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Dos años de acampe contra Mondiablo

Publicada

hace 9 años

17/09/2015

La Asamblea de Malvinas Argentinas, en Córdoba, celebra su resistencia: 730 días de plantarse contra Monsanto, la mayor corporación del agro mundial que les envenenaba el aire, la tierra y la vida. Un viaje de Darío Aranda que nos relata cómo luchar contra una causa supuestamente perdida, y ganar.

Dos años de acampe contra Mondiablo
No tenía fuerzas ni para levantarse de la cama y le costaba respirar. Deambulaba por distintos médicos, centros asistenciales, laboratorios para análisis. Le decían que no tenía nada. Y ella sabía que algo había. Sentía que moría y nada le encontraban. La causa estaba al lado de su vivienda, donde cortaban (“reciclaban”) bidones de agrotóxicos. Eli Leiria tenía agroquímicos en el cuerpo. Le alteraron el sistema nervioso y el aparato digestivo.
Raquel Cerrudo vivía en Córdoba capital. Necesitaba un cambio de vida. Estar tranquila con su familia. Respirar otro aire. Vendió su casa y se mudó. A los seis meses el mundo se le vino abajo. Lloraba. No lo podía creer.
Eli y Raquel no se conocían. Pero ambas sintieron lo mismo. Se enteraron por televisión que la mayor empresa de transgénicos del mundo se instalaría en su barrio, con la mayor planta de semillas de América Latina. Ambas, sin imaginarlo, se transformaron en activistas contra la instalación de Monsanto.
Viaje a la Asamblea de Malvinas Argentinas, la localidad cordobesa que frenó a la mayor corporación del agro mundial. Objeto de estudio para los académicos. Caso testigo para otras asambleas. Mal ejemplo (para gobiernos y empresas). Historia de una lucha.
El sábado habrá festival y celebración.

Previa

Darío Avila, abogado militante que acompaña las luchas contra las fumigaciones agropecuarias, maneja desde el centro de Córdoba hasta Malvinas Argentinas. Hijos de laburantes del sur de la provincia, estudió mientras contaba el mango y vivía a mate. Fanático de Belgrano y conocedor de las asambleas, organizaciones sociales y luchas. Se anima a dar la noticia que en Córdoba ya se conoce, pero que pocos blanquean. “La asamblea se dividió. Ya te van a contar”, avisa.
El viaje es corto. No más de veinte minutos en la ruta 88. Giro a la derecha y una de las calles principales de Malvinas (San Martín), de asfalto. Casas bajas. Barrio trabajador. Pocas cuadras y nuevo giro a la derecha, calle de tierra. De lado izquierdo, una vivienda con un puñado de personas en la vereda, parte de la asamblea de Malvinas.
Circulará el mate. Y casi dos horas de charla.
Luego, diez cuadras de distancia, cruzar la ruta y una vivienda con paredón al frente. Será la segunda entrevista.
Ambas a la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Problemas de salud, marchas, represiones, discusiones con vecinos y familiares, la empresa, policías, el modelo agropecuario, gobernantes, alegrías y llantos, balazos y resistencias.

Televisión

La población de Malvinas Argentina se enteró por televisión que tendría como vecina a Monsanto. Fue el 15 de junio de 2012, cuando la Presidenta informó por televisión, desde Estados Unidos, que la multinacional le había confirmado la instalación en la localidad de Córdoba. Sólo lo sabían el intendente, Daniel Arzani (UCR), y sus colaboradores más cercanos.
Mesa larga, mantel de colores, termo de plástico con la calcomanía grande de la Virgen de Luján. El mate circula. Una decena de personas, diversas edades. Desde chicos hasta abuelos. Eli Leiria escuchó el anuncio en la televisión. Pero dio por hecho que se trataba de la localidad bonaerense del mismo nombre. Hasta que le avisaron que era a pocas cuadras de su casa. No sabía nada de Monsanto. Al día siguiente le preguntó a un estudiante universitario, hijo de la casa de familia donde trabaja, y la respuesta la dejó helada. “Estás en el horno”, le dijo. Y le aportó los primeros datos de la historia de la empresa.
Comenzó a leer, a informarse, a preguntar. Y ya no le quedaron dudas. “Ahí desperté. Algún vecino me decía que iban a traer más trabajo, yo le respondía que sí. Más trabajo con los oncólogos, los médicos, los sepultureros”, ironiza, pero no esboza sonrisa.
Otro vecino le aseguró que las autoridades no permitirían una empresa que perjudique a la población. La ronda de mate, una decena de personas, larga una carcajada. Fustina Quispe también se anima. “Los políticos no respetan nada. Ellos transan y tenemos que someternos a ellos. A mí no me versean más”.
En la segunda entrevista, Raquel Cerrudo relata que había dejado la capital cordobesa en busca de tranquilidad. Qué mejor que una pequeña localidad en las afueras. A los seis meses de la mudanza, el anuncio de Monsanto. Raquel veía la televisión y lloraba. Conocía quién era Monsanto por un trabajo junto a una bióloga crítica al modelo agropecuario. Su esposo, Ariel Becerra, alias Rula, la escucha y ahora sonríe. Trabaja en una concesionaria. Los patrones también tienen campos de soja. Le decían que se quedara tranquilo, que no pasaba nada. Raquel igual lloraba. Hasta que un día dijo basta. Conocía poca gente en el barrio. Comenzó a hablar con los comercios, en la carnicería, el almacén, intercambiar información. Así conoció a otros inquietos con el tema y se enteró de una charla del biólogo Raúl Montenegro. También de una marcha en la Capital, donde fue con un cartel de Malvinas y conoció a Ester Quispe, hoy también asambleísta. Sobrevino la primera reunión y el encuentro con decenas de vecinos. La segunda juntada. El nacimiento de la asamblea.

Despertar

Silvana Alarcón creció en Malvinas. Acento cordobés inconfundible, recuerda que no sabía quién era Monsanto, como la gran mayoría de sus vecinos. Al principio creyó el discurso de inversiones, de trabajo, pero también comenzó a escuchar -primero por lo bajo- quién era la empresa, su historial de denuncias y contaminación. “Empezamos a reunirnos los vecinos. A leer, a tener otra información. De a poquito fuimos aprendiendo”, recuerda. También le impactó cómo la empresa comenzó a intervenir en el barrio, a prometer trabajo. El tercer punto, comenzaron a problematizar la situación actual, de pueblo rodeado con cultivos transgénicos y fumigaciones. “Y nos dimos cuenta que había muchos chicos enfermos, de lupus, malformaciones, problemas respiratorios, broncoespasmos. Y si a eso le agregamos Monsanto… nos fuimos dando cuenta de que iba a ser peor”, explica.
Mucho tuvo que ver la visita de biólogos, doctores, abogados y también de asambleas y activistas de otras ciudades. También evaluaron la cercanía de la planta con la escuela, conocido como “La Candelaria”, donde asiste su hijo, desde donde se deja ver el predio de Monsanto.
Recuerda que la Justicia había frenado la obra, pero igual la planta seguía en marcha. Le daba impotencia que la empresa seguía la construcción. “Hacían lo que querían. Hasta que dijimos basta, acá no entra más nadie”.
Y nació el bloqueo. Septiembre de 2013. No fue gratis. Media docena de represiones, policías, balas de goma, patotas de la UOCRA, palazos. Recuerda una en particular. Ella estaba en su casa y escuchaba los disparos. Sus amigos y familiares estaban en la represión. Lloraba de impotencia. Golpearon a su hermano y a su esposo. “Podía pasar cualquier cosa”, afirma y se le quiebra la voz. “Lo primero como mamá es la salud de mi hijo. No importa lo que tengamos que hacer. Y no vamos a dar marcha atrás”, avisa.

Salud

Eli Leiría, dueña de casa, arregla el mate y ceba. Está de pie, recostada sobre el marco de la puerta. Interviene. En 2007 tuvo su primer choque con el modelo agropecuario. Comenzó con vómitos, diarrea, bajó mucho de peso y comenzó a debilitarse. El médico no le encontraba nada pero ella sentía que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Le daban inyecciones, se levantaba un rato y volvía a caer. Fue a otro médico. Y le decía que los análisis daban bien. Ella sentía que se moría.
Hasta que ató cabos. Al lado de su casa reciclaban bidones de plaguicidas. En realidad el proceso era más que rudimentario. Los traían sin lavar, los cortaban con una sierra de carnicería y los molían. El terreno vecino estaba repleto de bidones, justo pegado a su habitación. Se le morían los árboles y todas las plantas. Le contó al médico y no dudó. La mandó a hacer nuevos estudios, más complejos. Le encontraron plaguicidas en sangre. No recuerda los nombres, pero sí las cifras: “El máximo tolerado por el organismo es 0,3 por ciento. Yo tenía 27”.
Le preguntó al médico cómo se curaba. Y se hizo un largo silencio. Le respondió que no se podía hacer nada. Que había que esperar. Le dijo que era como un tornado. La tormenta se va, pero las secuelas quedan. Y las enfermedades pueden aparecer meses o años después. A los dos años se le declaró un efisema pulmonar. El médico le preguntó si fumaba mucho. Y ella nunca había prendido un cigarrillo.
De pura impotencia, comenzó a fumar ese mismo día. “Yo elijo cómo morir”, dijo.
Le diagnosticaron alteración del sistema nervioso y del aparato digestivo. Y le dieron un cóctel de medicamentos. “Me voy a terminar matando con medicación. No quiero eso”, avisó.
Y el anuncio de Monsanto fue la frutilla del postre. Se sumó a la segunda reunión de vecinos, era el germen de la asamblea. Al otro día fue a ver al Intendente. “No, Negra. No te preocupes. La empresa traerá trabajo. Lo que pasa es que hay gente que no quiere laburar y se opone”, fue la respuesta que le dio Daniel Arzani.
La clave, otra vez, fue la información. Leyó mucho. Fue a charlas. Vio documentales. Pensó en su hijo y se decidió: no quería a la empresa en su barrio.
Silvia Vaca es empleada municipal. Nacida y criada en Malvinas. 52 años. El primer aviso del modelo agropecuario lo conoció por su esposo. Camionero, transportista de cereales. Solía quejarse del olor que tenía la ropa cuando volvía del trabajo, y del fuerte dolor de cabeza. Silvia metía las prendas en el lavaropas y debía enjuagarlo dos veces. Olor penetrante. Segundo aviso: la cámara aséptica se llenó. Llegó el camión atmosférico. Y el trabajador le llamó la atención por la ausencia de insectos y bacterias. Le preguntó si usaba algún químico fuerte. Silvia pensó en voz alta y no, sólo lavandina cada tanto.
Tercer aviso. La repentina neumonía de su esposo. Internación, luego terapia y, en horas, peligro de vida. Los médicos la trataban distante, le preguntaban y repreguntaban. Creían que lo había envenenado. Volvió a su casa, dio la mala noticia a la familia. Ahí cayó en la cuenta. Volvió al sanatorio y contó que su esposo era transportista de cereal. También ponía las famosas pastillas de fosfina en el camión para protegerlas de insectos. Se estaba envenenando.
Segundo aviso. Su hijo, entonces estudiante de agronomía, le dio el documental “El Mundo según Monsanto”.
Cuando se anunció la instalación, fue una de las vecinas que analizó su sangre. Confirmó lo temido. Tenía agroquímicos. “Vivo en el centro del pueblo, donde en teoría menos químicos debiera haber. ¿Qué le queda a los que viven frente a las fumigaciones? Estamos todos envenenados”, afirma.
Fueron demasiadas cosas. Se sumó a la asamblea.

Otra vida

Una gran coincidencia. A todos les cambió la vida.
Soledad Escobar precisa que tuvo discusiones en la escuela (con la maestra de su hijo porque le decía que “no se podía involucrar”), con amigos que trabajan en el municipio y con vecinos que ya no se dirigen el saludo.
Beatriz Vega tenía librería-polirubros en la avenida San Martín, la principal, y a media cuadra de la Municipalidad. Ponía en la vidriera los carteles que convocaron a la marcha, entregaba folletos y afirma que la marcaron. Le comenzaron a bajar las ventas, el hijo de un concejal la amenazó con quemar el local, los clientes de siempre ya no entraban. Cerró el negocio. “La vida nos cambió totalmente. Se ha dividido el pueblo”, resume.
Lucas Vaca, boina clara, campera de cuero. Hacía dos años que había regresado a su barrio (estuvo cinco años afuera), se encontró con municipalidad nueva y le llamó la atención que, pocos kilómetros antes de llegar a Malvinas, ya no estaban los árboles de antaño al costado de la ruta 88. La soja estaba hasta el borde de la banquina.
Estudiaba el secundario para adultos. Y también recibió la noticia por televisión, en directo. Se alegró por los posibles puestos de trabajo. Hasta que alguien le advirtió que no era todo como decía la publicidad. Ingresó a internet, comenzó a leer, se topó con el documental “El mundo según Monsanto” y no lo podía creer. También ingresó al sitio de la empresa. Y no quería entrar en razón. “Adentro tuyo como que decís que no puede ser tan malo. Te cuesta creer. Pero más leía y más me convencía de lo malo que era”. Llevaba información a la escuela y las profesoras minimizaban sus críticas.
Comenzó a participar de la asamblea. A comprometerse. No dejó más.
Lamenta que se hayan alejado muchos vecinos, pero también se acercaron otros. Con muchos compartió escuela y hasta bailes, pero algo los ha puesto en dos veredas distintos. Hay un hecho que le impacta: “No te miran a la cara. Miran al suelo. Saben que está mal apoyar a Monsanto. Eso es impresionante.” Lucas dice que recuerda lo que le mencionó alguna vez el científico Andrés Carrasco: mirar los cuerpos. Niños con malformaciones, chicos jóvenes con cáncer, mujeres con pañuelos en la cabeza.
Eduardo Quispe resalta que no hay un espacio en apoyo a la empresa. Sí en contra. “Las estadísticas son contundentes. El 90 por ciento no la quiere. Sí hay gente que depende el Estado, pero no son un movimiento permanente en las calles”, aclara.
Vanesa Sartori había escuchado algo de fumigaciones, pero no de Monsanto. Vio el anuncio por televisión y también pensó que se trataba de Malvinas Argentinas de Buenos Aires. Luego se enteró de la primera asamblea por Canal 8. Lo vio a Montenegro, había sido su docente en la facultad, y concluyó que se trataba de algo grave. Se conectó a internet, leyó durante horas, no lo quería creer. “Parecía sacado de una película, pero estaba pasando de verdad”, recuerda.
Se sumó en la tercera asamblea. Su hija, que durante la entrevista duerme en el sillón, tenía entonces seis meses. La aterrorizaba que le pasara algo a su beba.
También hacía meses que habían construido la casa con su esposo. Pensaba en todo el sacrificio tirado a la basura. Evaluaron en mudarse. Sabían que nadie les compraría, pero igual estaban dispuestos a irse.
Fue a una reunión de vecinos. No conocía a casi nadie, pero se sumó a la asamblea.
Lo que más le duele es la división en el pueblo. Incluso en lo familiar. Su papá tiene ferretería. Fue “seleccionada” por la Municipalidad como posible proveedora de la multinacional y viajó, junto a la empresa, cuatro veces a Rojas, donde la compañía hace recorridas guiadas para mostrar las bondades de sus fábricas.
Vanesa le llevaba información, diarios, revistas, artículos. “Muy ingenuo lo mío. Él ya había comprado todo el paquete de Monsanto”, lamenta.
Peor fue la situación cuando ella se transformó en una cara visible de la lucha, con entrevistas y apariciones en los medios. “Me llegó a decir qué tipo de educación le daba a mi hija. También preguntó cómo mi marido me dejaba participar de la asamblea”, grafica. Se indigna. Llora. Es un tema que no se habla en en los almuerzos familiares. Ya nada volvió a ser lo mismo.
Asegura que la historia se repite en muchas casas.
Silvia Vaca se distanció de su hermano. Él fue abuelo. Y ella aún no pudo ir a conocer a su sobrino nieto. “Son fracturas que van quedando. Muchas familias peleadas. Es triste”, resume. Y recuerda la buena relación que tenía con el Intendente, se conocen desde chicos, compartían almuerzos familiares. Ya no.
Vanesa sonríe. Era amiga de la hija de Arzani.
Eli lamenta que haya vecinos que ya no la saludan. Recuerda una noche, había marcha a la Municipalidad y ella estaba descompuesta. No podía ni pararse. Recibió un llamado anónimo. “Dejate de joder con Monsanto”, amenazaron.
Se levantó de inmediato y fue a la marcha. “Si no estaba ahí, iban a creer que me asustaron. Eso no, señor. Nunca”, avisa con voz firme. No quiere protagonismo ni figurar, pero no quiere que su hijo pase lo mismo que ella. Y deja una advertencia. Conoció que en Neuquén hay mapuches que se rociaron con nafta para evitar un desalojo: “Si el Gobierno deja venir a Monsanto… hay que pararlo de alguna manera. Y con un muerto no se instala”.

¿Votación?

Durante el primer año de rechazo a Monsanto la Asamblea exigió el derecho a votar por sí o por no. Los tres niveles de Gobierno (municipal, provincial, nacional) se opusieron. Lo propio hizo la empresa. En la actualidad, la asamblea ya no pide votar. “No se puede votar frente a un hecho ilegal. El informe de impacto ambiental le dio negativo. La ley provincial de suelos no le permite instalarse acá. La planta es ilegal”, aclara Eduardo Quispe, sub 40, gorra con visera y remera negra con la M de Monsanto y una calavera. .
Desde el 8 enero de 2014 la planta está, judicialmente, paralizada. Y el 10 de febrero la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental.
Vanina Barboza también afirma que la instalación de Monsanto en ilegal. No se puede votar sobre la ilegalidad.

Responsables

Soledad Escobar enumera de mayor a menor culpabilidades: Intendente, Gobernador, Presidenta. Y recuerda el ejemplo de Río Cuarto, donde el Intendente vetó la instalación de una estación experimental de Monsanto. Y no olvida cuando el intendente de Malvinas prometió que, si el informe de impacto ambiental daba negativo, él cancelaba el proyecto. No cumplió. “Nos verseó”, resume.
Eli, la dueña de casa, invierte el orden. Cree que el Intendente no tiene capacidad para decidir por Monsanto. Afirma que la Presidenta y el Gobernador son los máximo responsables. “Cristina le abrió la puerta. Ella es la principal responsable”, afirma.
Debaten entre ellos. No hay acuerdo. Sí coinciden que Arzani era un vecino más, pero ya no. Muchos los conocen de chico. Señalan que él tiene campos de soja y que sus padres murieron de cáncer.
En Malvinas nunca había existido una marcha. Mucho menos en cuestionamientos al Intendente, con más de quince años en el poder. Raquel y Vanesa hacen la misma lectura al mismo tiempo. El Intendente nunca pensó que se le armaría semejante lío. Vanina Barboza complementa: “Monsanto reconoció que nunca le había pasado algo similar”.
Ester Quispe apunta al intendente. “Nadie se mete a tu casa si no le abrís la puerta”, razona. Se enoja porque actuó a espaldas de la población. Vanina Barboza, joven estudiante y vocera en varias ocasiones, asegura que el Intendente no es tan inteligente como para traer a Monsanto. Apunta más arriba: “La Cristina (Fernández) los trae”. Recuerda la primera vez que hablaron con los concejales. Le mencionaban “transgénicos” y los funcionarios no sabían nada.
Alguien avisa que no tienen educación. Silvia Vaca lo relativiza. “La Presidenta y el Gobernador son instruidos y se abrazan con Monsanto. Muchos campesinos e indígenas no tienen quizá educación formal, pero saben qué es el modelo agropecuario y defienden la vida”.

El modelo

Vanesa Sartori explica con paciencia docente que Monsanto quiere hacer su mayor planta de maíz transgénico en su barrio, a 800 metros de la escuela y cerca de las casas. Para bioetanol, no para comida, y utilizará millones de litros de agua y pesticidas. Destaca que la empresa y el municipio están violando leyes que prohíben la instalación y, destaca, se vulnera la voluntad de la población. Remata: “Promete trabajo y progreso, pero es falso”.
Ariel Becerra hace hincapié en la salud. Alerta que ya son un pueblo fumigado con agrotóxicos. Y con Monsanto se pueden multiplicar las consecuencias.
Eduardo Quispe le habla a los habitantes de las grandes ciudades. Les pide que no dejen engañar por el verde de la soja, explica que antes era todo monte, y desapareció. “Le dicen progreso, pero las ganancias son privadas y en los territorios queda enfermedad y devastación”. Afirma que es posible otro modelo, de soberanía alimentaria, alimentos sanos para la población.

División

En las dos entrevistas, en dos casas distintas, todos son muy cuidadosos cuando hablan de la separación de la asamblea en dos grupos. Explican que no se comparten algunas formas de lucha, el tema de presentarse a elecciones abrió brechas (un sector fue con candidato a Intendente, salió segundo), el recurrir a acciones directas sin consenso, el imponer mayorías, la democracia representativa versus el asambleísmo, y -reconocen- el tema de egos o los personalismos siempre juegan de alguna manera.
Un sector tiene más sintonía con el acampe. Se trata de un tercer espacio que desde hace dos años es mantenido por un grupo de jóvenes que se asentó y vive en el portón de entrada del predio. Algunos funcionarios o medios le dicen, de manera despectiva, los “hippies”. Otros les desconfían y hasta acusan de estar infiltrados con servicios. También es cierto que estuvieron frente a las represiones. Tienen su autonomía. No actúan siempre en consonancia con la asamblea. Sí coinciden en el rechazo a la empresa.
Ester Quispe señala que ambos grupos son una asamblea, con mismos intereses, luchas y objetivos, pero que algunos han tomado otro camino. Avisa que nunca van a defenestrar a los compañeros. Que hay cosas que no comparten, de las formas y actitudes, pero eso queda para adentro. Incluso lamenta que ella quedó de un lado, y su hermano de otro. Avisa que todos usan la misma remera (negra con vivos verdes). Todos son asamblea, todos rechazan a Monsanto, a la casta política aliada a las corporaciones y cuestionan al modelo agropecuario tóxico.

Futuro

Sin consenso social y en año de elecciones, Monsanto no pudo avanzar durante 2015. Pero no se fue. Ya dejó trascender que en diciembre presentará un nuevo estudio ambiental. Quiere construir en 2016. La empresa sigue presente en el barrio, con procesos de seducción y promesas. Eli Leiría denuncia que Monsanto compra voluntades. Dos ejemplos: donó el generador para la cooperativa eléctrica. Costó 60 mil pesos y lo publicitan incluso en la boleta que llega a las casas. Y las piletas de natación en el polideportivo. Monsanto financia talleres y cursos en escuelas de la zona. También en la iglesia adventista.
Leiría sueña que su hijo siga viviendo en Malvinas. Dice que ahí están sus raíces y que es injusto que por una empresa deban irse. Faustina Quispe (mamá de Eduardo y Ester), mujer mayor, contrapone: “Si Monsanto se instala no hay futuro”.
Marcos Romero es nacido y criado en Malvinas. Está casado con Soledad Escobar, también asambleísta. Tienen cuatro hijos que van a “La Candelaria” (escuela cercana al predio en cuestión). Casi no habló durante la entrevista grupal. Recuerda que veía en otras ciudades que protestaban y cortaban rutas, y lo observaba con mezcla de prejuicio y desinterés. Hasta que se desató lo de Monsanto. “Ahora nos tocó a nosotros. Ya nos dieron palazos y balas de goma. No me importa. Voy a dejar la vida por mis hijos. Ella (Soledad) ya lo sabe”, afirma. Su esposa llora.
Lucas Vaca tiene una mirada optimista. “El futuro lo estamos haciendo todos los días, luchando en la calle, no permitiendo que se instale”. Eduardo Quispe va por más: “Los vecinos están convencidos. Monsanto no tiene chances con nosotros”.
El sábado próximo (19 de septiembre) será el tercer festival “Primavera sin Monsanto”. Se cumplen dos años desde que decidieron bloquear los ingresos.
Ester Quispe avisa que ellos seguirán trabajando en el barrio, informando a vecinos. No bajarán la guardia. Se siguen juntando todos los miércoles y recuerda la bandera presente en las marchas: “No a Monsanto en Córdoba y América Latina”.

Fotos del Acampe contra Monsanto, por Lina Etchesuri

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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

Publicada

hace 3 horas

05/10/2024

De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

Inaugurado en 1889 (época modelo en Argentina según el Presidente), con 135 años de historia, el Hospital Laura Bonaparte se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado (antes de huir) por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego el Director Baldino confirmó la directiva, e informalmente habló del cierre. “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recrotes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que estan están solas y solos, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; de lunes de 8 a 20 atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 tiene una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran “vigilia permanente” y la forma, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sugue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para la gran mayoría de nuestra fuente de laburo y es un trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

Publicada

hace 4 días

01/10/2024

El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

Publicada

hace 5 días

30/09/2024

Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche — *El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional.* Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.