Nota
El juicio del Nunca Más: Qué se juega en el fallo por el femicidio de Lucía Pérez
¿Cómo se llega a la sentencia? ¿Qué cambió en este nuevo juicio respecto al primero? El rol del fiscal, y la presión que recibió por su crítica a la investigación previa. Lo que ocurrió en un organismo de derechos humanos. El contexto de narcocriminalidad que rodea a los femicidios en Mar del Plata. El legado para lograr verdad, memoria y justicia. Por Claudia Acuña.
El resultado del segundo juicio que investiga el crimen de Lucía Pérez impactará en otros casos, otros ámbitos y otros entramados territoriales, pero sin duda marcará a la ciudad de Mar del Plata con un antes y un después.
Lo saben las familias de Iara Rueda (16 años, la edad de Lucía, asesinada en Palpalá, Jujuy, el 23 de septiembre de 2020, cuyo juicio se inicia en breve); la de Luna Ortiz (19 años, asesinada en Tigre el 3 de junio de 2017, cuyo caso está enredado en un largo proceso de apelación ); la de Anahí Benítez (también de 16 años, asesinada en Lomas de Zamora en julio de 2017, cuyo segundo juicio se inició el 1º de marzo), o la de Cecilia Basaldúa (35 años, asesinada en Capilla del Monte el 21 de marzo de 2021, a la espera de otro juicio), entre muchas otras de las jóvenes cuyas vidas destrozaron las impunidades de la narcocriminalidad.
El de Lucía fue el primero que logró anular un fallo y lograr así una jurisprudencia paradojal: que haya un segundo proceso. Es decir, un juicio nuevo, pero sin nueva investigación. Con las mismas pruebas deficientes, manipuladas, y la esperanza de otra conclusión.
Así estamos.
Lo saben también quienes reclaman una “perspectiva de género” en la justicia argentina, término que ha sido manoseado hasta hacerle perder su sentido. Perspectiva, nos recuerda la definición, “supone la contemplación del mundo desde un punto de vista”. La cuestión es qué mundo y qué punto de vista se reclama que contemple el Poder Judicial en estos casos. En el de Lucía, concretamente, se trata nada menos que de mirar con sus ojos el mundo que le tocó habitar.
Nada en esta causa judicial sería como fue si en su vida cotidiana de alumna de colegio secundario no hubiese habido vendedores de drogas de apellidos acomodados, amparados por la cómplice ceguera policial y la colaboración de una actuación fiscal imprudente y deficiente, que construyeron desde el primer momento las condiciones que obstruyeron hasta hoy las respuestas que requiere el esclarecimiento de su crimen.
¿Qué cambió entonces en este segundo proceso?
Cambió la sociedad, cambió la gente.
Las mismas testigos fueron otras. Se atrevieron a hablar de la complicidad policial con la venta de drogas. Se atrevieron a entregar fotos del momento en que llegó el cuerpo de Lucía a la salita de playa Serena que nunca antes habían formado parte del expediente. Y sacaron de una bolsita de naylon la partida de defunción firmada en blanco por el ex subsecretario de Salud municipal que había guardado cuando pensó “esto no va a terminar acá”, como declaró la enfermera que estuvo en esa sala aquel día tremendo. Siete años después ese fue el cambio que agregó a la causa un cuerpo completo de pruebas que la persistencia social logró salvar del naufragio judicial.
¿Cambió el Poder Judicial?
El fiscal Leandro Arévalo –el tercero de esta causa– comenzó su alegato pidiendo perdón a la familia de Lucía por las pruebas que se habían perdido. Y las puntualizó: las irregularidades en el acta inicial, la no realización del test de orina y sangre a los imputados, que no se hayan retenido los celulares, lo cual permitió que los procesados borraran todo el intercambio que habían mantenido, que inexplicablemente la fiscalía anterior aceptó que el imputado Farías presente su declaración redactada por su abogada defensora, sin dar lugar a preguntas, entre otras.
Al día siguiente, el titular del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, emitió un comunicado para anunciar que le iniciaba a Arévalo una investigación administrativa para evaluar sancionarlo, ya que consideraba que esas disculpas incumplían las normas de “decoro”. Fernández Garello está imputado en una causa que investiga delitos de lesa humanidad por el secuestro y tortura de tres militantes, en 1981, en tiempos en que se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense. Una de sus primeras medidas cuando asumió como fiscal general fue cerrar la fiscalía especializada en violencia de género por considerarla innecesaria.
Ese también es el mundo que habitaba Lucía.
Derechos humanos
Los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en Mar del Plata serán otros de los afectados por el fallo del juicio de Lucía.
¿Por qué?
La respuesta podría resumirse así: la APDH local, uno de los organismos de derechos humanos más importantes de esa ciudad, acompañó con un amicus curiae a la familia de Lucía para solicitar la anulación del primer juicio. Marta Montero, la mamá de Lucía, es además integrante de esa entidad. Cuando finalmente se logró un nuevo juicio, Marta se enteró por los diarios de que César Sivo, el principal abogado de la APDH local, sería el defensor de uno de los imputados por el crimen de su hija.
Formuló entonces a la comisión directiva una pregunta imposible: ¿acá se puede acusar a un genocida y defender a un femicida? La seccional Mar del Plata decidió pedir la expulsión de Sivo, lo cual derivó a una reunión de las autoridades la entidad, que tiene seccionales en todo el país. Cuando el proceso de expulsión fue finalmente aprobado, Sivo renunció, sembrando entre las víctimas la preocupación por el destino de las querellas en esos procesos judiciales tan complejos, larguísimos y dolorosos.
Fue justamente Sivo, en su rol de abogado defensor, quien en su alegato aseguró que Mar del Plata no era Ciudad de Juárez.
Fue justamente esa ciudad mexicana la que nos legó la palabra femicidio, creada por la antropóloga Julia Monarrez Fragoso, perita de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, que condenó por primera vez a un Estado y sembró toda la legislación vigente en materia de violencia contra las mujeres.
Fue justamente Julia quien le explicó a las familias argentinas que se citan en esta nota por qué los crímenes de mujeres en contexto de narco criminalidad son femicidios. Fue en un encuentro virtual organizado por MU, en el cual Julia resaltó: “Me llama la atención el marco utilizado por los tribunales. Este marco gira, en todas las historias de sus hijas, en torno a las ideas de consentimiento, de víctimas propiciatorias, de que ellas se pusieron en su camino y por eso, por su conducta, por su mala suerte, por su forma de vestir, por las amistades que tenían, por eso fueron asesinadas.”.
Y finalizó: “¿Qué se hace entonces para lograr justicia en ese marco? En nuestros países se lucha. Son ustedes en Argentina quienes nos han enseñado el valor de la lucha desde el momento que pusieron la categoría de desaparición forzada como una categoría política. Son ustedes en Argentina quienes nos han enseñado que de un conflicto como el que tenemos en México podemos salir adelante, reintegrando eso que fue fragmentado y nos han entregado incompleto: el cuerpo de las hijas que fue mancillado. Eso ustedes lo han enseñado al mundo”.
Julia nos recordaba así el legado de Madres y Abuelas, de aquello que bajo la perspectiva de los derechos humanos le hicimos ver al Poder Judicial.
Del Nunca Más.
¿Es ese legado el que protege a Mar del Plata para que jamás se convierta en Ciudad de Juárez?
La respuesta la conoceremos el próximo 17 de marzo, fecha de la lectura del fallo.
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Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal
El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)
Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.
Darío Santillán.
Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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