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Descontrol minero: la historia del gigantesco basural chileno en territorio sanjuanino
El descontrol minero sigue escribiendo capítulos negros en San Juan: a los dos derrames que produjo Barrick Gold en menos de un año se suma un conflicto binacional, al descubrirse que la minera chilena Los Pelambres tiró cerca de 55 millones de toneladas de residuos peligrosos en territorio sanjuanino, entre 2007 y 2012.
Este basurero gigante conocido como “escombrera” ocupa casi 52 hectáreas en la frontera del departamento de Calingasta, San Juan, y la región de Coquimbo, Chile. Y no lo descubrieron las autoridades de ambiente de ninguno de los dos países: el caso saltó a raíz de una denuncia entre mineras. “La empresa Glencore, que explota el campamento Pachón, le inicia acciones a Luksic, de Los Pelambres, porque la escombrera estaba donde ellos tienen la concesión”, relata Diego Seguí, el abogado que intervino en la causa para que el Estado tomara cartas en el asunto.
La minera Glencore hizo lo que no hicieron los funcionarios: contrató un estudio de impacto ambiental de la escombrera Cerro Amarillo, en el que basó su denuncia. Fue realizado por las empresas URS y AECOM y entregado en mayo del 2015. Los hallazgos del informe son los siguientes:
-Determinó que el Estudio de Impacto Ambiental de Los Pelambres presenta inconsistencias.
-Halló un gigantesco depósito de neumáticos: “Al NE de la escombrera Cerro Amarillo, del lado argentino, se observó un depósito de neumáticos usados de los camiones de alto tonelaje de la Mina Los Pelambres, dispuestos en pilas de cuatro, pudiéndose estimar la cantidad total de neumáticos en 470 aproximadamente”.
-Qué tapan los neumáticos: “En el análisis de imágenes satelitales del año 2006 previas a la construcción de la escombrera Cerro Amarillo se observa que existían varias lagunas en el lugar donde hoy se emplaza la misma y que han sido cubiertas o parcialmente cubiertas (como la laguna LC5) por este depósito”.
-El estado del agua: “El agua de la laguna LC4 ubicada a menos de 200 m de la escombrera Cerro Amarillo, del lado argentino, presenta un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la referida escombrera”.
-Otra laguna: “presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera. Estos datos representan aguas de baja calidad”.
-Comparación de los valores con el inicio del proyecto: “La situación actual evidencia un impacto sobre la calidad del agua de estas lagunas respecto de la línea de base del EIA 2003 de Pelambres”.
-Sin gestión de residuos: “En la información relevada y observaciones de campo no se identificaron actividades de monitoreo de agua superficial o subterránea de la escombrera por parte de Los Pelambres en territorio argentino, ni la aplicación de medidas de manejo. Esta situación implica un riesgo de posibles efectos ambientales negativos por generación de drenaje ácido en los cuerpos de agua del valle del río de la Carnicería en Argentina”.
En resumen, el informe indica que la escombrera arrasó con lagunas secas, secó vegas y contamina con drenaje ácido un curso de agua que alimenta al Río San juan, principal cuenca de la provincia.
La causa civil se tramita en el Juzgado Federal n° 1 de San Juan y se llama “Xstrata Pachón S.A. c/ Minera los Pelambres s/civil”. El 10 de agosto del 2015 la justicia llamó a una audiencia de conciliación en la que intervino el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Sanctis. “Hasta entonces el Estado no solo no había visto una escombrera durante 5 años, sino que se mantenía afuera como si fuera un conflicto entre privados, cuando son los recursos naturales de nuestro país”, dice el abogado Seguí.
Qué hizo el Estado tras la audiencia: según el decreto 1556 creó la COmVer Cerro Amarillo, un órgano competente para supervisar un “proceso de asilamiento” de la escombrera. La ingienería del aislamiento quedó a cargo de la empresa Hetch, y en el documento se indica que la UNOPS participaría en las obras de aislamiento. El acuerdo macro lleva las firmas del ministro de Minería Valentín Hensel, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis, Secretario General de Fiscalía de Estado Gastón Orzanco, y Carlos Enei Villagra y Juan Esteban Poblete Newman por parte de las empresas.
El abogado Seguí interpreta: “La escombrera hay que removerla, no aislarla. El estudio de impacto que contrató Glencore demuestra el daño que está produciendo”. Así, Seguí presentó un recurso en esa misma causa, junto al político Fernando Pino Solanas y el abogado Enrique Viale, en el que piden la anulación del acuerdo macro y solicitan la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hasta ahora ausentes.
Los argumentos: “Un acuerdo entre partes no puede generar regulación ambiental. Se acordó el no cumplimiento de la obligación constitucional de recomponer el ambiente dañado y hacerse cargo de los daños producidos”, dice el escrito.
Finalmente, hace 3 días el gobierno de San Juan se bajó del polémico acuerdo con la empresa Pelambres. El gobernador Uñac reconoció el error: «Nos hemos salido de la participación en el acuerdo porque nosotros no entendíamos que era la solución definitiva». Y terminó tomando la propuesta de los denunciantes: «Ellos (por la empresa) deben empezar a remediar la situación, el acuerdo daba un marco precautorio, no definitivo. Por eso, decidimos retirarnos del acuerdo».
Para dimensionar el desastre, Seguí hace dos comparaciones. Con lo ocurrido en Jáchal: “Las escomberas son tan delicadas de administrar como un valle de lixiviación”. Y con Botnia: “Esto es peor que Botnia: el residuo de la papelera era un recurso interjurisdiccional compartido. Acá es como si lo tiraras en la orilla de Gualeguaychú”.
Se espera que el 22 y 23 de octubre declaren los tres Ceos de Luksic en el Juzgado Federal Penal de San Juan. “Otra vez estamos en lo mismo: está muy bien, pero la pregunta es cómo a Millón (ministro de Hidráulica) y Saavedra (ex ministro de Minería) durante 7 años no vieron la escombrera”.
La gestión de los residuos ambientales tras años y años de explotación, como demuestra este caso y el del valle lixiviación en Veladero, se perfila como una las discusiones por venir en Argentina. Seguí: “Por eso este caso es clave. Cuando las mineras dejan de explotar no se termina la contaminación: recién empieza. Ahí tiene que venir la remediación y recomposición del ambiente natural”.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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