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El dengue y los repelentes: en off side

Publicada

hace 9 años

11/04/2016

La epidemia de dengue puso a prueba las ideas reinantes sobre la salud pública y la prevención. El negocio de los repelentes. El peligro de las fumigaciones. La empresa que sigue contaminando. Y los nuevos paradigmas de salud cotidiana, para vivir mejor.

El futbolista Pablo Aimar quiere patear un tiro libre y no puede: lo pican los mosquitos. Una familia intenta cenar y tampoco: ahora los insectos se han metido adentro de la casa.
Esta publicidad compuesta en dos actos conlleva una lectura urgente de la realidad: la proliferación del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikungunya, criado principalmente en el seno de los hogares.
¿Cómo se llama la obra? Un locutor corta y propone la solución: “Nuevo OFF, apto para dengue”.
Entonces Aimar y la familia se rocían del repelente, y comen y patean la pelota.

Paren de fumigar

El modelo de salud pública dibujado por el gobierno nacional durante la epidemia de dengue puso en la misma bolsa a los panfletos que llamaban a la gente a limpiar de sus hogares los criaderos del mosquito, como al uso de repelentes y a la aplicación de fumigaciones en espacios públicos. La demostración de que esta reacción oficial fue tardía (frente a una epidemia anunciada) se demuestra en que estas últimas dos políticas sólo previenen el mosquito adulto, y no actúan sobre las causas del problema.
El Ministerio de Salud de la Nación compró 15 mil litros de los insecticidas permetrina y diclorvos, según consta en el pliego de la contratación directa n° 30694167 con cierre el 3 de marzo de este año. Según amplió la Coordinación General de Información Pública y Comunicación a MU, estos pesticidas forman parte de un “kit” enviado por el Ministerio a las provincias más afectadas, acompañados también de repelentes. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la agenda de fumigaciones de “hospitales, escuelas, edificios y espacios públicos” (sic), es decir qué día y dónde iba a fumigarse, podía verse alegremente colgada en la web del gobierno municipal.
Las campañas oficiales se plantearon así en términos bélicos: se habló de “combatir” el dengue y se publicitó la acción con fotos de brigadas de fumigadores vestidos de astronautas y sus pistolas chispeantes de humo blanco.
Ése humo blanco es tóxico: la permetrina y el diclorvos son sustancias consideradas por la Organización Mundial de la Salud como “moderadamente peligrosas”, la segunda categoría toxicológica en cuanto a peligrosidad y con efecto “nocivo”. Distintas investigaciones asocian las consecuencias a su exposición en humanos con excitaciones en el sistema nervioso, convulsiones, temblores, alergias, malestares gástricos, alteraciones de conciencia y otras.
Un grupo llamado Voluntarios Civiles en Epidemia, compuesto por médicos de distintos hospitales públicos y privados, informó sobre las probables consecuencias residuales en el neurodesarrollo en niños y abrió una convocatoria en change.org pidiendo firmas para cortar la moda de la fumigación. Por su parte, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados también se pronunció en contra y denunció la inefectividad de la medida y la “falsa sensación” que genera de haber eliminado el mosquito.

Amigo de todo el Mundo

En el mismo pliego de los 15 mil litros de plaguicidas tóxicos y con carácter “urgente”, el Ministerio de Salud nacional ordenó también la compra de 35 mil repelentes para insectos “tipo crema”, luego distribuidos en distintos municipios del país. Si bien la Coordinación General de Información Pública y Comunicación no supo informar la cantidad total de repelentes comprados, la marca comercial de éstos y la cantidad de dinero gastado, MU recorrió distintos centros de salud porteños y todos recibieron la misma marca: OFF.
La relación entre el Estado y la empresa que produce OFF, Sc Johnson & Son, había tenido su bautismo el 28 de enero. Fue cuando la Secretaría de Comercio anunció un acuerdo de precios con diez cadenas de supermercados para descontar un 25% del precio normal del repelente. La marca era una sola y en un solo formato: el OFF Family de 165cm cúbicos, y salía $35.
El convenio incluyó, según revela el portal Infobae, la provisión del repelente a las ONG Fundación Sí y Mundo Sano, ésta última comandada por el magnate Hugo Sigman, CEO de Chemo Group (farmacéutica líder en el mercado), dueño de Le Monde Diplomatique, productor de Relatos Salvajes, entre otros berretines empresariales.
La Fundación Mundo Sano hace campañas contra “enfermedades desatendidas”, principalmente chagas y dengue, metiéndose de lleno en cuestiones de salud pública como provisión de equipos a hospitales y tareas en comunidades locales. Desde esta hibridación, Sigman pisa fuerte en el Ministerio de Salud desde antes del cambio de gobierno, e incluso el periodista de La Nación Carlos Pagni sugirió en una de sus columnas que el empresario de los laboratorios influyó en que José Cano no fuera el ministro de Salud como se había anunciado.
Pocos meses antes que Jorge Daniel Lemus fuese nombrado el Ministro, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas del cual él era director científico organizó un simposio junto a la Fundación Mundo Sano de Hugo Sigman. El tema: “Enfermedades desatendidas”.
El círculo cierra al clickear sobre el apartado “Alianzas estratégicas” de la web de la fundación Mundo Sano, donde se revela que “apoya” su labor la empresa Sc Johnson & Son, productora del OFF.
En Argentina existen 3 marcas conocidas de repelentes contra mosquitos. En Uruguay, para dar una idea, existen más de 20. Aquí sólo la marca OFF tiene 8 variantes de productos según consistencia, edades y duración. “El OFF es como la Coca-Cola”, sintetiza un gerente de ventas de los laboratorios que producen productos de limpieza e higiene. “Por más que pongas 10 marcas al lado, hoy ésta ya está instalada no sólo a nivel marketing, sino en la cantidad de producción: te llenan la góndola”.
La empresa que produce este repelente, SC Johnson & Son, es una firma con sede en Wisconsin que aglutina otros productos como Lysoforom, Mr. Musculo, Glade, Raid, Blem Fuji y otros. En su lema se promocionan como una “Family Company” pero son en verdad una de las empresas líderes en higiene y limpieza en el mundo: sus productos se venden en más de 72 países y sus ganancias estimadas son de 7.5 billones de dólares, según sus propias confesiones.
En Argentina, antes del 2013 los repelentes de SC Johnson & Son sólo competían contra los productos producidos por las cadenas de supermercados. Desde ese año apareció el grupo Qeruclor – una empresa argentina autora de marcas como Querubín – a disputar en las góndolas con el repelente Trap. Según esta empresa, las ventas de Trap aumentaron este año más del 60% con respecto a enero del 2015 y “en dos años captamos un 15% del negocio”. Alrededor del 80% sigue estando del lado de Johnson.
Antes de la entrada de Queruclor al mercado otro laboratorio argentino ya había intentado competir con el monopolio: WD SRL diseñó un repelente que, ya en la etapa de ser comercializado, fue frenado por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica(ANMAT). La producción incluía tres tipos de repelentes (en crema, en gel y con aloe de vera), todos ellos prohibidos ante una inspección “no programada” de la ANMAT a la planta del laboratorio. Este laboratorio, que mantiene otros productos en el mercado relacionado a lociones capilares, se limitó a contestar a MU que en aquel momento “no cumplían con los requerimientos”. Pero la otra firma involucrada en el negocio en la parte de ventas recordó al suceso como “totalmente injusto” producto de una “inspección mal intencionada”.

La planta contaminante

Muy lejos de Wiscosin, en Pablo Podestá, hay un olor dulzón flotando en el aire. Lo advierten quienes llegan desde otros lugares, ya que los podestenses ya no perciben la diefrencia. “La vara de tolerancia a los químicos sube cada vez más”, indica Ángel Navarro, vecino de Podestá que vive a menos de cien metros de la planta que Johnson supo tener en el barrio durante más de 40 años, produciendo todo tipo de productos químicos.
El olor que flota en el ambiente proviene de adentro, ya que si bien Johnson se fue, aún subalquila el predio para que otras empresas utilicen las instalaciones. Desde afuera parece no haber rastros del gigante de Wiscosin, pero si uno afina la vista, un tanque enorme mantiene un borroneado logo de Johnson. “A ese tanque lo dieron vuelta, para que el logo no se vea desde afuera”, relata Navarro sobre el espejismo. Así se grafica la huida que encaró la empresa en el año 2007 hacia el Parque Industrial Pilar, ante una catarata de denuncias por contaminación ambiental.
El garaje de los Navarro lleva una inscripción que hoy parece anacrónica, pero no lo es: “Denuncie a Johnson”, y los números de teléfono de la comisaría. Al lado, una pequeña puertita da entrada a la base operativa de la ONG Terratox, la principal denunciante y divulgadora de la información que prueba la contaminación de los habitantes, el agua, la tierra y el aire de Podestá.
Según la página de Jhonson, la empresa desembarcó en tierras bonaerenses en 1963 ya instalada como la primera en el país en fabricar aerosoles. En ese momento no existían los chalets y las casas humildes que hoy habitan a sus alrededores, y es por eso, cuenta Ángel, que la empresa tiene el síndrome de Cristóbal Colón: “Se jactan de haber fundado Podestá”. Ángel, que es docente de arte en las escuelas de barrio, se ríe y dice que lo que de verdad ilustra la antigüedad de Johnson en la localidad son las seis manzanas que ocupa su planta, rodeadas por un muro de ladrillos que se pierde en el horizonte.
A pesar del perfil bajo de Podestá, la estadía de Johnson no pasó desapercibida: su planta tuvo tres accidentes ambientales, uno más grave que el otro. En 1994, con una fuga de ácido metacrílico inhibido que inundó el barrio. En 1999, también con derrames y focos de incendio. Y la última y más grande el 25 de febrero del 2004, un incendio que requirió el trabajo de casi 50 dotaciones de bomberos. Esa madrugada, los aerosoles de Johnson salieron disparados como cañitas voladoras y tapizaron los techos, jardines y patios de las casas del barrio, hasta tres cuadras a la redonda.
También de esa noche los vecinos recuerdan a un cronista de anteojos que, micrófono de TN en mano, cubría el incendio desde el lugar de los hechos. Los adjetivos abundaban y, en cambio, había algo que el notero obviaba: el nombre de la empresa que había producido el desastre. “¡Decí el nombre!, ¡decí que fue Johnson!”, le empezamos a gritar”, cuenta Ángel, hasta que el novato notero sinceró: “Si digo el nombre no trabajo más acá ni en ningún lado”.
“Y tenía razón”, cierra Ángel. “Hoy sigue trabajando en TN y es conductor del noticiero. Era Sergio Lapegüe”.

Caso archivado

Cuando ocurrió la lluvia de aerosoles, Ángel ya sabía que tenía en su sangre fenol, benceno y mercurio por niveles fuera de lo normal. “Me tocó un médico con experiencia en medicina laboral y me dijo que lo que yo tenía se encontraba en los operarios industriales expuestos a este tipo de tóxicos. Estamos hablando de gente que labura ocho horas de lunes a viernes”, relata. “Bueno, nosotros vivimos acá”.
Corría el año 99. Ángel mandó a su señora y sus hijos a hacerse los mismos estudios que él se había hecho, y también logró convencer a otros vecinos. “Todos teníamos lo mismo”, sintetiza pero recuerda cuál fue el caso más grave: el de su hija. “Tuvo problemas respiratorios y hasta le salieron dos quistes a la altura del fémur”, relata con una mezcla de compunción y orgullo porque, a pesar de todo, su hija hoy tiene 25 años y lo convirtió en abuelo.
“Por un lado ocurrieron los accidentes, los incendios y explosiones que nos sometieron a intoxicaciones agudas”, dice sobre las causas de esas enfermedades. “Y por otro, la contaminación crónica que es silenciosa, de todos los días”. Con la evidencia reunida, abrió ese mismo año una causa judicial contra SC Johnson & Son por presunta infracción a la Ley 24051 de Residuos Peligrosos.
La causa se asentó en el fuero federal y, 8 años más tarde, llegó a convocar a indagatoria a toda la plana mayor de la empresa, imputados por las consecuencias de los accidentes químicos de 1999, 2004 (confirmado por una pericia de la Gendarmería Nacional) y por el impacto ambiental cotidiano. “Lo único que hizo Johnson en el marco de esa causa fue presionar para que pasara al fuero provincial”, cuenta Ángel sobre la defensa, que se pareció más bien a algún tipo de cobro de favores. “Y lo lograron: a la semana siguiente de que los directivos declararon, y luego de 9 años de causa, el juez se considera incompetente y dicta que la causa pasaba al fuero provincial”.
En la justicia provincial la causa duró un año y medio, archivada en el 2009. Dos años antes, la empresa Johnson ya había huido de Podestá, dejando alquiladas sus instalaciones y latente el daño ambiental. “Cuando se fue la planta, en el imaginario de la gente se acabó el problema. Pero ahí donde estuvo la planta quedó una mancha viva y actuando: llegando a las napas y extendiéndose siempre en pendiente, en dirección al arroyo Morón”, una de las cuencas más contaminadas del país.
La ONG Terratox considera que la asociación de la contaminación de Johnson con las enfermedades “es una batalla perdida”, pero sigue sosteniendo el grito de la “contaminación continuada” que la ex planta de Johnson generó y sigue generando en Podestá. Un último estudio elaborado por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en 2013 llamado “Informe del Estado de Situación Ambiental del Suelo de Pablo Podestá” le da la razón: AySA encontró niveles de benceno, fenol, mercurio e hidrocarburos por encima de los niveles guías establecidos para calidad de suelo de uso residencial.
Más allá de Podestá y más acá que Wiscosin, 17 personas fabrican un repelente propio para todos los centros de salud de la Ciudad de Córdoba. Son el equipo del laboratorio municipal y demostraron, así, que la decisión de sostener la producción pública de medicamentos rinde sus frutos ante estos casos epidémicos.
“Comprar el repelente era muy caro”, sintetiza la directora de la farmacia de la Municipalidad, Belén Botazo. “Hicimos la prueba hace 4 años, nos salió fantástico y nos ahorramos mucho dinero”. El cálculo que hace Botazo habla de hasta un 70% menos de gasto en repelentes gracias a esta iniciativa.
En lo que va del 2016 el laboratorio municipal produjo cerca de 50 mil repelentes en crema, frente a 20 mil producidos el año pasado. “Es exactamente igual que el más conocido: tiene la misma concentración y la misma droga”, cuenta Belén.
En la Ciudad de La Plata se replicó este año la experiencia “ante la falta de repelente en algunas salas sanitarias”, relata Lucía Vottero, estudiante de biotecnología en la UNLP y parte del proyecto. Así, en el marco de la Universidad se diseñaron alrededor de 80 litros de repelente que fueron destinados a salas de salud y también a los estudiantes que caminan por las boscosas universidades platenses.
“No hace falta de fórmulas mágicas ni de fábricas extraordinarias”, sintetiza la médica Botazo. El Director General de Salud del municipio, el doctor Adrián Slavin, plantea lo que sí hace falta: “Decisión política. Es una política que acompaña a otras, porque más allá de los repelentes y las fumigaciones que hacen las provincias la medida más eficiente es el descacharreo”.

A descacharrear

La epidemióloga Silvana Figar, el investigador Nicolás Schweigmann, el sanitarista Mario Rovere y otros médicos y biólogos consultados por MU coinciden en que la solución de fondo para evitar la cría del mosquito es la acción de la gente.
Para ello no parecen alcanzar los folletos normativos que indican con el verbo “hacé”, ni tampoco el discurso bélico de “combatir” la epidemia: “Vos no te lavás las manos o cepillás los dientes para combatir las bacterias”, compara Schewigmann, parte del Grupo de Estudio de Mosquitos. “Lo que hacés es un acto de higiene básico”.
Junto a un grupo de seis investigadores de distintas disciplinas Nicolás lleva adelante un blog llamado Dengue In Foar en el que abordan las distintas complejidades del Aedes Aegipty, sobre todo desde la perspectiva de que las enfermedades que transmite no existen en ambientes naturales: son producto de la contaminación urbana. Es decir: producto de cómo vivimos. “El ambiente donde vivimos no necesita que se combata, en cambio necesita es que lo comprendamos mejor”, cierra Nicolás.
Silvana Figar, como parte del Equipo de Epidemiología del Hospital Italiano llama a hacerse cargo del problema pero no en un sentido idealista ni mucho menos señalador: usa la figura del “multiplicador” como aquél capaz de replicar y explicar la necesidad de actuar casera y domésticamente para eliminar los focos de cría del mosquito.
El médico sanitarista Mario Rovere, ex viceministro de salud de la Nación, da sustento a esta teoría práctica: “La salud pública hubo un debate muy importante en la década de los 80: unos decían “salud para todos” y otros “salud con todos”. Ese “para” en cierta manera lo que decía era: dejen que el Estado se ocupe. La salud pública, si uno lo piensa en términos focaultianos, tiene una lógica panoptista: ha sido, desde prácticamente mitad de siglo 19, parte consustancial de la organización del Estado moderno. Pero esa salud pública necesita cambiar porque también ha cambiado el tipo de enfermedades contra las que se lucha. En muchos casos tenemos problemas que no es que la sociedad puede suplir al Estado, pero en algunas dimensiones lo hace definitivamente mejor: hoy hay grupos de autoayudas vinculados a enfermedades específicas donde el paciente sabe más que el profesional que lo trata. Ese juego de si estamos hablando de una convocatoria a la sociedad o de la vieja policía sanitaria se da en el contexto de una transición donde empezamos lentamente a ver que los problemas de salud pública son tan complejos que hoy en día hay que pensar en alianzas fuertes entre la sociedad y el Estado. Responsabilizar a la población no es la idea, sino convocar, explicar. Y explicar a un nivel que resulte comprensible y atractivo”.
Dicho de otro modo: no patees la pelota.

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Mantas por hidrantes

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Publicada

hace 1 día

22/07/2025

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

su salud era cada vez más delicada;
los medicamentos oncológicos no llegaban;
y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos — Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

“Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
“La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

“Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

Publicada

hace 2 días

21/07/2025

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

Ojos bien abiertos: perfil del fotógrafo herido de muerte por la Gendarmería

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Nota

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Publicada

hace 3 semanas

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