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El dengue y los repelentes: en off side

Publicada

hace 10 años

11/04/2016

La epidemia de dengue puso a prueba las ideas reinantes sobre la salud pública y la prevención. El negocio de los repelentes. El peligro de las fumigaciones. La empresa que sigue contaminando. Y los nuevos paradigmas de salud cotidiana, para vivir mejor.

El futbolista Pablo Aimar quiere patear un tiro libre y no puede: lo pican los mosquitos. Una familia intenta cenar y tampoco: ahora los insectos se han metido adentro de la casa.
Esta publicidad compuesta en dos actos conlleva una lectura urgente de la realidad: la proliferación del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikungunya, criado principalmente en el seno de los hogares.
¿Cómo se llama la obra? Un locutor corta y propone la solución: “Nuevo OFF, apto para dengue”.
Entonces Aimar y la familia se rocían del repelente, y comen y patean la pelota.

Paren de fumigar

El modelo de salud pública dibujado por el gobierno nacional durante la epidemia de dengue puso en la misma bolsa a los panfletos que llamaban a la gente a limpiar de sus hogares los criaderos del mosquito, como al uso de repelentes y a la aplicación de fumigaciones en espacios públicos. La demostración de que esta reacción oficial fue tardía (frente a una epidemia anunciada) se demuestra en que estas últimas dos políticas sólo previenen el mosquito adulto, y no actúan sobre las causas del problema.
El Ministerio de Salud de la Nación compró 15 mil litros de los insecticidas permetrina y diclorvos, según consta en el pliego de la contratación directa n° 30694167 con cierre el 3 de marzo de este año. Según amplió la Coordinación General de Información Pública y Comunicación a MU, estos pesticidas forman parte de un “kit” enviado por el Ministerio a las provincias más afectadas, acompañados también de repelentes. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la agenda de fumigaciones de “hospitales, escuelas, edificios y espacios públicos” (sic), es decir qué día y dónde iba a fumigarse, podía verse alegremente colgada en la web del gobierno municipal.
Las campañas oficiales se plantearon así en términos bélicos: se habló de “combatir” el dengue y se publicitó la acción con fotos de brigadas de fumigadores vestidos de astronautas y sus pistolas chispeantes de humo blanco.
Ése humo blanco es tóxico: la permetrina y el diclorvos son sustancias consideradas por la Organización Mundial de la Salud como “moderadamente peligrosas”, la segunda categoría toxicológica en cuanto a peligrosidad y con efecto “nocivo”. Distintas investigaciones asocian las consecuencias a su exposición en humanos con excitaciones en el sistema nervioso, convulsiones, temblores, alergias, malestares gástricos, alteraciones de conciencia y otras.
Un grupo llamado Voluntarios Civiles en Epidemia, compuesto por médicos de distintos hospitales públicos y privados, informó sobre las probables consecuencias residuales en el neurodesarrollo en niños y abrió una convocatoria en change.org pidiendo firmas para cortar la moda de la fumigación. Por su parte, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados también se pronunció en contra y denunció la inefectividad de la medida y la “falsa sensación” que genera de haber eliminado el mosquito.

Amigo de todo el Mundo

En el mismo pliego de los 15 mil litros de plaguicidas tóxicos y con carácter “urgente”, el Ministerio de Salud nacional ordenó también la compra de 35 mil repelentes para insectos “tipo crema”, luego distribuidos en distintos municipios del país. Si bien la Coordinación General de Información Pública y Comunicación no supo informar la cantidad total de repelentes comprados, la marca comercial de éstos y la cantidad de dinero gastado, MU recorrió distintos centros de salud porteños y todos recibieron la misma marca: OFF.
La relación entre el Estado y la empresa que produce OFF, Sc Johnson & Son, había tenido su bautismo el 28 de enero. Fue cuando la Secretaría de Comercio anunció un acuerdo de precios con diez cadenas de supermercados para descontar un 25% del precio normal del repelente. La marca era una sola y en un solo formato: el OFF Family de 165cm cúbicos, y salía $35.
El convenio incluyó, según revela el portal Infobae, la provisión del repelente a las ONG Fundación Sí y Mundo Sano, ésta última comandada por el magnate Hugo Sigman, CEO de Chemo Group (farmacéutica líder en el mercado), dueño de Le Monde Diplomatique, productor de Relatos Salvajes, entre otros berretines empresariales.
La Fundación Mundo Sano hace campañas contra “enfermedades desatendidas”, principalmente chagas y dengue, metiéndose de lleno en cuestiones de salud pública como provisión de equipos a hospitales y tareas en comunidades locales. Desde esta hibridación, Sigman pisa fuerte en el Ministerio de Salud desde antes del cambio de gobierno, e incluso el periodista de La Nación Carlos Pagni sugirió en una de sus columnas que el empresario de los laboratorios influyó en que José Cano no fuera el ministro de Salud como se había anunciado.
Pocos meses antes que Jorge Daniel Lemus fuese nombrado el Ministro, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas del cual él era director científico organizó un simposio junto a la Fundación Mundo Sano de Hugo Sigman. El tema: “Enfermedades desatendidas”.
El círculo cierra al clickear sobre el apartado “Alianzas estratégicas” de la web de la fundación Mundo Sano, donde se revela que “apoya” su labor la empresa Sc Johnson & Son, productora del OFF.
En Argentina existen 3 marcas conocidas de repelentes contra mosquitos. En Uruguay, para dar una idea, existen más de 20. Aquí sólo la marca OFF tiene 8 variantes de productos según consistencia, edades y duración. “El OFF es como la Coca-Cola”, sintetiza un gerente de ventas de los laboratorios que producen productos de limpieza e higiene. “Por más que pongas 10 marcas al lado, hoy ésta ya está instalada no sólo a nivel marketing, sino en la cantidad de producción: te llenan la góndola”.
La empresa que produce este repelente, SC Johnson & Son, es una firma con sede en Wisconsin que aglutina otros productos como Lysoforom, Mr. Musculo, Glade, Raid, Blem Fuji y otros. En su lema se promocionan como una “Family Company” pero son en verdad una de las empresas líderes en higiene y limpieza en el mundo: sus productos se venden en más de 72 países y sus ganancias estimadas son de 7.5 billones de dólares, según sus propias confesiones.
En Argentina, antes del 2013 los repelentes de SC Johnson & Son sólo competían contra los productos producidos por las cadenas de supermercados. Desde ese año apareció el grupo Qeruclor – una empresa argentina autora de marcas como Querubín – a disputar en las góndolas con el repelente Trap. Según esta empresa, las ventas de Trap aumentaron este año más del 60% con respecto a enero del 2015 y “en dos años captamos un 15% del negocio”. Alrededor del 80% sigue estando del lado de Johnson.
Antes de la entrada de Queruclor al mercado otro laboratorio argentino ya había intentado competir con el monopolio: WD SRL diseñó un repelente que, ya en la etapa de ser comercializado, fue frenado por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica(ANMAT). La producción incluía tres tipos de repelentes (en crema, en gel y con aloe de vera), todos ellos prohibidos ante una inspección “no programada” de la ANMAT a la planta del laboratorio. Este laboratorio, que mantiene otros productos en el mercado relacionado a lociones capilares, se limitó a contestar a MU que en aquel momento “no cumplían con los requerimientos”. Pero la otra firma involucrada en el negocio en la parte de ventas recordó al suceso como “totalmente injusto” producto de una “inspección mal intencionada”.

La planta contaminante

Muy lejos de Wiscosin, en Pablo Podestá, hay un olor dulzón flotando en el aire. Lo advierten quienes llegan desde otros lugares, ya que los podestenses ya no perciben la diefrencia. “La vara de tolerancia a los químicos sube cada vez más”, indica Ángel Navarro, vecino de Podestá que vive a menos de cien metros de la planta que Johnson supo tener en el barrio durante más de 40 años, produciendo todo tipo de productos químicos.
El olor que flota en el ambiente proviene de adentro, ya que si bien Johnson se fue, aún subalquila el predio para que otras empresas utilicen las instalaciones. Desde afuera parece no haber rastros del gigante de Wiscosin, pero si uno afina la vista, un tanque enorme mantiene un borroneado logo de Johnson. “A ese tanque lo dieron vuelta, para que el logo no se vea desde afuera”, relata Navarro sobre el espejismo. Así se grafica la huida que encaró la empresa en el año 2007 hacia el Parque Industrial Pilar, ante una catarata de denuncias por contaminación ambiental.
El garaje de los Navarro lleva una inscripción que hoy parece anacrónica, pero no lo es: “Denuncie a Johnson”, y los números de teléfono de la comisaría. Al lado, una pequeña puertita da entrada a la base operativa de la ONG Terratox, la principal denunciante y divulgadora de la información que prueba la contaminación de los habitantes, el agua, la tierra y el aire de Podestá.
Según la página de Jhonson, la empresa desembarcó en tierras bonaerenses en 1963 ya instalada como la primera en el país en fabricar aerosoles. En ese momento no existían los chalets y las casas humildes que hoy habitan a sus alrededores, y es por eso, cuenta Ángel, que la empresa tiene el síndrome de Cristóbal Colón: “Se jactan de haber fundado Podestá”. Ángel, que es docente de arte en las escuelas de barrio, se ríe y dice que lo que de verdad ilustra la antigüedad de Johnson en la localidad son las seis manzanas que ocupa su planta, rodeadas por un muro de ladrillos que se pierde en el horizonte.
A pesar del perfil bajo de Podestá, la estadía de Johnson no pasó desapercibida: su planta tuvo tres accidentes ambientales, uno más grave que el otro. En 1994, con una fuga de ácido metacrílico inhibido que inundó el barrio. En 1999, también con derrames y focos de incendio. Y la última y más grande el 25 de febrero del 2004, un incendio que requirió el trabajo de casi 50 dotaciones de bomberos. Esa madrugada, los aerosoles de Johnson salieron disparados como cañitas voladoras y tapizaron los techos, jardines y patios de las casas del barrio, hasta tres cuadras a la redonda.
También de esa noche los vecinos recuerdan a un cronista de anteojos que, micrófono de TN en mano, cubría el incendio desde el lugar de los hechos. Los adjetivos abundaban y, en cambio, había algo que el notero obviaba: el nombre de la empresa que había producido el desastre. “¡Decí el nombre!, ¡decí que fue Johnson!”, le empezamos a gritar”, cuenta Ángel, hasta que el novato notero sinceró: “Si digo el nombre no trabajo más acá ni en ningún lado”.
“Y tenía razón”, cierra Ángel. “Hoy sigue trabajando en TN y es conductor del noticiero. Era Sergio Lapegüe”.

Caso archivado

Cuando ocurrió la lluvia de aerosoles, Ángel ya sabía que tenía en su sangre fenol, benceno y mercurio por niveles fuera de lo normal. “Me tocó un médico con experiencia en medicina laboral y me dijo que lo que yo tenía se encontraba en los operarios industriales expuestos a este tipo de tóxicos. Estamos hablando de gente que labura ocho horas de lunes a viernes”, relata. “Bueno, nosotros vivimos acá”.
Corría el año 99. Ángel mandó a su señora y sus hijos a hacerse los mismos estudios que él se había hecho, y también logró convencer a otros vecinos. “Todos teníamos lo mismo”, sintetiza pero recuerda cuál fue el caso más grave: el de su hija. “Tuvo problemas respiratorios y hasta le salieron dos quistes a la altura del fémur”, relata con una mezcla de compunción y orgullo porque, a pesar de todo, su hija hoy tiene 25 años y lo convirtió en abuelo.
“Por un lado ocurrieron los accidentes, los incendios y explosiones que nos sometieron a intoxicaciones agudas”, dice sobre las causas de esas enfermedades. “Y por otro, la contaminación crónica que es silenciosa, de todos los días”. Con la evidencia reunida, abrió ese mismo año una causa judicial contra SC Johnson & Son por presunta infracción a la Ley 24051 de Residuos Peligrosos.
La causa se asentó en el fuero federal y, 8 años más tarde, llegó a convocar a indagatoria a toda la plana mayor de la empresa, imputados por las consecuencias de los accidentes químicos de 1999, 2004 (confirmado por una pericia de la Gendarmería Nacional) y por el impacto ambiental cotidiano. “Lo único que hizo Johnson en el marco de esa causa fue presionar para que pasara al fuero provincial”, cuenta Ángel sobre la defensa, que se pareció más bien a algún tipo de cobro de favores. “Y lo lograron: a la semana siguiente de que los directivos declararon, y luego de 9 años de causa, el juez se considera incompetente y dicta que la causa pasaba al fuero provincial”.
En la justicia provincial la causa duró un año y medio, archivada en el 2009. Dos años antes, la empresa Johnson ya había huido de Podestá, dejando alquiladas sus instalaciones y latente el daño ambiental. “Cuando se fue la planta, en el imaginario de la gente se acabó el problema. Pero ahí donde estuvo la planta quedó una mancha viva y actuando: llegando a las napas y extendiéndose siempre en pendiente, en dirección al arroyo Morón”, una de las cuencas más contaminadas del país.
La ONG Terratox considera que la asociación de la contaminación de Johnson con las enfermedades “es una batalla perdida”, pero sigue sosteniendo el grito de la “contaminación continuada” que la ex planta de Johnson generó y sigue generando en Podestá. Un último estudio elaborado por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en 2013 llamado “Informe del Estado de Situación Ambiental del Suelo de Pablo Podestá” le da la razón: AySA encontró niveles de benceno, fenol, mercurio e hidrocarburos por encima de los niveles guías establecidos para calidad de suelo de uso residencial.
Más allá de Podestá y más acá que Wiscosin, 17 personas fabrican un repelente propio para todos los centros de salud de la Ciudad de Córdoba. Son el equipo del laboratorio municipal y demostraron, así, que la decisión de sostener la producción pública de medicamentos rinde sus frutos ante estos casos epidémicos.
“Comprar el repelente era muy caro”, sintetiza la directora de la farmacia de la Municipalidad, Belén Botazo. “Hicimos la prueba hace 4 años, nos salió fantástico y nos ahorramos mucho dinero”. El cálculo que hace Botazo habla de hasta un 70% menos de gasto en repelentes gracias a esta iniciativa.
En lo que va del 2016 el laboratorio municipal produjo cerca de 50 mil repelentes en crema, frente a 20 mil producidos el año pasado. “Es exactamente igual que el más conocido: tiene la misma concentración y la misma droga”, cuenta Belén.
En la Ciudad de La Plata se replicó este año la experiencia “ante la falta de repelente en algunas salas sanitarias”, relata Lucía Vottero, estudiante de biotecnología en la UNLP y parte del proyecto. Así, en el marco de la Universidad se diseñaron alrededor de 80 litros de repelente que fueron destinados a salas de salud y también a los estudiantes que caminan por las boscosas universidades platenses.
“No hace falta de fórmulas mágicas ni de fábricas extraordinarias”, sintetiza la médica Botazo. El Director General de Salud del municipio, el doctor Adrián Slavin, plantea lo que sí hace falta: “Decisión política. Es una política que acompaña a otras, porque más allá de los repelentes y las fumigaciones que hacen las provincias la medida más eficiente es el descacharreo”.

A descacharrear

La epidemióloga Silvana Figar, el investigador Nicolás Schweigmann, el sanitarista Mario Rovere y otros médicos y biólogos consultados por MU coinciden en que la solución de fondo para evitar la cría del mosquito es la acción de la gente.
Para ello no parecen alcanzar los folletos normativos que indican con el verbo “hacé”, ni tampoco el discurso bélico de “combatir” la epidemia: “Vos no te lavás las manos o cepillás los dientes para combatir las bacterias”, compara Schewigmann, parte del Grupo de Estudio de Mosquitos. “Lo que hacés es un acto de higiene básico”.
Junto a un grupo de seis investigadores de distintas disciplinas Nicolás lleva adelante un blog llamado Dengue In Foar en el que abordan las distintas complejidades del Aedes Aegipty, sobre todo desde la perspectiva de que las enfermedades que transmite no existen en ambientes naturales: son producto de la contaminación urbana. Es decir: producto de cómo vivimos. “El ambiente donde vivimos no necesita que se combata, en cambio necesita es que lo comprendamos mejor”, cierra Nicolás.
Silvana Figar, como parte del Equipo de Epidemiología del Hospital Italiano llama a hacerse cargo del problema pero no en un sentido idealista ni mucho menos señalador: usa la figura del “multiplicador” como aquél capaz de replicar y explicar la necesidad de actuar casera y domésticamente para eliminar los focos de cría del mosquito.
El médico sanitarista Mario Rovere, ex viceministro de salud de la Nación, da sustento a esta teoría práctica: “La salud pública hubo un debate muy importante en la década de los 80: unos decían “salud para todos” y otros “salud con todos”. Ese “para” en cierta manera lo que decía era: dejen que el Estado se ocupe. La salud pública, si uno lo piensa en términos focaultianos, tiene una lógica panoptista: ha sido, desde prácticamente mitad de siglo 19, parte consustancial de la organización del Estado moderno. Pero esa salud pública necesita cambiar porque también ha cambiado el tipo de enfermedades contra las que se lucha. En muchos casos tenemos problemas que no es que la sociedad puede suplir al Estado, pero en algunas dimensiones lo hace definitivamente mejor: hoy hay grupos de autoayudas vinculados a enfermedades específicas donde el paciente sabe más que el profesional que lo trata. Ese juego de si estamos hablando de una convocatoria a la sociedad o de la vieja policía sanitaria se da en el contexto de una transición donde empezamos lentamente a ver que los problemas de salud pública son tan complejos que hoy en día hay que pensar en alianzas fuertes entre la sociedad y el Estado. Responsabilizar a la población no es la idea, sino convocar, explicar. Y explicar a un nivel que resulte comprensible y atractivo”.
Dicho de otro modo: no patees la pelota.

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Mantas por hidrantes

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La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Publicada

hace 17 horas

12/05/2026

Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.

Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Hay muchos jóvenes.

Muchos docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.

Hay una Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que llega y gente que se va.

Gente que estuvo todo el tiempo.

Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.

Está el movimiento disca, también siempre presente.

Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.

Hay carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.

Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.

Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”

Es la cuarta.

Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.

Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.

Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.

El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

Algunos datos de contexto:

Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.

Docentes Uber

Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.

Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.

Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.

Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.

Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.

Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.

Plata para la deuda

Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.

Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.

En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.

El contagio

Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.

La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.

Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:

“Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
“No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.

Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:

“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.

Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.

Y sonríe.

Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.

Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.

Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.

¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.

Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.

Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán

junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:

“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.

La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:

“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.

La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.

Que la cosa sigue.

En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.

Sigue cada miércoles en el Congreso.

Y todas las veces que hagan falta.

Porque hay muchos jóvenes.

Docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.

Hubo otra Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.

Hay más carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

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Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Publicada

hace 6 días

07/05/2026

Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

Docentes con sueldos indecentes.
Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
Basta de mentiras, amenazas y presión.
Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
Salud mental es llegar a fin de mes.
Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.

¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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Nota

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Publicada

hace 1 mes

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