Nota
El gobierno jujeño atacó de nuevo al Estado de Derecho
Dos estudiantes universitarios detenidos ilegalmente representan esta nueva violación del gobierno jujeño al Estado de Derecho, ya denunciado ante la CIDH por utilizar el Código Contravencional para justificar detenciones arbitrarias de referentes sociales. Al repudio de las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y organismos de derechos humanos de esa provincia se sumó el de la comunidad educativa, que realizó una conferencia de prensa en la Escuela Itinerante de Plaza Congreso.
En la noche del jueves, cuando jóvenes del centro de estudiantes realizaban un asado con la autorización del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, la policía irrumpió en el predio universitario y detuvo a Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, y a Ignacio García, consejero estudiantil. Cuando el decano solicitó la orden del juez en la comisaría, le respondieron que no la necesitaban porque había una fiesta y eso era una contravención. De esta manera, el gobierno de Jujuy volvió a violentar el Estado de Derecho, ejecutando detenciones ilegales con la excusa de una norma municipal.
El uso por parte del gobierno jujeño del Código Contravencional para reprimir manifestaciones sociales fue justamente lo que denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado. “Se utilizan figuras contravencionales para intentar justificar detenciones arbitrarias de referentes sociales”, sintetizó el CELS. En esa audiencia El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, expresó el peligro de convertir los Códigos Contravencionales en herramientas de criminalización.
Ante estas nuevas detenciones ilegales diferentes organismos de derechos humanos de Jujuy advirtieron en un comunicado: “La interpretación armónica del sistema legal no le permite a las fuerzas policiales hacer lo que hicieron. El Código Contravencional es una norma de rango inferior en el sistema legal argentino, no puede ser excusa para dejar de lado la Constitución” y destacaron: “No podemos olvidar que la autonomía Universitaria tiene rango Constitucional expreso, articulo 75, inciso 19 y que esa autonomía universitaria es producto de una larga lucha”.
Frente a estos hechos, rectores, representantes de gremios docentes y de centros de estudiantes universitarios manifestaron hoy su repudio en una conferencia de prensa realizada en la Escuela Itinerante que el gremio de CTERA montó en plaza Congreso. Los docentes plantearon: “Alterar la supremacía de las leyes por las ordenanzas es antidemocrático y grave».
El Ingeniero Jorge Calzoni, director de la Universidad Nacional de Avellaneda agregó: «No se puede ingresar sin orden judicial y lo han hecho. Es una escalada de violencia que no podemos tolerar» .
El presidente de la Federación de Estudiantes de La Plata sumó: «Docentes y estudiantes estamos viviendo en toda Argentina represión, ilegalidad y ajuste».
Un representante de Universidad de Río Cuarto sintetizó: «Tenemos que cuidar la comunidad educativa organizada. No podemos dejar que nos repriman”.
Todos denunciaron la violencia ejercida ilegalmente sobre los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy y señalaron: “No se puede volver a repetir porque lo que está en juego son el orden constitucional y, por ende, la democracia argentina”.
En un comunicado, las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy detallaron claramente cómo fueron los hechos y qué representaron:
“Ante los hechos ocurridos en la Facultad de Ciencias Agrarias, que terminaron con la detención ilegal y arbitraria de los estudiantes y referentes del claustro estudiantil Joaquín Quispe e Ignacio García, expresamos:
- Que la actividad de bienvenida organizada tenía autorización de la Facultad de Ciencias Agrarias y que es una más de las tantas actividades que se realizan desde la creación de esta Casa de Estudios.
- El operativo realizado fue a todas luces ilegal pues no respetó lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior que determina: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
- La actitud de la fuerza policial fue un claro atropello a toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Jujuy, cuna de propuestas, ideas, y debates en el marco de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.
- La prepotencia y arbitrariedad con la que actuó la fuerza policial representa, muy especialmente, una gravísima actitud de amedrentamiento hacia los jóvenes universitarios y sus instituciones.
- Condenamos el maltrato físico a los estudiantes, constatado y denunciado formalmente.
- Refutamos las explicaciones esgrimidas por las autoridades policiales por cuanto no se actuó conforme a derecho, porque los registros audiovisuales existentes y las declaraciones de los propios estudiantes confirman que las detenciones no fueron en la calle, que existió un operativo desmedido y que el ingreso al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias se realizó forzando la puerta de acceso sin orden de un juez o solicitud de autoridad competente.
- Las adhesiones y muestras de solidaridad expresadas en todo el país y América Latina confirman la gravedad de los hechos, pese a que algunos sectores aún intentan instalar la idea de “simple controversia” o bien estigmatizar y desacreditar a los estudiantes universitarios.
Por todo ello, las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy manifestamos nuestro absoluto repudio, dejando expresamente planteada nuestra preocupación por los hechos ocurridos, exigiendo las explicaciones correspondientes para que no se vuelvan repetir estas acciones y renovando nuestro compromiso con una sociedad libre, justa, inclusiva y fortalecida por la defensa irrestricta de los derechos más elementales”
Rodolfo Tecchi Rector
Mario Bonillo Decano Facultad de Ciencias Agrarias
María Rosa Grisolía Decana Facultad de Ciencias Económicas
Ricardo Slavutsky Decano Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Gustavo Lores Decano Facultad de Ingeniería
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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