y criado en Trelew”, respondió el comisario Vargas ante la pregunta de la querella, pero, pese a su origen, desconocía lo básico de su tierra natal: no pudo declarar cuánto tiempo tardan en hacer cinco cuadras en su propia ciudad.
  • Los libros de actas y diarios policiales fueron adulterados.
antillanca acusados

Los acusados

Clases sociales

“Quedó claro que la policía no tiene ningún protocolo para detener a menores de edad a pesar de hacer adicionales en los boliches donde concurren los menores”, detalló a lavaca la abogada Verónica Heredia, que lleva adelante el juicio por la querella. “También quedó comprobado que la policía decide quién es delincuente sin que exista sentencia: lo dijeron ante los jueces y fiscal”.
De las audiencias también surgió un testimonio que, podría ser usado en las cátedras de sociología. El oficial Carballo, testigo de la defensa, sostuvo que la policía debe hacer adicionales en los boliches por las peleas de las “diferentes clases sociales” que concurren a los establecimientos.
“¿Cómo es su clasificación de clases sociales?”, preguntó la abogada Heredia. Carballo, inmutable, contestó: “Están los negros que escuchan cumbia, y los chetos que escuchan electrónica”.
Quedó claro a qué clase social pertenecía Julián Antillanca. Será en la sentencia donde los jueces Adrián Barrios, Daría Arguiano y Marcelo Nieto de Biase decidan un corte o una reproducción de ese prejuicio. La querella denuncia que Nieto de Biase era, hasta el año pasado, director de la oficina judicial, por lo que ya tenía un conocimiento previo de la causa. “Todas sus preguntas son para favorecer la postura de la defensa”, señaló la abogada Heredia. De hecho, tanto Nieto de Biase como Barrios admitieron el planteo de la defensa de hacer valer el testimonio de Jorgelina Domínguez en el juicio anterior para marcar una supuesta contradicción. Cabe recordar: ese juicio fue declarado nulo por el propio Superior Tribunal de la Provincia y ratificado por la Corte Suprema.
¿Será justicia?

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Nota

Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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