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Tragate esta pila: denuncia de vecinos contra Klaukol

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Una nueva amenaza contra Susana Aranda, vecina de Virrey del Pino que viene denunciando a la empresa Klaukol por contaminación, hace que compartamos esta nota publicada en la revista MU de octubre. Hace un mes, dos hombres le hicieron tragar dos pilas y, ahora, se presentaron en su casa para darle la tercera: “Una por cada punta de la estrella de Mercedes Benz”, le dijeron en referencia a que los agresores aseguran que la contaminación es por una planta de la automotriz. “La próxima es plomo”, agregaron. Encerrada en su casa, Susana y la asamblea siguen denunciando las muertes por cáncer, problemas respiratorios y casos de niños con plomo en sangre en Virrey del Pino, según avalan distintos estudios y desoyen las autoridades municipales y nacionales.

Veinticuatro horas después del Día de la Madre alguien tocó el timbre de la casa de Susana Aranda, en el barrio Las Mercedes, Virrey del Pino. Junto a un grupo de vecinos, Susana viene denunciando desde 2009 a la multinacional Parex-Klaukol por la contaminación del barrio, y hace un mes denunció que dos personas la interceptaron en plena calle y le intentaron hacer tragar tres pilas a punta de pistola: “Elegí vos: un plomo de 9 mm o tragarte esto”.

Una la escupió.

Las otras se pueden ver en la radiografía que Susana sostiene en la foto.

Tragate esta pila: denuncia de vecinos contra Klaukol

Cuando sonó el timbre, Susana salió. Pensó que era un vendedor. Dice hoy a lavaca: “Era un señor. Me dijo que había hecho trampa, porque pensó que me había tragado tres pilas, una por cada punta de la estrella de Mercedes Benz”. La referencia tiene que ver con que los dos agresores le habían dicho que la contaminación provenía de la multinacional automotriz. “Es la última pila. La próxima es plomo”.

El hombre se fue “como si nada”, dice Susana.

“Es muy cruel porque me hacen ver su impunidad y que nosotros, los vecinos, estamos solos”, dice la mujer. “Hoy no puedo ni salir a comprar. Estoy presa en mi propia casa”.

Ante estos hechos compartimos la nota publicada en la edición de septiembre de MU, que incluye una entrevista con Susana después de tragarse con dos pilas, la voz de la empresa y de dos ,  una crónica por el barrioautoridades municipales, y una crónica del barrio del terror.

Tragate esta pila

Sospechas de contaminación, vecinos con graves enfermedades y una causa judicial que no avanza. Ahora se suma una vecina a la que obligaron a tragar dos pilas. ¿Qué pasa en La Matanza con Klaukol? ▶ LUCAS PEDULLA

Son las nueve y media de la mañana del lunes 26 de septiembre en una galaxia llamada La Matanza, y desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 un joven emerge de la maraña de expedientes a un pasillo blanco, con sólo dos sillas, donde conviven a una distancia de cinco metros una mujer que llegó a denunciar violencia machista y otra mujer que llegó a denunciar que dos hombres le hicieron tragar dos pilas.

-Susana Aranda -llama el joven.

La mujer de las pilas mira y es invitada a pasar. Susana Aranda, 58 años, costurera, se levantó temprano y sólo tomó dos mates para salir a las ocho de la mañana de su casa en el barrio Las Mercedes, en la localidad de Virrey del Pino, para cruzar de punta a punta el municipio más grande del país y llegar a la ampliación de la denuncia que tramita bajo la carátula de intento de homicidio en banda. “Ya vine más de 30 veces por distintas denuncias”, dice Susana. “Si alguna se hubiera investigado, nada de esto habría pasado”.

Lo que pasó es una denuncia por contaminación a Parex Klaukol SA.

Lo que pasó es que dos hombres el 15 de septiembre pararon a Susana en plena calle, en plena mañana, a punta de revólver: “Elegí vos: un plomo de 9 mm o tragarte esto”, y le metieron dos pilas en la boca, que tuvo que tragarse.

Lo que pasa ahora es que está declarando Susana desde hace más de dos horas en esta fiscalía.

Cuando el sol se apagó

Parex Klaukol S.A. es la empresa multinacional líder en la fabricación industrial y venta de productos para la construcción. Klaukol S.A. se inició en 1972, se integró al Grupo Lafarge en 1999, que fue reemplazado en 2006 por ParexGroup, holding de morteros industriales que opera en 48 plantas distribuidas en 18 países. Una de ellas está ubicada en la galaxia matancera, precisamente en el kilómetro 44 y medio de la Ruta N° 3, frente al pequeño barrio Las Mercedes, en el que viven 300 familias.

“Antes había un tambo”, cuenta Susana Aranda, ya en el auto de su marido, de regreso al barrio. “Cuando se vendió a Lafarge y pusieron la bandera francesa empezó el movimiento. Más de 100 camiones por día. En cada loma de burro los camiones saltaban y les salía un humo blanco que era urticante para los ojos. Yo no sabía qué eran metales pesados ni que había emisiones gaseosas en el aire: nada. Hasta que en 2009 explotó la tolva” (una especie de embudo gigante).

La palabra explosión es literal.

“Fue como a las 10 de la mañana, pero quedó todo oscuro: el sol no se veía por el material y el polvo que flotaba en el aire. La tapa de la tolva salió volando y partió de punta a punta el techo de chapa de una casa. Los bulones se incrustaban en los árboles, en las paredes. A los 5 minutos vinieron con grúas, ingenieros y arreglaron todo. Pensamos que lo hacían de buenos que eran”.

La impresión duró poco: “Una tarde una vecina me avisa: ‘Susy, vamos a la sociedad de fomento porque Klaukol va a dar 5 mil pesos y artículos de limpieza y te hace limpiar toda la casa’. Fui: era mucha plata. Te hacían firmar un papel, pero algo me llamó la atención. Me pedían todos mis datos y planteaban que yo renunciaba a todo reclamo por contaminación de Parex Klaukol. ¿Contaminación? ‘No, es una formalidad para justificar los gastos’. No firmé. Miré a mi vecina: ‘¿Qué está pasando? No quiero plata ni nada, porque acá hay algo grave”.

Nadie firmó. Y empezaron a investigar.

Nacer sin rostro

Estudiaron qué materiales utilizaba Klaukol en sus productos. Hicieron rifas para pagar análisis del agua: “Encontraron metales pesados como plomo y cromo trivalente”. Los casos de vecinos enfermos y muertos en el barrio corrían de boca en boca, y comenzaron a asociar cada vez más esos relatos al material particulado que las tolvas de Klaukol emanaban día y noche. Un video grabado por un vecino impresiona: el polvillo forma una neblina difusa. Comenzaron acampes frente a la fábrica e incluso delante de la Embajada de Francia.

Como las Madres de Ituzaingo en Córdoba o los vecinos de San Salvador en Entre Ríos –que denunciaban las fumigaciones con agrotóxicos-, Susana improvisó censos caseros. Recorrió casa por casa para anotar cómo se formaba cada familia, sus enfermedades, qué remedios usaban, dónde se atendían. “Lo más didáctico posible”.

¿Qué vio? “Que era la misma historia en cada manzana. Problemas respiratorios, oftalmológicos, en la piel, broncopespasmos continuos, PAF. Y en cada familia, un fallecido por cáncer. No existe familia que no tenga casos de cáncer. Y si no está muerto, está terminal. Los Copotelli fallecieron papá, mamá y dos hijos. Toditos. En la familia Acosta fallecieron mamá, papá, un hermanito malformado y queda una sola sobreviviente que nació sin rostro. Sólo ojitos. Se le veían las amígdalas. Fue operada. Se fue. Y eso me da bronca. Nadie hace nada. Son muertes silenciosas”.

Seis meses de Soledad

Soledad Muñoz vive frente a la fábrica. “A mi nene le sangraba la nariz, tenía hematomas, vivía enfermo. Recorrí todos los hospitales. Le hacían pruebas de alergia. Lo internaron por neumonía, le dieron el alta, le agarró una recaída, y me dijeron que tenía leucemia. ¿Entendés que había estado 2 o 3 semanas internado y no dijeron nada? Lo llevé al Hospital Militar. Me preguntaron si vivía cerca de una fábrica. Les dije que sí y llevé una carta a la empresa para saber con qué químicos trabaja. Nunca contestaron. Mi nene estuvo seis meses internado, cumplió 5 años, y al día siguiente falleció”.

El nene de Soledad se llamaba Jonathan Gallegos y es uno de los cien nombres de personas enfermas o fallecidas que el abogado Jorge Taiah presentó ante el doctor Juan Pablo Salas, del Juzgado Federal N°1 de Morón, que instruye la denuncia penal de los vecinos. “En la causa no hay avances”, resume Taiah.

Salas emitió el sobreseimiento del único imputado en la causa (Jorge Daniel Hernández, director y vicepresidente de Parex Klaukol), pero la Cámara Federal lo rechazó ya que lo consideró “prematuro” porque aún hay líneas investigativas que no se han explorado.

Taiah y los vecinos exigen la recusación del juez Salas.

La investigación que falta

Una de esas líneas que impulsa la querella consiste en identificar insumos y materias primas que utiliza Klaukol, las hojas de seguridad de los materiales, indicar si se importaron insumos tóxicos y acreditar la presencia de fungicidas, pigmentos, antiespumantes y aditivos antihongos. También busca determinar el tratamiento de los residuos peligrosos: los vecinos afirman que son quemados y enterrados. La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) dieron cuenta de al menos 70 insumos utilizados por Klaukol, entre ellos sílice, cuarzo y fly ash (o ceniza volante). La querella adjuntó dos hojas de seguridad confeccionadas por Lafarge North America Inc, que advierten de su peligrosidad.

  • Irritación o inflamación ocular.
  • Irritación y quemaduras en nariz, garganta, pulmones e incluso asfixia.
  • “La inhalación prolongada o repetida de la sílice cristalina respirable de este producto puede causar silicosis, una enfermedad pulmonar gravemente in capacitante y mortal”.
  • “Las cenizas no figuran como cancerígenas en las listas de IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) y NTP (Programa Nacional de Toxicología); no obstante, las cenizas contienen vestigios de sílice cristalina, que está clasificada por IARC y NTP como cancerígeno humano”.
  • Enfermedad renal.

Taiah: “Son todas enfermedades que denuncian los vecinos”.

Aranda completa la lista con un informe de la Acumar de 2014, que constató a partir de historias clínicas casos de dermatitis, conjuntivitis, bronquitis, broncoespasmo, rinitis, disnea. También relevaron anemia en embarazadas, trastornos de desarrollo psicomotor en niños y niñas. Todos  –todos- los chicos y chicas presentaron plomo en sangre, pero en 7 casos los valores superan lo permitido. Aranda: “Acumar nunca nos dijo quiénes eran. No los tenemos identificados”.

Estado mediático

En la foja 1.976 del cuerpo 10 de la causa (son 14 cuerpos), Parex Klaukol dice que “utiliza para su producción simple arena proveniente del río”.

MU pidió una entrevista con algún vocero de la empresa, pero el Gerente Institucional, Daniel Muñiz, la rechazó: “Nuestra voz es el juzgado”. ¿El juzgado? “La causa”, corrigió.

Dijo que los estudios de Acumar y OPDS sostienen que los valores están dentro de los parámetros establecidos y que la producción no tiene ningún secreto: “Es cemento, arena y cal. Ningún material pesa do. No hay un producto que tenga plomo”.

Muñiz rechazó por “maliciosas” las denuncias de los vecinos y destacó la “buena relación” que tienen con el barrio: “Si tuviéramos emisiones peligrosas estaríamos clausurados”.

El juez Salas tampoco aceptó una entrevista.

El secretario de Salud de La Matanza es el doctor Alejandro Collia, ex ministro provincial durante el gobierno de Daniel Scioli. Pese a los años del conflicto, no conocía el caso: anotó en un papel el nombre del barrio, el kilómetro, los reclamos y se comprometió a enviar un equipo epidemiológico para realizar un relevamiento.

Un piso más arriba, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Karina Rocca, dice sobre Klaukol: “No hay ningún expediente que haya ingresado con una denuncia formal” y agrega que, sin desligar responsabilidades, la fiscalización del funcionamiento de la empresa corre por cuenta de la OPDS, al tratarse de una empresa de tercera categoría (es decir, peligrosa y de riesgo para la población) según la Ley de Industrias.

-¿Qué puede hacer la Secretaría?

-Intervenir en caso de que, como en esta situación, tome estado mediático la gravedad del tema. Uno puede actuar, como si dijera de oficio. Ahora pedimos la intervención de OPDS de manera urgente.

Rocca aclara que ha intervenido con clausuras de empresas de tercera categoría por contaminación. ¿Y si este caso se comprueba? “Puedo ir y clausurar”.

Rocca explica que Medio Ambiente aún no funciona mancomunadamente con el área de Industrias.

-¿El informe de impacto ambiental de Klaukol pasó por la Secretaría?

-No. Y por eso aparece una situación como esta, con vecinos que son a quienes te debés. Hay que asistirlos, escucharlos, dar respuestas.

Reitera que en el caso de Klaukol no hay expediente interno: “Pero esto está complicándose mucho, afectando aparentemente la salud. No tengo formalmente nada, porque si no sería la primera que iría a clausurar. Yo estoy del lado de los vecinos”.

Tragarse las pilas

Gisela Spinetta habla con su hija de tres años en brazos: “Tengo otro hijo de seis, y empezaron con sangrado en la nariz, vista irritada. Ya no me gusta nada. A ella la mandaba a un jardicinto acá cerca, pero no la mando más: salía siempre con diarrea, vómitos. Supuestamente tomaba el agua de la canilla. Está todo contaminado. Hace unos meses los de la empresa tiraron al costado de mi casa una camionada con la porquería que hacen ellos. No podía ni abrir las ventanas porque era terrible el olor. Mi hijo mayor, de 11 años, es asmático, vive con el padre en Capital. Prefiero que no venga porque cada vez que viene se me descompone”.

El abogado Taiah cuenta que uno de los argumentos de Klaukol sobre la contaminación del barrio es un supuesto entierro de baterías que Mercedes Benz hizo en los setenta. Algo de eso le mencionaron durante el atentado que sufrió Susana el 15 de septiembre.

Ese día había salido a ver si las tolvas de Klaukol estaban funcionando. Sacó algunas fotos. La interceptaron dos hombres.

La pesadilla: “Alguien me agarra del hombro, me abraza y me dice: ‘Hola, señora Aranda. Otra vez nos volvemos a ver. Me parece que le cuesta entender las cosas’. Era una persona que había visto una vez en el ascensor de la OPDS. Hablaba con tranquilidad. El otro le dice: ‘Cortala, apurate, dale’. Siento que me apoyan algo en el estómago. Me dijeron: ‘Elegí vos. Un plomo de la 9 mm que tenés en tu estómago o tragar esto’. Eran pilas de computadora, de esas redondas, como monedas de 2 pesos. Me las puso en la boca. Mordí una, sentí un gusto feo y me dieron arcadas. Me agarraron fuerte la cara para que no me moviera. Cuando se fueron me dijeron: ‘Ahora espero que sepas a quién pertenece lo que tenés en tu organismo’”. Le querían insinuar, piensa Susana, que la contaminación es por las baterías de Mercedes Benz. Cuando tragó las pilas le dieron un beso en la frente, y se fueron.

Ocurrió un jueves. “En el Hospital Posadas me dijeron que si evacuaba estaba todo bien, o tendrían que operarme. Estuve hasta el lunes con esto en mi estómago. Evacué a la madrugada. Mi hijo me dijo que me tendrían que haber puesto la antitetánica, porque si bien las pilas están bien selladas, corría el riesgo de una infección generalizada si mis jugos gástricos las oxidaban. En el PAMI no me creían: pensaban que había sido un intento de suicidio”.

Dice Susana:

“No puedo caminar sola, miro para atrás, tengo miedo a caerme, alguien se me acerca y siento que es sospechoso, me sobresalto. Paranoia, viste. Y no puede ser, yo quiero hacer las compras, mis cosas, pero tengo que estar dependiendo de los familiares. Tampoco quiero un guardia en mi portón. Quiero una vida normal: no hice nada malo. Yo al juez Salas le dije: ‘Métame presa, pero demuéstreme bien probado que yo estoy equivocada, y que usted hace bien su trabajo’. Me dolió salir a denunciar lo que me pasó. Si se hubiera investigado, nada de esto tenía que pasar. Si después de seis años estamos donde empezamos, algo está muy mal”.

Unos días después de esta charla con MU, Susana recibió una carta documento de Kaukol S.A. La empresa, a través de su apoderado, el abogado Gabriel Macchiavello, la intimó a que “ratifique o rectifique sus denuncias”. El mensaje no es claro, ya que Susana realizó las denuncias en sedes judiciales y gubernamentales, pero al menos sirvió para identificar al mensajero: es también asesor de Monsanto.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

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El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa. 

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. 

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta. 

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. 

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”. 

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una  reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe. 

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo. 

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”. 

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”. 

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia. 

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

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