Hugo Godoy (secretario general de ATE Nacional) y Jorge Yabkowski (presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FESPROSA) analizan el panorama que quedó después de los 6 mil despidos del mes pasado -más del 50% en el sector público- y las convocatorias a parar. Además del paro del 22, ATE Nacional convocó el 15 de febrero a un paro nacional. Dicen: «El impacto estructural de este ajuste es largo».

Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hubo 6639 despidos durante el mes de enero. El 58 por ciento (3878 trabajadores) corresponde al ámbito público. La cifra  significa el doble de despidos de diciembre y, también, duplica el número correspondiente a enero del 2017. ¿Qué ocurrió en la esfera pública? El informe desglosa:

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): 260 despidos.
• Coros y Orquestas del Bicentenario: 240.
• Radio Nacional: 233.
• Televisión Pública: 170.
• Hospital Posadas: 122.
• Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria (SENASA): 138.
• Ballet Nacional de Danza Clásica: 50.
• Superintendencia de Seguros de la Nación: 16.

CEPA también destaca los despidos en el ámbito municipal: suman 700. El podio lo integran municipios con gestión Cambiemos: Morón (500), Quilmes (400) y Tres de Febrero (400).
“Estamos ante una situación institucional grave y social gravísima”, dice a lavaca Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, que anunció un paro nacional para el 15 de febrero en la conferencia de prensa convocada por los 250 despedidos del INTI.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) es uno de los gremios que convoca al paro del 15 en todos los hospitales del país. Es una de las organizaciones que también viene denunciando los despidos en el Hospital Posadas. “Los hechos son contundentes”, dice Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA y secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma, a lavaca. “Hay 122 despidos. Incluyen a 17 de los 23 delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). El impacto, desde el punto de vista económico, es marginal: estos son despidos políticos. El Posadas tiene poco más de 4 mil trabajadores: 122 no le mueven el amperímetro. De hecho, movilizar 500 gendarmes y mantener una guardia permanente de policías es más caro que echar a 122 compañeros. Esto es un disciplinamiento a la sociedad y a los sindicatos en defensa de las corporaciones”.
Ni el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, ni las autoridades del hospital recibieron a las delegaciones gremiales y de derechos humanos que piden la reincorporación. Yabkowski: “No quieren hablar. A eso se suma que el viernes nos quitaron el código de descuento de la cuota sindical, que como gremio descontamos al 1 por ciento de los afiliados. Somos un gremio absolutamente austero y modesto, pero el Gobierno se tomó una revancha antisindical”.

El fin de una era

El informe de CEPA también revela que de los 2761 despidos en el ámbito privado, el 82 por ciento corresponde al sector industrial. Godoy: “Las empresas, a su vez, están haciendo lockout patronal. El Ingenio San Isidro en Salta cerró. Blaquier dice que no tiene plata para hacer funcionar Ingenio Ledesma. En realidad quieren destruir la organización sindical que hay allí. Y el Ministerio de Trabajo, al mirar para otro lado, convalida esas prácticas al permitir que, entre otras cosas, intervengan sindicatos para hacer que trabajen gratis funcionarios del Gobierno”.
-¿Qué evaluación hace de este panorama?
-El Gobierno no sólo terminó diciembre reprimiendo brutalmente y queriendo justificar lo injustificable con la aprobación de la reforma previsional, sino que comenzamos el año con un DNU que viola 147 decretos y 7 leyes existentes. Es anticonstitucional. Y, como anticipamos, los despidos en el sector público iban a ser la antesala en el sector privado: en enero hubo más de 6 mil despidos, y sólo en el Estado nacional nosotros tenemos 2500. Fabricaciones Militares comunicó el cierre de la fábrica Fanazul y el despido de 300 trabajadores. Es un emprendimiento industrial fundamental para el desarrollo de la industria minera en el centro de la provincia de Buenos Aires. No sólo eso: también despidieron a 500 personas de Río Turbio, paralizaron la mina y las obras de la usina al mismo tiempo que hay una crisis energética en el país.
-¿Qué implican los despidos en el sector público?
-Es un dato interesante. El Gobierno empezó su gestión con 15 mil despidos en el Estado nacional sumado a miles en el sector provincial y municipal. Si bien hoy hay menos despidos, a pesar de que siguen siendo brutales y masivos, hay más impacto estructural en el Estado. Cierran fábricas, áreas fundamentales de comunicación pública, sectores claves de control para transferirlos al sector privado, así como ocurrió con Ar-Sat y la paralización de la producción de satélites en Argentina. El impacto estructural de este ajuste es largo.
-¿Por ejemplo?
–En el INTI y el Senasa, dos áreas fundamentales para el control tecnológico y alimentario, está ocurriendo un vaciamiento de organismos del Estado para transferir decisiones de control al sector privado. Ni hablar lo que pasa con el Hospital Posadas, el más grande del país: buscan destruir los emprendimientos sanitarios. En Radio Nacional y la TV Pública cierran noticieros, reducen funcionamientos y quieren transferir la comunicación pública a las empresas amigas del Gobierno. Esto demuestra que ponerle freno a estas políticas no sólo significa unirnos por el espanto sino también discutir una propuesta alternativa de Estado y de políticas públicas, que no pueden ser las de años atrás porque son las que nos trajeron a este presente. Necesitamos una perspectiva diferente. Ese es el debate profundo que debe darse en las calles junto a una nueva construcción democrática y participativa del campo sindical.
-¿Esas discusiones se están llevando adelante hoy?
-Hay organizaciones con las que venimos discutiendo. Cuando cierran el noticiero de la TV Pública, articulan con organizaciones populares y ves que se hace un noticiero desde las veredas; entendés que es posible un Estado que no subordine a las organizaciones y respete su autonomía. Cuando las organizaciones sociales discuten la emergencia social y alimentaria, no están discutiendo solo un subsidio o bolsón de comida sino resolver el problema del país con un rol que respete esa autonomía. Desde los sindicatos no hay que discutir sólo el salario sino ampliar horarios para que todo el mundo pueda tener empleo, que se respeten los promedios de horas por día para detener el aumento de la explotación que limita el ingreso laboral. Es decir, somos organizaciones y sindicatos que nos animamos a discutir una perspectiva política pública distinta. Y eso, poco a poco, es lo que se va incorporando al debate.