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Dos años de acampe contra Mondiablo

La Asamblea de Malvinas Argentinas, en Córdoba, celebra su resistencia: 730 días de plantarse contra Monsanto, la mayor corporación del agro mundial que les envenenaba el aire, la tierra y la vida. Un viaje de Darío Aranda que nos relata cómo luchar contra una causa supuestamente perdida, y ganar.

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La Asamblea de Malvinas Argentinas, en Córdoba, celebra su resistencia: 730 días de plantarse contra Monsanto, la mayor corporación del agro mundial que les envenenaba el aire, la tierra y la vida. Un viaje de Darío Aranda que nos relata cómo luchar contra una causa supuestamente perdida, y ganar.

acampe
No tenía fuerzas ni para levantarse de la cama y le costaba respirar. Deambulaba por distintos médicos, centros asistenciales, laboratorios para análisis. Le decían que no tenía nada. Y ella sabía que algo había. Sentía que moría y nada le encontraban. La causa estaba al lado de su vivienda, donde cortaban (“reciclaban”) bidones de agrotóxicos. Eli Leiria tenía agroquímicos en el cuerpo. Le alteraron el sistema nervioso y el aparato digestivo.
Raquel Cerrudo vivía en Córdoba capital. Necesitaba un cambio de vida. Estar tranquila con su familia. Respirar otro aire. Vendió su casa y se mudó. A los seis meses el mundo se le vino abajo. Lloraba. No lo podía creer.
Eli y Raquel no se conocían. Pero ambas sintieron lo mismo. Se enteraron por televisión que la mayor empresa de transgénicos del mundo se instalaría en su barrio, con la mayor planta de semillas de América Latina. Ambas, sin imaginarlo, se transformaron en activistas contra la instalación de Monsanto.
Viaje a la Asamblea de Malvinas Argentinas, la localidad cordobesa que frenó a la mayor corporación del agro mundial. Objeto de estudio para los académicos. Caso testigo para otras asambleas. Mal ejemplo (para gobiernos y empresas). Historia de una lucha.
El sábado habrá festival y celebración.

Previa

Darío Avila, abogado militante que acompaña las luchas contra las fumigaciones agropecuarias, maneja desde el centro de Córdoba hasta Malvinas Argentinas. Hijos de laburantes del sur de la provincia, estudió mientras contaba el mango y vivía a mate. Fanático de Belgrano y conocedor de las asambleas, organizaciones sociales y luchas. Se anima a dar la noticia que en Córdoba ya se conoce, pero que pocos blanquean. “La asamblea se dividió. Ya te van a contar”, avisa.
El viaje es corto. No más de veinte minutos en la ruta 88. Giro a la derecha y una de las calles principales de Malvinas (San Martín), de asfalto. Casas bajas. Barrio trabajador. Pocas cuadras y nuevo giro a la derecha, calle de tierra. De lado izquierdo, una vivienda con un puñado de personas en la vereda, parte de la asamblea de Malvinas.
Circulará el mate. Y casi dos horas de charla.
Luego, diez cuadras de distancia, cruzar la ruta y una vivienda con paredón al frente. Será la segunda entrevista.
Ambas a la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Problemas de salud, marchas, represiones, discusiones con vecinos y familiares, la empresa, policías, el modelo agropecuario, gobernantes, alegrías y llantos, balazos y resistencias.

Televisión

La población de Malvinas Argentina se enteró por televisión que tendría como vecina a Monsanto. Fue el 15 de junio de 2012, cuando la Presidenta informó por televisión, desde Estados Unidos, que la multinacional le había confirmado la instalación en la localidad de Córdoba. Sólo lo sabían el intendente, Daniel Arzani (UCR), y sus colaboradores más cercanos.
Mesa larga, mantel de colores, termo de plástico con la calcomanía grande de la Virgen de Luján. El mate circula. Una decena de personas, diversas edades. Desde chicos hasta abuelos. Eli Leiria escuchó el anuncio en la televisión. Pero dio por hecho que se trataba de la localidad bonaerense del mismo nombre. Hasta que le avisaron que era a pocas cuadras de su casa. No sabía nada de Monsanto. Al día siguiente le preguntó a un estudiante universitario, hijo de la casa de familia donde trabaja, y la respuesta la dejó helada. “Estás en el horno”, le dijo. Y le aportó los primeros datos de la historia de la empresa.
Comenzó a leer, a informarse, a preguntar. Y ya no le quedaron dudas. “Ahí desperté. Algún vecino me decía que iban a traer más trabajo, yo le respondía que sí. Más trabajo con los oncólogos, los médicos, los sepultureros”, ironiza, pero no esboza sonrisa.
Otro vecino le aseguró que las autoridades no permitirían una empresa que perjudique a la población. La ronda de mate, una decena de personas, larga una carcajada. Fustina Quispe también se anima. “Los políticos no respetan nada. Ellos transan y tenemos que someternos a ellos. A mí no me versean más”.
En la segunda entrevista, Raquel Cerrudo relata que había dejado la capital cordobesa en busca de tranquilidad. Qué mejor que una pequeña localidad en las afueras. A los seis meses de la mudanza, el anuncio de Monsanto. Raquel veía la televisión y lloraba. Conocía quién era Monsanto por un trabajo junto a una bióloga crítica al modelo agropecuario. Su esposo, Ariel Becerra, alias Rula, la escucha y ahora sonríe. Trabaja en una concesionaria. Los patrones también tienen campos de soja. Le decían que se quedara tranquilo, que no pasaba nada. Raquel igual lloraba. Hasta que un día dijo basta. Conocía poca gente en el barrio. Comenzó a hablar con los comercios, en la carnicería, el almacén, intercambiar información. Así conoció a otros inquietos con el tema y se enteró de una charla del biólogo Raúl Montenegro. También de una marcha en la Capital, donde fue con un cartel de Malvinas y conoció a Ester Quispe, hoy también asambleísta. Sobrevino la primera reunión y el encuentro con decenas de vecinos. La segunda juntada. El nacimiento de la asamblea.

Despertar

Silvana Alarcón creció en Malvinas. Acento cordobés inconfundible, recuerda que no sabía quién era Monsanto, como la gran mayoría de sus vecinos. Al principio creyó el discurso de inversiones, de trabajo, pero también comenzó a escuchar -primero por lo bajo- quién era la empresa, su historial de denuncias y contaminación. “Empezamos a reunirnos los vecinos. A leer, a tener otra información. De a poquito fuimos aprendiendo”, recuerda. También le impactó cómo la empresa comenzó a intervenir en el barrio, a prometer trabajo. El tercer punto, comenzaron a problematizar la situación actual, de pueblo rodeado con cultivos transgénicos y fumigaciones. “Y nos dimos cuenta que había muchos chicos enfermos, de lupus, malformaciones, problemas respiratorios, broncoespasmos. Y si a eso le agregamos Monsanto… nos fuimos dando cuenta de que iba a ser peor”, explica.
Mucho tuvo que ver la visita de biólogos, doctores, abogados y también de asambleas y activistas de otras ciudades. También evaluaron la cercanía de la planta con la escuela, conocido como “La Candelaria”, donde asiste su hijo, desde donde se deja ver el predio de Monsanto.
Recuerda que la Justicia había frenado la obra, pero igual la planta seguía en marcha. Le daba impotencia que la empresa seguía la construcción. “Hacían lo que querían. Hasta que dijimos basta, acá no entra más nadie”.
Y nació el bloqueo. Septiembre de 2013. No fue gratis. Media docena de represiones, policías, balas de goma, patotas de la UOCRA, palazos. Recuerda una en particular. Ella estaba en su casa y escuchaba los disparos. Sus amigos y familiares estaban en la represión. Lloraba de impotencia. Golpearon a su hermano y a su esposo. “Podía pasar cualquier cosa”, afirma y se le quiebra la voz. “Lo primero como mamá es la salud de mi hijo. No importa lo que tengamos que hacer. Y no vamos a dar marcha atrás”, avisa.

Salud

Eli Leiría, dueña de casa, arregla el mate y ceba. Está de pie, recostada sobre el marco de la puerta. Interviene. En 2007 tuvo su primer choque con el modelo agropecuario. Comenzó con vómitos, diarrea, bajó mucho de peso y comenzó a debilitarse. El médico no le encontraba nada pero ella sentía que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Le daban inyecciones, se levantaba un rato y volvía a caer. Fue a otro médico. Y le decía que los análisis daban bien. Ella sentía que se moría.
Hasta que ató cabos. Al lado de su casa reciclaban bidones de plaguicidas. En realidad el proceso era más que rudimentario. Los traían sin lavar, los cortaban con una sierra de carnicería y los molían. El terreno vecino estaba repleto de bidones, justo pegado a su habitación. Se le morían los árboles y todas las plantas. Le contó al médico y no dudó. La mandó a hacer nuevos estudios, más complejos. Le encontraron plaguicidas en sangre. No recuerda los nombres, pero sí las cifras: “El máximo tolerado por el organismo es 0,3 por ciento. Yo tenía 27”.
Le preguntó al médico cómo se curaba. Y se hizo un largo silencio. Le respondió que no se podía hacer nada. Que había que esperar. Le dijo que era como un tornado. La tormenta se va, pero las secuelas quedan. Y las enfermedades pueden aparecer meses o años después. A los dos años se le declaró un efisema pulmonar. El médico le preguntó si fumaba mucho. Y ella nunca había prendido un cigarrillo.
De pura impotencia, comenzó a fumar ese mismo día. “Yo elijo cómo morir”, dijo.
Le diagnosticaron alteración del sistema nervioso y del aparato digestivo. Y le dieron un cóctel de medicamentos. “Me voy a terminar matando con medicación. No quiero eso”, avisó.
Y el anuncio de Monsanto fue la frutilla del postre. Se sumó a la segunda reunión de vecinos, era el germen de la asamblea. Al otro día fue a ver al Intendente. “No, Negra. No te preocupes. La empresa traerá trabajo. Lo que pasa es que hay gente que no quiere laburar y se opone”, fue la respuesta que le dio Daniel Arzani.
La clave, otra vez, fue la información. Leyó mucho. Fue a charlas. Vio documentales. Pensó en su hijo y se decidió: no quería a la empresa en su barrio.
Silvia Vaca es empleada municipal. Nacida y criada en Malvinas. 52 años. El primer aviso del modelo agropecuario lo conoció por su esposo. Camionero, transportista de cereales. Solía quejarse del olor que tenía la ropa cuando volvía del trabajo, y del fuerte dolor de cabeza. Silvia metía las prendas en el lavaropas y debía enjuagarlo dos veces. Olor penetrante. Segundo aviso: la cámara aséptica se llenó. Llegó el camión atmosférico. Y el trabajador le llamó la atención por la ausencia de insectos y bacterias. Le preguntó si usaba algún químico fuerte. Silvia pensó en voz alta y no, sólo lavandina cada tanto.
Tercer aviso. La repentina neumonía de su esposo. Internación, luego terapia y, en horas, peligro de vida. Los médicos la trataban distante, le preguntaban y repreguntaban. Creían que lo había envenenado. Volvió a su casa, dio la mala noticia a la familia. Ahí cayó en la cuenta. Volvió al sanatorio y contó que su esposo era transportista de cereal. También ponía las famosas pastillas de fosfina en el camión para protegerlas de insectos. Se estaba envenenando.
Segundo aviso. Su hijo, entonces estudiante de agronomía, le dio el documental «El Mundo según Monsanto».
Cuando se anunció la instalación, fue una de las vecinas que analizó su sangre. Confirmó lo temido. Tenía agroquímicos. “Vivo en el centro del pueblo, donde en teoría menos químicos debiera haber. ¿Qué le queda a los que viven frente a las fumigaciones? Estamos todos envenenados”, afirma.
Fueron demasiadas cosas. Se sumó a la asamblea.

Otra vida

Una gran coincidencia. A todos les cambió la vida.
Soledad Escobar precisa que tuvo discusiones en la escuela (con la maestra de su hijo porque le decía que “no se podía involucrar”), con amigos que trabajan en el municipio y con vecinos que ya no se dirigen el saludo.
Beatriz Vega tenía librería-polirubros en la avenida San Martín, la principal, y a media cuadra de la Municipalidad. Ponía en la vidriera los carteles que convocaron a la marcha, entregaba folletos y afirma que la marcaron. Le comenzaron a bajar las ventas, el hijo de un concejal la amenazó con quemar el local, los clientes de siempre ya no entraban. Cerró el negocio. “La vida nos cambió totalmente. Se ha dividido el pueblo”, resume.
Lucas Vaca, boina clara, campera de cuero. Hacía dos años que había regresado a su barrio (estuvo cinco años afuera), se encontró con municipalidad nueva y le llamó la atención que, pocos kilómetros antes de llegar a Malvinas, ya no estaban los árboles de antaño al costado de la ruta 88. La soja estaba hasta el borde de la banquina.
Estudiaba el secundario para adultos. Y también recibió la noticia por televisión, en directo. Se alegró por los posibles puestos de trabajo. Hasta que alguien le advirtió que no era todo como decía la publicidad. Ingresó a internet, comenzó a leer, se topó con el documental “El mundo según Monsanto” y no lo podía creer. También ingresó al sitio de la empresa. Y no quería entrar en razón. “Adentro tuyo como que decís que no puede ser tan malo. Te cuesta creer. Pero más leía y más me convencía de lo malo que era”. Llevaba información a la escuela y las profesoras minimizaban sus críticas.
Comenzó a participar de la asamblea. A comprometerse. No dejó más.
Lamenta que se hayan alejado muchos vecinos, pero también se acercaron otros. Con muchos compartió escuela y hasta bailes, pero algo los ha puesto en dos veredas distintos. Hay un hecho que le impacta: “No te miran a la cara. Miran al suelo. Saben que está mal apoyar a Monsanto. Eso es impresionante.” Lucas dice que recuerda lo que le mencionó alguna vez el científico Andrés Carrasco: mirar los cuerpos. Niños con malformaciones, chicos jóvenes con cáncer, mujeres con pañuelos en la cabeza.
Eduardo Quispe resalta que no hay un espacio en apoyo a la empresa. Sí en contra. “Las estadísticas son contundentes. El 90 por ciento no la quiere. Sí hay gente que depende el Estado, pero no son un movimiento permanente en las calles”, aclara.
Vanesa Sartori había escuchado algo de fumigaciones, pero no de Monsanto. Vio el anuncio por televisión y también pensó que se trataba de Malvinas Argentinas de Buenos Aires. Luego se enteró de la primera asamblea por Canal 8. Lo vio a Montenegro, había sido su docente en la facultad, y concluyó que se trataba de algo grave. Se conectó a internet, leyó durante horas, no lo quería creer. “Parecía sacado de una película, pero estaba pasando de verdad”, recuerda.
Se sumó en la tercera asamblea. Su hija, que durante la entrevista duerme en el sillón, tenía entonces seis meses. La aterrorizaba que le pasara algo a su beba.
También hacía meses que habían construido la casa con su esposo. Pensaba en todo el sacrificio tirado a la basura. Evaluaron en mudarse. Sabían que nadie les compraría, pero igual estaban dispuestos a irse.
Fue a una reunión de vecinos. No conocía a casi nadie, pero se sumó a la asamblea.
Lo que más le duele es la división en el pueblo. Incluso en lo familiar. Su papá tiene ferretería. Fue “seleccionada” por la Municipalidad como posible proveedora de la multinacional y viajó, junto a la empresa, cuatro veces a Rojas, donde la compañía hace recorridas guiadas para mostrar las bondades de sus fábricas.
Vanesa le llevaba información, diarios, revistas, artículos. “Muy ingenuo lo mío. Él ya había comprado todo el paquete de Monsanto”, lamenta.
Peor fue la situación cuando ella se transformó en una cara visible de la lucha, con entrevistas y apariciones en los medios. “Me llegó a decir qué tipo de educación le daba a mi hija. También preguntó cómo mi marido me dejaba participar de la asamblea”, grafica. Se indigna. Llora. Es un tema que no se habla en en los almuerzos familiares. Ya nada volvió a ser lo mismo.
Asegura que la historia se repite en muchas casas.
Silvia Vaca se distanció de su hermano. Él fue abuelo. Y ella aún no pudo ir a conocer a su sobrino nieto. “Son fracturas que van quedando. Muchas familias peleadas. Es triste”, resume. Y recuerda la buena relación que tenía con el Intendente, se conocen desde chicos, compartían almuerzos familiares. Ya no.
Vanesa sonríe. Era amiga de la hija de Arzani.
Eli lamenta que haya vecinos que ya no la saludan. Recuerda una noche, había marcha a la Municipalidad y ella estaba descompuesta. No podía ni pararse. Recibió un llamado anónimo. “Dejate de joder con Monsanto”, amenazaron.
Se levantó de inmediato y fue a la marcha. “Si no estaba ahí, iban a creer que me asustaron. Eso no, señor. Nunca”, avisa con voz firme. No quiere protagonismo ni figurar, pero no quiere que su hijo pase lo mismo que ella. Y deja una advertencia. Conoció que en Neuquén hay mapuches que se rociaron con nafta para evitar un desalojo: “Si el Gobierno deja venir a Monsanto… hay que pararlo de alguna manera. Y con un muerto no se instala”.

¿Votación?

Durante el primer año de rechazo a Monsanto la Asamblea exigió el derecho a votar por sí o por no. Los tres niveles de Gobierno (municipal, provincial, nacional) se opusieron. Lo propio hizo la empresa. En la actualidad, la asamblea ya no pide votar. “No se puede votar frente a un hecho ilegal. El informe de impacto ambiental le dio negativo. La ley provincial de suelos no le permite instalarse acá. La planta es ilegal”, aclara Eduardo Quispe, sub 40, gorra con visera y remera negra con la M de Monsanto y una calavera. .
Desde el 8 enero de 2014 la planta está, judicialmente, paralizada. Y el 10 de febrero la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental.
Vanina Barboza también afirma que la instalación de Monsanto en ilegal. No se puede votar sobre la ilegalidad.

Responsables

Soledad Escobar enumera de mayor a menor culpabilidades: Intendente, Gobernador, Presidenta. Y recuerda el ejemplo de Río Cuarto, donde el Intendente vetó la instalación de una estación experimental de Monsanto. Y no olvida cuando el intendente de Malvinas prometió que, si el informe de impacto ambiental daba negativo, él cancelaba el proyecto. No cumplió. “Nos verseó”, resume.
Eli, la dueña de casa, invierte el orden. Cree que el Intendente no tiene capacidad para decidir por Monsanto. Afirma que la Presidenta y el Gobernador son los máximo responsables. “Cristina le abrió la puerta. Ella es la principal responsable”, afirma.
Debaten entre ellos. No hay acuerdo. Sí coinciden que Arzani era un vecino más, pero ya no. Muchos los conocen de chico. Señalan que él tiene campos de soja y que sus padres murieron de cáncer.
En Malvinas nunca había existido una marcha. Mucho menos en cuestionamientos al Intendente, con más de quince años en el poder. Raquel y Vanesa hacen la misma lectura al mismo tiempo. El Intendente nunca pensó que se le armaría semejante lío. Vanina Barboza complementa: “Monsanto reconoció que nunca le había pasado algo similar”.
Ester Quispe apunta al intendente. “Nadie se mete a tu casa si no le abrís la puerta”, razona. Se enoja porque actuó a espaldas de la población. Vanina Barboza, joven estudiante y vocera en varias ocasiones, asegura que el Intendente no es tan inteligente como para traer a Monsanto. Apunta más arriba: “La Cristina (Fernández) los trae”. Recuerda la primera vez que hablaron con los concejales. Le mencionaban “transgénicos” y los funcionarios no sabían nada.
Alguien avisa que no tienen educación. Silvia Vaca lo relativiza. “La Presidenta y el Gobernador son instruidos y se abrazan con Monsanto. Muchos campesinos e indígenas no tienen quizá educación formal, pero saben qué es el modelo agropecuario y defienden la vida”.

El modelo

Vanesa Sartori explica con paciencia docente que Monsanto quiere hacer su mayor planta de maíz transgénico en su barrio, a 800 metros de la escuela y cerca de las casas. Para bioetanol, no para comida, y utilizará millones de litros de agua y pesticidas. Destaca que la empresa y el municipio están violando leyes que prohíben la instalación y, destaca, se vulnera la voluntad de la población. Remata: “Promete trabajo y progreso, pero es falso”.
Ariel Becerra hace hincapié en la salud. Alerta que ya son un pueblo fumigado con agrotóxicos. Y con Monsanto se pueden multiplicar las consecuencias.
Eduardo Quispe le habla a los habitantes de las grandes ciudades. Les pide que no dejen engañar por el verde de la soja, explica que antes era todo monte, y desapareció. “Le dicen progreso, pero las ganancias son privadas y en los territorios queda enfermedad y devastación”. Afirma que es posible otro modelo, de soberanía alimentaria, alimentos sanos para la población.

División

En las dos entrevistas, en dos casas distintas, todos son muy cuidadosos cuando hablan de la separación de la asamblea en dos grupos. Explican que no se comparten algunas formas de lucha, el tema de presentarse a elecciones abrió brechas (un sector fue con candidato a Intendente, salió segundo), el recurrir a acciones directas sin consenso, el imponer mayorías, la democracia representativa versus el asambleísmo, y -reconocen- el tema de egos o los personalismos siempre juegan de alguna manera.
Un sector tiene más sintonía con el acampe. Se trata de un tercer espacio que desde hace dos años es mantenido por un grupo de jóvenes que se asentó y vive en el portón de entrada del predio. Algunos funcionarios o medios le dicen, de manera despectiva, los “hippies”. Otros les desconfían y hasta acusan de estar infiltrados con servicios. También es cierto que estuvieron frente a las represiones. Tienen su autonomía. No actúan siempre en consonancia con la asamblea. Sí coinciden en el rechazo a la empresa.
Ester Quispe señala que ambos grupos son una asamblea, con mismos intereses, luchas y objetivos, pero que algunos han tomado otro camino. Avisa que nunca van a defenestrar a los compañeros. Que hay cosas que no comparten, de las formas y actitudes, pero eso queda para adentro. Incluso lamenta que ella quedó de un lado, y su hermano de otro. Avisa que todos usan la misma remera (negra con vivos verdes). Todos son asamblea, todos rechazan a Monsanto, a la casta política aliada a las corporaciones y cuestionan al modelo agropecuario tóxico.

Futuro

Sin consenso social y en año de elecciones, Monsanto no pudo avanzar durante 2015. Pero no se fue. Ya dejó trascender que en diciembre presentará un nuevo estudio ambiental. Quiere construir en 2016. La empresa sigue presente en el barrio, con procesos de seducción y promesas. Eli Leiría denuncia que Monsanto compra voluntades. Dos ejemplos: donó el generador para la cooperativa eléctrica. Costó 60 mil pesos y lo publicitan incluso en la boleta que llega a las casas. Y las piletas de natación en el polideportivo. Monsanto financia talleres y cursos en escuelas de la zona. También en la iglesia adventista.
Leiría sueña que su hijo siga viviendo en Malvinas. Dice que ahí están sus raíces y que es injusto que por una empresa deban irse. Faustina Quispe (mamá de Eduardo y Ester), mujer mayor, contrapone: “Si Monsanto se instala no hay futuro”.
Marcos Romero es nacido y criado en Malvinas. Está casado con Soledad Escobar, también asambleísta. Tienen cuatro hijos que van a “La Candelaria” (escuela cercana al predio en cuestión). Casi no habló durante la entrevista grupal. Recuerda que veía en otras ciudades que protestaban y cortaban rutas, y lo observaba con mezcla de prejuicio y desinterés. Hasta que se desató lo de Monsanto. “Ahora nos tocó a nosotros. Ya nos dieron palazos y balas de goma. No me importa. Voy a dejar la vida por mis hijos. Ella (Soledad) ya lo sabe”, afirma. Su esposa llora.
Lucas Vaca tiene una mirada optimista. “El futuro lo estamos haciendo todos los días, luchando en la calle, no permitiendo que se instale”. Eduardo Quispe va por más: “Los vecinos están convencidos. Monsanto no tiene chances con nosotros”.
El sábado próximo (19 de septiembre) será el tercer festival “Primavera sin Monsanto”. Se cumplen dos años desde que decidieron bloquear los ingresos.
Ester Quispe avisa que ellos seguirán trabajando en el barrio, informando a vecinos. No bajarán la guardia. Se siguen juntando todos los miércoles y recuerda la bandera presente en las marchas: “No a Monsanto en Córdoba y América Latina”.

Fotos del Acampe contra Monsanto, por Lina Etchesuri

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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Nota

16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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